Por una política económica que incorpore la igualdad de género

Líneas prioritarias de acción para una política económica y social que incorpore la igualdad de género

Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es miembro de Economistas Frente a la Crisis

Ruth Rubio, catedrática de Derecho Público Comparado del Instituto Universitario Europeo, Florencia, en excedencia de la Universidad de Sevilla, es miembro de Economistas Frente a la Crisis

• Introducción

Junto a la sostenibilidad ambiental y la lucha por la justicia redistributiva, cualquier agenda de progreso social, que luche por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos y la marginalización de las personas, debe expresar su compromiso con la igualdad de género y con la equidad o corresponsabilidad en la distribución de las tareas de cuidado de las que depende la reproducción del tejido social y de la especie humana.

Dentro de las distintas tipologías de estados de bienestar, el modelo español se ubica en el tipo familista, caracterizado por poco gasto público familiar y escaso desarrollo de servicios públicos de atención al cuidado, factores que van indisociablemente unidos a bajas tasas de fecundidad y de actividad laboral femenina. En España el gasto público en «familia y niños» está a la cola de la UE con 1,4% del PIB (en 2014). La organización social del cuidado en España descansa funtamentalmente sobre las familias, y dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres, realidad que se ha visto agudizada con la merma de inversion pública en dependencia, sanidad y educación en tiempos de crisis. A su vez, la interrelación que se establece entre el reparto de trabajos y tiempos en el ámbito doméstico y el mundo laboral es circular. El círculo vicioso consiste en que las mujeres se incorporan menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo al disponer de menos tiempo, flexibilidad e incentivos para hacerlo, y en que cuando lo hacen, tengan o no cargas domésticas, son tratadas de manera más segregada y precaria. La parcialidad, precariedad y escasa remuneración del trabajo de las mujeres las condena a su vez a un menor poder de negociación en las familias a la hora del reparto de los tiempos y los trabajos.

Para supercar la situación actual se imponen tres líneas prioritarias de intervención en el ámbito económico y social tales como son las políticas centradas en los mercados de trabajo, las políticas de cuidado y las políticas fiscales y macroeconómicas. Ninguna de ellas, aisladamente consideradas, es suficiente al igual que no lo son en su conjunto si no van acompañadas de otras políticas que persigan la igualdad integral entre hombres y mujeres valiéndose para ello de una institucionalidad específica, recurriendo a la paridad ejemplarizante en todos los ámbitos de toma de decisión y empezando por políticas destinadas a erradicar la enorme lacra social que constituye la violencia machista y los arraigados estereotipos de género, empezando por el sistema educativo.

• Políticas centradas en los mercados de trabajo

Una política de empleo sensible al género tiene que tener en cuenta (a fin de intentar corregir) el problema de la discriminación estadística que afecta a las mujeres haciendo que, por la desigual distribución en las tareas del cuidado, se presuma de ellas una menor dedicación o estabilidad laboral. La internalización de dicha discriminación así como de la expectativa misma de la mayor dedicación al cuidado condiciona a su vez las opciones e inversionales educativas y profesionales de muchas mujeres. Lo cierto es que, hoy por hoy, las mujeres tienen menores tasas de actividad, ocupación y paro, mayores tasas de temporalidad y parcialidad, además de verse perjudicadas por una fuerte segregación ocupacional, siendo los sectores que ocupan mayoritariamente los más precarizados, los peor retribudos y los que menos posibilidades ofrecen de desarrollar una carrera profesional. La brecha salarial existe y aumenta con el tiempo contribuyendo claramente a desigualdad en el cobro de pensiones y a la pobreza de las mujeres de edad avanzada.

Ante esta realidad, se hace imperativo la adopción de medidas para revertir la precarización generalizada de los mercados de trabajo pues tanto las jornadas interminables como la flexibilidad a demanda del empleador hacen imposible la conciliación. Igualmente es necesario adoptar medidas para que los mercados de trabajo sean más meritocráticos, en lo que afecta a los procesos de selección, retención y promoción. Es necesario establecer políticas que fomenten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no sólo para las mujeres sino también para los hombres, como las políticas de flexibilidad en el tiempo de trabajo. El sistema de remuneraciones debe ser plenamente transparente, evitar las remuneraciones salariales no lineales y no priorizar el presentismo o la antigüedad, sino más bien la productividad y la consecución de objetivos. Podría pensarse, como sistema de incentivos o monitoreo, en el establecimiento de un sistema de acreditaciones para las empresas como distintivos de igualdad. Intervenciones en el ámbito educativo para incentivar vocaciones en las profesiones más masculinizadas, como las ingenierías, y programas de mentoring serían instrumentos claves para que las mujeres superasen los estereotipos pero también la internalización de la discriminación estadística y la inhibición que las impulsa a autoexcluirse de determinados sectores, o a dejar de postularse para determinados puestos o destinos. En este sentido, avanzar en la legislación que permita aumentar el número de mujeres que rompan el techo de cristal y estén presentes en la cúspide de las empresas es fundamental.

• Políticas de Cuidado y Dependencia

Las políticas laborales no pueden dar la espalda a ese otro trabajo, el trabajo de cuidados no remunerado que iguala en horas al remunerado, y está aún más desigualmente repartido que el remunerado. Aunque se venía avanzando tímidamente en servicios públicos de cuidados tanto a la infancia, como a personas mayores y personas en situación de dependencia tras la Ley de Dependencia de 2006 –que nunca llegó a implementarse plenamente- la crisis ha revertido esta situación sobrecargando aún más a las familias pasando a ser la figura del cuidador familiar central, y no residual, como la ley previera. La creciente dependencia de la familia para la atención de las necesidades de cuidados genera desigualdad no solo de género sino de rentas pues las personas con mayor renta tienen la posibilidad de externalizar en los mercados esos trabajos, siendo la mano de obra inmigrante la que con frecuencia entra a suplir las carencias en el frente de cuidados (lo que produce la merma de los recursos de cuidados de países más pobres en un fenómeno que se conoce como la «cadena del cuidado»). A su vez, aumentar la tasa de fecundidad más allá del actual 1,3 hijos/as por mujer en edad fértil o la tasa de actividad femenina deberían ser prioridades políticas de primer orden en un país cuya pirámide poblacional está en proceso acelerado de envejecimiento y se ve únicamente respaldado por un debilitado sistema público de pensiones.

Ante esta realidad, apremia equiparar el porcentaje de gasto público social con la media europea o incluso elevarlo aún más, sin que sea suficiente mantener el nivel de inversión previo a la crisis. El desarrollo de servicios públicos de escuelas infantiles de calidad debe ser un pilar central de la estrategia pero debe ir acompañado de un sistema de permisos por nacimiento o adopción que sea igual para madres y padres, remunerado al 100% y no transferible, de forma que la maternidad deje de penalizar laboralmente a la mujer. Se hace imperativo desarrollar igualmente incentivos directos o indirectos para garantizar avances en corresponsabilidad como pueden ser la fiscalidad individual, desgravaciones por permisos de cuidado para los hombres, o medidas educativas a través del sistema de enseñanza y la programación del ocio y la publicidad que ofrezcan modelos alternativos de masculinidad, más compatibles con el cuidado por parte de los hombres. Sistemas mixtos de cuidados (con apoyo público e institucional pero que garanticen también el derecho a cuidar y ser cuidados en el entorno familiar) deben articularse para el cuidado de las personas con necesidades especiales y de personas ancianas, asegurándose el poder adquisitivo de las pensiones, la existencia de residencias de mayores y centros de día, pero avanzando también, a nivel de planificación urbanística, en el diseño de ciudadades más amigables para las personas con minusvalías y movilidad reducida, y en el desarrollo de viviendas públicas adaptadas. Cabe por ultimo pensar que los sectores del cuidado, pueden ser generadores de empleo que no podemos desaprovechar, pero que debemos regular debidamente para evitar que los trabajos de cuidados, mayoritariamente desempeñados por mujeres, muchas de ellas inmigrantes, sean de baja calidad, estén muy precarizados, y se desarrollen fundamentalmente en el ámbito de la economía informal.

• Políticas Macroeconómicas y Fiscales

Aunque tradicionalmente las políticas económicas y fiscales han sido abordadas desde la neutralidad de género se sabe hoy que ambas descansan sobre sesgos de género que es necesario revertir. Así, para empezar, es necesario revertir la tendencia hacia las políticas deflacionistas y la merma de la inversión pública que ésta conlleva, incidiendo, de forma especial sobre los sectores de la sociedad más desfavorecidos, incluyendo a las mujeres, que son las que más dependen, por su nivel de renta y patrimonio, de los servicios sociales que se ven recortados, además de ser las principales empleadas en estos sectores y sus «sustituas naturales» en términos de provisión de servicios de cuidados y asistencia. Igualmente hay que combatir la percepción de mayor urgencia, en un contexto que no posibilita el pleno empleo, por solucionar el paro masculino -percepción anclada en la asunción del modelo del hombre como sustento familiar con los ingresos de las mujeres siendo complementos más o menos prescindibles- y poner en marcha un sistema de incentivos específicos para la contratación de mujeres que contrarreste la tendencia natural a priorizar los sectores económicos masculinizados, como la construcción o automoción.

También el sesgo de la mercantilización y de la privatización, así como el de individualización del riesgo, tienen una incidencia en la igualdad de género. Partiendo del convencimiento de que el sector privado es siempre más eficiente que el público, los servicios públicos y la provision del bienestar son crecientemente transferidos a la gestión del mercado, donde, desde el ánimo de lucro, se acaban elevando los costes de los usuarios y desplazando parte de los servicios a las familias, y, por lo tanto, estadísticamente hablando, a las mujeres, como pone de manifiesto el ejemplo de que algunos servicios hospitalarios reduzcan el número de días de hospitalización de los pacientes en aras a una supuesta mayor «eficiencia». Por tanto, a la hora de auditar los resultados de estos procesos privatizadores hay que tener en cuenta el impacto que tienen en el bienestar de las personas usuarias y también los trapasos que se realizan a las familias –a las mujeres- a modo de trabajo no pagado. Para ello es necesario que los modelos de evaluación trasciendan lo monetario e incluyan los impactos desiguales de género como una herramienta esencial de análisis.

En cuanto a la individualización del riesgo, hay que tener en cuenta que las mujeres son percibidas como deudoras con mayor riesgo que los hombres, de forma que son integradas en los mercados crediticos en términos mucho más desventajosos que los hombres. Como consecuencia, suelen entrar en estos mercados como deudoras. El proceso de financiarización que ha derivado en la actual crisis financiera, ha supuesto el aumento del poder del capital financiero a escala global conllevando un incremento de la relación de asimetría entre deudores y acreedores que es necesario corregir. Sólo una coordinación a escala global, o cuanto menos europea, puede poner bridas al proceso de finacierización de la economía, pero por empezar por el ámbito del estado español, sería necesario limitar el poder omnívoro de la banca y el sector financiero, reformando leyes como la hipotecaria y promoviendo el alquiler de viviendas especialmente para las personas con menor nivel de renta y para las y los jóvenes.

En términos de fiscalidad, sólo un aumento de la presión fiscal y su progresividad, centrándose principalmente en las rentas del capital (y, no, como en la actualidad, en las del trabajo y en los impuestos indirectos) puede servir de mecanismo de redistribución de la riqueza tan desigualmente distribuida entre los sexos. Al mismo tiempo, España debe transitar hacia un modelo de fiscalidad individual, ya que la posibilidad de la tributación conjunta supone un desincentivo a la actividad del segundo perceptor de la familia a través de la posibilidad de desgravación fiscal del primero por personas dependientes, incluyendo el-la cónyuge, existiendo en la actualidad en Europa una correlación clara entre los países en los que no existe la posibilidad de la tributación conjunta y la mayor tasa de actividad femenina.

Por ultimo, es iguamente necesario que España también mejore en el capítulo del gasto público para avanzar en igualdad de género (España está a cinco puntos de la media europea en gasto social en referencia a lo que le correspondería por su PIB). Es necesario avanzar además en la elaboración de informes solventes sobre el impacto de género de los presupuestos generales del estado, priorizando aquéllas partidas presupuestarias que tengan un mayor potencial transformador. Para ello es necesario mejorar en la evaluación de género de las políticas públicas lo que requiere el establecimiento de nuevos indicadores de medición económica y del bienestar y la generación de material estadístico que lo permita. En este sentido, debe el Instituto Nacional de Estadística priorizar la demorada elaboración de la Encuesta de Empleo del Tiempo que pueda proporcionar los datos para medir la importancia, el reparto o la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realiza la población Española, en general y en sus distintos territorios, sin los cuales es difícil calibrar los impactos de género de las distintas políticas públicas, especialmente las laborales y las fiscales.