VI- Recaudar más ingresos públicos y de forma más justa
Por Economistas Frente a la Crisis EFC
Las necesidades del país exigen más recursos tributarios
Para acometer las políticas que necesita nuestro país, y hacerlo compatible con los compromisos presupuestarios a los que obliga la Unión Europea, es necesario obtener recursos suficientes. Ello requiere un sistema tributario potente, que garantice un flujo de ingresos relativamente estable con independencia del ciclo económico, porque nueve de cada diez euros que recauda el Estado provienen de impuestos, tasas y cotizaciones sociales.
En la actualidad España es el quinto país que menos recaudación tributaria tiene con relación a su riqueza de toda la zona euro (32,5% del PIB), 7,9 puntos porcentuales menos que la media de la zona (40,4%). En euros, esto supone unos menores ingresos anuales de casi 90.000 millones de euros. Y puesto que el nivel de ingresos de un país determina el de su gasto público, España también es de los países de la zona euro que menos gasta (también el quinto que menos), un 43,6% del PIB, 5,5 puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (49,1%). Y su nivel de gasto social, el que sustenta las políticas básicas del Estado de Bienestar, es también inferior en términos relativos en 4,5 puntos de PIB.
El sistema fiscal español es injusto y poco progresivo
Por otro lado, el sistema tributario español tiene un problema importante de falta de justicia, que se plasma en el grado de cumplimiento de lo que se llama equidad horizontal (que rentas iguales paguen lo mismo) y equidad vertical o progresividad (que se pague proporcionalmente más cuando la renta crece, posibilitando un cierto grado de redistribución de la renta). Son muchas las situaciones que reflejan estas inequidades, que determinan que la carga fiscal recaiga de manera muy mayoritaria sobre las rentas del trabajo, que los rendimientos de actividades empresariales (y sobre todo, las empresas más grandes) no contribuyan conforme a sus ingresos reales, que las rentas del capital sean gravadas de manera muy suave y que las derivadas de la propiedad aporten demasiado poco.
Para conseguir una sociedad más igualitaria es muy importante que los mercados funcionen correctamente y que se promueva la igualdad de oportunidades y un correcto reparto de la renta antes de la intervención del Estado (lo que se ha dado en llamar “predistribución”). Pero en EFC estamos convencidos de que es necesaria también una firme y extensa intervención correctora a posteriori, vía gasto y recaudación impositiva, sin la cual las desigualdades tienden a enquistarse y a crecer. Una política económica progresista no puede renunciar al papel redistributivo de los impuestos.
En resumen, en España se recauda poco por impuestos de manera global, pero los que se pagan están muy mal repartidos. Por eso los objetivos centrales de una reforma fiscal para nuestro país deben ser la mejora de la suficiencia de los ingresos tributarios y de la justicia del sistema. Y puesto que el sistema fiscal español es equiparable en su estructura y figuras a la mayoría de los de su entorno, hay que buscar las causas de estos desequilibrios en la concreción legal de esas figuras y en su utilización discrecional, con criterios marcadamente electorales y clientelistas en no pocas ocasiones.
Tenemos unos impuestos llenos de exenciones, deducciones y desgravaciones, de agujeros que facilitan tanto la elusión fiscal como el fraude, mermando su recaudación potencial y quebrando la equidad más elemental. Además, esta maraña de particularidades normativas cubre de opacidad los resultados obtenidos, dificultando que los contribuyentes visualicen cuánto se paga efectivamente, cómo se hace y para qué sirve.
Una reforma fiscal integral, coherente con las necesidades del país
Si España quiere hacer frente de manera solvente a sus obligaciones de consolidación fiscal a medio plazo, ensanchar progresivamente los cimientos de su estado de bienestar y dotarse de un sector público con capacidad para desarrollar algunas políticas clave (políticas activas de empleo, cambio del modelo productivo, etc.) es imprescindible que reduzca paulatinamente la brecha de recaudación que la separa de los países con mejores resultados en el entorno económico europeo. Del mismo modo que, si se quieren reducir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que soporta España y aumentar la cohesión económica y social es preciso que aumente el grado de equidad y progresividad de sus resultados. Todo ello es perfectamente posible, y compatible con la mejora simultánea de otros principios tributarios también relevantes como la eficiencia, la neutralidad o la simplicidad. Para lograrlo, en EFC creemos que:
- Es imprescindible reducir el nivel de fraude, que supone al mismo tiempo un perjuicio para las arcas públicas, un elemento de injusticia e inequidad del sistema y una fuente de competencia desleal entre las empresas. Esto exige una política de lucha contra el fraude mucho más intensa, que incluya una mayor dotación de medios tanto humanos como materiales para la Agencia Tributaria, prestar especial atención a los grandes defraudadores, mayor dureza en las sanciones -considerando el delito penal como delito grave- y una continua labor ejemplarizante y pedagógica. Creemos que hay que hacer efectivo el principio de tolerancia cero con el fraude fiscal. Paralelamente, es necesario cerrar las puertas a la elusión fiscal, simplificando los tributos y limpiándolos de casos particulares y de deducciones y desgravaciones.
- En el IRPF, es preciso elevar la aportación de las fuentes de renta distintas del trabajo por cuenta ajena, gravando con la misma tarifa todas las rentas con independencia de su procedencia, y mantener una estructura de tramos y tipos que garantice resultados verdaderamente progresivos, así como reducir a su mínima expresión la aplicación de la estimación objetiva (sistema de módulos).
- En el Impuesto sobre Sociedades, es necesario limitar las deducciones y garantizar un tipo efectivo mínimo sobre el resultado contable, además de eliminar o modificar drásticamente instrumentos que solo sirven para eludir el pago de impuestos, como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) o las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).
- En el IVA se requiere una revisión de la actual estructura de tipos, primando la sujeción de los productos de primera necesidad al tipo superreducido. Sería aconsejable introducir un IVA incrementado para los bienes suntuarios, decisión que corresponde al ámbito europeo.
- Es fundamental implementar una tributación relevante sobre la riqueza con carácter general, que complemente la de la renta de las personas físicas. Defendemos también la preservación y reforzamiento de la imposición sobre sucesiones y donaciones, estableciendo un mínimo obligatorio de tributación para estas figuras en todas las Comunidades Autónomas.
- Hay que introducir una imposición sobre transacciones financieras en España y a nivel europeo, así como desarrollar una imposición verde que permita conjugar la obtención de más recursos con el desincentivo de las actividades más contaminantes.
- Finalmente, en la situación actual, consideramos que no es ni posible ni conveniente reducir las cotizaciones sociales, sino que su eventual modificación debe ponerse en relación con la mejora de la financiación de nuestro sistema de pensiones, del que es el sustento principal.
