Financiación pública, fiscalidad suficiente

Este post sobre fiscalidad -coordinado por Juan Gimeno Ullastres– corresponde al primer capitulo del documento de EFC «CUATRO AÑOS MÁS DE GOBIERNO PROGRESISTA PARA DAR UN SALTO EN LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA»

————————-

Es necesario afrontar cambios estructurales en la FISCALIDAD para garantizar la financiación de las políticas públicas imprescindibles. Nos enfrentamos a déficits notorios en políticas públicas (sociales y económicas), con un déficit presupuestario permanente y un nivel de endeudamiento público elevado que es necesario reducir.

Estamos muy por debajo de la media europea tanto en nivel de gasto público como en proporción de ingresos respecto al PIB.  La media europea del 41,7% sigue estando por encima de las cifras que se dan para España (39%). Hay que denunciar que el cociente del PIB español viene lastrado por su cada vez más evidente infravaloración por parte del INE. En todo caso, la ciudadanía española compara sus niveles de prestaciones no con la media europea, sino con las principales economías comunitarias: por ejemplo, con Francia (47%), Alemania (42,4%) o Italia (43,6%).

Nuestros impuestos son la garantía de nuestros derechos. No hay garantía si no hay recursos tributarios suficientes que posibiliten que pueden prestarse satisfactoriamente. La insuficiencia de ingresos públicos repercute gravemente en nuestras prestaciones sociales, en nuestros servicios públicos y en la capacidad de nuestras políticas.

• Mejorar la eficiencia del gasto y la lucha contra la evasión y el fraude

Hay margen para la mejora de la gestión. Es necesario aumentar la eficiencia de la Administración Pública, evaluar adecuadamente las políticas y mejorar los incentivos, así como ganar en transparencia y control del gasto.

Hay margen también para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Hay que aumentar la plantilla de la AEAT y reordenar su gestión y prioridades, hay que simplificar los tributos y la presión burocrática sobre contribuyentes, hay que sensibilizar a la ciudadanía (desde la escuela hasta cualquier edad) en la importancia de las contribuciones públicas… Hay que trabajar, coordinadamente a nivel supranacional, para una acción contra las guaridas fiscales y quienes las utilizan, y contra las empresas que eluden impuestos a través de la deslocalización de sus bases tributarias.

Pero estos avances necesarios, de avances lentos en sus efectos, no pueden servir de excusa para no abordar las reformas tributarias necesarias.

• No subir o bajar impuestos sino eliminar privilegios

La polémica de subir o bajar impuestos es absolutamente ficticia. Los mayores ingresos públicos que necesitamos (de acuerdo, además, con todas las instancias supranacionales), no pueden venir de subir impuestos a quienes ya pagan, sino de eliminar los privilegios de quienes evaden, de una u otra forma, la equidad necesaria para que nuestro sistema fiscal sea justo, progresivo y suficiente.

Es necesaria una revisión profunda de bonificaciones fiscales, en buen número de casos de escasa utilidad pública, impacto regresivo, instrumento para la evasión, complicación para la actuación inspectora y merma importante de recaudación.

La progresividad implica que contribuyan a los gastos comunes quienes más capacidad de pago tienen. Tres son los índices clásicos para mediarla: renta, gasto y riqueza.

Esta última, siendo la que más diferencias presenta, tiende cada vez más a su exención impositiva. Es necesario un auténtico impuesto sobre la riqueza, permanente, que deje exentos patrimonios habituales en las clases trabajadoras y en medias y se centre en las grandes fortunas. En la misma línea, es irrenunciable un impuesto sobre sucesiones y donaciones, con el mismo criterio de mínimos exentos elevados. Si la competencia es autonómica, urge una legislación estatal que obligue a mínimos de tributación en ambos impuestos. No olvidemos que las herencias son causa explicativa, en España, de casi el 70% de las desigualdades observadas[1].

Debemos ser conscientes de que, en la era del capitalismo rentista, en una economía globalizada dominada por las finanzas, los perceptores de altos ingresos evitan los impuestos sobre la renta. La actuación sobre las rentas más elevadas ha de centrarse no tanto en subir la progresividad formal del IRPF, que repercute tan solo en determinadas rentas salariales, sino en ingresos y patrimonios financieros, que son los grandes evasores modernos. Sin perjuicio de la necesidad de acercar el tratamiento de la base sobre el ahorro al que se aplica a la base sobre el trabajo.

• Nuevos tributos y tareas

Una tasa auténticamente general sobre las transacciones financieras, además de penalizar el comercio especulativo proporcionaría cifras importantes de recaudación, aún con tipos muy bajos, y tendría un resultado muy progresivo.

Un impuesto progresivo sobre los beneficios de las empresas que controlen, por ejemplo, más del 20% de su mercado sería una medida antimonopolio y un buen instrumento de recaudación sobre los beneficios extraordinarios. Resultará difícil atacarla por atentar al funcionamiento del mercado cuando, precisamente, busca defender la competencia. Ello no es obstáculo para extender el gravamen de los impuestos sobre los beneficios “caídos del cielo” en tiempos de crisis

Es preciso Impulsar un consenso amplio (en la UE y en la OCDE) para garantizar un mínimo en la tributación empresarial por encima del 15%, para la tributación allá donde se generan los beneficios de las empresas tecnológicas y transnacionales, así como para el control de sociedades fantasma y de los intermediadores o facilitadores de prácticas fiscales agresivas.

Es preciso avanzar en el uso de la denominada imposición verde, con la que recaudamos menos de la mitad que la media europea. Las exigencias de transición energética y climática obligan a un fuerte incremento de estos instrumentos y a evitar cualquier rebaja en la presión tributaria de bienes o servicios contaminantes.

Dado que la mayoría de estos tributos verdes tienen un impacto regresivo, es recomendable que su recaudación se destine a algo parecido a un “fondo de capital de los bienes comunes”, que permita la financiación de políticas de transición energética y la canalización de ayudas a quienes se vean más negativamente afectados.

La realidad de una administración multinivel exigiría la revisión del obsoleto sistema de financiación autonómica que debería dibujarse al mismo tiempo que la reforma fiscal general e, incluso, de las haciendas locales. Las contribuciones públicas forman un caudal común que debe repartirse entre las distintas administraciones públicas de forma equilibrada a las distintas competencias. Es fundamental subrayar la corresponsabilidad fiscal, de forma que la ciudadanía tenga claras las competencias y a quién exigir responsabilidades. La autonomía de ingresos de cada nivel debe de ser suficientes para que cada nivel asuma sus responsabilidades y se eviten victimismos demagógicos.

• Crédito público

España es un caso anómalo dentro de la Unión Europea, donde las entidades de crédito público tienen más presencia que en España. Han desaparecido las Cajas de Ahorros, que eran un modelo potente de banca alternativa. La reducción del sistema financiero español a un oligopolio privado, casi sin vestigio de Banca Pública, no ha resultado positiva para los ciudadanos. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la red de oficinas de Correos pueden ser punto de partida para mejorar la calidad de los servicios financieros, que no deben quedar en exclusiva al albur del mercado.

Hasta 1991 la banca pública en España incluía el Banco Exterior de España, la Caja Postal de Ahorros y las cuatro entidades del Crédito Oficial, coordinadas por el ICO. El conjunto de estas entidades suponía el 15% del crédito en España. Tras la privatización iniciada en 1991, solo quedó el ICO como banca pública, calificada en dicha ocasión como la “Agencia Financiera del Gobierno”, que realiza sobre todo créditos de mediación, en los que traspasa a los bancos los recursos para prestar a determinadas actividades y también realiza prestamos e inversiones directas en una cuanta reducida. Los bancos priorizan en estas actuaciones a sus mejores clientes. El ICO debería relacionarse más directamente con el público. La cartera de créditos a administraciones públicas y al sector privado ascendía (31.10.2022) a 9.486 millones de euros, el 0,72% del total nacional, según el Boletín Estadístico del Banco de España.

En los últimos años, sobre todo tras la pandemia, el ICO ha visto aumentar de forma sustancial las tareas asignadas por el gobierno. Ese ha sido el caso de los avales concedidos a las empresas que habían recibido préstamos bancarios para superar las consecuencias de la perturbación que supuso la citada pandemia desde marzo de 2020. En las actuaciones de fomento de la rehabilitación, apoyadas por el gobierno estatal en 2021-2022, el ICO aportará aval de hasta el 50% de la cuantía de los préstamos concedidos por la banca a las comunidades de propietarios para realizar obras de rehabilitación.

El ICO debería transformarse en un banco de inversión, fortaleciendo sus servicios centrales y apelando más al mercado de capitales para obtener los recursos financieros necesarios, incluidos los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. El reforzamiento de los servicios centrales del ICO resulta conveniente incluso manteniendo su actual campo de actividades. Sus objetivos serán necesariamente de interés público, apoyando las políticas de la administración estatal, así como las autonómicas y locales, y también podría financiar actividades competitivas. El papel del ICO podría ser decisivo para financiar la promoción de unas 100.000 viviendas sociales de alquiler, cuya construcción requiere de unos recursos que no pueden proceder solo de los presupuestos de las administraciones públicas.

• Contra la exclusión financiera

La fuerte concentración bancaria acaecida en España en los últimos años ha generado problemas de exclusión financiera. Cinco bancos concentran el 70% de los activos bancarios (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja), el número de oficinas se ha reducido en más de un 50% después de 2008, los cajeros automáticos han disminuido en más de un 30% y más de 120.000 trabajadores han perdido su empleo. La exclusión ha afectado de manera especial a más de la mitad de los municipios situados en la España rural, así como a las generaciones de más edad.  Los acuerdos del gobierno con las patronales bancarias para la modificación del Código de Buenas Prácticas a fin de reducir la exclusión financiera resultan hasta el momento insuficientes.

La red de oficinas de Correos puede servir para reducir la exclusión financiera a nivel territorial, como ya lo está haciendo en colaboración con siete bancos, aunque también podría hacerlo por su propia cuenta. Sería también conveniente que continuasen actuando las cooperativas de crédito, cajas rurales en su mayor parte, por la persistencia de la banca personal en su actividad y por su papel dominante en algunas zonas territoriales.

Se puede mejorar la situación de exclusión territorial y de edad cuando esté vigente el Proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa de Defensa del cliente financiero, que pretende corregir la asimetría de información con respecto de los clientes y la desproporción de poder económico de las entidades financieras frente a los ciudadanos individuales. Dicha autoridad se configura en el proyecto de ley como regulación de arbitraje de conflictos entre clientes financieros y entidades de crédito. El hecho de que la patronal bancaria esté presente en los órganos ejecutivos de dicha Autoridad puede dar lugar a que no sea un agente independiente para reducir la exclusión financiera.