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PSOE: el 135 versus los 135

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Por Alberto del Pozo y Antonio González, economistas y Mario Campano, consultor.

Quienes firmamos este artículo somos militantes o simpatizantes del PSOE. Otros muchos de ellos podrían haberlo firmado también, hace no mucho, pero tiempo atrás dejaron de ser una u otra cosa. Y esto ha sido así por medidas como la reforma constitucional del artículo 135 adoptada en septiembre de 2011. No solo por eso; la desafección de estas personas con el PSOE probablemente se ha producido de manera paulatina y a lo largo de los años, pero esa medida probablemente fue la gota que colmó el vaso. Un síntoma de falta de empatía del partido con sus votantes tradicionales, su base más sólida, imposible de digerir. Por muchas razones.

  1. En primer lugar, por cómo se realizó: con precipitación, casi sin debate, y de la mano únicamente del Partido Popular (y su marca en Navarra, UPN), formación en las antípodas ideológicas, su principal rival electoral, y que mantuvo una feroz campaña contra el gobierno socialista en los peores momentos de la crisis, sin atisbo de gesto alguno de responsabilidad patriótica. Solo eso ya fue un error, y grave.
  2. Hay quien dice que la reforma no era mala en sí, sino la concreción de la misma que hizo en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria el propio PP cuando llegó al gobierno, pervirtiendo los términos del acuerdo entre ambas formaciones. Pero, ¿de verdad pensaban los dirigentes socialistas entonces que el PP respetaría aquel pacto y que promovería una regla fiscal flexible y ajustada? ¿Qué indicios les llevaron a ese inocente comportamiento, cuando las señales que transmitían los populares desde la oposición era que arrasarían cualquier base de nuestro Estado de Bienestar y aplicarían un rodillo conservador, como efectivamente ha sucedido? Con buena fe o no, confiar en el PP en aquella coyuntura fue, sin duda, otro grandísimo error político.
  3. Tampoco cabe tergiversar lo que sucedió, planteando que tan solo adelantó el cumplimiento de normas en el mismo sentido como el Fiscal Compact. Porque este recomienda pero no obliga a enraizar la dichosa regla de estabilidad en el seno de nuestra Carta Magna. Algo que tiene graves consecuencias, como el hecho de que no se pueda revertir ahora si no es con el apoyo de una mayoría cualificada en el Parlamento. Esta elección, por cierto, dificulta mucho aceptar una explicación de la decisión basada en que la coyuntura entonces exigía la adopción de una medida similar por la presión de los mercados. Se podía haber hecho sin tocar la Constitución, lo cual refleja el oportunismo de aprovechar la situación para llevar la ideología neoliberal a la Carta Magna. Al hacer de manera tan sencilla y desacomplejada algo que durante tiempo se había defendido como complejo y peligroso –recordemos que esta fue solo la segunda reforma de nuestro texto básico en casi 26 años de historia- puso en evidencia ante una ciudadanía castigada por la crisis y perpleja por la incapacidad de sus dirigentes en todos los niveles para adoptar medidas eficaces para cambiar el rumbo del ciclo económico y sus consecuencias sobre los más débiles, las prioridades de la acción política, y qué alejadas estaban estas de las suyas. Algo parecido a lo que ha sucedido después con el rescate bancario. No ver eso fue otro error más.
  4. Más bien parece que la iniciativa respondió a un convencimiento de que la mencionada regla fiscal, como mínimo discutible, debía sin embargo incrustarse en el corazón mismo de nuestra normativa, dificultando todo lo posible su marcha atrás. De no haber sido así, bien habría podido adoptarse por vía normativa ordinaria.

A este respecto, se invoca ahora como argumento el hecho de que Suecia, país de tradición socialdemócrata y con un desarrollado Estado de Bienestar, tiene también una estricta regla de estabilidad presupuestaria de rango constitucional. Pero comparar los posibles impactos sobre la política económica de la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria en España con lo sucedido en Suecia resulta verdaderamente simplista. Primero, porque de igual modo podría invocarse que sus resultados se podrían parecer más a la realidad británica, alemana, suiza o chilena, por citar otros países que tienen determinada la fluctuación de sus finanzas públicas por normas fundamentales. Segundo, porque obviar la diferente tradición e historia sueca y española en materia económica y de cultura fiscal aleja el problema de la realidad y lo sitúa en un interesado compartimento estanco: puede ser que una estricta norma de estabilidad como la propuesta en el actual 135 no impida en sí misma el crecimiento de las partidas de gasto esenciales del Estado de Bienestar, pero también es cierto que no hemos oído a quienes sostienen esto desde dentro del Partido Socialista pedir que se aumente el nivel de gasto público hasta el nivel de Suecia (53,2% del PIB frente al 44,3% en España) y de forma coherente los ingresos para poder sostenerlo (51,9% frente a 37,5%). Y tercero, porque se vuelve a intentar confundir a la ciudadanía, identificando estabilidad presupuestaria (concepto con el que estamos en esencia de acuerdo, y que es lo que introdujo Suecia hace 80 años) con la constitucionalización de la misma y los detalles precisos de su puesta en práctica, aquí y ahora, y sin debate previo.

  1. También el contenido preciso o técnico de la reforma contiene aspectos muy discutibles, como puso de manifiesto el colectivo “Economistas Frente a la Crisis EFC”- que tuvo su origen, precisamente, en su análisis crítico respecto de esta decisión-, y como comparten muchos expertos, como José Moisés Martín Carretero, entre otros. Todos ellos destacan la opacidad y arbitrariedad del cálculo del llamado déficit estructural, concepto clave en el asunto, y el sesgo que imprime sobre las opciones de política económica posibles, en contra de una acción más proactiva del Estado en los momentos de recesión y paro.
  2. En cuanto a los resultados obtenidos por la medida para calmar las presiones de los mercados (en realidad, la presión fue de los dirigentes de gobiernos e instituciones empeñados en “dar una lección” a los irredentos países del sur de Europa y retomar de manera exacerbada una concepción determinada de la política económica), baste decir que la prima de riesgo española siguió aumentando sin pausa: de agosto de 2011 a julio de 2012, 250 puntos básicos, hasta los 550. Y solo comenzó a reconducirse tras la intervención entonces de Mario Draghi, amenazando con medidas no convencionales si las presiones especulativas continuaban y comenzando con la aplicación de operaciones monetarias directas. Por tanto, fue absolutamente ineficaz, y en esos términos, la medida fue también un error.

Bienvenida sea, por tanto, esta rectificación del PSOE, tardía y parcial, pero valiente al reconocer (por fin) los errores, de la que no olvidemos que aún falta conocer sus detalles, que son muchos y muy importantes, y que se conocerán ya en 2015. Muchos seguimos creyendo que lo que se hizo fue ideológico y contrario a la razón científica, que ocasiona un déficit democrático que impide al Parlamento decidir sobre el saldo presupuestario anual, que la Constitución no debe precisar los detalles de la estabilidad presupuestaria, y que su sitio es una Ley. Y esperamos en todo caso de la reforma algo más que la introducción de suelos de gasto garantizando el pago de partidas esenciales del Estado de Bienestar; esperamos, por ejemplo, que se contemple también la necesidad de no lastrar, en aras de una austeridad mal entendida, las inversiones esenciales para el desarrollo del país en formación, I+D+i, TIC’s o infraestructuras básicas, por ejemplo, sin las cuales difícilmente lograremos un nivel de crecimiento cuantitativo y cualitativo suficiente para sostener aquellas políticas sociales que se quiere asegurar legalmente; todo ello en el marco de la preservación de las posibilidades de realizar políticas anticíclicas para luchar contra la recesión y el paro, y de una política económica que integre, además, de una vez por todas, los equilibrios ecológicos como requisito indispensable para garantizar la equidad y el progreso duradero.

Bienvenida sea en todo caso la corrección, porque recupera una parte de racionalidad económica, que es esencial. Pero también porque debería contribuir, de una vez por todas, a abrir el debate dentro del PSOE sobre la identidad del partido en materia económica, sobre las opciones de política económica elegidas para dar respuesta a los problemas y retos del país y de la ciudadanía, que no son únicas ni neutras, como muchos quieren trasladar interesadamente, y que deben responder a un cuerpo estratégico definido de antemano y que contenga líneas rojas que su militancia sepa que no se van a franquear; o al menos, no sin debate, consulta y participación colectiva abierta y decisoria.

Ha habido otros miembros y simpatizantes del PSOE que han mostrado su malestar porque el partido “reniegue” del artículo 135 de marras. Nosotros, además de tener una opinión opuesta en esta cuestión, pensamos que de lo que debería renegar el PSOE es de haber dejado su política económica durante demasiados años en manos de quienes han mostrado tantas dificultades en plantear actuaciones frente a los problemas económicos sensiblemente diferentes de las que planteaban y aplicaban los partidos de la derecha conservadora y liberal.

No nos parece sorprendente la rectificación en el 135, sino coherente. Lo que nos sorprende es que tantos cuadros en la órbita del PSOE hayan defendido encendidamente en los últimos años medidas tan neoliberales como: la permanente conveniencia de rebajar el coste del despido para reducir la dualidad laboral e impulsar la contratación; la imposibilidad de poner coto efectivo a la contratación temporal no causal (es decir, ilegal) para no desincentivar la creación de empleo; la supresión de un mecanismo de revalorización de pensiones que evite una cuantiosa pérdida de poder adquisitivo a nuestros mayores supuestamente para “garantizar la sostenibilidad del sistema”; la eliminación del Impuesto de Patrimonio porque “los ricos no pagan Patrimonio”; la eliminación del Impuesto de Sucesiones para no perjudicar el ahorro; la reducción de la tributación de las rentas de capital para atraer inversiones; la minoración de la progresividad del IRPF para no desincentivar el trabajo y la llegada de “talentos”; la no modificación del régimen de las SICAV para evitar la huida de capitales; la gestión privada de la sanidad porque es más eficiente que la pública; el mantenimiento de los privilegios económicos de la iglesia en la fiscalidad y la enseñanza;… Son este tipo de cuestiones de naturaleza económica las que, a nuestro juicio, han contribuido a llevar al Partido Socialista a la situación de descrédito de los últimos años, y a su consecuente descenso electoral.

El debate sobre todas estas cuestiones ha sido secuestrado demasiados años, y con él, las opciones de recuperar al PSOE como partido de referencia de la izquierda en España y en Europa. Pedro Sánchez ha afirmado que “el Partido Socialista debe construir un proyecto de izquierdas que atraiga al centro”. Esta idea nos parece central, y creemos que muchas de las iniciativas que está defendiendo en los pocos meses que lleva al frente del partido van en esa positiva dirección. Pero queda mucho por hacer, y la oposición, desde fuera y también desde dentro del propio partido, será numantina, como se está pudiendo comprobar en relación al dichoso artículo 135. Vencer estas resistencias es la única vía para que los Socialistas recuperen la confianza de su electorado tradicional, atrayendo a la vez a ese centro más volátil, con un programa que adapte con rigor el ideario socialdemócrata a los nuevos tiempos, pero sin perder la substancia de lo que ha defendido la mayor parte de sus 135 años de historia.

Además de los autores, también, firman este artículo Antonio Arroyo Gil, Odón Elorza, Jorge Fabra Utray, Mónica Melle, Vicente Montávez, Cristina Narbona, Pedro Sabando Sequí y Borja Suárez

About Alberto del Pozo Sen

Economista. Coordinador de Economía del Servicio de Estudios de la Confederación (SEC) UGT. Fue asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (2007-2011) y profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid (1997-2007). Sus campos de análisis fundamentales son el mercado de trabajo y la política fiscal y tributaria. Miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC. @adelpozos

2 Comments

  1. Pedro Gonzalez el diciembre 27, 2014 a las 7:32 pm

    Mucho me alegra leer estas reflexiones de personas que se declaran militantes del PSOE.
    Y por ahí empieza el camino de la rectificación política.
    Sin embargo la «traición» (otro calificativo no merece) a la ciudadanía fue de tal magnitud (no sólo aprobaron –por miedo, o interés- algo contrario a sus supuestas convicciones ideológicas, sino que impidieron que se consultara a la gente sobre el particular) que, en mi opinión, esa “brecha” no podrá cerrarse mientras entre la dirigencia de ese partido y sus candidatos a “lo que sea” quede uno solo de los 167 (según creo) diputados que perpetraron esa tropelía.
    Para mí y creo que para mucha gente dichos señores, como los 16 hermanos “aurelianos” de 100 años de soledad, llevan marcada su frente con la indeleble cruz de ceniza de la ignominia de su voto en el Congreso.
    Y esa marca tan sólo se limpia con su desaparición de la escena política o como ya han hecho algunos con el “escapulario” de la retractación pública y la promesa de apoyar (cuando se pueda) la derogación de dicha modificación.
    Mientras tanto ese partido carece (a mi juicio) de autoridad moral para postularse.
    Saludos.

  2. […] Pedro Sánchez tiene toda la razón en reabrir el debate, al calor de una proposición parlamentaria de la Izquierda Plural, y sólo parte de ella en el alcance que quiere dar a la reforma. Lo que […]

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