Declaración de EFC: Por una política económica que identifique los espacios comunes de la izquierda

Declaración de Economistas Frente a la Crisis

ante las elecciones del 26 de Junio

 

Al iniciarse la campaña que precederá a las elecciones generales del próximo 26 de junio, Economistas Frente a la Crisis EFC reitera sus propuestas de política económica que según entendemos, y dada la situación de deterioro económico y social que atraviesa el país, un Gobierno de progreso debería aplicar de forma inmediata.

Tras el fracaso de las negociaciones que deberían haber llevado a la formación de un Gobierno progresista, ahora esa tarea es, si cabe, más urgente e ineludible. La economía está entrando en una fase de menor crecimiento y las cifras de empleo y paro muestran la gravedad de una situación que se presenta insostenible. La magnitud del número de desempleados, la elevada y creciente cifra del paro de larga duración, la fuerte descapitalización que supone que más del 45% de los jóvenes estén desempleados y la disminución de la protección por desempleo, ya de por sí muy baja, dibujan un paisaje muy preocupante.

El Partido Popular, con mayoría absoluta parlamentaria en la Legislatura 2011-2015, y por tanto en circunstancia de gran estabilidad política interna, realizó una contraproducente gestión de gobierno que ha generado una verdadera involución económica y social en España. Su apuesta por la austeridad y la devaluación salarial no sólo no ha conseguido corregir los desequilibrios económicos y sociales, sino que los ha agudizado. Fuimos en España los primeros en denunciar, ya en 2010, lo inadecuado de estas políticas de carácter procíclico que el Partido Popular llevó a su extremo más irracional desde el primer día de su gobierno. Hoy son ya muchos los economistas y no pocas las instituciones nacionales e internacionales quienes constatan, lamentablemente, la peor de las previsiones que entonces hicimos. Fueron los dictados de la ideología neoliberal sustentada por los más poderosos intereses contrarios al interés general.

España es hoy un país con una deuda pública que supera el 100% del PIB; el déficit público combinado de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social es mayor que el de 2011; los salarios se han reducido de manera especialmente aguda entre el 30% de la población con menores ingresos; el nivel de empleo es inferior al del inicio de la legislatura y las altas tasas de paro se han vuelto crónicas; se ha reducido el grado de protección de los desempleados; se ha extendido la precariedad laboral y el subempleo; se ha reprivatizado el cuidado y, como resultado de todo ello, se han incrementado drásticamente la desigualdad y la pobreza. Esta combinación de bajo nivel de empleo, descapitalización del tejido productivo por la caída de la inversión y una legislación laboral y corporativa que desincentiva el empleo de alta productividad, lastra nuestro potencial de crecimiento y agudiza los desequilibrios macroeconómicos y sociales a los que se enfrenta la economía española.

En definitiva, la recuperación de la actividad y el empleo registrados hasta finales de 2015 no han permitido que se supere la degradación social provocada por la política económica. La mejora del cuadro macroeconómico de España, compatible con la persistencia del deterioro social, es la mejor prueba de la naturaleza regresiva de la política económica seguida para superar la crisis. Ahora, además, las magnitudes macroeconómicas comienzan a mostrar las débiles bases sobre las que se asentó el crecimiento de los últimos años.

Estamos firmemente convencidos de que, más allá de la complejidad de la estructura parlamentaria que pudiera surgir de los próximos comicios, sus resultados deberían abrir la puerta a un nuevo ciclo político orientado a un crecimiento sostenible y equilibrado que debe servir para realizar un giro sustantivo en nuestra política económica y social. En particular, defendemos la creación de empleo de calidad y con derechos y la recuperación de la protección y la cohesión social en el marco de una transición ecológica de nuestra economía mediante un uso responsable de los recursos naturales que implique mayor bienestar, salud y seguridad. Si en esta ocasión los equilibrios parlamentarios lo permitieran, la responsabilidad de todos no podría ser eludida.

En línea con anteriores posicionamientos de EFC, entendemos que los resultados electorales del 20D mostraron que la ciudadanía demanda un cambio de políticas al haber apostado por opciones políticas que representan valores y políticas progresistas. Esto es un hecho que ni puede ni debe soslayarse y que de no ser así defraudará a quienes acudan a las urnas con consecuencias electorales muy negativas para construir la senda de progreso que la situación de nuestro país necesita. Después del 20D, la oportunidad fue desaprovechada. Ahora ya no debería ser posible repetir errores. Es demasiado lo que está en juego.

Economistas Frente a la Crisis quiere contribuir de nuevo con sus aportaciones a la construcción de esa nueva política económica progresista. Nuestras posiciones siempre se han enmarcado en un planteamiento de cambio económico integral, con vocación de transformar las bases de nuestro desarrollo tanto a corto como a medio y largo plazo. Por ello, esta declaración se remite a nuestro documento Propuestas para una nueva política económica” que aborda la complejidad de la situación y de nuestras propuestas más in extenso.

Desde Economistas Frente a la Crisis creemos que se dan las condiciones –necesarias y suficientes- para iniciar un proceso en el que las fuerzas progresistas, desde el gobierno o desde el gobierno y la oposición al mismo tiempo, lleven a cabo ese cambio estratégico en las orientaciones de nuestra política económica. Entendemos que la tarea es urgente. Millones de ciudadanos, que atraviesan graves problemas como consecuencia del impacto de la crisis instalada desde 2008 y de las políticas aplicadas desde 2010, no pueden esperar. La puesta en marcha de una nueva agenda para el progreso, con actuaciones decididas e inmediatas, debe poner punto final a la etapa de empobrecimiento colectivo que la última legislatura ha agravado. Cuestiones como la pobreza infantil o los continuos desahucios, son problemas que precisan de actuaciones inaplazables para intentar darles solución desde una perspectiva progresista.

Un buen ejemplo del deterioro que se extiende por las instituciones lo ofrece la acción conscientemente desarrollada por el gobierno de la derecha en el ámbito de la Seguridad Social. La diferente evolución que mantienen el empleo y los ingresos de la Seguridad Social ilustran de forma evidente los destrozos que está provocando la política del PP en el sistema público de protección: mientras el empleo ha aumentado a un ritmo del 3% en los últimos años, las cotizaciones sociales lo han hecho al 1%. Esta divergencia pone en evidencia la clase de empleo, de bajísima calidad, que se está creando y la despreocupación del Gobierno, que se mantiene pasivo ante la amenaza al Sistema Público de Pensiones.

Con la perspectiva que señala el Plan de Estabilidad del Gobierno del PP enviado a Bruselas, en el que, entre otras decisiones contrarias al interés mayoritario, se presupuestan recursos decrecientes destinados a la educación, año a año hasta 2019 (no obstante ser ya sensiblemente inferiores a la media de la Zona Euro), los nuevos recortes que se propone llevar a cabo la derecha no harían sino empeorar la grave situación de nuestro país. La ralentización de la fase expansiva de la economía y la necesidad de sentar las bases para un crecimiento a largo plazo sostenido, equilibrado, socialmente justo y sostenible van a requerir un esfuerzo redoblado para desechar las políticas que se han demostrado contrarias al interés general. La derecha se propone hacer recaer de nuevo sobre los más desfavorecidos los efectos de los recortes que se prepara a llevar a cabo tras los sucesivos incumplimientos de los objetivos de déficit. No se debe permitir que continúe el empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. En manos de los ciudadanos conscientes de lo que está pasando, y de las fuerzas políticas de izquierda, está la posibilidad de revertir este proceso. Las próximas elecciones son la oportunidad de cambiar las políticas y hacer que el país camine en la dirección del cambio.

Por todo ello, desde Economistas Frente a la Crisis EFC demandamos de las fuerzas políticas de izquierda que impulsen, sobre una base programática que es objetivamente común a todas ellas, la puesta en marcha inmediata de un programa económico que contemple, al menos, las siguientes actuaciones de política económica:

Medidas para aplicar de manera inmediata:

  1. Revertir las reformas y cambios laborales que desde 2010 han deteriorado nuestro mercado laboral y reducido los derechos de los trabajadores, y en especial la reforma laboral de 2012 y sus sucesivos desarrollos. Introducir los cambios necesarios en la regulación del mercado laboral para corregir la elevada precariedad que arrastra desde hace décadas, y que se ha agravado desde 2012. Para ello, es preciso actuar sobre la contratación, reforzando la causalidad de los contratos temporales y redefiniendo los contratos a tiempo parcial; sobre el despido, estableciendo normas precisas de causalidad que diferencien nítidamente los despidos con causa (objetivos), de los despidos sin causa (improcedentes), limitando las causas de despidos objetivos en empresas filiales o co-filiales y haciendo incompatibles los despidos objetivos y el reparto de dividendos; y sobre la negociación colectiva, enriqueciendo su contenido, mejorando su articulación y coordinación y restableciendo un equilibrio efectivo entre las partes negociadoras.
  2. Aumentar el salario mínimo, con carácter inmediato, para 2016, hasta 750 euros mensuales, fijando una estrategia de aumentos anuales que tenga por objetivo la minoración de la pobreza laboral para el fin de la legislatura.
  3. Reforzar los recursos y la eficacia de las políticas activas de empleo, mediante un nuevo enfoque que las vincule, de forma integrada, con los Servicios Públicos de Empleo, la formación profesional y la recualificación de las personas desempleadas, poniendo especial énfasis en la empleabilidad potencial en los sectores de futuro y en la capacitación en las TIC.
  4. Pactar una senda de reducción del déficit público que tenga como prioridad la creación de empleo de calidad y que se acomode a la evolución del crecimiento y no al contrario, construyendo una posición común frente a las instituciones europeas que permita que nuestro país pueda seguir financiándose en condiciones adecuadas. Es necesario revertir o neutralizar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y blindar constitucionalmente los derechos sociales.
  5. Introducir una renta mínima para las familias con mayores dificultades, al menos para los más 700.000 hogares sin ninguna renta de origen laboral y extender las prestaciones por desempleo hasta alcanzar en el primer año, al menos, el 70% de cobertura por desempleo.
  6. Poner en marcha un plan urgente de lucha contra la pobreza infantil que suponga la eliminación de estas situaciones, así como dotar adecuadamente las políticas de igualdad, de dependencia y de lucha contra la violencia de género
  7. Introducir los cambios legales necesarios para generar una situación de auténtica segunda oportunidad para los hogares morosos por impago de un préstamo hipotecario, paralizar los desahucios y/o asegurar el realojamiento de los que se produzcan, promoviendo paralelamente un parque público de vivienda en alquiler.

Medidas con efectos a más largo plazo que deben abordarse en el primer año de la legislatura desde la reflexión y el consenso:

  1. Derogar la reforma de las pensiones de 2013 e implementar medidas urgentes para garantizar financiación suficiente a corto y medio plazo, evitando el vaciamiento del Fondo de Reserva.
  2. Abordar una reforma fiscal que asegure más ingresos y una distribución de la carga tributaria más justa, atacando con decisión el fraude, pero también modificando las principales figuras impositivas de nuestro sistema para gravar más la riqueza, las rentas elevadas y las provenientes del capital. Se trata de recuperar la capacidad del gasto necesaria para, entre otros, acabar de manera inmediata con los recortes en la dependencia, la sanidad y la educación y recuperar la situación anterior a 2010 en todos los ámbitos del Estado de Bienestar, para más adelante seguir mejorándolos, a la vez que iniciar la reversión de las privatizaciones.
  3. Implantar una política de industrialización y de fomento de sectores de futuro que reafirme la apuesta por la competitividad de la economía productiva y la generación de empleos sostenibles y de calidad. Es necesario asegurar que los factores intangibles de esa competitividad se asienten sobre un plan integrado de estímulo de la I+D+i y de la Formación que beneficie de forma prioritaria a las Pymes con potencial de crecimiento.
  4. Actualizar y dotar debidamente las políticas de igualdad y restablecer la institucionalidad necesaria a su servicio. Avanzar en la consecución de la paridad de género en todos los órganos e instancias de toma de decisión, incluyendo los de orden económico. Adoptar políticas que persigan la superación de la brecha de género en salarios y pensiones, así como de la segregación ocupacional de las mujeres en el mercado de trabajo. Adoptar políticas públicas de cuidados que incluyan mecanismos que permitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y fomenten la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de cuidado, y que a la vez permitan incrementar la tasa de fecundidad por mujer en edad fértil muy alejada de la tasa de reemplazo.
  5. Impulsar la transición ecológica de nuestra economía, en particular la transición energética, mediante una reforma regulatoria que garantice la sostenibilidad en su doble dimensión económica y medioambiental. La reforma del mercado energético, el uso creciente de las energías renovables, el progresivo abandono de la energía nuclear y de los combustibles fósiles así como el fomento del ahorro y la eficiencia, constituirían pilares fundamentales de este impulso.
  6. Recuperar los órganos reguladores sectoriales, fortalecer su independencia de los intereses económicos bajo su supervisión, y crear una banca pública que garantice un flujo adecuado de financiación a las pymes. El ICO y el mantenimiento del control público de Bankia, junto con la recuperación de una supervisión independiente especializada, constituyen instrumentos que ya podrían ser puestos al servicio de una política orientada al cambio del actual modelo productivo, auténtico responsable de los problemas económicos estructurales de nuestro país.
  7. Promover una profunda reforma de la educación, que dé lugar a la implantación de un Sistema Educativo público que nos homologue a los sistemas vigentes en los países en los que se ha alcanzado un mayor nivel de calidad y eficiencia.
  8. Promover una reforma que agilice la administración con una implantación rápida y generalizada de procedimientos informáticos que se facilite la eficiencia en el funcionamiento público y privado en favor del crecimiento y la transparencia. Esta reforma debe ser del suficiente calado que permee a todos los ámbitos de la administración y a los sectores privados aumentando la eficacia y la equidad de los servicios públicos y la competitividad de las empresas y del país en general.
  1. Reforzar la acción exterior. La carencia de acción política en el exterior por parte del gobierno actual está afectando de manera muy negativa a todas nuestras instituciones. Nuestro nivel de representación en las instituciones europeas jamás fue tan irrelevante y en el resto de organismos multilaterales carecemos de capacidad de decisión. Esta dejación flagrante de la acción exterior ha generado que las capacidades de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos, que emigranprincipalmente por razones laborales, se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad. La parálisis de la acción diplomática de España debe ser transformada en una presencia activa que sitúe a nuestro país en la posición que le corresponde en el mundo por su situación geográfica, su dimensión económica y su proyección cultural.

Son estos asuntos los que, en opinión de Economistas Frente a la Crisis EFC, debieran orientar los próximos pasos de las fuerzas políticas progresistas que formarán parte del nuevo Parlamento. Urge actuar con determinación y coraje; urge situar a España en la senda de la prosperidad, la justicia social y las libertades.

 

Economistas Frente a la Crisis  

26 de Mayo de 2016

 

8 Comments

  1. Con matizaciones, estoy de acuerdo con los puntos del manifiesto.

    El problema es que la izquierda no conoce el concepto de economía de escalas y no le importa trocear a la Nación.

  2. Me pregunto porqué existiendo ya propuestas de ámbito internacional como la que ofrece “La Economía del Bien Común” con la que sus propuestas están totalmente alineadas no se unen a dicho movimiento de base. ¿Quizás sea por eso? ¿Porque es de base y no se identifica con ningún partido político?
    La cosa está, digamoslo de manera suave, “jodida”, es hora de no pensar en nosotros/as, sino en todos/as. Hay que mojarse!!!
    http://economia-del-bien-comun.org/es
    Javier Goikoetxea
    Ciudadano, Ponente, consultor y auditor de la EBC

  3. Quizás porque EFC es anterior a octubre de 2013!!!!
    No se puede ser adanista … 🙂

    • Totalmente de acuerdo, pero no es cuestión de quien es el primero (mirarse el ombligo), es cuestión de quien arma algo abierto que cambie el paradigma a nivel internacional y acoja a todo el mundo de manera apartidísta.
      En la EBC cabe, y existen, ideologías de todo tipo, de un lado a otro. Por algo será…
      (Por cierto, Octubre de 2013 es cuando se creó la asociación española, el movimiento es de 2010)

  4. Aunque con ciertas matizaciones, estoy muy de acuerdo con con los puntos expuestos, sobre todo por qué de ellos se desprende que es necesaria la adopción de una política anticíclica que acaba con los desastres del austericidio, que ha sumido a Grecia en la miseria y causado grandes sufrimientos en nuestro País. No se trata de de no rebajar el deficit. A largo plazo está claro que debemos tener un deficit público reducido, pero en el corto plazo es necesario cebar la economía con inversiones para que ésta empiece a funcionar. Si nosotros no podemos hacerlo debido a nuestro elevado endeudamiento, Alemania, Holanda y otros Países si deberían hacerlo, para empujar la economía europea. Pero éstos Paises hasta ahora solo se preocupado de que sus bancos recuperen las inversiones efectuadas alegremente en épocas de bonanza y sin medir el riesgo en que incurrían e incluso aumentando alegremente las burbujas inmobiliarias, cuando no incurriendo en prácticas condenables como cuando ayudaron a Grecia a maquillar sus cuentas. Y todo ello acusando a los Paises deudores de manirrotos, como si tales bancos no tuvieran mucha culpa en lo ocurrido. Claro que lo fácil es hacer pagar el desaguisado a las clases medias y bajas de los Paises deudores, cuando no son ellas las que han causado el problema.
    Por todo ello estoy muy de acuerdo con pactar con Bruselas una senda de reducción del déficit compatible con el crecimiento, que nos ayude a pagar nuestras deudas con crecimiento y no con más sufrimiento. También estoy de acuerdo con otras medidas como la implementación de un salario mínimo de 750 euros, la cobertura al desempleo de, al menos, el 70% de los parados, evitar el vaciamiento del fondo de reserva de las pensiones, y todo ello financiado, como se dice en el punto 9, con un estricto control del fraude, y con una imposición progresiva. Ahora bien, y ésta es una de las matizaciones: todo ellos debe hacerse en el marco de la Unión Europea, ya que si solo lo hacemos nosotros corremos el elevado riesgo de fuga de capitales. Debe promoverse, de una vez por todas, la abolición de los paraisos fiscales a nivel global, y el establecimiento de un sistema impositivo homogeneo en toda la Unión Europea. En caso contrario estas políticas se encuentran condenadas al fracaso.
    Otra matización. no creo que deben ser incompatibles el reparto de dividendos y los despidos, al menos en todos los casos. En el caso de la banca española, p.ej. se encuentra abocada a una reducción de tamaño y por tanto de sucursales y personal, y no por ello deben de dejar de pagar dividendos, mientras sean rentables, entre otras cosas por que dejarían sin parte de sus ingresos a muchos pequeños ahorradores.
    Y una última matización: Con respecto a la energía nuclear. Soy partidario de implementar a largo plazo las energías renovables, por que en otro caso nos cargaremos el planeta, pero a corto plazo y mientras no dispongamos de energía barata y abundante, debemos continuar con la energía nuclear, aunque tratando de compatibilizar su reducción con la suficiencia energética.

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