El presupuesto social: todos ante el espejo

Después de 5 años de crecimiento económico siguen ahí las tres lacras incrementadas o generadas por la crisis: desigualdad, pobreza y precariedad. Demasiados ciudadanos se han quedado atrás, atrapados en la crisis social. A los jóvenes, como en un juego de trileros, se les ha hurtado el futuro. La población de más de 35 años, si tiene la opción de trabajar, será en precario y para seguir siendo pobre. Con más de 55 años, aquellos que están en paro, se quedan fuera de poder acceder a un empleo. Si es mujer, verá como aumenta la intensidad de los obstáculos, y los pensionistas son los que, en muchos casos, aportan a la unidad familiar el ingreso principal con el que dan cobertura a los grupos anteriores. Son las consecuencias de los años de duro ajuste fiscal, de desregulación y devaluación laboral, de recortes en prestaciones públicas y de privatización. Consecuencias que solo se pueden afrontar desde la necesaria visión del Estado Social y la utilización de su principal herramienta: el Presupuesto Social. Se trata de afrontar los efectos de la crisis económica derivada en crisis social con el impulso de un crecimiento económico no excluyente. Zygmunt Bauman en “Daños colaterales” (2011) identifica el Estado Social como el que promueve el seguro colectivo, protegido por la comunidad, contra el infortunio individual y sus consecuencias, y promueve la responsabilidad colectiva. “

El segmento de población con más renta y riqueza no entró en la crisis: entre 2008 y 2017 la parte de la renta nacional destinada a salarios bajó del 50,1% al 46,9%; entre 2013 y 2016 el SMI creció, en términos reales el 1%, muy por debajo del 8,4% en que creció el PIB, pero la retribución media de los primeros directivos del IBEX35 aumentó el 33,5%, por encima del crecimiento de la economía. El directivo mejor pagado recibió en 2016 una retribución equivalente a 1.663 veces el SMI; según los datos de Credit Suisse, en 2015 el 10% de la población disponía del 55,9% de la riqueza y entre el inicio de la crisis y 2015 la riqueza de este grupo de población creció el 22,2%, mientras que la riqueza del 90% de la población lo hizo solo en el 3,6%. Esta es la otra cara de las causas que motivan la necesidad de un Presupuesto Social. Recuperando la adaptación que hizo el humorista Jaume Perich (Autopista, 1970) de la frase de Churchill de 1940, podemos decir que: “nunca tantos hicieron tanto para tan pocos”. Es necesario un cambio de orientación en la política económica que permita transitar de la austeridad irresponsable y los recortes de derechos a un crecimiento inclusivo en el cual la protección social y los derechos sociales formen parte de la estructura básica, y estén sustentados en una fiscalidad justa y progresiva, y en la reversión de la intolerable desigualdad en la distribución de las rentas y la riqueza.

Estado Social: un seguro colectivo

La propuesta de presupuesto para 2019 focaliza su incidencia en: fomentar la creación de empleo y en la mejora de la calidad del empleo; en políticas sociales que reviertan la desigual distribución de las consecuencias de la crisis (entre los jóvenes, los pensionistas, los parados mayores de 52 años, personas dependientes y otros colectivos en situación precaria); en rescatar del miedo y la incertidumbre a aquellos ciudadanos que no han percibido la recuperación económica y deben mejorar sus condiciones de vida. Para ello se propone substituir las políticas de ajuste fiscal por un nuevo modelo económico con la visión del Estado Social, capaz de combatir las desigualdades manteniendo un nivel de consolidación fiscal coherente y que lo haga posible.

Con estos objetivos se aumenta el gasto social en 12.600 millones de euros, sin embargo, al situar el incremento del gasto público por debajo del incremento previsto en la economía, el presupuesto no es financieramente expansivo. Se propone más capacidad de gasto, pero dentro del límite del 1,3% de déficit público aprobado por la mayoría conservadora en el Senado, frente al 1,8 propuesto por el gobierno. Implica la insistencia de la oposición en los criterios de ajuste fiscal duro y de recorte del gasto público, y la renuncia a 6.000 millones de euros en gasto social o infraestructuras.

El presupuesto contempla la reforma del sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo, y crea nuevas figuras impositivas: el Impuesto sobre Transacciones Financieras para empresas con más de 1.000 millones de euros de capitalización, al igual que en Bélgica, Francia e Italia, y el Impuesto sobre Servicios Digitales, una propuesta iniciada por el anterior gobierno y que afectará a las grandes empresas y multinacionales del sector. Son reformas que apuntan a la progresiva reducción del desfase de la presión fiscal en relación con la mayoría de los países europeos. Si se aplicara a España la presión fiscal media de la zona euro (7 puntos mayor que la española), el incremento de recaudación anual se acercaría a los 90.000 millones de euros, equivalente a la nómina anual de las pensiones.

Estado Social: una responsabilidad colectiva

Volviendo a Bauman, no es suficiente la elaboración de un Presupuesto Social si no se dispone del soporte necesario para su implementación, es decir, si no se cumple el segundo principio del Estado Social: la responsabilidad colectiva. El ejercicio de la responsabilidad colectiva nos coloca a todos frente al espejo. Es ahí, donde importantes fuerzas políticas muestran ostensibles carencias. En el ámbito conservador se ha generado mucha alarma y alboroto ante la posibilidad de un giro social en la política económica. Mucha menor, o ninguna, fue la alarma cuando sus drásticos ajustes fiscales y desregulaciones provocaron la transferencia de rentas desde los asalariados a las minorías más ricas.

Y para cuestionar el giro social son habituales argumentos del tipo: “con una recesión en ciernes, no se puede incrementar el gasto social, no es bueno aumentar la fiscalidad y tampoco aumentar los costes salariales”, razones que no son acordes con la realidad. Entre 2009 y 2016, los costes laborales unitarios en España descendieron el 5,7%, mientras que en el conjunto de la zona euro crecieron el 4,1%. Como hemos visto antes, existen amplios márgenes de mejora de nuestra presión fiscal respecto a la media europea y como esta anemia fiscal contemporiza con riesgo de pobreza (tasa AROPE, Eurostat) que en 2017 afectaba al 26,2% de la población, una de las más elevadas de Europa. Si el relato fuera coherente, durante los años de crecimiento, sin recesión, deberían haber revertido estos desequilibrios, y no lo hicieron. De aquellos barros, surgen estos lodos. La aparición de la extrema derecha en el escenario político ha hecho posible la formación de bloques ultraconservadores, que sitúan otra vez en el horizonte duras propuestas de regresión de la reforma fiscal, cuyas consecuencias lamentablemente conocemos.

Los partidos políticos del ‘procés’ se suman al Partido Popular y a Ciudadanos en su oposición a apoyar el giro social en la política económica. Posición es difícil de justificar y que ofrece dudas de credibilidad, entre otras razones, por qué no se basa en políticas contrarias al giro social o en políticas alternativas desde esta perspectiva (si existen no se conocen), pero también por qué es más difícil imaginar el no apoyo o la neutralidad, sin alternativas, a políticas que afectan en Catalunya entre otros: a 55.000 parados mayores de 55 años; a 1.525.308 pensionistas; al 23,8% de la población que según Eurostat permanece en el umbral de la pobreza en Catalunya; a las personas dependientes, a los 126.630 estudiantes que recibe becas del Ministerio de Educación, entre otras. La ausencia de razones de política económica y social que sustenten esta posición, reflejo de la atonía en la acción de gobierno, sugiere que podríamos estar ante un “cuanto peor mejor”, camino que invariablemente conduce al cuanto peor, peor; especialmente para los colectivos mencionados.

Es responsabilidad de la izquierda impulsar y gestionar las complicidades y apoyos necesarios para la andadura del Presupuesto Social. Desde posiciones distintas, que no se pueden considerar adversarias, han de formularse propuestas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y que den respuestas de futuro inclusivas, capaces de superar la sociedad del miedo. Las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos deben prevalecer a las diferencias, incluso sobre las divergencias y la lamentable insolidaridad entre los ciudadanos derivadas de la cínica libertad individual promovida por el neoliberalismo, justificando políticas que trasladan al ámbito privado obligaciones que son públicas.

El Estado Social necesita generar la cohesión social y la capacidad de concertación social para un nuevo acuerdo social. La tarea no es fácil y es preciso mucho realismo para afrontar este reto, como dijo alguien en algún lugar: “No quiero agua bendita ¡Ahora necesito agua para freír huevos!”.