Una propuesta de Financiación Autonómica sin agravios comparativos

El sistema de Financiación Autonómica de régimen común aprobado en 2009, lleva prorrogado desde 2014 y, si en algo hay consenso, es en la obligación de actualizarlo, tanto por la necesidad de un incremento de la financiación general, que garantice la suficiencia financiera para la mejora de servicios públicos básicos competencia de las CCAA, como para cumplir con los objetivos de equidad en la asignación de los recursos  y  la  necesaria autonomía de las CCAA  en el ejercicio de sus competencias, dado que el actual  sistema ya no responde adecuadamente a estos principios que teóricamente lo orientan, además de lo extremadamente complicado del modelo.

1. La reciente propuesta de reforma del sistema presentada por el gobierno abre el camino en relación con algunas de las deficiencias respecto de los principios indicados.

• Incrementa la financiación del sistema con 21.000MM/€ adicionales, para potenciar el principio de suficiencia, principalmente por dos vías.
  • Aumentar la participación de las CCAA en tributos ya parcialmente cedidos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) y añadiendo nuevos tributos a los que ya son de gestión integra de las CCAA, estimando un incremento de la financiación en 16.000MM/€.
  • Establecer la aportación a los fondos complementarios por la diferencia.
• Plantea una propuesta de revisión de los criterios para establecer los habitantes ajustados de cada comunidad.
  • Esta cuantificación recoge la singularidad de cada territorio para llegar al coste por habitante en la prestación de los mismos servicios, que es muy diferente entre las distintas CCAA y con cambios reseñables en este periodo. Acordar la revisión de los actuales criterios, según esta propuesta o incluyendo modificaciones, es la base objetiva para poder cumplir con el criterio de equidad.
• Incrementa el principio de autonomía, tanto por el aumento de los porcentajes de cesión del IRFF e IVA y la incorporación de nuevos impuestos y recursos, como por la propuesta de ampliación de las actuales competencias normativas.
  • Adicionalmente, ofrece, de forma voluntaria, incrementar la participación en la gestión de los impuestos cedidos y en la recepción de su recaudación, incluido el IVA de las pymes de su territorio.

Sin embargo, al mantenerse el actual método de nivelación territorial, aun prometiendo reducir las diferencias de financiación per cápita entre CCAA, el principio esencial de asignar el mismo importe por habitante ajustado para las competencias homogéneas, es decir, para que  todas las CCAA puedan ofrecer los mismos  servicios públicos de calidad a los ciudadanos sin importar su lugar de residencia, no queda plenamente garantizado, manteniéndose así los agravios comparativos que han sido siempre elemento esencial para dificultar cualquier acuerdo en la reforma del sistema.

2. Para conseguir una reforma del actual sistema de financiación autonómica que responda a todos estos requerimientos, sin agravios comparativos, es necesario modificar los criterios de nivelación territorial, mediante un Fondo Único de Compensación, que permita alcanzar el mismo importe por habitante ajustado, para las competencias homogéneas, en todas las CCAA, estableciendo:
   1. Las CCAA seguirían gestionando los tributos cedidos y recibiendo la asignación que les corresponda de los tributos parcialmente cedidos, cuantificados de acuerdo con la recaudación que permitan las condiciones normativas de cada tributo y recibirían a través del Fondo Único de Compensación, en cada caso, la diferencia hasta que la financiación por habitante ajustado iguale el importe establecido, el mismo para todas las CCAA.
      Este importe de financiación por habitante ajustado, igual para todas las CCAA, será aquel que permita razonablemente satisfacer el criterio de suficiencia y conlleve una aportación total del Fondo compatible con la distribución de los recursos tributarios entre las administraciones central y autonómica. Esta aportación, al ser complementaria, dependerá del nivel que se asigne de los tributos total o parcialmente cedidos a las CCAA, para la financiación del sistema.
   2. Cualquier comunidad que, eventualmente, pudiera recibir menos recursos que los que habría obtenido por el sistema anterior, recibiría una compensación adicional extra, como ya se indica en la actual propuesta del gobierno.
   3. La diferente capacidad recaudatoria de las distintas CCAA que les permiten todos los tributos cedidos, determinan la cantidad que reciben del Fondo, e incluso que puedan ser aportadoras, para lograr la misma financiación por habitante ajustado. Obteniendo, finalmente, la misma financiación a igual esfuerzo fiscal.
      Al recibir todas las CCAA la misma financiación por habitante ajustado, no aplica el criterio de ordinalidad.
   4. Adicionalmente, cada comunidad recibiría el importe correspondiente a las competencias no homogéneas que asume, por el coste que le supone, compensando el que habría tenido la administración central.
   5. No obstante, los recursos realmente disponibles por cada comunidad dependerán del uso de su autonomía fiscal. Esta diferencia es fruto de la aplicación de las competencias normativas delegadas, tanto en los impuestos parcialmente cedidos (especialmente en el tramo autonómico del IRPF) como en los totalmente cedidos que tienen más amplia competencia normativa. Estas políticas fiscales modulan la capacidad de cada CA para la prestación de los servicios a sus ciudadanos, sin que la decisión de reducir su recaudación tributaria posibilite mayor aportación de la financiación autonómica a nivel global.
      Las comunidades que, por el ejercicio de sus competencias, obtengan una recaudación mayor de la establecida como normativa, retendrían esa mayor recaudación, ya que esto no modifica el esfuerzo de asignación de financiación global y asumen el coste de la mayor presión fiscal, así como los beneficios de las prestaciones adicionales que les permite financiar.

En conclusión, una propuesta que, respetando el incremento de financiación propuesto, permite satisfacer de forma completa los principios de suficiencia, equidad y autonomía, sin generar agravios comparativos entre las CCAA.

Tomando los datos de la liquidación del sistema correspondientes al ejercicio de 2023, última disponible, puede hacerse una simulación que ejemplifique estos criterios, sin modificar el esfuerzo financiero de la propuesta presentada por el gobierno, al establecer el incremento de financiación de 2023 en valor equivalente al de la actual propuesta.