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Por el Interés General

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El Consejo de Ministro aprobó en su reunión del 1 de junio pasado una medida de gran calado: la reducción de una parte de los sobrecostes que los consumidores eléctricos hemos estado soportando, de forma injustificada, durante los últimos 15 años en España.

Desde 2005, las centrales térmicas (principalmente, carbón y gas) tienen que cubrir sus emisiones de CO2 con derechos de emisión, cuyo coste repercuten al precio de la electricidad. Este mayor precio, que a las centrales emisoras les sirve para recuperar el coste de los derechos, lo perciben también otras centrales no emisoras que, al no tener que comprar derechos, han visto aumentar sus ingresos sin que aumentaran sus costes.

Para las centrales previas al 2005 (principalmente, nucleares e hidroeléctricas) estos beneficios “cayeron del cielo” porque no fueron producto del buen hacer de sus propietarios, sino que fueron generados por un cambio regulatorio que sólo en sus inicios contempló la necesidad de detraer este exceso retributivo de sus cuentas de resultados. Ninguna otra empresa ha podido competir con las empresas propietarias de las centrales nucleares e hidroeléctricas existentes y con ello diluir su sobre-retribución en favor de los consumidores.

Las familias, algunas en situación de vulnerabilidad, han tenido que hacer frente a facturas eléctricas crecientes, que han reducido su capacidad de consumo e inversión en otros sectores. Los empresarios, por este efecto, han visto cómo la demanda de sus bienes y servicios era menor, mermando su capacidad de crecer y de generar empleo, al tiempo que aumentaban sus facturas eléctricas y se reducía su competitividad. Los trabajadores, por todo ello, han percibido menores salarios, y los desempleados han tenido más difícil encontrar empleo.

La culpa no la ha tenido el precio del CO2: las emisiones generan un elevado coste social que debe ser incorporado a los precios para promover la reducción de emisiones. La culpa es de la regulación. Una regulación que nos hace pagar por la electricidad como si el 100% fuera producida en centrales contaminantes, desincentivando la electrificación como principal vía para la descarbonización. Se puede discutir si es necesario primar a las nuevas inversiones limpias vía el precio del CO2, y en su caso, si es la mejor manera. Pero lo que es difícilmente justificable es que esta sobre-retribución incentive la inversión en centrales previas a la regulación. Sería, por ejemplo, como si el Plan MOVES tuviera que primar no sólo la compra de los nuevos vehículos eléctricos, sino al conjunto de la flota existente.

A los precios actuales del CO2 – previsiblemente al alza – estas rentas regulatorias percibidas por las centrales no emisoras podrían superar los 1.000 millones de euros anuales. Detraerlas sería equivalente, por ejemplo, a que familias y empresas dispusieran de forma perpetua de 100.000 millones de euros sin coste financiero, que quedaría sufragado por los 1.000 millones en los que se reduciría su factura eléctrica anual una vez entre en vigor el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros.

Estamos pues ante una decisión muy importante para el conjunto de la economía y para el éxito de la descarbonización, la pieza que faltaba en la serie de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para impulsar la transición energética. El precio de la electricidad seguirá incorporando otras rentas regulatorias generadas por la Ley del Sector Eléctrico del 1997, pero esta medida constituye un paso importante para mitigar su cuantía.

Sólo cabe poner un pero a la medida anunciada: que no se haya tramitado por Decreto Ley. Familias, empresarios y trabajadores seguirán pagando 1.000 millones de euros de más al año por la electricidad que consumen mientras se demore su tramitación parlamentaria.

Estimados diputados y diputadas del Congreso, por favor, tengan en cuenta todo lo anterior, por el interés general.

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Una versión de este artículo fue publicado en El País el pasado 1 de junio de 2021. Se publica en esta WEB con autorización de la autora

About Natalia Fabra

Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid, Doctora en economía por el Instituto Universitario Internacional de Florencia; Miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC; Premio European Association of Environmental and Resource Economics (EAERE); ERC Laureates (2018); Premio de Excelencia Investigadora Consejo Social, Univ. Carlos III (2015); Premio Sabadell Herrero a la Investigación Económica (2014); Premio Julián Marías para investigadores jóvenes en el área de Ciencias Sociales en la Comunidad de Madrid (2014). Natalia Fabra es investigadora principal del proyecto ERC Consolidator Electric Challenges; investigadora del Centro de Investigación de Política Económica; miembro asociado de la Escuela de Economía de Toulouse e investigadora del Grupo de Investigación de Política Energética de la Universidad de Cambridge. natalia.fabra@uc3m.es / Web personal / Google Scholar

2 Comments

  1. victor el junio 20, 2021 a las 5:27 pm

    Muy interesante. Pero una duda. Porqué detraer los 1.000 mill anuales sería equivalente a disponer de 100.000mill de forma perpetua sin coste financiero? Gracias

    • Economistas Frente a la Crisis el junio 20, 2021 a las 7:01 pm

      En respuesta a Victor.
      Si España emitiera deuda perpetua negociable en los mercados
      financieros tendría que pagar un tipo de interés a los tenedores de
      los títulos. Pongamos por ejemplo que emite títulos de deuda por un
      valor de 100.000 M € a un tipo de interés del 1%. El coste anual de la
      deuda serían 1.000M€ que estarían sufragados por los 1.000M € anuales
      minorados de los ingresos que hoy tienen las centrales no emisoras
      para retribuir un coste que no tienen. Se trata, tan solo, de un
      simple ejemplo para poner de manifiesto la importancia de que el
      Estado recupere (o el conjunto de los consumidores) un ingreso (o
      menor coste) de 1.000 M € anuales.
      Estos días celebramos la entrega (transferencia) a España de 69.500 M€
      de los fondos europeos. Pues bien, para poner las cosas en su
      contexto, el artículo subraya la importancia de las variables flujo
      (en este caso1.000M € anuales) expresándola en términos de variable
      fondo (en este caso100.000 M€).

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