Entendemos que la verdadera eficiencia económica y social no se alcanza sin el soporte de servicios públicos y del propio Estado liderando estrategias de progreso.
No son buenos tiempos para estas ideas.
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Más allá del neoliberalismo imperante, con la llegada al poder de Donald Trump asistimos a una ofensiva reaccionaria que, en el ámbito económico y social, implica el desmantelamiento de lo público de una manera radical: el gasto social, considerado ineficiente; la retirada de instituciones internacionales de referencia y el menosprecio hacia el multilateralismo; la pérdida de los valores democráticos y el desprecio de las clases medias, trabajadoras y las capas más desfavorecidas de la población… En España y en Europa no son pocos quienes se apuntan a esta ofensiva. En este contexto, es difícil establecer una única prioridad. Las nuestras son la creciente desigualdad y la necesidad de profundizar y reforzar el estado del bienestar, pensando en las nuevas generaciones, atendiendo a la justicia fiscal, la vivienda, la sanidad, la pobreza infantil y las pensiones.
En este contexto, es difícil establecer una única prioridad. Las nuestras son la creciente desigualdad y la necesidad de profundizar y reforzar el estado del bienestar, pensando en las nuevas generaciones, atendiendo a la justicia fiscal, la vivienda, la sanidad, la pobreza infantil y las pensiones.
Ante la creciente desigualdad, es necesario reforzar el Estado del Bienestar pensando en las nuevas generaciones.
Los superricos deben pagar más impuestos
En España, el 1% más rico soporta una presión tributaria total inferior a la que paga el 10% con menores ingresos, y mucho menos que el resto. Los recortes de impuestos a los ricos no mejoran el crecimiento económico, pero tienen repercusiones sociales y económicas muy negativas. Los superricos han de pagar los impuestos que deben. Lo necesitan quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. Cuanto mayor es la desigualdad, más escandaloso es el contraste de bienestar, y más fuerte el malestar social. La justicia fiscal es un imperativo clave para sostener y renovar el estado de bienestar. Si no se logra que paguen, se pone en grave peligro los sistemas de bienestar, salud, educación, pensiones e, incluso, nuestras sociedades democráticas.
Un fondo para la vivienda que se necesita
La vivienda es uno de los componentes del Estado del Bienestar con un grado de cobertura de las necesidades en España muy inferior a los niveles alcanzados en materia de educación, sanidad y pensiones. La actual crisis de la vivienda está provocando un aumento de las desigualdades y puede afectar de forma negativa a los restantes componentes del bienestar. La especulación no es la causa, sino la consecuencia de la subida de precios, aunque retroalimenta el problema principal, el desequilibrio entre oferta y demanda. Para atender a la demanda más desfavorecida, se ha de crear un fondo financiero estatal para financiar la construcción de un parque público de viviendas sociales en alquiler.
Más recursos y eficiencia para la sanidad
En sanidad, hay que reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS), resolviendo su infrafinanciación sistemática con más recursos, pero también más eficiencia. Reforzar la Atención Primaria y ampliar su deber de curar con el de prever y promover la salud a lo largo del ciclo vital de las personas, pero también cuidar las relaciones laborales y las condiciones profesionales de los cuidadores. En el ámbito de la gestión clínica, desarrollar el Plan de Salud Mental, así como hacer a las mujeres más visibles para la medicina. En la gestión, regular los conciertos público-privados con instrumentos de inspección y control sólidos, con límites expresos para la gestión privada de la sanidad pública y priorizando a las organizaciones sin afán de lucro. Finalmente, se ha de reforzar la cohesión territorial y la equidad del sistema con descentralización y gobernanza compartida en el marco de un contrato social sanitario.
Un sistema de pensiones sostenible
Entendemos que el debate en torno a las pensiones va a seguir y la ofensiva contra el sistema público se acrecienta en España debido a que las reformas promovidas por el actual Gobierno de coalición han tenido, por primera vez, más en cuenta el interés de los que se jubilan que el de las entidades que buscan hacer negocio. A la incesante marea de estudios y opiniones que pretenden demostrar que el sistema no es sostenible y, por tanto, sería necesario reformarlo reduciendo el gasto, debe oponerse un discurso coherente, bien argumentado y apoyado en hechos, que no esté contaminado por los intereses del mundo financiero y, al contrario, que tenga en cuenta el objetivo de una pensión digna para todos.
En el año 2026 seguiremos dedicando nuestro esfuerzo a estas prioridades, organizando debates públicos, apoyando iniciativas progresistas, promoviendo publicaciones especializadas y también a través de nuestro blog www.economistasfrentealacrisis.com. Y , sobre todo, hablando claro. Los economistas suelen ser oscuros cuando no pueden ser profundos. En nuestro caso, se trata de ser profundos y de dar mensajes claros, con contenido, que se traduzcan en políticas públicas.
