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No hay política que no sea fiscal

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Si algo se ha llevado la crisis económica por delante son las bases y los consensos que hacían posible el mantenimiento del Estado del Bienestar. Una menor actividad económica ha disminuido los ingresos imprescindibles para sostener los servicios públicos, pero sin duda lo peor ha sido la pérdida de una mínima noción de equidad en la tributación. Las clases medias y todo tipo de asalariados han sostenido económicamente unas dañadas estructuras públicas, mientras que el empresariado y las grandes fortunas han ido dejando de contribuir, no tanto porque disminuyera su riqueza, como por el triunfo de una manera de pensar insolidaria y clasista que se concreta en mil y una formas de exención y de evasión fiscal.

Recuperada, al menos en parte, la economía, tocaría contener el progreso imparable de la desigualdad y rehacer algunos equilibrios. Justamente el no hacerlo está provocando reacciones airadas en forma de chalecos amarillos en Francia o apostando por comportamientos electorales que ponen en cuestión los valores democráticos.

Podemos ver múltiples episodios y maneras en Europa, donde el voto a populismos extremos e identitarios puede acabar por convertirse en historia no sólo la Unión Europea, sino también el modelo social europeo.

La política actual se ha acostumbrado a distraernos con todo tipo de extravagancias, parecería que para obviar lo que resulta fundamental, como es qué distribución de rentas y cargas recae sobre una ciudadanía de manera muy desigual. La fiscalidad es al final la plasmación del modelo de sociedad que se pretende construir. Y se habla poco, mal y de manera sesgada. Un buen nivel de presión tributaria es la garantía de buenos y amplios servicios públicos. Una buena progresividad y una mayor presión sobre las rentas más elevadas, es la garantía para la construcción de sociedades más justas, equilibradas y cohesionadas. Es lo que hay.

España tiene un mal sistema fiscal ya que sólo se recauda un 34,5% en relación al PIB, es decir 7 puntos por debajo de la media europea y con niveles similares a Hungría y lejos del 48,4% de Francia. ¿Quiere decir esto que España ha apostado por una baja presión fiscal general para satisfacción de los doctrinarios liberales? No. Significa que hay enormes diferencias entre sectores sociales que sostienen buena parte de los ingresos públicos -los medios y los de abajo- con sectores muy respetados por la tributación y que tienen muy fáciles maneras de ahorrárselo -los de arriba-.

Resulta muy elocuente además de injusto y socialmente fracturador, que el 82% de los ingresos públicos en España provengan de las aportaciones familiares, ya sea por medio del IRPF, IVA y otros impuestos directos e indirectos. Los impuestos de sucesiones o de patrimonio han ido perdiendo peso -ahora el nuevo gobierno derechista andaluz lo primero que ha hecho ha sido prácticamente eliminarlos en su comunidad-, pero resulta especialmente difícil de explicar la caída brutal de lo recaudado con el Impuesto de Sociedades. Esta contribución significaba casi 23 euros de cada 100 que se recaudaban en 2007, mientras que a día de hoy sólo aporta 12, aunque los beneficios empresariales estén mejor que nunca. Las empresas del Ibex disponen de un millar de sociedades en paraísos fiscales, las plataformas tecnológicas como gran parte de las multinacionales especulan con los precios de transferencia y acaban por radicar los beneficios en refugios fiscales que hay dentro de la misma Unión Europea.

Las posibilidades de exenciones y alusiones de las obligaciones tributarias son múltiples y variadas para aquellos que tienen la legislación a favor y además se pueden pagar buenos asesores para practicar la ingeniería fiscal.

Los mecanismos de redistribución económica hace tiempo que han dejado de funcionar. La desregulación y situación del mercado laboral ha provocado que los salarios esten lejos de hacer esta función, como así también unos sistemas tributarios que no hacen de mecanismo corrector de rentas y no permiten tampoco recuperar la función asistencial y prestadora de servicios de calidad por parte del Estado. Las explosiones de malestar, a veces de forma violenta, y el debilitamiento de la cultura democrática tienen que ver justamente con eso. Si no se pone remedio, la desigualdad acabará para triturar cualquier vestigio de sociedad digna de este nombre.

About Josep Burgaya

Decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic-UCC, de la cual es profesors desde 1986. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el 2003 y 2011, fue concejal del Ayuntamiento de Vic en representación del PSC, donde ejerció de teniente de alcalde de Economía y Hacienda y responsable de promoción económica. Autor de “El Estado de bienestar y sus detractores” (Octaedro, 2014), fue Premio Joan Fuster de ensayo por “Economia del Absurdo” (Deusto, 2015). También ha publicado "Adiós a la soberanía política" (Ediciones Invisibles, 2017), "La política malgrat tot" (EUMO, 2019) y, elúltimo, "Populismo y relato independentista en Cataluña" (El Viejo Topo, 2020). Josep Burgaya es miembro de Economistes Davant la Crisi (EFC Cataluña).

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