Reformas y contrarreformas
El acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo es de una extraordinaria trascendencia, más allá de la importante cuantía de recursos que serán movilizados hacia los países miembros.
Por primera vez la Comisión Europea se endeudará, en una cuantía significativa, para realizar transferencias y no para prestar dinero; y se abre, esta vez en serio, el debate sobre la necesaria creación de impuestos comunitarios, comenzando por el establecimiento de un impuesto sobre los plásticos no reciclables, y siguiendo por el compromiso de crear otros tributos sobre las empresas tecnológicas y sobre las importaciones de terceros países que no estén cumpliendo la exigencia de reducción de emisiones de CO2.
Por supuesto, España necesita una reforma fiscal profunda pero muy diferente de la bajada generalizada de impuestos defendida por Pablo Casado o de los significativos incrementos del IVA, practicados por el gobierno de Rajoy
La discusión se ha centrado, al margen de las cifras, en el destino de los nuevos fondos y en la supervisión de la correspondiente aplicación de los mismos por parte de los países miembros. En España, ha resultado llamativo el empeño del Partido Popular en considerar dichos mecanismos de gobernanza nada menos que “una enmienda a la totalidad” de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sanchez, que, según esa interpretación, se verá ahora obligado a implementar las “reformas” a las que se ha negado hasta ahora y, en particular, a renunciar a derogar la ‘reforma’ laboral de 2012. Pablo Casado mezcla así sus deseos con la posición ‘ortodoxa’ que sin duda prevalece en muchos países de la UE; pero la realidad, como ya ha explicado el Gobierno, es que éste mantiene la previsión de derogacion de los aspectos más lesivos de la ‘reforma’ laboral del PP, en el marco del diálogo social, sin que la Comision Europea haya exigido mantenerla.
Es lamentable que el significado de la palabra ‘reformas’ haya derivado durante los últimos años hacia una interpretación neoliberal, siempre en contra de las verdaderas necesidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y es evidente que España necesita reformas, pero no las que el PP (y no digamos Vox) consideran ahora obligadas a cambio de los nuevos fondos europeos. Como ha señalado el propio presidente del Gobierno, ya está diseñado un paquete de reformas imprescindibles para la transición ecológica –una de las exigencias de la Comisión Europea–, en particular en lo relativo a la reforma energética, que debe favorecer la rápida expansión de las energías renovables trasladando a los consumidores la reducción del coste de utilización de tales energías así como garantizar la seguridad jurídica de las correspondientes inversiones. Asimismo, el Gobierno tiene en tramitación el nuevo marco legislativo para mejorar nuestro sistema educativo, con especial atención a la formación profesional y a la formación continua, para dotar a nuestros jóvenes tanto de las mejores herramientas para aprovechar la digitalización como del aprendizaje en valores cívicos y constitucionales.
Otra reforma imprescindible, la del sistema público de pensiones, estuvo a punto de ser aprobada en la Comisión del Pacto de Toledo, en el momento en el que se interrumpió abruptamente la anterior legislatura: y dicha reforma responderá a los compromisos reiterados de actualización y mejora del poder adquisitivo de los jubilados, y a la imprescindible garantía de sostenibilidad financiera… Vamos, nada de un sistema mixto como el holandés, que concede un papel relevante a fondos privados de pensiones y que ha demostrado ya sus efectos perversos sobre los perceptores más vulnerables.
Y, por supuesto, España necesita una reforma fiscal profunda –muy diferente de la bajada generalizada de impuestos defendida por Pablo Casado o de los significativos incrementos del IVA, practicados por el gobierno de Rajoy–. Una reforma que combata con eficacia la evasión y el fraude fiscal, y que responda a criterios de equidad y progresividad. Como el Gobierno ha anticipado ya en sede parlamentaria, se tratará de que contribuyan más al erario público las grandes corporaciones y las grandes fortunas; y que, por el contrario, se reduzcan los impuestos a las pymes y la tributación de los autónomos se ajuste a sus verdaderos ingresos…
Reformas, sí; o mejor, ‘contrarreformas’, si queremos diferenciar el respectivo contenido… Pero sobre todo, reformas alineadas con las recientes recomendaciones de la propia Comisión Europea para 2020 y 2021 –léanselas quienes creen que seguimos instalados en las recetas mágicas del ‘austericidio’–, en las que se aconseja a España lo siguiente: medidas de estímulo a la economía, preservación de los puestos de trabajo amenazados por la crisis del Covid, refuerzo de la protección por desempleo, mejora de los sistemas de renta mínima, mayor liquidez para pymes y autónomos… y centrar la inversión en la transición ecológica y digital, fomentando la investigación y la innovación, el uso de energías renovables y la gestión sostenible del agua, de los residuos y de la movilidad.
O sea, reformas. Pero de las que sirven para combatir la pobreza y la desigualdad, así como para impulsar nuestro sistema productivo de forma justa, segura y duradera.
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Este artículo fue publicado en EL SIGLO DE EUROPA el 23 de julio 2020. Se reproduce en esta WEB con autorización de la autora
Como ideas generales de propósitos humanos, la señora Narbona, es clara y pristína y su postulado propugna una mejor distribución de la riqueza. Sin embargo, en aras del mejor entendimiento de los legos, como yo, sería conveniente en contraatacar e imponer a la larga que las contrareformas las hicieron los gobiernos anteriores, incluyendo el suyo. Fue el Psoe quien encargó a la llamada «Comision Abril» (por Fernando Abril, de UCD, la contrareforma del Plan Nacional de Salud, (aspecto, el de la salud, que Narbona no menciona) sirviendo en bandeja a Aznar la aprobación de dicha contrareforma (aumentada por Aznar) en la que, entre otras cosas, se abrió la puerta a la empresa privada para medrar y obtener clientes dentro de la Sanidad Pública.
También fue aquél gobierno de Felipe González quien empezó a tocar el sistema de pensiones, contrareformando la baremación (años de cotización y cuales) con el único fin de que las pensiones fuesen más bajas. No acabo de entender si, ya que nuestro sistema es de reparto, y en el fondo las pensiones se pagan cada año con la riqueza producida en ese año (independientemente del sistema de baremación), por qué no se cotiza por lo el salario percibido durante los años de cotización, aunque existiera una pensión máxima. Estamos repartiendo riqueza y si uno tiene un salario que excede en mucho la pensión máxima a la que luego tendrá derecho, eso no debe eximirle de cotizar por la totalidad del salario percibido. Cualquier economista sabe que el principal mecanismo de reparto de riqueza son los salarios, y las obligaciones que ello conlleva no deben influir en que después la pensión estuviese en relación a esos salarios de decenas y centenas de miles de euros. Cotizemos por lo percibido que después la pensión máxima ya será más que digna para vivir, sin tener en cuenta que probablemente dichos asalariados tendrán ahorros más que suficientes para vivir bien.
Habla después la señora Narbona de gestión sostenible del agua, residuos, etc., Cuando oigo la palabra «gestión sostenible» me pongo a temblar. Porque todo es sostenible si no se le requiere el concepto neoliberal de pagar el precio (en el mejor de los casos sin especulación) de la producción de ese bien. Al parecer, el precio del agua en Madrid es tres veces inferior al de Berlin, aunque allí hay agua a mansalva y nosotros somos un país de sequía. El secreto, desvelado en TVE por un experto es que aquí solo cobramos los costes (más el beneficio de la adjudicataria) de operación, y allí cargan las amortizaciones de la inversión y cualquier otro coste asociado. Si aquí hiciésemos lo mismo, el precio se triplicaría, y no afectaría igaula a la señora Botín, por poner un ejemplo arquetípico, que a la famila que no llega a fin de mes. Quiero decir con esto que hay servicios esenciales que la comunidad debe de proveer, y el precio al consumidor ciudadano no puede responder al coste de producción, sino que debe ser pagado en parte mediante los impuestos, con una fiscalidad adecuada, porque la señora Narbona sabe que cuando por cualquier causa inesperada la producción de riqueza de un país o territorio baje, los pensionistas y los trabajadores lo entenderán y estarán dispuestos a reducir su parte de la riqueza producida que les corresponde porque no hay más, pero siempre que los que tienen aporten la mayoría de lo que han acumulado. La prueba la tenemos en este momento, con la pandemia. ¿Por que va a pagar el mismo precio por la luz o el agua o un techo un parado que los que tienen fortunas para que sus descendientes vivan durante décadas holgadamente? ¿Por qué aún no me atiende personalmente mi médico de atención primaria, cuando tengo alguna enfermedad crónica e incurable y necesito de una supervisión constante, y los que tiene dinero a espuertas pueden pagarse médicos privados que les atienden al momento? Y no hablo de los trabajadores normales con sus pólizas de aseguradoras, que esos lo están pasando igual o peor que con la sanidad pública.
Si realmente la señora Narbona quiere convencernos de su discurso que ponga cifras a los capítulos esenciales del presupuesto nacional, en tantos por siento del PIB. Tanto para sanidad, tanto para educación, tanto para protección social (incluidas las pensiones), tanto para pagar servicios esenciales (agua, luz, vivienda, etc.,) y que luego haga las cuentas para recaudar lo necesario. No dude, que si el PIN descendiera notablemente por calamidades imprevistas, nosotros, los de abajo, apretaríamos los dientes, nos aguantaríamos, y pelearíamos por recuperarnos. Pero eso sí, recaudando primero de donde hay.
La señoara Narbona, como buena eonomista que és, sabe de sobra que después de la IIGuerra mundial en EEUU los impuestos sobrepasaron el ochenta por ciennto y en Europa no fueron inferiores al sesenta por ciento (obviamente a las empresa y a los grandes ingresos y grandes fortunas. Con ello se reconstruyó Europa y tuvimos las tres décadas maravillosas de construcción del Estado del Bienestar, que luego, el concepto neoliberal de que cada uno paga por lo que consume y no por lo que ingresa ha dado al traste.