Política económica y efectos sociales.
Acostumbrados como estamos a la información en tiempo real, perdemos la perspectiva necesaria para evaluar los efectos de muchas políticas, y en particular, las políticas económicas. El sistema estadístico que tenemos en la Unión Europea supone, por ejemplo, que tenemos datos de los precios de manera mensual, y de la actividad económica de manera trimestral -aunque con cierto retraso en el tratamiento y publicación. Los datos de carácter social se recogen una vez al año, incluyendo la principal de las muestras para analizar la distribución de la renta, la Encuesta de Condiciones de Vida. Por definición, esta encuesta analiza la distribución de la renta del año anterior, al considerar, por convención, que la renta relevante es la renta del año anterior a la encuesta. Como además las encuestas necesitan un tiempo para desarrollarse, tratarse y publicarse, nos encontramos con que la última oleada de la ECV, publicada en 2022, recoge información de las condiciones de vida en 2021, y la distribución de la renta de 2020. En otras palabras, hacemos, en muchos casos, política social mirando por el retrovisor.
Afortunadamente, tenemos hoy sistemas de información que ofrecen datos en tiempo real, como fueron los datos que comenzó a ofrecer Caixabank sobre la distribución de la renta entre sus clientes, de manera que cada poco tiempo puede ofrecer información sobre los ingresos de sus cuentas bancarias y, también sus gastos. Esta información está anonimizada de manera que en ningún caso vulnera los derechos de intimidad y privacidad de sus clientes, y, al mismo tiempo, proporciona información valiosa para desarrollar políticas económicas en tiempo real. Lamentablemente, estos datos se circunscriben únicamente a los datos relacionados con sus clientes, y ya sabemos que, aunque es un indicador significativo, existe un importante sesgo de selección, entre otras cosas, en función de la penetración de la entidad en el territorio. Otros sistemas de nowcasting, que es como se denomina al uso de datos de alta frecuencia para estimar magnitudes económicas, como el sistema de predicción de la AIReF sobre el PIB, ofrecen tendencias pero no son totalmente precisos: cada dato que se integra en la serie de datos modifica la predicción de la magnitud -en este caso, el PIB.
De esta manera, es sólo ahora que tenemos la información relevante para hacer una valoración completa de los efectos de la crisis del covid en las condiciones sociales de los españoles y españolas, y cuál ha sido el efecto de las medidas de política económica tomadas. Una pieza clave de esta posible valoración la ofrece el gran trabajo que, de manera periódica, realizan los académicos Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia sobre el impacto distributivo de los impuestos y las transferencias públicas. Impulsado por la Fundación FEDEA, el equipo realiza de manera periódica una revisión del reparto de los impuestos y las transferencias sociales por tramos de renta. Desde 2015, ofrecen información relevante, precisa y útil sobre los impactos distributivos de las políticas fiscales y de gasto público entre la población. El último ejercicio desarrollado recoge la información de los efectos de la política fiscal y social desarrollada en 2020, durante la pandemia.
Los resultados son muy relevantes: el año 2020, la política fiscal española fue la más progresiva de toda la serie analizada, con un importante efecto de reducción de las desigualdades. Así aunque la renta monetaria de las familias disminuyó un 8,5% respecto de 2019, el importante incremento de las transferencias sociales -que crecieron un 13%- consiguió mitigar la mitad del efecto generado por la pandemia, de manera que la renta final sólo disminuyó un 4%. Y esta medida se concentró particularmente en el 20% de la población más empobrecida. La presión fiscal se incrementó notablemente para el 1% más rico. El resultado global es que, en 2020, la actuación extraordinaria del sector público, a través de las políticas de transferencias, y las políticas sociales como la educación y la sanidad, consiguieron una reducción de la desigualdad de un 38% en total. El año, desde que hay estudios comparables, en la que la política económica fue más redistributiva, de manera que, además, el 80% de los hogares se beneficiaron, en términos netos- de la actuación del sector público. El informe, que es muy completo, ofrece una información relevante, precisa y lo único que podemos lamentar es que, dadas las dificultades de recolección y tratamiento de los datos, este análisis se tenga que presentar con dos años de retraso.
Los impactos y efectos de la política económica de 2020, un año donde el PIB cayó un 11%, invitan a una comparación con los resultados sociales obtenidos en la crisis financiera de 2008-2012, cuando el PIB cayó un 8% de manera acumulativa. Es cierto que ni el marco de la política económica europea ni las prescripciones de los organismos internacionales tuvieron nada que ver. La crisis financiera se desarrolló en un contexto muy difícil y constreñido por una visión ideológica de la política económica -la austeridad- que cambió, afortunadamente, para el año 2020. Las razones también fueron diferentes: una crisis de endeudamiento aquella, un coma inducido esta última. Por eso hay que entender el contexto de la respuesta de política económica de manera diferente, pero todo esto no es óbice para reconocer el positivo impacto de la política social seguida por el gobierno, que evitó una nueva catástrofe en España. Ahora que se habla tanto de que España no recuperará su nivel pre crisis hasta inicios de 2024 -esto es, cuatro año después del inicio de la crisis- conviene recordar que en el caso de la crisis financiera de 2008, España alcanzó el mismo nivel de renta precrisis en 2017, nueve años más tarde. En aquella crisis, España tuvo un desempleo por encima del 20% más de seis años, mientras que, en el caso de la pandemia, nunca sobrepasó el 15% y hoy se sitúa a niveles sólo conocidos antes de la crisis financiera internacional. La política económica de 2020 evitó un desastre social que hubiera incidido en los todavía no recuperados daños de la crisis financiera. Tendremos que esperar, lamentablemente, otros años, para ver cual ha sido el verdadero impacto social de la guerra de Ucrania. Por eso es necesario tener un sistema de información social más adecuado y capaz de ofrecer información más actualizada.
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Este articulo fue publicado el 16 de enero en EL Plural. Se publica en esta WEB con autorización de su autor
