Los ricos no pagan impuestos. Quizás el único punto en el que José María Aznar (en 1998) y Pedro Sánchez (en 2018) coincidieron[1]. La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago que eluden pagar impuestos. El top de renta y patrimonio pagan notoriamente menos que los hogares más pobres. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.
La mayor parte de la población de un país desarrollado paga entre un 25% y un 50% de sus ingresos en impuestos. Los cienmillonarios pagan, en el mejor de los casos, porcentajes inferiores al 25%, habitualmente menos. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la UE[2], los patrimonios superiores a los 1.000 millones de dólares pagan un tipo efectivo de entre un 0% y un 0,5% de impuestos personales como el IRPF en comparación con su fortuna.
En España, según las estimaciones de FEDEA[3], el 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que las decilas novena y resto de la décima de ingresos elevados (38’9%).
Como señala la experiencia[4], “los recortes de impuestos para los ricos infieren una mayor desigualdad de ingresos tanto en el corto como en el medio plazo. Por el contrario, dichas reformas no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico o el desempleo”.
La filósofa Ingrid Robeyns ha promovido una forma de limitarismo económico que establece que es moralmente inadmisible ser excesivamente rico (es decir, tener más recursos económicos que un cierto nivel)[5].
Desde 1945 hasta 1980 fue posible mantener tipos marginales elevados a las rentas altas – entre el 70% e incluso el 90% – sin que ello generara ninguna crisis. Más bien al contrario: fueron las décadas de mayor crecimiento económico y mayor disminución de la desigualdad. A partir de 1980, la reducción impositiva a los más ricos y las desregulaciones financieras han provocado no solo el incremento de la desigualdad sino también la caída de la productividad y un menor crecimiento económico.
Las grandes fortunas y corporaciones, que dicen sufrir un infierno fiscal disfrutan en realidad de un régimen absolutamente privilegiado. Hipócritamente, estos críticos de los impuestos son los primeros que solicitan y reciben importantes ayudas cuando se enfrentan a alguna crisis. Y tienen un acceso privilegiado a subvenciones y contratos públicos.
Consecuencia: el 1% más rico posee en 2024 más riqueza que el 95% de la población mundial, y controla cerca de la mitad de los activos financieros totales. La cifra de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares ha crecido la última década a un ritmo anual del 10%. Un caldo de cultivo adicional para el ascenso de opciones de ultraderecha.
Además, esta acumulación de grandes patrimonios tiene repercusiones en todos los ámbitos sociales y económicos. Por ejemplo, en la vivienda, considerado hoy el primer problema en España y en buen número de países de nuestro entorno. Pues bien, una de las causas explicativas de la desorbitada elevación de sus precios se encuentra precisamente en que esos grandes patrimonios buscan inversiones adicionales a las financieras. El incremento de la demanda especulativa de viviendas es uno de los principales impulsores al alza de sus precios. En el primer trimestre de este año 2025, más del 35% de las compras de viviendas en España se realizaron al contado, marcando un récord histórico, coherente con la tendencia creciente de estos últimos años.
El Trilema de Rodrik, expuesto hace algo más de diez años, señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por globalización, soberanía nacional y democracia. Lo grave es que la primera es tan predominantemente financiera y desigual que está dañando a las otras dos: el poder de los superricos y de los grandes fondos financieros es mayor que el de cualquier gobierno del mundo. Es cada vez más notoria su presión contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses. Peter Thiel, millonario cofundador de PayPal, Palantir y uno de los primeros inversores de Facebook, expuso en 2009 que “la libertad y la democracia ya no son compatibles”. Y ya es descarado el apoyo de milmillonarios a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.
La situación es tan escandalosa que algunas de esas grandes fortunas piden terminar con tal situación. En 2020 surgió la red internacional Millionaires for Humanity; en 2021 Taxmenow, en Alemania, y Patriotic Millionaires en Gran Bretaña. En 2023, varios miembros de estas asociaciones dirigieron al Foro de Davos una carta exigiendo elevar la tributación de los multimillonarios. Desgraciadamente, son tan solo unos pocos.
Este verano, España y Brasil presentaron en Sevilla una iniciativa para promover una fiscalidad más efectiva de los superricos en todo el mundo, en línea con el acuerdo del G20 alcanzado en Río de Janeiro en 2024: cooperar hacia una agenda fiscal efectiva para personas de alto patrimonio neto. El objetivo es que más países, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, se sumen a esta iniciativa para promover y evaluar iniciativas legislativas relacionadas con la tributación de los ultrarricos.
We move Europa ha puesto en marcha la campaña Tax the Super Rich! A la que se han adherido las grandes ONGS europeas, entre ellas la Plataforma por la justicia fiscal española. Se pide a la Comisión Europea que establezca un impuesto europeo sobre el exceso de riqueza.
No es una cruzada contra un colectivo. Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. (No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o por una herencia no ganada). Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.
La propuesta de Zucman de que los hogares franceses con un patrimonio superior a los 100 millones de euros paguen un impuesto anual del 2% sobre su fortuna, está generando un amplio debate político y social en ese país. Las encuestas señalan un apoyo popular a la propuesta del 80%.
Zohran Mamdani acaba de ganar la Alcaldía de Nueva York con un mensaje claro de gravar a los superricos: “No creo que debiéramos tener multimillonarios porque, francamente, es acumular mucho dinero en un momento de tanta desigualdad y, en última instancia, lo que necesitamos es más igualdad”. Ha declarado. Vemos que esta demanda empieza a ser un clamor.
Dado el poder de esos superricos y las facilidades existentes para los movimientos financieros, la coordinación internacional es necesaria para conseguir el objetivo imprescindible de que los más ricos paguen, al menos, como los que viven de su trabajo.
Parece evidente, según se señalaba al principio, que resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Por ello, pensemos un decálogo de medidas para avanzar lo más posible hacia ese objetivo de justicia fiscal. En su mayoría de carácter universal, algunas con especial referencia a España.
- Gravar los grandes patrimonios
El objetivo es que los grandes patrimonios paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas arriba citadas, reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.
En España, el Gobierno de coalición aprobó en 2022 el Impuesto (inicialmente temporal, ya definitivo) de Solidaridad de las Grandes Fortunas para evitar que las bonificaciones y exenciones de muchas Comunidades Autónomas derogaran de hecho el Impuesto sobre el Patrimonio. Los tipos impositivos son de un 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones; de un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y de un 3,5% para patrimonios superiores a los 10,6 millones. El tipo efectivo, no obstante, según denuncia GESTHA es muy inferior porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%) no se tienen en cuenta para el cálculo del impuesto.
- Combatir eficazmente las Guaridas fiscales
Europa pierde cerca de 175.000 millones (España 10.000 millones) de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y patrimonios ocultos. Las Guaridas fiscales provocan no solo esas pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.
Lo grave es que no solo se encuentran en el Caribe. Se estima que Gran Bretaña, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza son responsables conjuntamente del 33% de la evasión fiscal mundial. Países de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos[6].
Es necesario exigir a la UE que imponga criterios más estrictos para que incluya automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes: que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva para que la propiedad de las empresas sea más transparente; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos (las normas actuales sólo se aplican a las empresas), y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones públicas u otorguen beneficios fiscales a empresas y personas que operen en guaridas fiscales.
- Hacer tributar adecuadamente a las finanzas
En el ámbito internacional, la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. Tras muchos años de presiones populares, se ha conseguido el apoyo teórico mayoritario en Europa. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya lo han puesto en vigor, aunque de forma limitada. Reino Unido e Irlanda aplican impuestos similares.
Este impuesto, se justificaba en origen en relación con la denominada Tasa Tobin, como un freno a la volatilidad de los mercados financieros. Pero ha ido creciendo su relevancia como instrumento para una recaudación fiscal más justa y equitativa, además de parecer menos susceptible a la evasión fiscal que otras figuras tributarias.
No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se paga en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más ambicioso y no limitarse a las de acciones de las grandes compañías. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.
En el impuesto sobre la renta español, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, las rentas de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Mientras que las primeras llegan al 47 % en su tramo más alto, las del capital no superan el 30%. Como es sabido, las rentas del trabajo son la fuente dominante (casi única) en los niveles inferiores de renta, mientras que son las rentas de capital las más relevantes en los niveles más altos.
Aunque sabemos de las limitaciones del IRPF para los más ricos, debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto. En todo caso, las ganancias especulativas (generadas en menos de un año) deberían someterse al gravamen general.
La existencia de una Banca Pública sería un instrumento potente para reducir el excesivo poder financiero de un sector notoria y crecientemente oligopolístico.
Dejo al margen toda la problemática ligada a las criptomonedas, que requerirían un análisis cuidadoso, tanto en sus aspectos de tributación como de instrumentos de fraude.
- Tributación adecuada a las grandes empresas y los beneficios desorbitados
La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades. Por varias vías.
Por un lado, por la deslocalización de los beneficios. Las grandes empresas, además del uso de las mencionadas guaridas fiscales, desvían beneficios con ingeniería contable. Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente.
El recentísimo informe[7] del Tax Justice Network calcula en 1,7 billones de dólares los impuestos perdidos en todo el mundo, entre 2016 y 2021, por el abuso fiscal corporativo global.
Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción de lucha contra la erosión de bases y el traslado de beneficios (BEPS). Se busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor. Entre otros objetivos, se asignarían las bases imponibles a cada Hacienda nacional en función del número de usuarios.
Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google o “GAFA” (por Google, Amazon, Facebook o Apple, como ejemplo de empresas tecnológicas). En España se ha materializado, a pesar de las fuertes presiones norteamericanas en contra, en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales: un tributo que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en territorio español. Las personas expertas que elaboraron el último Libro Blanco para la reforma fiscal subrayaban la importancia de calificar como canon o beneficio empresarial servicios digitales como el almacenamiento en la nube.
Hay que celebrar el loable acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Fue aprobado en 2021 y entró en vigor en la UE desde primero de enero de 2024.
Es criticable que el tipo impositivo sea todavía bajo (el tipo efectivo de las empresas de menor tamaño en España ronda el 18%). Pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y las grandes empresas tecnológicas ni siquiera eso… El reciente descuelgue del acuerdo por parte de Estados Unidos no es buena noticia.
No es admisible que se permitan tantos agujeros en el cálculo de la base del impuesto: es necesario asimilar beneficio contable y fiscal y que desaparezcan las favorables previsiones fiscales que reducen el pago del impuesto. Volveremos sobre ello.
Las grandes empresas de servicios tecnológicos añaden su existencia en la nube (sin necesidad de establecimiento permanente en los lugares donde actúa) o/y la aparente gratuidad de muchos de sus servicios. Un reto que resume muy bien este párrafo de Harari[8]:
Un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. En una economía basada en datos, en la que el valor se almacena en forma de datos y no en forma de dólares, limitar el gravamen al dinero distorsiona el panorama económico y político. Algunas de las entidades más ricas del país pueden no pagar impuestos, porque su riqueza consiste en petabits de datos en lugar de en miles de millones de dólares.
Probablemente por ello, la lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de este tipo de empresas. Porque no pagan prácticamente nada en impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.
Por otro lado, es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real y perseguir la utilización espuria de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares. Un instrumento que los superricos utilizan de forma habitual y escandalosa para reducir sus facturas fiscales.
Por último, hay que resaltar el movimiento creciente en favor de que el gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”[9]. Ya sea por la evolución de los precios de la energía o de los tipos de interés, por la pandemia o por las guerras, lo cierto es que los beneficios de las empresas más grandes se han disparado en los últimos años. Y no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas.
En diciembre de 2022, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y como han hecho otros países europeos, el gobierno español aprobó un gravamen temporal sobre las empresas energéticas y adicionalmente sobre las entidades de crédito, aunque con carácter temporal. De hecho, el poderoso lobby energético ya ha conseguido la no renovación del gravamen que le afectaba.
En todo caso, lo que posibilita en buena medida esos beneficios extraordinarios es el enorme poder monopolístico de esas empresas que actúan en mercados en los que la competencia real es inexistente. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse más allá de estos sectores de actividad y con carácter permanente. Sería complementario al impuesto general de sociedades y recaería sobre los beneficios extraordinarios derivados del poder monopolístico. No es sencillo definir qué significa ello, pero beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde avanzar.
- Gravar las grandes herencias
Todo los señalado para los grandes patrimonios es todavía más justificable en el caso de las grandes herencias. El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia[10]. Dato muy parecido al de Estados Unidos: un 68,6% de la desigualdad procede de la herencia considerada en su conjunto (casi el 75% en el caso de la riqueza financiera).
Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios tan alabados como la igualdad de oportunidades y la meritocracia. No es casualidad que los grandes clásicos liberales, como Adam Smith o John Stuart Mill, tan poco amigos de los impuestos progresivos, defendieran decididamente el gravamen de estas que calificaban como rentas no ganadas.
Es imprescindible, pues, recuperar el impuesto de forma generalizada. En el caso español, de mantenerse en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar un mínimo común en todo el Estado, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades. Una solución como la aplicada para los grandes patrimonios debería extenderse también para las grandes herencias.
Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos. Su regulación se acerca a los cuarenta años de antigüedad. No tiene sentido mantener bases y tarifas tan desactualizadas. En este tiempo han cambiado muchas cosas en el mundo económico. Ya hemos hablado de la nueva economía financiarizada que exige prever el adecuado tratamiento de los activos financieros. Y los problemas de la economía de datos.
Los mínimos exentos deben llevarse a los niveles adecuados que dejen fuera de estos impuestos a la mayoría de la población, para centrarse en los contribuyentes auténticamente ricos. Por otro lado, hay que impedir las vías de evasión a través de sociedades de inversión y financieras que esconden transmisiones de propiedad
- Gravar el lujo y la sobrecontaminación
Lo que no se consigue por vías directas puede seguirse por vías indirectas. El consumo suntuario, las manifestaciones externas de lujo, representan una vía cómoda de hacer pagar más a los superricos. Es bastante fácil detectar cuáles son los consumos dominantes en las clases más potentadas[11].
Recuperar la idea del Impuesto al lujo puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto con tal denominación, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más decididamente acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.
Otra vía interesante es gravar el lujo en un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… El 10% más rico de la población mundial es responsable del 50% de las emisiones de CO2[12]. No sólo por su influencia negativa en políticas y regulaciones sino también por sus patrones de inversión y consumo vinculados a sectores contaminantes.
De nuevo, es preciso vigilar porque el impuesto recaiga sobre el consumo y no tanto sobre la propiedad. Es habitual que muchos de estos bienes figuren como propiedad de empresas, aunque el disfrute sea de particulares. De esa forma se esconde el consumo personal y se disfrazan de costes empresariales lo que son gastos particulares, en detrimento de la recaudación del impuesto societario.
- Reducir al máximo los beneficios fiscales
Englobamos en el concepto de beneficios fiscales al conjunto de medidas previstas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente. Revisten formas muy diversas como exenciones, compensaciones por pérdidas o doble imposición, deducciones, desgravaciones, reducciones, bonificaciones…
En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, son la vía más sencilla para la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.
La eliminación de buena parte de esos beneficios aumentaría la recaudación y la progresividad del sistema. La simplificación consecuente de las figuras tributarias facilitaría tanto la aproximación más sencilla al sistema por parte de la mayoría de los contribuyentes como el trabajo de la inspección fiscal.
- Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal.
Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las grandes cifras de defraudación y elusión.
La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas en esa dirección, cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.
La simplificación del sistema tributario y sus figuras contribuirían, como se ha señalado, a reducir las vías de evasión y a que los esfuerzos de la agencia tributaria se centraran en la vigilancia de los grandes nichos de evasión y no en la comprobación rutinaria de aspectos menores de millones de contribuyentes.
Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria (la dotación española está poco por encima de la mitad dominante en la Unión Europea) y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad (al alza) de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.
- Ingeniería fiscal y puertas giratorias.
La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos fiscales, asesores tributarios, bancos de inversión y fondos financieros. Más aún, aparecen a menudo como inductores de comportamientos evasores y excusa para los investigados, que se escudan en la presunta ignorancia propia que confía en el consejo de los expertos.
El fenómeno se agrava ante la constatación de que buena parte de esos expertos provienen de la propia Agencia Tributaria. Esta los selecciona, los forma, les da experiencia… y una buena parte de ellos se pasan al lado de los grandes contribuyentes para asesorarles la mejor forma de no pagar los impuestos que deberían.
Procedería, por tanto, reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores convictos y penalizar en mayor medida las denominadas puertas giratorias.
- Del IMV a una Renta básica de ciudanía
Todo cuanto antecede podría resumirse en una idea: mientras el esfuerzo fiscal de los trabajadores asalariados es importante, las grandes empresas y los grandes patrimonios están contribuyendo mucho menos a sostener los gastos comunes. No sólo menos de lo que deberían en términos de progresividad fiscal, sino incluso en proporción a su renta y su riqueza.
Esta situación repercute en contra de la Justicia fiscal, es decir en contra del bienestar social general. Porque sin Justicia fiscal no hay justicia social. Porque sin justicia fiscal no existe garantía adecuada de nuestros derechos básicos que reconoce formalmente la Constitución, pero que no son efectivos sin los recursos públicos necesarios para que sean realidad sin necesidad de ser rico.
Uno de los resultados es la creciente desigualdad social y el deterioro del ascensor social y de los servicios públicos. Esa sensación aleja a los jóvenes del vínculo con los impuestos y el Estado del bienestar.
Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. Cuanto mayor es la desigualdad, más escandaloso el contraste de bienestar, más fuerte es el malestar social.
El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero, desgraciadamente, no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. En buena medida, porque la condicionalidad de la prestación genera una montaña burocrática que cierra el paso a la mayoría.
Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna[13]. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva[14].
En resumen: o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, nuestras sociedades democráticas.
[1] Cruzado y Mollinedo (2024): Los ricos no pagan IRPF. Capitán Swing. Madrid.
[2] Global Tax Evasion Report 2024 – Eutax
[3] López Laborda, Marín y Onrubia (2025): “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Noveno informe – 2022. FEDEA. Estudios sobre la Economía Española, nº 2025-02. Madrid.
[4] V. Manera (2024): https ://economistasfrentealacrisis.com /los ricos-sin-pagar
[6] Índice de Paraísos Fiscales Corporativos de la Tax Justice Network, publicado en 2021.
[7] https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2025/
[8] Harari (2024): Nexus. Ed. Debate. Barcelona. Pg. 272.
[9] https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/beneficios-extraordinarios-grandes-empresas-desorbitados
[10] Salas y Rodríguez (2022): Inheritances and wealth inequality: a machine learning approach. The Journal of Economic Inequality 20 (1), págs. 27-51
[11] Gimeno (1999). “Lujo y primera necesidad: definición y evolución en España”. En El consumo en España: un panorama general. Gimeno, J.A. (coordinador). Fundación Argentaria – Visor Distribuciones. Madrid.
[12] Chancel, Piketty, Sáez y Zucman (2022): World Inequality Report.
[13] Al menos, como primer paso esencial para reducir la pobreza infantil, bien estaría la aprobación del proyecto de Prestación universal por crianza.
[14] Gimeno (2019): “De rentas mínimas a renta básica”. Revista Diecisiete. Octubre, pp.59-80.
