Declaración de Economistas Frente a la Crisis
Han pasado más de diez años desde el comienzo de la crisis. Una crisis dura, con enormes costes sociales y económicos. De ella y de la aplicación de unas políticas y reformas regresivas se han derivado sus efectos. Elevados niveles de desigualdad y de pobreza. Precariedad laboral a ultranza. Devaluación salarial concentrada en los trabajadores de la mitad inferior de la distribución. Servicios públicos al límite de sus posibilidades por los recortes realizados. Impuestos cada vez menos centrados en los más ricos, más regresivos.
Estas situaciones no desaparecen –y aun se acrecientan- con el crecimiento económico y del empleo. Mientras las rentas salariales no han recuperado todavía los niveles reales previos a la crisis, los beneficios de las empresas (no financieras y sin autónomos) son 38.000 millones de euros mayores a precios constantes que en 2008. Y 11.000 millones más, los dividendos que reparten a los accionistas.
Más de diez años después de iniciada la crisis se constatan las consecuencias de las políticas adoptadas: la renta media real es hoy en España la misma que hace 10 años, pero, mientras el 1% más rico ha aumentado su renta un 21%, el 40% más pobre ha perdido lo que los demás han ganado.
Son solo algunas muestras de la situación, pero hay datos a centenares.
Los efectos no desaparecen con el crecimiento porque se han devastado las estructuras que garantizan el reparto y la redistribución. Si se siguen haciendo las mismas cosas se obtendrán, agudizados, los mismos resultados. Esa es la cuestión.
Es hora de las políticas de cambio. Y hay que actuar en muchos órdenes, pero estratégicamente en tres:
- el mercado de trabajo,
- el sistema fiscal,
- y la regulación de los mercados, en particular, del mercado de la energía y de la vivienda.
Solo políticas decididas y firmes, y necesariamente en los tres ámbitos, pueden revertir la situación y favorecer y hacer más ‘resiliente’ la economía, y recomponer la cohesión y la justicia social. Es la hora. El momento político en el que España debe decidir cómo debe ser su futuro, qué sociedad queremos.
El problema fundamental no es la composición del Gobierno sino qué políticas debemos realizar en los próximos años. En estos años se van a poner, o no, las bases de un futuro diferente, mejor.
- Si no se adoptan las reformas necesarias, simplemente se consolidarán los regresivos cambios de estructuras que realizó la derecha, cuyas consecuencias económicas y sociales han dañado a la mayoría de los ciudadanos.
- Si no aumentan las inversiones públicas y los gastos sociales al menos en 7 puntos del PIB que nos separan de la zona euro, quedaremos descolgados del progreso europeo.
Esa es la disyuntiva. Las fuerzas progresistas tienen ante sí esa responsabilidad. Los programas de los partidos evidencian amplias coincidencias que reflejan la madurez de la sociedad sobre los cambios necesarios. Los ciudadanos reclaman y esperan un acuerdo a largo plazo que aporte concreción y estabilidad al cambio. Se tienen que expresar las políticas que van a transformar nuestro país y aproximarlo a los niveles de bienestar y justicia de los países más avanzados.
Los tres ámbitos estratégicos de la política económica en este momento deben ser definidos sin ambages, con total claridad.
- Si no se reduce drásticamente la precariedad del empleo, se estabiliza el mercado de trabajo y se restablece la vinculación de los salarios con la productividad no mejorará el reparto de la renta para los asalariados.
- Si no se aumentan la justicia fiscal y los gastos públicos garantizando que los más favorecidos, ciudadanos y empresas, paguen más de acuerdo con sus altos ingresos, no aumentará la redistribución, no se reforzará el bienestar de la mayoría de los ciudadanos porque los recursos seguirán sin alcanzar y no se reducirá la elevadísima e indigna desigualdad social.
- Y si no se abordan decididamente las reformas regulatorias que requieren los mercados, la transición energética y la vivienda –reforma del mercado de la electricidad; creación de parques públicos de viviendas en alquiler, entre otros- no se conseguirá el impulso económico, de inversión, de cambio de modelo productivo y de competitividad que España, y en particular su población más joven, necesita.
Al contrario, los ciudadanos y las empresas correrán con los costes y todos perderemos el tren del futuro. Los intereses particulares de muchos grupos económicos y políticos no pueden ni deben parar esta triple transformación que necesariamente debe iniciarse y progresar con claridad durante los próximos cuatro años.
Economistas Frente a la Crisis
10 julio 2019
Se echa en falta en la Declaración una referencia a la competitividad en un mundo global; demasiado global. Las líneas que se proponen hay que seguirlas y no desviarse jamás de ellas, pero a un ritmo que no ponga en peligro la competitividad que se precisa para que haya crecimiento. Ahora bien, como bien señala la Declaración, introduciendo por parte de las autoridades públicas desde el primer momento las correcciones necesarias para que la redistribución de la renta sea equitativa. En el aspecto fiscal tal vez fuese conveniente no cargar el esfuerzo en el Impuesto de Sociedades para facilitar así las inversiones, que al fin y al cabo son las que animan el mercado de trabajo y centrarse en el IRPF, donde hay un margen bastante significativo.
Alfredo, me parece muy oportuno tu comentario. Pienso que para que sean eficaces y apropiadas las políticas decididas y firmes tienen que ser competitivas sobre muchos factores. Y no precisamente sobre los salarios de la base de la pirámide como es la práctica habitual de las empresas.
A modo de reflexión a mi me gustaría que existiera proporcionalidad entre salarios y beneficios (es decir, una retribución proporcionada entre capital y trabajo. Y también me gustaría que se llame salario, y por tanto retribuciones del trabajo, a los pagos entre un mínimo suficiente para vivir decentemente y un máximo para vivir holgadamente; y que cualquier retribución superior (actualmente los sueldos de cuadros superiores y directivos me parecen en general escandalosos) se haga con cargo a beneficios una vez pagados los impuestos de sociedades.
Promover la inversión y que se paguen impuestos por la actividad realizada en la región impositiva pienso que exige mucha imaginación, mucha paciencia, mucha pedagogía, decisión y firmeza. Además de mucho trabajo de calle y redes.
Por todo esto siento mucho la perdida de oportunidad con la fallida investidura de Pedro Sánchez. Lamento y no entiendo cómo es posible que un acuerdo ganador/ganador como el último ofertado por el PSOE no fue aceptado de inmediato. Con ese fracaso y lo que significa espero al menos que se pueda acordar un programa y nombrar un Gobierno socialista con algún independiente. Ir a elecciones sería una tremenda y trágica pérdida. Veremos.
[…] 10 de julio, desde Economistas Frente a la Crisis hacíamos pública una declaración titulada “IMPULSAR EL CAMBIO. EL MOMENTO ES AHORA” en la que hacíamos hincapié en tres ideas que definen […]
Gracias por la declaración tan oportuna. «Solo políticas decididas y firmes» esa es la clave me parece, junto a mucha pedagogía sobre los temas de fiscalidad y sector público, especialmente educación y sanidad (con independencia de vivienda y transición ecológica, incluida la energética). «Solo políticas decididas y firmes».
Y mucho pragmatismo. Se ha perdido una gran oportunidad con el fracaso de la investidura de PS en julio. El estilo de UP de tensar la cuerda sin límite es estéril y conflictivo. Inútil o contraproducente para crear la complicidad imprescindible para un órgano colegiado como el consejo de ministros. Era un acuerdo ganador/ganador y solo la impericia y el desconocimiento real de lo que está en juego para todos, no lo ha hecho posible para perjuicio precisamente y en especial de la población de rentas más bajas
No veo más solución que un programa pactado y un gobierno socialista con algún independiente. Hay que ser y saber ser consecuentes. Y no cogerse una rabieta por perder lo que apetecías. Y no arriesgarse a perderlo todo yendo a elecciones. Va contra una democracia representativa parlamentaria madura tener que volver a votar. Creo que la reforma más seria de la Constitución sería que solo se pudieran convocar elecciones cada cuatro años. Y los representantes elegidos responsabilizarse de que el país sea gobernable, sea gobernado y tenga una buena gobernanza. Tengo la impresión de que ésto que era claro para PSOE y otras fuerzas parlamentarias (no precisamente para PP que siempre ha sido de partido unico y de ideologías nacionalistas españolas) no solo no es revitalizado por los nuevos actores parlamentarios (UP y C’s; VX es más extremo e intransigente que PP y C’s que le han naturalizado para grave error de sus planteamientos y debilitamiento) sino que, lejos de regenerar como prometían, ahondan en muchos de los graves errores de la época bipartidista.
La argumentación del reparto de gobierno en base a la proporción de votos obtenidos lo veo muy naif. Los votos asignan escaños. La gobernanza corresponde a todos los representantes elegidos y su primera responsabilidad y obligación es investir a un presidente de Gobierno así como hacer el pais gobernable.
Necesitamos un gobierno firme y decidido ( capaz de resistir los embites envenenados y mal sonantes de los miembros de derecha y extrema derecha y sus portales identitarios.