Pensiones: guerra entre vulnerables o unidad ante la desigualdad

Como era previsible, los de siempre, a cuenta de la inflación, vuelven a la carga contra las pensiones haciendo ya campaña contra su revalorización, como si las previsiones sobre los altos niveles de incremento de los precios de este año fuera a aplicarse a las pensiones en el propio 2022. Recordemos que las pensiones ya se han revalorizado en un 2,5% (inflación media de 2021) y no volverán a actualizarse hasta 2023.

Pero no es el carácter preventivo de la campaña lo peor. Más importante son los falsos argumentos sobre los que se está desarrollando.

Por un lado, se dice que una revalorización tan elevada no será asumible, por otro, que impediría atender otros compromisos centrales del gasto y la inversión públicos.

Buena parte de quienes abanderan esta tesis son los mismos que, al tiempo, piden que se rebajen los impuestos porque la inflación está generando un fuerte incremento de la recaudación que debería devolverse a los contribuyentes.

Sin menospreciar, en absoluto, las incertidumbres sobre la evolución de la situación económica, la realidad es que, efectivamente, se están produciendo importantes incrementos en la recaudación de tributos y cuotas de la Seguridad Social, pero no solo por el incremento de los precios, sino, también, por el incremento de la actividad económica y de la contratación, que deben garantizar la capacidad del sistema publico de pensiones y del Estado para atender todos sus compromisos de gasto e inversión, que, en buena medida, también se incrementan con la inflación como lo hacen los ingresos.

De hecho, en los cinco primeros meses de este año, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han marcado un máximo histórico, creciendo un 12,6% más que en 2019 (antes de la pandemia). Este aumento interanual supera en un punto y medio el que registra el gasto en pensiones, lo que está contribuyendo a reducir el déficit del sistema. Todo ello gracias al aumento en la afiliación media que, en el mes de junio, ha alcanzado los 20.348.330 cotizantes (20.102.037 desestacionalizado) un máximo que ha superado, igualmente, los datos anteriores a la pandemia y ha situado el gasto en pensiones en el 11,8% del PIB, por debajo del 12,1% de 2021. (https://revista.seg-social.es/).

Además, revalorizar las pensiones con el IPC no tiene ningún efecto en la transmisión de la inflación, toda vez que las pensiones no se incorporan a ningún proceso productivo y, por el contrario, actúan frente a cualquier contracción económica, al permitir mantener la demanda de un amplio colectivo.

Más grave aún son las críticas que pretenden enfrentar a pensionistas con trabajadores y a unos grupos con otros, intentando responsabilizar de la situación de los más vulnerables a los un poco menos vulnerables, en lugar de plantear una acción común contra el incremento de las desigualdades y en favor de garantizar unas rentas suficientes para todos.

Con datos oficiales de la Seguridad Social y del INE (2020), todos en 14 pagas, la pensión media, para todas las pensiones del sistema (9 millones de pensionistas), es de 1.090,2€/mes y de 1.254,7€/mes, la pensión media de jubilación y, en el ámbito de los trabajadores en activo, el salario más frecuente es de 1.320,0€/mes, (el salario medio de 1.797,5€/mes, es menos representativo por la fuerte desigualdad salarial, especialmente entre hombres y mujeres).

Con estos datos, ¿Realmente puede parecerle a alguien razonable que revalorizar las pensiones con el IPC medio del año anterior revienta la solidaridad intergeneracional convirtiendo a los pensionistas en devoradores de sus hijos?  ¿no sería más acertado poner la atención en los beneficios multimillonarios “caídos del cielo” de las empresas eléctricas que nos facturan toda su producción al precio disparatado del gas, cuando este solo afecta al 15/17% de la electricidad generada, o a la multiplicación de los márgenes de las empresas de refino, reconocidos por ellos mismos, que son, adicionalmente, los principales causantes de la escalada de los precios?

 Mejorar la situación de los asalariados de menores rentas y, especialmente de los más jóvenes, cuyas cotizaciones a la Seguridad Social no van a modificarse porque se revaloricen las pensiones, pasa, por un lado, por acabar con la temporalidad injustificada y, por otro, por elevar  razonablemente  los salarios más bajos como las subidas del Salario Mínimo desde los 735,9 a 1000€ en los últimos 4 años y la Reforma Laboral de 2022, que, además, no van en contra de la actividad económica, como ha demostrado  la evolución de los datos de afiliación a la Seguridad Social citados.

Habrá que tener en cuenta que, la media de los salarios medios en 13 países de Europa Occidental, con los que pretendemos compararnos, alcanza los 49.300,0€/año. España ocupa el lugar 12 de esa relación, solo por delante de Portugal. Este importe medio europeo supera en un 83,74% los 26.832€/año de salario medio, que, el mismo estudio, asigna a España (Datosmacro.expansion.com).

No son estos, junto con la defensa del poder adquisitivo de las pensiones -las de hoy y las de mañana- los únicos objetivos que deben unir a un amplísimo sector de la población, pensionistas y trabajadores, para paliar el grave incremento de la desigualdad que suelen acompañar a los periodos de crisis, pero parece claro que  ese es el camino hacia una disminución de la desigualdad.

Por último, pero no por ello menos importante, en relación con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, debe tenerse en cuenta que los actuales pensionistas y los que están entrando de la denominada generación “Baby Boom”, sí financiaron sus pensiones. Los datos de las cuentas oficiales de la Seguridad Social (1977-2017) así lo atestiguan.  Con unos amplísimos superávits a lo largo de más de 30 años, que fueron usados para financiar los Presupuestos Genérales del Estado, el Sistema de Pensiones Públicas generó un superávit acumulado en el periodo 1977/2017 que alcanza, nada menos, que 843.290 millones de euros. Por tanto, si contemplamos el ciclo completo de vida de esta generación, los déficits futuros están totalmente financiados con los excedentes generados desde entonces.

Esto significa que el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones, además de ser de pura justicia social y ser perfectamente viable, está sustentado por sus cotizaciones.