Tras el azaroso tira y afloja entre el Gobierno español y la Comisión Europea, el objetivo de déficit público para 2012 ha quedado establecido en el 5,3% del PIB. Ello supone cinco décimas porcentuales menos del que pretendía el Gobierno, pero nueve décimas más del que contemplaba el último Programa de Estabilidad aprobado por las instituciones europeas. Sin embargo, no por eso puede decirse que ahora la consecución de dicho objetivo sea más fácil, todo lo contrario. En primer lugar, el punto de partida con que terminó 2011 es dos puntos y medio superior al esperado, y en segundo lugar, el escenario macroeconómico es mucho más adverso, puesto que la economía, en vez de crecer el 2,3% previsto, va a retroceder un 1,7%, según el Gobierno.

Fuentes: Eurostat, INE y Funcas (previsiones IPC). Gráficos elaborados por A. Laborda. / C. AYUSO / EL PAÍS

En principio, pasar de un déficit del 8,5% del PIB en 2011 al 5,3% en 2012 supone recortarlo en unos 34.000 millones de euros. Pero una cosa es la magnitud en que debe reducirse el déficit, y otra muy distinta, los recortes en el gasto o los aumentos de los ingresos que deben llevarse a cabo para conseguir que el déficit se reduzca en esa cantidad. Por un lado, los gastos en intereses de la deuda van a aumentar este año en unos 6.000 millones de euros y, por otro, la desviación del PIB respecto a su valor potencial (o tendencial de largo plazo) lleva aparejados efectos cíclicos automáticos, al margen de lo que haga el Gobierno, en forma de menores ingresos y mayores gastos públicos, cuya cuantía no se puede calcular con exactitud (depende, entre otras cosas, de la metodología utilizada en los cálculos), pero que puede estimarse en unos 15.000 millones. Este efecto y el aumento de los intereses deben añadirse a la cifra en que hay que reducir el déficit en términos netos, lo que nos lleva a una cifra de recortes de gastos y/o aumentos de ingresos de unos 55.000 millones. Si los Presupuestos públicos no se hacen partiendo de esta cantidad, el déficit no acabará en el 5,3%. Veremos de dónde se sacan esos 55.000 millones, pues si no se quiere subir los impuestos, ni rebajar el sueldo de los funcionarios, ni recortar en sanidad, educación y otros gastos, como nos dicen los dirigentes políticos, no salen las cuentas.

En la jerga económica, todo ello significa que el déficit estructural debe reducirse en unos cinco puntos porcentuales del PIB. Algo así están haciendo los griegos y los portugueses, y su PIB está cayendo a tasas del 7% y 3%, respectivamente. El problema es que no sé si tenemos una alternativa mejor. Si no se reduce rápidamente el déficit, la deuda pública, que a finales del pasado año se situó en el 68,5% del PIB (prácticamente se ha duplicado en los últimos cuatro años), pronto se iría a cifras cercanas a las portuguesas o las italianas y, ante esa perspectiva, los mercados dejarían de financiarnos y necesitaríamos el rescate de nuestros socios y del FMI. Claro que, llegados a este punto, no estoy seguro de que el euro no saltara antes por los aires. Les aseguro que no exagero, es así como vemos la situación la mayoría de los economistas.

En cuanto a la información coyuntural, los indicadores más importantes conocidos en la semana se situaron en el ámbito de los precios y salarios. La inflación de los precios de consumo se mantuvo en febrero en la misma tasa que en enero, un 2%. Las previsiones apuntaban a que pudiera reducirse en una décima, pero los galopantes precios del petróleo y un efecto de cambio metodológico en el tratamiento de los alimentos estacionales, que afectó sobre todo a las legumbres y hortalizas, impidieron que la inflación bajara. También en la UEM se estabilizó en el 2,7%. Lo malo es que, con los nuevos precios del petróleo, las previsiones para lo que resta del año han empeorado sustancialmente. Ahora, la media anual y la tasa de diciembre se sitúan en el 1,9%, tres y cuatro décimas más, respectivamente, que en la previsión anterior.

La Encuesta Trimestral de Costes Laborales nos dijo que los costes laborales por trabajador aumentaron en el cuarto trimestre un 1,6%, y los costes por hora, un 2,5%. Pueden parecer aumentos moderados, pero el problema, como se ve en el primer gráfico, es que seguimos sin reducir la brecha generada desde el inicio del euro con nuestros socios europeos.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

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Comentario de Jorge Fabra Utray, miembro de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS al artículo de Ángel Laborda:

«El gráfico sobre costes laborales por hora con índice 100 en 2000 sólo pone de manifiesto un proceso de convergencia con el entorno europeo, pero nada nos dice sobre el coste laboral por hora comparado. Ese proceso de convergencia también se ha manifestado en la mayoría de las variables económicas. Además, en cualquier caso, el crecimiento de los costes laborales por hora está afectado por el aumento del paro entre los trabajadores menos cualificados y con menores salarios. Me parece muy sesgada por parte de A. Laborda la utilización de este gráfico sin explicaciones y sin su colorario en valores comparados. Y es sesgada porque parece justificar la necesidad de una reforma laboral que abarata los costes laborales y destruye derechos que sustentan la convivencia social. En vísperas de una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno, los economistas deberíamos ser especialmente rigurosos. Y este artículo de A.L. no lo es, aunque haya que reconocer que contiene un sencillo análisis de sumo interés que no merece la ilustración que le acompaña.»