Un año de renta básica, ¿pobre bueno o derecho a prestación?

Si no se conquista o conserva el pleno empleo, ninguna libertad estará a salvo, pues para muchos no tendrá sentido (W. Beberidge, Full Employment in a Free Society)

Acaban de publicarse las cifras del fracaso en la aplicación de la Renta básica por la actual Administración de la Seguridad social. Los temores de muchos de nosotros respecto a la filosofía de asistencia social que acompañaba la Ley, incluyendo criterios de selección de beneficiarios que nos recordaban viejos textos de historia económica, con sus distinciones entre buenos y malos pobres, desgraciadamente se han cumplido. A pesar del desarrollo universitario de los estudios de sociología, psicología de los servicios y el apoyo social e, incluso, de trabajadores sociales, el actual ministro del ramo ha demostrado las raíces rancias del liberalismo español, conservador o del PSOE, y de sus epígonos neoliberales, su amor a la tecnocracia y desconfianza del ciudadano.

La crisis abierta por el coronavirus ahonda los problemas y ha complicado muchísimo la implantación de las ayudas de renta básica. Lo mismo que en cada uno de los estados nación, y en la propia Europa, el Contrato social ha sido superado. Los gobiernos han sido obligados a planificar las finanzas y los servicios en función de evaluaciones de riesgos que, de una manera muy frívola, se orillaron en la austeridad: como las incertidumbres en salud, desempleo y dependencia. Faltos de agilidad y sensibilidad social, han sido superados en esos tres frentes; y eso en Calidad se llama falta de redundancia, que es la duplicación de capacidades que la prudencia aconseja para no defraudar al cliente en el objetivo de servicio. ¿Alguien pone en duda que esa planificación es parte integral del Contrato Social nacional y europeo?

Contamos con la reconversión hacia una economía más polivalente, verde e informatizada de la agenda de la Union. Nos jugamos el futuro con ella; pero educar trabajadores, crear infraestructura e industria de base adecuada, por no hablar de los empresarios, no es cosa de tres días. Los nuevos empleos llegarán, pero tampoco hemos evaluado cuantos empleos se destruirán con la transición verde e informática. El cambio de modelo no resuelve el drama social al que nos enfrentamos y la urgencia ya está aquí. El propio gobierno cuando aprobó la Ley lo dijo, no podemos volver a dejar en la cuneta a millones de ciudadanos de nuestro país, que no tienen trabajo, y el gobierno y los empresarios no están en disposición de proporcionárselo en el contexto actual. No existe otra salida para ellos que una renta básica garantizada. El propósito es conseguir un ligero colchón para la transición hacia otro desarrollo; uno basado en el paradigma verde e informatizado; el cual también supone un nuevo concepto de lo social. Pero el camino que inició el Gobierno de España con la aprobación del “Ingreso Mínimo Vital”, o Renta básica, se ha demostrado ambiguo, sujeto a interpretaciones que, dado el talante del ministro Escrivá, puede retrotraernos al siglo XVIII[i]. Es preciso que la Ley y su Reglamento se adapten al Siglo XXI y a nuestra mejor percepción de lo humano.

Pobres buenos y pobres malos, y nuevo Contrato social.

El Pacto Social de la transición agoniza desde 2010, y reclama una gran revisión[ii]. Como el Contrato social de la posguerra europea, el de 1978 se basó en dos pilares, ahora en crisis, el Bienestar como derecho, y el Estado-nación como territorio delimitador del privilegio. Sobre ellos los asalariados, tras una larga lucha, superaban su estatus proletario y aspiraban a construir su individualidad, es decir se proyectaban en una vida como cualquier ciudadano. La Renta básica, tal como ahora es interpretada por la mayoría del arco parlamentario europeo, implica el fracaso de la promesa del sincretismo político de posguerra entre liberalismo y socialdemocracia, porque supone una elipsis de 240 años, con vuelta a las poor laws. Convive con salarios insuficientes, desempleo sin perspectivas para los supernumerarios del trabajo, y con la precariedad y ayuda condicionada. Para una gran porción del parlamento, donde se incluye parte de la socialdemocracia, vuelven los buenos y los malos pobres, las pruebas de voluntad de búsqueda de empleo, y la amenaza de estigma social.

Con esa vuelta a Bentham, el capitalismo tira la toalla y descabalga de sus promesas de 1945: pleno empleo, seguridad y consumo para todos los ciudadanos; y esta vez, no es porque no quiera, sino que se reconoce incapaz de cumplir las promesas sobre las que construyó su convenio social. En su fase globalizadora, carece de proyecto de sociedad y tampoco engaña a los trabajadores. El trabajo asalariado no confería sentido a sus vidas, pero el empleo estable les proporcionaba un elemento esencial para su emancipación ciudadana, tanto o más que la suficiencia de su salario. Desde los años 1980, se observa cómo, en los intersticios de la sociedad de clases, retorna el vagabundo renacentista, o el pícaro del siglo de Oro, en la figura del “camello” de barrio; reflejo de la multiplicación de situaciones de inseguridad y precariedad, “traducidas en trayectorias temblorosas hechas de búsquedas inquietas para arreglárselas día a día”[iii]. Cada vez más, la vida de las personas en riesgo de desempleo se desestabiliza, y la renta básica no resuelve estos problemas de desafiliación; las personas en paro se perciben como supernumerario, persona que sobra del puzle de la organización del trabajo, al que se prometen “tiempos mejores” que, como ya no son analfabetos, saben que no volverán.  Como en los tiempos de Bentham, los pobres, “personas que no tiene propiedad o medios de subsistencia honesto y suficiente”, merecen la ayuda, pero, al igual que hacía el viejo liberal, nuestros neos no pueden evitar la sospecha del abuso, al cual hay que vigilar; a pesar de saber que muchos trabajos son especies amenazadas de extinción y, por lo tanto, no volverán. Sustituidas por tareas precarias y mal retribuidas, las personas que han invertido su vida en el aprendizaje se ven, aún en edad de producir, reducidos a la nada del oficio inútil por la obsolescencia de sus habilidades adquiridas[iv].

Un Nuevo Contrato Social

El Estado social, tanto en su filosofía como en sus modos de instrumentación práctica, es un compromiso[v]. Su punto de partida es el trabajo, como algo más que trabajo. Pues vincula los modos de socialización del ciudadano trabajador al contrato entre la propiedad, como arrendadora, y el asalariado, como arrendador de su capacidad de trabajar. El compromiso es la renuncia al cambio del estatuto de la propiedad. Ambos, propietario y asalariado, no actúan como individuos, sino como grupos instituidos por las normas de un derecho que como contrapartida al acuerdo reconoce la idiosincrasia colectiva del contrato. La seguridad del bienestar implica para ambas partes un continuo de escalones sociales en permanente ampliación que, sin compartir la percepción del conflicto, se adaptan a él por la promesa de mejora permanente de los caminos para la promoción social. Se apoya en la institución familiar, que da sentido a la proyección de mejora, y en la emergencia de una nueva elite asalariada, filial del conjunto[vi].

El momento se agrava por la ruptura del contrato implícito con la juventud, que supone una quiebra histórica y un fracaso sistémico. El no habrá “tiempos mejores” no es solo el telón vital para hombres y mujeres de edad madura, cesantes o aún activos; es una negativa de futuro para las nuevas generaciones. A la falta de perspectivas de los perceptores de la asistencia social se suma la forma posmoderna de esta institución, una organización tecnocrática y diseñada solo para afrontar problemas, cuyo propósito es individualizar el contrato social para cada persona, vaciándolo de todo su contenido democrático. El causahabiente no es un portador del derecho a una vida digna, sino un problema social concreto y aislado, que es derivado a técnicos y enajenado de contexto.

El nuevo Contrato Social tiene que reinventar el Estado, especialmente las redes de nudos sociales creadas por el desarrollo de las tecnologías productivas y culturales en un mundo que se globaliza, montado sobre la informatización, las biotecnologías y el aprovechamiento de los nuevos conocimientos científicos aplicados. Un entramado de relaciones que no compatibiliza muy bien con la verticalidad de la organización del trabajo. Como decía Polanyi, hay que liberar la capacidad relacional y creativa del trabajo de la dictadura wallrasiana del mercado, una institución errática que se atreve a valorar el componente humano del capital, esencial en la reproducción de las condiciones de supervivencia, por debajo de su valor de subsistencia. El nuevo contrato social tiene que disociar la retribución del trabajo de la necesidad de subsistir. Lo cual significa que la Renta Básica se trasforme en un derecho universal a la vida, y el trabajo en el despliegue de las capacidades de las personas para cooperar, cuidar unos de los otros, y trasformar la realidad a través de conocerla cada vez mejor.

[i] Ver Polanyi, La Gran Transformación, Capitulo VIII

[ii] Algo que reconoce incluso el Fondo Monetario: Ver IMF New Blog: A Global Crisis Like No Other Needs a Global Response Like No Other. Fecha: 20 de abril de 2020,

[iii] Robert Castel (2006) La Metamorfosis de la Cuestión social. Ed. Paidós

[iv] R. Richta (1969), La Civilización en la Encrucijada.

[v] R. Castel, obra citada…

[vi] Ver Piketti, capital e Ideología, y R Castel, op, cit.