Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y por sus concepciones de la política económica, básicamente monetaria, si bien Milei no ha entendido nada de la visión que esos economistas tenían en relación con el ciclo económico. Lo que está desplegando Milei ofrece recordatorios de las tesis más acendradas de esa Escuela Austríaca en Economía y, en particular, de uno de sus principales próceres, Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. En ese contexto, la tesis de Hayek descansaba en no bajar los tipos de interés, toda vez que eso infería un mensaje engañoso al mercado, habida cuenta que las empresas podían alargar la estructura de la producción, pero sin ahorro efectivo. Éste, para el austríaco, solo proviene del ahorro real, mientras el crédito bancario excesivo va a conducir a ajustes bruscos y a crisis económicas. La intervención pública no se contempla, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.
Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. De hecho, el salario se convierte para Milei en un precio relativo más del sistema y se determina por la productividad marginal del trabajo. Este axioma, curiosamente, es siempre invocado; pero no cuando la productividad del trabajo es más elevada y los salarios se pretende mantenerlos estáticos: aplicando ese baremo, éstos deberían subir acorde a la productividad. Pero la regla no funciona siempre, y el componente político y de posición en la estructura productiva –la fuerza empresarial frente a la debilidad sindical, por ejemplo– es determinante. En esas coordenadas, la filosofía económica de Hayek se desliza hacia estas conclusiones: si los salarios son rígidos por la acción de los sindicatos y por la intervención estatal, el ajuste que debe imputarse a la economía se dificulta. Son cortapisas a una economía con la radicalidad del libre mercado en sus manifestaciones más extremas. La posibilidad política de limitar al máximo los costes laborales unitarios y, especialmente, los salarios, se viste con el planteamiento de avanzar en la competitividad empresarial. Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales.
En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza, con la promesa de mejores desempeños económicos.
Pero este tipo de política económica se puede aplicar de una manera efectiva si se vive en un régimen dictatorial, con censuras políticas, limitaciones de movimientos, laminación de la libertad de expresión y prohibición de sindicatos y partidos políticos. De hecho, muchas de las medidas adoptadas en el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet por parte de economistas formados bajo la tutela de Milton Friedman, se inspiraron en la obra de Hayek que hemos citado, junto a la más filosófica Camino de servidumbre. Milei trata de seguir esa senda, que proporcionó para Chile datos macroeconómicos transitoriamente positivos, con un elevadísimo coste social y una represión terrible. El gobierno de Milei puede tener problemas para hacer efectivas esas líneas de actuación, si tenemos en cuenta las protestas callejeras que ya se están generando. Veremos las respuestas sindicales. Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida.
La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. El Estado –fijémonos de nuevo en Argentina– es abyecto; pero ese Estado se pliega a las instituciones económicas internacionales –y en gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos– para poder subsistir. Las premisas del mercado libre, sin ataduras, solo sirven para una sociedad general a la que se dice defender; el Estado, por el contrario, es útil para esos mismos dirigentes si tras sus puertas se hallan contratos, subvenciones y descargas fiscales. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden.
