Análisis del Paro Registrado

La política de ajuste de la economía, y en otro orden la reforma laboral, acentúan la destrucción de empleo

Tras los terribles datos en materia de empleo y de paro mostrados hace solo unos días por la Encuesta de Población Activa del INE, correspondientes al tercer trimestre de este año, hoy se han dado a conocer los relativos al mes de octubre de las estadísticas de Paro Registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo y Afiliación a la Seguridad Social. Se trata por lo tanto de las primeras cifras que reflejan la evolución del mercado laboral en el cuarto trimestre de 2012.

Las dos estadísticas señalan que se mantiene la negativa evolución tanto del empleo como del desempleo, poniendo de manifiesto que, por el momento, no se perciben cambios que indiquen una mejoría de los principales indicadores laborales. Lo cual es coherente con las estimaciones realizadas por los expertos en el análisis de la coyuntura, y con la situación de recesión que afecta a la economía española.

En octubre, persiste la destrucción de empleo

Los afiliados a la Seguridad Social se han reducido en 73.077 personas, lo que equivale a una caída de 50.600 corrigiendo las variaciones estacionales de esta estadística.

Esta pérdida de empleo es similar a la registrada el mismo mes del año pasado, y superior a la de los dos años anteriores, 2009 y 2010, aunque inferior a la registrada en 2008 al comienzo de la crisis.

Esto significa que la destrucción de empleo tiende a mantenerse estable (no a reducirse), tal y como indica la tasa interanual, que se mantiene un mes más en el entorno del -3,6 por ciento, tras haber empeorado de forma continuada a lo largo de la segunda mitad de 2011 y todo lo que va de 2012. Y que en los últimos doce meses se han destruido 623.000 empleos, el doble que en los doce anteriores.

En el mes de octubre, se han registrado pérdidas de empleo, medidas por los datos de la serie original y por los corregidos de variaciones estacionales, en todos los sectores de actividad, y asimismo tanto en el empleo no asalariado, como sobre todo en el empleo asalariado.

Este último dato indica que los asalariados se ven inexorablemente sometidos a la expulsión del empleo como resultado del ajuste de las empresas a la caída de la producción, y de las AAPP al recorte del gasto público, y que el nuevo marco regulador derivado de la reforma laboral está actuando como un catalizador para estimular los despidos.

Fuerte incremento del paro registrado en el mes de octubre

La estadística de Desempleo Registrado en las Oficinas Públicas de Empleo señala que en el mes de octubre ha aumentado el número de parados en 128.000 personas, 21.000 más cuando se corrigen estas cifras de las variaciones estacionales.

Al igual que en el caso de la Seguridad Social, se trata de un incremento similar al del año anterior y superior a los de 2009 y 2010, pero inferior al de 2008.

Supone un crecimiento del paro registrado en todos los sectores, salvo en la construcción, donde se registra un leve descenso. El aumento del paro cobra mayor entidad en el sector servicios que en 2011 debido precisamente a que la temporada turística ha sido algo mejor, y su carácter estacional determina ahora una mayor finalización de empleos temporales.

Con todo ello el paro registrado se aproxima ya a las 4.850.000 personas.

Consideraciones finales y valoración general

Aunque algunas declaraciones oficiales recientes han abierto, tras el profundo impacto social producido por los datos de la EPA, un cierto debate público sobre unas supuestas expectativas de mejoría del mercado de trabajo, los datos que hoy se han dado a conocer no permiten confirmar dicha hipótesis. En realidad, parecen reafirmar más bien lo contrario:

No existe indicio alguno que permita vislumbrar a corto plazo un cambio en la negativa situación del empleo en España.

La economía española está siendo sometida a un fuerte ajuste a través de considerables recortes en el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas. Lo cual solo viene a sumarse a la contracción de la demanda privada tanto en materia de inversión como de consumo.

En estas condiciones, y en tanto se mantengan los factores que contraen la economía, tanto del lado privado como del público, no será posible que la economía deje de destruir empleo, dado que la evolución de la demanda de trabajo –que es una función de la producción y del gasto público y privado- tiende en coherencia con ello a reducirse y a reducir los niveles de ocupación.

Por otro lado, la intensidad relativa de esa reducción de los niveles de empleo, como respuesta a la contracción del gasto en la economía, depende de la forma que adopte el marco legal que regula el mercado de trabajo. Esto determina la propensión de la economía a destruir más o menos empleo ante caídas de la producción y de la demanda.

La última reforma laboral, aprobada el pasado mes de febrero, no hace sino ampliar las posibilidades de despido de los trabajadores tanto del sector privado como del público.

Y la última reforma laboral, aprobada el pasado mes de febrero, no hace sino ampliar las posibilidades de despido de los trabajadores tanto del sector privado como del público, y reducir los costes de esos ajustes de empleo (tanto rebajando las indemnizaciones por despido, como reduciendo los costes de los procedimientos de despido). Esto significa que el nuevo marco legal ha incrementado la reacción de la economía en materia de destrucción de empleo ante las situaciones de recesión. Son medidas procíclicas, es decir, que acentúan la respuesta negativa, de destrucción de empleo, del mercado de trabajo, ante la caída del PIB.

Independientemente de que una reforma laboral de esas características no es la que necesitaba el mercado de trabajo español, todos los analistas coinciden en la inoportunidad e inconveniencia de poner en marcha tales medidas precisamente cuando se somete a la economía a un duro ajuste que tiene como consecuencia la destrucción de empleo.

En suma, para que la coyuntura laboral cambie, y termine la destrucción de empleo, se requieren al menos dos condiciones: la recuperación del crecimiento económico, con un cambio de orientación en la política económica, y una regulación laboral que no fomente el ajuste de las empresas y AAP a través de los despidos. Son estas dos condiciones las que el Gobierno debería plantearse de forma inmediata para poder anticipar un cambio en la negativa coyuntura laboral española.

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