Unos Presupuestos Regresivos y Antisociales

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Mónica Melle Hernández, miembro de Economistas Frente a la Crisis y Profesora Titular de la UCM

Unos Presupuestos centrados exclusivamente en el déficit

Los Presupuestos Generales del Estado del 2013 se han elaborado exclusivamente con el único objetivo del Gobierno de Rajoy: reducir el déficitdel conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 4,5% del PIB, frente al 6,3% previsto para el cierre de 2012. Sin embargo, al olvidar las políticas de impulso de la actividad, no servirán para sacar a España de la crisis ni para generar empleo, y por ello será difícil que logren incluso el cumplimiento del objetivo de déficit.

La propia Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España que maneja el Ejecutivo prevé que España no crecerá al 2% ni creará empleo hasta el año 2020. En 2016, la tasa de paro continuará en las cotas actuales, en el 24,6% de la población activa. La obsesión por la reducción del gasto público a toda costa hará que la maltrecha situación del PIB se prolongue varios años, no recuperando niveles de avance al 2 por ciento hasta el final de la década.

Unos Presupuestos poco creíbles que no cumplirán el objetivo de déficit

Se trata de unos Presupuestos poco creíbles, que parten de unas previsiones muy optimistas del Ejecutivo sobre una caída del PIB real en 2013 de -0,5%, cuando los distintos organismos mantienen previsiones más derrotistas: desde el -1,2% según el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasando por el -1,5% que estima la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), o el -2,3 % según Cemex. En cualquier caso, la media del Consenso del Panel de Previsiones que elabora FUNCAS con las diversas estimaciones de los organismos de análisis de coyuntura prevé un 1,1% de caída del PIB real para el ejercicio 2013.

La caída del consumo público la estima el Ejecutivo en un -8,2%, a consecuencia de los recortes del propio Presupuesto, pero muestra un exceso de optimismo sobre todo en la caída del consumo privado, tan sólo un -1,4%, considerando la drástica reducción que están sufriendo las familias en su poder adquisitivo (por la reducción de rentas, la subida de IVA, del IRPF, de la luz, de la inflación, etc.). Y en la inversión empresarial (formación bruta de capital fijo), que prevé caerá sólo un -2,1%, cuestión difícil debido fundamentalmente a la carencia de expectativas de crecimiento y a la falta de crédito que continuará mientras se reestructura el sistema bancario.

Y el problema de esta falta de realismo del Gobierno es que los gastos incluidos en los Presupuestos están infravalorados y los ingresos sobrevalorados. Por lo que es previsible que estos Presupuestos sufran nuevos ajustes a lo largo de 2013 para intentar cumplir el objetivo de déficit. Quizá después de los procesos electorales autonómicos en marcha, el Gobierno despeje la duda sobre si los pensionistas perderán finalmente poder adquisitivo, ya que los Presupuestos prevén una revalorización de un 1%, pero al situarse el IPC interanual en el 2,7%, habría que compensar a los pensionistas por 1,7 puntos de diferencia.

No olvidemos además que el déficit público fue del 8,96% en 2011, y que se eleva al 9,44% si se tienen en cuenta las ayudas a la banca. Y que en este año 2012, el Gobierno tiene que enviar a Bruselas una estimación provisional que, en este caso, cifra en el 6,3% el déficit de las administraciones públicas y en el 1,1% el efecto de las operaciones financieras, lo que arrojaría un déficit público global para este año del 7,4% del PIB.

Unos presupuestos que se dedican a pagar la deuda del Estado y las ayudas a la banca

Según las propias previsiones del Gobierno, la deuda de la Administración Central sobre el PIB alcanzará el 70,2% en 2013, frente al 66,1% de 2012, mientras que la ratio para el conjunto de las Administraciones Públicas alcanzará el 90,5% del PIB, frente al 85,3% previsto para el cierre de este año.

Este aumento se explica, principalmente, porque el Estado asumirá 30.000 millones del crédito de hasta 100.000 millones solicitado a la Eurozona para sanear el sector financiero. Los cálculos del Gobierno en este montante total del préstamo europeo para recapitalizar la banca parece que también se han quedado cortos, después de conocer los resultados de los test de estrés de Oliver Wyman que cifran las necesidades en unos 40.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también aumenta su deuda, que pasa de 11.140 a 60.528 millones de euros. También se añaden los 27.372 millones de euros del recién creado plan de pago a proveedores.

Es preciso sanear el sistema financiero español para que más pronto que tarde fluya el crédito a las familias y empresas. Pero una vez más, vemos en estos Presupuestos de 2013, las prioridades del Gobierno, que opta por destinar la mayor parte de los recursos públicos de todos los ciudadanos para la banca, en detrimento de las necesarias políticas sociales en un momento de intensa recesión como el actual. De momento, el Estado ha asumido unas pérdidas equivalentes a 15.000 millones por salir en rescate del sector financiero, aunque el Gobierno insista en convencernos de que los bancos se han comprometido a devolver estos fondos con el tiempo.

Este incremento de deuda pública implica además un alza de los intereses de la deuda, y en consecuencia tendrá un impacto negativo sobre el déficit. En términos de caja los pagos por intereses ascenderán a 38.589,55 millones, lo que supone el 3,63% del PIB. En términos de contabilidad nacional, estos gastos se sitúan en 36.460 millones, el 3,43% del PIB.

El proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 prevé ante estas circunstancias la emisión bruta por el Tesoro español de 207.173 millones de euros, que incluye las necesidades netas de financiación y de las amortizaciones de deuda. Más concretamente, 48.020 millones corresponderán a las necesidades de financiación neta, un 30% más que en 2012, una vez incluidas las obligaciones contraídas con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), por importe de 3.809 millones. En un entorno como el actual de graves problemas de liquidez y dificultades de acceso a los mercados, el incremento de las emisiones de nueva financiación en 2013 en más de un 30% respecto 2012 introducen una complicación adicional respecto del coste de dicha financiación y de la valoración de nuestra prima de riesgo por parte de los mercados de deuda.

Unos Presupuestos que no se preocupan por el crecimiento

El Gobierno opta por reducir en sus presupuestos aquellas partidas que facilitarían una salida de la crisis y por no introducir ninguna medida de estímulo al crecimiento. Recorta la inversión productiva y con ésta la generación de empleo.

Las inversiones reales caerán 691 millones de euros, una reducción del 17,6%, que se lleva a cabo sobre partidas ya recortadas considerablemente en 2010, 1011 y 1012. Los efectos serán muy negativos, debido al momento de estancamiento económico y crisis de empleo que sufren la economía y la sociedad españolas.

La inversión del Estado en las Comunidades Autónomas caerá un 16,10%, siendo Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana y el País Vasco las que más pierden, mientras que la inversión aumentará en Cantabria, Valencia y Castilla y León.

El Presupuesto en investigación y desarrollo tan sólo crecerá 12 millones de euros, un 0,2%; y el destinado a la política educativa se reducirá un 14,4%. Estos ajustes en partidas tan sensibles para la creación de capital intelectual no ayudan al cambio de modelo productivo, al crecimiento y al empleo; sobre todo después de los importantes recortes que también se produjeron en 2011 y 2012.

El Gobierno ha elevado las becas un 2% (23 millones de euros), tratando de compensar su desafortunada medida anterior de elevación de las tasas universitarias en una media de 500 euros por alumno, que estaba impidiendo de facto el acceso a los estudios universitarios de numerosos jóvenes, precisamente en un momento en el que la formación resulta un factor clave de competitividad.

Sorprende también la caída del 12,18% en la política industrial y energética, que pasa a recibir 1.653 millones euros en 2013. Sectores claves del crecimiento del PIB español como el comercio y el turismo, así com todo el tejido de PYMES y emprendedores, van a sufrir las consecuencias. La partida para el programa de reconversión y reindustrialización caerá un 18,8%, hasta 467 millones de euros, mientras que el plan para el desarrollo industrial contará con 425 millones, dos millones de euros más que los 423 millones del ejercicio anterior.

Dentro de la política energética, los recortes no ayudan para acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico. El Plan de la Minería del Carbón tendrá un coste de 497 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2% respecto a 2012, una prueba más de la falta de sensibilidad social de este Gobierno.

La Cultura aporta cerca del 3% al PIB y genera más de 500.000 empleos. Con la reducción de 721,71 millones de euros del gasto destinado a la política de Cultura (un -19,6%) en 2013, las industrias culturales sufren un nuevo golpe que repercutirá en el empleo, cuando todavía están digiriendo la subida del IVA en los bienes culturales.

También se reducen los recursos destinados a las políticas agrícolas y pesqueras en un 9,4%, con una incidencia muy negativa en los programas dedicados al desarrollo rural sostenible y en las actuaciones de mejora de la calidad de las producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. Todo ello tampoco favorecerá el crecimiento del PIB y la creación de empleo.

Se recorta el empleo público

Los empleados públicos se reducirán un 2,55%; ya que en 2013 el total será de 547.102 personas. Los funcionarios del Estado existentes en 2013 serán 474.605, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al ejercicio anterior. Esta caída no afecta, sin embargo al número de altos cargos, que se mantiene. Serán 455 en lugar de los 456 de 2012.

Por su parte, la congelación del sueldo a los empleados públicos afectará una vez más a su poder adquisitivo, con efectos negativos sobre el consumo. Este tipo de medidas, además de perjudicar el empleo y atentar contra los derechos de los trabajadores, merman la calidad y la propia prestación de los servicios públicos, desmotivan al personal y no muestran una apuesta por el esencial capital humano.

Pero lo más grave: son unos Presupuestos antisociales y regresivos.

El cuadro macroeconómico que sostiene el Gobierno mantiene la debilidad del mercado laboral. Atribuye al empleo una caída del 3,7 por ciento este año y del 0,2 el próximo; y estima una tasa de paro de 24,6% para este año y de 24,3% para 2013.

Sin embargo el gasto en prestaciones por desempleo se reducirá un 6,3%, según los Presupuestos presentados para 2013. Esto supone una disminución de 1.807 millones de euros en las prestaciones, hasta un total de 26.696 millones. Son unos presupuestos antisociales que en momentos de recesión como los actuales, afectan con sus recortes a los ciudadanos que más están sufriendo las consecuencias de la crisis.

El Gobierno usará 3.063 millones de euros (el máximo permitido por la ley) del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para resolver problemas de tesorería del sistema. El pasado mes de agosto, el Gobierno ya recurrió al Fondo de Prevención y Rehabilitación, del que tomó 4.400 millones para resolver también problemas de tesorería de la Seguridad Social. Esto es grave porque en el sistema de reparto que tenemos en nuestro país, utilizar estos recursos puede perjudicar las pensiones de futuros pensionistas.

El Gobierno desmantela los servicios sociales básicos, con un recorte de un 14,4% en el presupuesto de política social. Se ven así mermados los créditos destinados a dependencia, drogadicción, personas con discapacidad, servicios sociales para la tercera edad, discapacitados, inmigrantes e infancia y familia. También se reduce un 24,1% la partida para igualdad y un 6,8 por ciento la de violencia de género.

La política de Sanidad también resulta afectada, los recursos se reducen un 3,1%, lo que afectará especialmente al fondo de recursos para la atención a desplazados entre Comunidades Autónomas, al Plan de Calidad del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Salud y a los recursos destinados a las entidades que conforman el Mutualismo Administrativo.

En el apartado de los más desfavorecidos, también destaca el recorte del 40% en las transferencias del Estado a los Ayuntamientos para atender a los más pobres, que se reduce a 30 millones pese al repunte del número de personas que acuden a la llamada red de emergencia municipal para subsistir.

Hay otra alternativa: un Presupuesto progresista frente a un Presupuesto conservador

El ajuste presupuestario del 2013 que nos presenta un Gobierno conservador como el de Rajoy se basa en un 58% en la reducción del gasto y en un 42% en el incremento de ingresos. Por el contrario, Hollande acaba de presentar un ajuste presupuestario en Francia que altera sustancialmente esos porcentajes: opta por hacer el ajuste en un 66% a través del incremento de impuestos (a grandes empresas y grandes fortunas) y sólo en un 34% vía reducción de gastos.

A grandes rasgos, las cuentas públicas de Rajoy incluyen fuertes recortes y nuevas subidas de impuestos regresivos para compensar la vigorosa subida de los gastos financieros. El mayor esfuerzo se produce en la contención del gasto público, ahondando en una política errónea, inútil y tremendamente injusta. Una política que provocará más paro y más recesión, que no solucionará los problemas de deuda pública y déficit, y que se olvida de los ciudadanos.

Las diferencias entre un Presupuesto progresista, como el de Hollande, y uno conservador, como el de Rajoy, no sólo se encuentran en la preferencia de ajustar los gastos públicos o los ingresos públicos, también en la estructura de dichos ingresos. Mientras que Hollande eleva los impuestos a las grandes empresas, las grandes fortunas y las rentas del capital; Rajoy opta por aumentar la carga impositiva sobre los trabajadores, con el aumento de impuestos como el IVA y el IRPF, perpetuando las injusticias y las desigualdades, al recaer el mayor peso de la crisis sobre éstos.

En el Proyecto de Presupuestos para 2013, según las estimaciones del Gobierno, la recaudación por IRPF crecerá el 1,5% hasta 74.215 millones de euros, mientras que la generada por el Impuesto de Sociedades se reducirá un 2,8% hasta alcanzar los 19.012 millones de euros. Asimismo, el Gobierno prevé que la recaudación por IVA se dispare en 2013 hasta los 54.657 millones de euros. Previsiones, todas ellas, que con los datos macroeconómicos de comportamiento del consumo y la demanda, resultan bastante optimistas.

Son bienvenidas las nuevas medidas progresivas para aumentar la recaudación, como la recuperación de un gravamen especial del 5% para la actualización de balances de las empresas, que aportará 300 millones de euros o la eliminación de la deducción por amortización a las grandes empresas, que aportará 2.371 millones. Sin embargo, vistos los datos de recaudación de sociedades frente a recaudación por renta de las personas físicas queda mucho camino por recorrer para llegar a una fiscalidad socialmente justa.

El Gobierno introduce tímidos avances en la tributación de las rentas del capital, modificando el régimen de tributación de las plusvalías en el primer año, que se gravarán en función del tipo marginal del IRPF, lo que reportará 90 millones de euros a las arcas públicas. Resulta positiva la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual, que aportará otros 90 millones de euros y la prorroga del impuesto sobre el patrimonio que tanto criticó el Partido Popular y con el que se recaudarán 700 millones de euros. Se echa, sin embargo, en falta una mayor tributación sobre las grandes fortunas.

La creación de un nuevo impuesto sobre los premios de loterías, que será del 20% y afectará al 40% de los premios (los que superen los 2.500 euros), y que según estima el Gobierno aportará 824 millones a las arcas del Estado, es también muy bienvenido. No sólo por los recursos que se conseguirán gravando los premios altos del juego, quizá sobreestimados por la caída general de la actividad y el descenso en la renta de las familias, sino por los efectos beneficiosos en la lucha contra el fraude, al permitir detectar el dinero negro que se afloraba mediante la práctica de comprar  billetes de lotería premiados por determinados individuos, en los que se producía una extraña concentación de ganancias en los juegos de azar.

Curiosamente, las cantidades que se pierdan en el juego (excepto en sorteos como la lotería) se podrán aprovechar para compensar las cantidades ganadas y así pagar menos al fisco. Es decir, que no se tributará por la cantidad obtenida de los éxitos en las apuestas, sino por el saldo a final de año entre lo que se ha ganado y se ha perdido. Una medida que seguro gustará a los impulsores de Eurovegas, que pedían menos presión fiscal para el juego.

En síntesis, España, en la elaboración de estos presupuestos, ha perdido una oportunidad para incorporar estímulos al crecimiento y al empleo. Muy al contrario, se sigue desmantelando el Estado del Bienestar, provocando un mayor empobrecimiento de la población, un deterioro de los derechos sociales y laborales y una mayor desigualdad y exclusión.

Se ha perdido la oportunidad de llevar a cabo una profunda reforma fiscal, para que la fiscalidad sea justa y progresiva y luche contra el fraude fiscal. Y una reforma financiera que otorgue estabilidad al sistema e incluya la creación de una banca pública que permita que el crédito llegue a los ciudadanos y las empresas.

En definitiva, se ha perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de las políticas neoliberales del actual Ejecutivo, para pasar de la austeridad y ajuste drástico del gasto a la apuesta por el crecimiento, como única manera de reducir el déficit de manera progresiva y en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social.

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