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Reformas y contrarreformas

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El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo es de una extraordinaria trascendencia, más allá de la importante cuantía de recursos que serán movilizados hacia los países miembros.

Por primera vez la Comisión Europea se endeudará, en una cuantía significativa, para realizar transferencias y no para prestar dinero; y se abre, esta vez en serio, el debate sobre la necesaria creación de impuestos comunitarios, comenzando por el establecimiento de un impuesto sobre los plásticos no reciclables, y siguiendo por el compromiso de crear otros tributos sobre las empresas tecnológicas y sobre las importaciones de terceros países que no estén cumpliendo la exigencia de reducción de emisiones de CO2.

Por supuesto, España necesita una reforma fiscal profunda pero muy diferente de la bajada generalizada de impuestos defendida por Pablo Casado o de los significativos incrementos del IVA, practicados por el gobierno de Rajoy

La discusión se ha centrado, al margen de las cifras, en el destino de los nuevos fondos y en la supervisión de la correspondiente aplicación de los mismos por parte de los países miembros. En España, ha resultado llamativo el empeño del Partido Popular en considerar dichos mecanismos de gobernanza nada menos que “una enmienda a la totalidad” de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sanchez, que, según esa interpretación, se verá ahora obligado a implementar las “reformas” a las que se ha negado hasta ahora y, en particular, a renunciar a derogar la ‘reforma’ laboral de 2012. Pablo Casado mezcla así sus deseos con la posición ‘ortodoxa’ que sin duda prevalece en muchos países de la UE; pero la realidad, como ya ha explicado el Gobierno, es que éste mantiene la previsión de derogacion de los aspectos más lesivos de la ‘reforma’ laboral del PP, en el marco del diálogo social, sin que la Comision Europea haya exigido mantenerla.

Es lamentable que el significado de la palabra ‘reformas’ haya derivado durante los últimos años hacia una interpretación neoliberal, siempre en contra de las verdaderas necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y es evidente que España necesita reformas, pero no las que el PP (y no digamos Vox) consideran ahora obligadas a cambio de los nuevos fondos europeos. Como ha señalado el propio presidente del Gobierno, ya está diseñado un paquete de reformas imprescindibles para la transición ecológica –una de las exigencias de la Comisión Europea–, en particular en lo relativo a la reforma energética, que debe favorecer la rápida expansión de las energías renovables trasladando a los consumidores la reducción del coste de utilización de tales energías así como garantizar la seguridad jurídica de las correspondientes inversiones. Asimismo, el Gobierno tiene en tramitación el nuevo marco legislativo para mejorar nuestro sistema educativo, con especial atención a la formación profesional y a la formación continua, para dotar a nuestros jóvenes tanto de las mejores herramientas para aprovechar la digitalización como del aprendizaje en valores cívicos y constitucionales.

Otra reforma imprescindible, la del sistema público de pensiones, estuvo a punto de ser aprobada en la Comisión del Pacto de Toledo, en el momento en el que se interrumpió abruptamente la anterior legislatura: y dicha reforma responderá a los compromisos reiterados de actualización y mejora del poder adquisitivo de los jubilados, y a la imprescindible garantía de sostenibilidad financiera… Vamos, nada de un sistema mixto como el holandés, que concede un papel relevante a fondos privados de pensiones y que ha demostrado ya sus efectos perversos sobre los perceptores más vulnerables.

Y, por supuesto, España necesita una reforma fiscal profunda –muy diferente de la bajada generalizada de impuestos defendida por Pablo Casado o de los significativos incrementos del IVA, practicados por el gobierno de Rajoy–. Una reforma que combata con eficacia la evasión y el fraude fiscal, y que responda a criterios de equidad y progresividad. Como el Gobierno ha anticipado ya en sede parlamentaria, se tratará de que contribuyan más al erario público las grandes corporaciones y las grandes fortunas; y que, por el contrario, se reduzcan los impuestos a las pymes y la tributación de los autónomos se ajuste a sus verdaderos ingresos…

Reformas, sí; o mejor, ‘contrarreformas’, si queremos diferenciar el respectivo contenido… Pero sobre todo, reformas alineadas con las recientes recomendaciones de la propia Comisión Europea para 2020 y 2021 –léanselas quienes creen que seguimos instalados en las recetas mágicas del ‘austericidio’–, en las que se aconseja a España lo siguiente: medidas de estímulo a la economía, preservación de los puestos de trabajo amenazados por la crisis del Covid, refuerzo de la protección por desempleo, mejora de los sistemas de renta mínima, mayor liquidez para pymes y autónomos… y centrar la inversión en la transición ecológica y digital, fomentando la investigación y la innovación, el uso de energías renovables y la gestión sostenible del agua, de los residuos y de la movilidad.

O sea, reformas. Pero de las que sirven para combatir la pobreza y la desigualdad, así como para impulsar nuestro sistema productivo de forma justa, segura y duradera.

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Este artículo fue publicado en EL SIGLO DE EUROPA el 23 de julio 2020. Se reproduce en esta WEB con autorización de la autora

About Cristina Narbona

Economista. Ministra de Medio Ambiente (2004-2008). Embajadora ante la OCDE (2008-2011). Presidenta del PSOE. Vicepresidenta primera del Senado. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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