Por el Interés General

El Consejo de Ministro aprobó en su reunión del 1 de junio pasado una medida de gran calado: la reducción de una parte de los sobrecostes que los consumidores eléctricos hemos estado soportando, de forma injustificada, durante los últimos 15 años en España.

Desde 2005, las centrales térmicas (principalmente, carbón y gas) tienen que cubrir sus emisiones de CO2 con derechos de emisión, cuyo coste repercuten al precio de la electricidad. Este mayor precio, que a las centrales emisoras les sirve para recuperar el coste de los derechos, lo perciben también otras centrales no emisoras que, al no tener que comprar derechos, han visto aumentar sus ingresos sin que aumentaran sus costes.

Para las centrales previas al 2005 (principalmente, nucleares e hidroeléctricas) estos beneficios “cayeron del cielo” porque no fueron producto del buen hacer de sus propietarios, sino que fueron generados por un cambio regulatorio que sólo en sus inicios contempló la necesidad de detraer este exceso retributivo de sus cuentas de resultados. Ninguna otra empresa ha podido competir con las empresas propietarias de las centrales nucleares e hidroeléctricas existentes y con ello diluir su sobre-retribución en favor de los consumidores.

Las familias, algunas en situación de vulnerabilidad, han tenido que hacer frente a facturas eléctricas crecientes, que han reducido su capacidad de consumo e inversión en otros sectores. Los empresarios, por este efecto, han visto cómo la demanda de sus bienes y servicios era menor, mermando su capacidad de crecer y de generar empleo, al tiempo que aumentaban sus facturas eléctricas y se reducía su competitividad. Los trabajadores, por todo ello, han percibido menores salarios, y los desempleados han tenido más difícil encontrar empleo.

La culpa no la ha tenido el precio del CO2: las emisiones generan un elevado coste social que debe ser incorporado a los precios para promover la reducción de emisiones. La culpa es de la regulación. Una regulación que nos hace pagar por la electricidad como si el 100% fuera producida en centrales contaminantes, desincentivando la electrificación como principal vía para la descarbonización. Se puede discutir si es necesario primar a las nuevas inversiones limpias vía el precio del CO2, y en su caso, si es la mejor manera. Pero lo que es difícilmente justificable es que esta sobre-retribución incentive la inversión en centrales previas a la regulación. Sería, por ejemplo, como si el Plan MOVES tuviera que primar no sólo la compra de los nuevos vehículos eléctricos, sino al conjunto de la flota existente.

A los precios actuales del CO2 – previsiblemente al alza – estas rentas regulatorias percibidas por las centrales no emisoras podrían superar los 1.000 millones de euros anuales. Detraerlas sería equivalente, por ejemplo, a que familias y empresas dispusieran de forma perpetua de 100.000 millones de euros sin coste financiero, que quedaría sufragado por los 1.000 millones en los que se reduciría su factura eléctrica anual una vez entre en vigor el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros.

Estamos pues ante una decisión muy importante para el conjunto de la economía y para el éxito de la descarbonización, la pieza que faltaba en la serie de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para impulsar la transición energética. El precio de la electricidad seguirá incorporando otras rentas regulatorias generadas por la Ley del Sector Eléctrico del 1997, pero esta medida constituye un paso importante para mitigar su cuantía.

Sólo cabe poner un pero a la medida anunciada: que no se haya tramitado por Decreto Ley. Familias, empresarios y trabajadores seguirán pagando 1.000 millones de euros de más al año por la electricidad que consumen mientras se demore su tramitación parlamentaria.

Estimados diputados y diputadas del Congreso, por favor, tengan en cuenta todo lo anterior, por el interés general.

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Una versión de este artículo fue publicado en El País el pasado 1 de junio de 2021. Se publica en esta WEB con autorización de la autora