2021 como oportunidad: el Congreso va a abordar la participación de los trabajadores en las empresas.

Ignacio Muro Benayas, presidente de la Plataforma por la Democracia Económica y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Roberto Uriarte Torrealday,  parlamentario del Grupo Unidas Podemos y firmante de las enmiendas.

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En pocos días el Congreso va a abordar la transposición de la Directiva europea UE 2017/828 que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Su debate concede una oportunidad única para empezar a incorporar la participación de los trabajadores españoles en el gobierno de las empresas, actualizando el retraso de décadas respecto a la gran mayoría de los países europeos.

Se trata de seguir en camino de otros gobiernos europeos, en particular el de Francia, en el que la transposición de la misma Directiva actuó de excusa y soporte para impulsar una batería de medidas en la mejor versión de “empresa responsable, según lo entiende Macron. De esa voluntad surgió en mayo de 2019 la conocida como Loi Pacte que incorporó cambios en los códigos de comercio y de trabajo que incluyeron mejoras tanto en la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de las grandes empresas como en los derechos de representación de los trabajadores-accionistas.

Sin embargo, la propuesta que el gobierno español ha enviado al Parlamento, por iniciativa de la Ministra de Economía Nadia Calviño, pasa por encima de esa posibilidad ignorando la conexión entre participación de los trabajadores e implicación a largo plazo de los accionistas. Lo paradójico es que el articulado propuesto entra en contradicción con la exposición de motivos que entrecomilla la argumentación de la propia Directiva cuando afirma que “una mayor implicación por parte de todos los interesados, en particular los trabajadores, en el gobierno corporativo constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo por parte de las sociedades cotizadas, que debe ser fomentado y tenido en cuenta».

Esa recomendación está en linea con lo que recoge el Libro Verde de la Comisión Europea de 2012 sobre ‘La normativa de gobierno corporativo de la UE’ y con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.

Ha sido una enmienda del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos la que obligará a debatir su extensión a esos aspectos olvidados.

Las enmiendas para explicitar la participación de los trabajadores

Las enmiendas solicitadas son coherentes con los objetivos de la transposición de la directiva y con las particularidades y necesidades de nuestro sistema económico. No es posible avanzar en un cambio en nuestro modelo productivo sin potenciar una empresa inclusiva,  ni es posible incrementar la innovación y la competitividad de nuestras empresas sin abordar un clima laboral participativo que se desarrolle en paralelo a la implicación a largo plazo de los accionistas con los proyectos empresariales.

Para ello, se propone unos cambios muy modestos que fortalecen la lógica del buen gobierno corporativo y de la sostenibilidad de los proyectos mientras abren la puerta, en consonancia con las recomendaciones de la Directiva, a la actualización y modernización del Estatuto de los Trabajadores. Ese objetivo, que la ministra Calviño considera prioritario, requerirá, entre otras modificaciones, ampliar el artículo 64 para incorporar los derechos de Participación a los ya regulados sobre Derechos de Información y Consulta.

Entre los cambios que proponen las enmiendas destacan los siguientes:

-Las sociedades cotizadas deberán incorporan en sus estatutos un plan para fomentar la implicación de los trabajadores en la empresa que contemple medidas que articulen la participación tanto en la gestión ordinaria de la misma como en su accionariado.

-Dicho plan formará parte de los estatutos de cada empresa y deberán implementarse en el marco de la negociación colectiva de acuerdo a las normas que puedan dictarse en desarrollo de la presente ley.

-De forma inmediata, se extenderá a las empresas cotizadas con más de 1.000 trabajadores los estándares mínimos de participación en la gestión previstos para las inscritas como Sociedades Anónimas Europeas, ya reguladas en la “Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas”.

-Se trata de habilitar una vía para que los trabajadores de las grandes empresas puedan acceder a la condición de accionistas asumiendo, como mínimo, un diez por ciento del capital, ya sea mediante la adquisición de acciones que la empresa posea en autocartera, ya sea mediante la ampliación de capital.

Se puede argumentar que el Gobierno no incluye propuestas como estás porque se quiere limitar al contenido estricto de lo que supone transponer la Directiva. Pero no es así, puesto que, al margen de la Directiva, está incorporando otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo.

Introduce, por ejemplo, las denominadas «acciones de lealtad» que incentiva la permanencia de los accionistas al otorgar mayores derechos políticos, con voto adicional, a los titulares que se mantienen más de dos años como accionistas. Por cierto, ojalá la urgencia en crear esta figura pueda ser utilizado de forma inmediata para asegurar la estabilidad del Estado como accionista de referencia en la fusión Caixa/Bankia.

Volviendo a la ausencia de referencias a la participación de los empleados sería duro pensar que es porque no lo considera conveniente o no quiere vincularlo a la lógica del buen gobierno.

Participación y buen gobierno empresarial van de la mano

Lo que es evidente es que España comparte, junto al grupo de países del sur de Europa, (Italia, Portugal y Grecia), la ausencia de legislación participativa sobre el trabajo en las empresas convencionales. Y que nadie puede obviar que el modelo empresarial que subyace debajo de esa condición, basado en la ausencia de contrapesos al poder unilateral de las gerencias, está condicionando y empobreciendo nuestro modelo productivo.

Esa singularidad acentúa los comportamientos cortoplacistas de las empresas. Como recoge expresamente la propia Directiva, las sociedades cotizadas se enfrentan, en general, a la presión por generar y distribuir beneficios financieros en el corto plazo, y ello obliga a sus direcciones a centrarse en exceso en los resultados trimestrales. Esa lógica está detrayendo recursos para la inversión productiva en el largo plazo y, en particular, para la destinada a I+D+i y, en consecuencia, perjudica la sostenibilidad y rentabilidad futura de dichas sociedades.

El modelo de gobierno corporativo depende del sistema de control y equilibrio entre los distintos órganos y los grupos interesados (stakeholders en terminología inglesa). Y en ese marco, una mayor implicación en la gobernanza empresarial por parte de esos grupos (trabajadores, clientes, proveedores, instituciones….) pasa a ser un factor importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las sociedades.

Confiamos en que el Grupo Parlamentario socialista mejore el proyecto de ley en el sentido que marcan las enmiendas. Sería paradójico que algo que constituyó siempre una de las principales señas de identidad de la socialdemocracia se diluyera en un momento tan crítico como el que vivimos.