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Reactivar la economía e impulsar un gran cambio productivo: Los Presupuestos Generales del Estado para 2021

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Declaración de Economistas Frente a la Crisis

La crisis económica debida a la lucha contra las sucesivas oleadas de la pandemia está castigando de forma inédita en la historia a todos los países.

A diferencia de la crisis financiera precedente, en el ámbito europeo se han adoptado un conjunto de medidas excepcionales que intentar dotar a todos los países de herramientas con las que hacer frente a la dramática situación: medidas de política monetaria para sostener y defender los niveles de endeudamiento derivados de la caída de ingresos públicos y de la necesidad de aumentar los niveles de gasto sanitario y gasto social; suspensión de las reglas que limitan los déficit públicos para aumentar la potencia de la política fiscal; relajación de las normas que limitan las ayudas de Estado, líneas extraordinarias de financiación para sufragar los gastos de lucha contra la pandemia; y, finalmente, la creación de fondos europeos que supondrán facilitar transferencias y créditos hasta un nivel desconocido hasta el presente, para el desarrollo de inversiones estratégicas en línea con las transiciones que tienen que abordar las economías europeas.

Desde EFC hemos defendido –como lo hicimos en la anterior crisis- que esta situación requiere mantener e intensificar una política anticíclica que contrarreste el debilitamiento de la actividad económica del sector privado mediante el sostenimiento de las rentas familiares, especialmente de las capas más débiles, y con ello del consumo y la demanda agregada. Todos los organismos internacionales, como el BCE o el FMI, entre muchos otros, defienden –ahora sí- esa misma orientación de la política económica basada en los estímulos fiscales, conscientes del límite en el que se encuentra la política monetaria.

Existe una diferencia fundamental respecto de la anterior crisis financiera: el gobierno de coalición progresista.

Por parte de las autoridades españolas, la política económica ha utilizado durante este año esos márgenes de maniobra para realizar políticas claramente diferentes a las de la crisis anterior, que han permitido sostener empresas y empleos que de otra forma se habrían perdido, iniciando una espiral contractiva de incalculables consecuencias económicas y sociales. Y facilitando transferencias a las Administraciones territoriales que permitan responder en especial con las imprescindibles medidas sanitarias.

Ahora, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se define con claridad por su extraordinario carácter expansivo. El impulso fiscal se concreta en un aumento del gasto público de 62.000 millones de euros (y el desembolso público total alcanza los 383.542 millones de euros, un 33% superior al de 2020), lo que permite afrontar, entre otros, cuatro grandes retos pendientes que tiene la sociedad española para dar un salto adelante de progreso social y desarrollar plenamente sus oportunidades de futuro:

1) Recuperar plenamente la fortaleza del sistema sanitario.

Sin salud no hay economía. En tanto dure la pandemia, controlar los contagios y su extensión es condición sine qua non para poder desarrollar la actividad económica. En un mundo plagado de incertidumbres, cuando para la mayoría de la población se ha evidenciado la absoluta dependencia que nuestras sociedades tienen del sistema sanitario, constituye un objetivo ineludible superar las debilidades y carencias acumuladas por el sistema en los largos años de los recortes.

Los presupuestos destinan a ello 7.330 millones de euros estatales, un 75,3% más, con los que todas las Comunidades Autónomas deberían adoptar las medidas necesarias de reforzamiento y recuperación del sistema sanitario, contando para ello con los fondos europeos dispuestos para la inversión en sanidad.

2) Atender a los más vulnerables y mitigar los efectos de la pandemia sobre el tejido productivo y empleo.

La atención a la dependencia recibirá 2.354 millones de euros, 603 millones más (un 34%) que en 2020. Los servicios sociales y la promoción social cuentan con 5.201 millones. El gasto en políticas activas de empleo, fundamental para superar el paro de larga duración, crece prácticamente un 30% hasta alcanzar los 7.405 millones de euros.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con el que se calculan las cuantías y el acceso a numerosas prestaciones sociales (entre otras los subsidios por desempleo), recupera buena parte del deterioro sufrido en los últimos años. Las rentas de los pensionistas y empleados públicos mantendrán su poder adquisitivo. Crecerán más las pensiones no contributivas. El recientemente creado Ingreso Mínimo Vital dispone de 3.000 millones de euros para alcanzar su pleno desarrollo, tan necesario para superar las situaciones de pobreza extrema. La mejora de oportunidades de formación, de empleo y de conciliación para las mujeres. Los subsidios para los permisos en los supuestos por nacimiento y cuidado de menor alcanzarán el próximo año las 16 semanas de duración, para hacer efectivo el principio de corresponsabilidad igualitaria en el cuidado de los hijos.

La moratoria aprobada para la devolución de los créditos ICO y el mantenimiento de los ERTEs permitirán además amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo.

Y, por otro lado, se crea un Fondo COVID-19, con 16.000 millones suplementarios, para que las CC.AA. puedan actuar contra los efectos de la pandemia y compensar la reducción de ingresos por la menor actividad de la que es causa.

Junto a lo anterior, destacan las inversiones en Educación (crecen un 70,2%), ciencia (con una subida del 60%), y las inversiones en digitalización y transición ecológica. Todo ello imprescindible para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad.

3) Poner los fondos europeos también al servicio de la reactivación económica.

Pero, sin duda, donde los presupuestos concentran el carácter expansivo es en el capítulo de inversiones. El pasado 21 de julio, los líderes europeos acordaron la puesta en marcha de un paquete de recuperación, el NextGeneration EU, con un volumen de 750.000 millones de euros, centrado en acelerar las transformaciones verde y digital que ya eran necesarias antes de la irrupción de la pandemia. Con ello se renunciaba a convertir la Facilidad de Recuperación y Resiliencia en un simple instrumento de reactivación económica para convertirlo en una palanca de modernización económica. Nos encontramos por tanto ante un Plan de Recuperación y Resiliencia que no se constituye como un plan de impulso a la demanda. Y esto es así, entre otras cuestiones, porque los desembolsos se extenderán a lo largo de 6 años (hasta 2026), lo que trasciende el horizonte temporal del ciclo depresivo en el que nos encontramos. Además, los gastos e inversiones financiables no contemplan la financiación de gasto recurrente, apoyo al consumo, financiación de los estabilizadores automáticos, etc., sino inversiones de largo plazo. Asimismo, los requisitos burocráticos requeridos por la Comisión Europea, tanto para la elaboración del plan nacional, como para aprobación y posterior supervisión y auditoría, restan la flexibilidad que un instrumento de impulso de la demanda requeriría. El plan de recuperación es una palanca de cambio en el modelo productivo y por tanto una palanca de aumento en la productividad. Pero debe aplicarse de manera que también contribuya a la reactivación económica.  Acierta el Gobierno en tratar de concentrar los fondos en los tres primeros años, para potenciar el carácter contracíclico del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia. No podemos dejar que la economía se caiga, que el tejido empresarial desaparezca. En el mejor de los casos, los fondos no empezarán a llegar hasta mediados o finales del 2021. Acertaría también el ejecutivo si se confirman los rumores aparecidos en prensa que apuntan a que se en avanzará el 50% de los fondos comprometidos, con el objetivo de adelantar y acelerar la recuperación económica, dando capacidad de tracción en el corto plazo a un instrumento pensando para el largo plazo.

Las estimaciones indican que España recibiría 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a otros 80.000 millones de euros en préstamos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; a lo que hay que añadirle 12.000 millones del fondo ReactEU que deberán comprometerse entre 2021 y 2022. Se trata, pues de un volumen extraordinario de fondos cuyos efectos vendrán incrementados por un elevado multiplicador fiscal (según estimaciones recientes del Fiscal Monitor del FMI, en situaciones como la actual el multiplicador de la inversión pública en un horizonte de dos años puede ser superior a 2).

En suma, estos presupuestos tienen una potencia muy fuerte para lograr la recuperación económica, aunque deberán ser ejecutados con la máxima celeridad y adelantar al máximo la realización del mayor número posible de inversiones porque es imperativo que la actividad económica llegue a todos los rincones del sistema productivo para recuperar los ingresos de las empresas, el empleo y los salarios, y la confianza de toda la sociedad.

4) El reto de revalorizar el sector público

Hay una cuestión crítica en el diseño del Plan de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno debería tener en cuenta: los criterios de asignación de los fondos determinarán, en última instancia, el arrastre macroeconómico, su eficacia y el impacto en términos de distribución de renta. La utilización de los fondos requiere la puesta en marcha de instrumentos financieros que vayan más allá de las habituales transferencias o subvenciones. ¿Cuál va a ser el retorno para los contribuyentes de las inversiones que se lleven a cabo con transferencias públicas? ¿No tiene más sentido que el Estado se quede con un porcentaje en el capital del proyecto, porque el Estado es quien, en definitiva, ha aportado las transferencias para llevar a cabo el proyecto? Hay que poner en valor el sector público empresarial, y ésta es una buena oportunidad para hacerlo. La calidad en la gestión de fondos públicos será  el parámetro por el que se medirá el éxito de la ejecución presupuestaria. Y ello requiere garantizar destinos finalistas para los fondos y fortalecer el espíritu de colaboración en proyectos transversales

Los que llevamos años apostando que sea la política, y no el mercado, la que elija por qué políticas queremos apostar… debemos estar de enhorabuena.

About Economistas Frente a la Crisis

Asociación de Economistas Frente a la Crisis

1 Comment

  1. Rafael Millán Acedo el diciembre 2, 2020 a las 9:24 pm

    Bien ahí estamos. Sin lugar a dudas ese es el camino, camino que ya está escrito en la Historia Económica y que los gobiernos de la derecha se empecinaron en no seguir. Sera necesario seguir alerta, pues de la previsible expansión económica en los años venideros, intentaran de nuevo aumentar sus beneficios especulativos.
    Saltaran al ruedo esgrimiendo su bandera del neoliberalismo; por eso será mas necesario que nunca los controles del Estado para evitar la rapiña que les caracteriza. Desde EFC, tenemos la obligación de elaborar y difundir propuestas que hagan que los beneficios sociales sean dirigidos a las capas de la sociedad más desfavorecidas. Hay que recordar que desde las posiciones de izquierda, no somos contrarios a la riqueza, a la riqueza individual, somos contrarios a la pobreza.

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