El compromiso con las pensiones públicas: un impuesto específico para su financiación

Por Borja Suarez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UAM y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Uno de los principales retos a los que se enfrentará el próximo gobierno es la financiación de la Seguridad Social, con mucho la principal partida presupuestaria. Sorprende así la escasa atención dedicada a este asunto por los partidos políticos en sus programas electorales. Como excepción, la propuesta del PSOE de crear un impuesto finalista para hacer frente a las necesidades financieras del sistema ha forzado al resto de grandes fuerzas parlamentarias a pronunciarse sobre el asunto. Y aunque no han sido excesivamente prolijos, resulta interesante comprobar que en este punto –como en tantos otros de la política económica, por cierto [ver aquí]– se aprecia una clara división en dos bloques. Por un lado, la derecha, conservadora (PP) y liberal (Cs), rechaza la propuesta y fía la corrección del actual desequilibrio financiero al crecimiento del empleo y –esto no lo dicen explícitamente, pero es muy relevante– a la reducción de las pensiones que supondrá la consolidación de la reforma de 2013. Por su parte, PSOE y Unidos Podemos coinciden en apostar, en general, por incrementar la financiación por vía impositiva y, en particular, por un impuesto finalista inspirado en el modelo francés; sin olvidar la derogación de la citada reforma del mecanismo de revalorización y del factor de sostenibilidad que también comparten.

Teniendo en cuenta los graves problemas coyunturales y la entidad de los desafíos estructurales de la Seguridad Social –analizados [aquí]–, cabe defender la propuesta socialista por las siguientes razones.

I-Para empezar hay que rechazar la idea de que el desequilibrio de las cuentas (17.000 millones de euros en 2015) puede compensarse en un plazo razonable si se mantiene el ritmo actual de creación de empleo precario. La lógica de funcionamiento propia de un régimen de reparto –los hoy activos pagan las pensiones de los ya jubilados– convierte el nivel de empleo y de los salarios en elementos esenciales a la hora de enjuiciar la situación financiera del sistema de pensiones en la actualidad y su sostenibilidad futura. En este sentido, es evidente que la intensa destrucción de empleo entre 2008 y 2013 explica buena parte del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. Pero en este punto hay que ser conscientes de que estas dificultades financieras también derivan de la apuesta por la devaluación salarial como pieza clave de la política anticrisis. Así, la desregulación que impulsa la ruptura laboral de 2012 se ha traducido en un deterioro de los salarios que limita su capacidad de financiación de las pensiones. Algunos datos pueden resultar ilustrativos al respecto.

  • Según datos ofrecidos por la AIREF, mientras la afiliación a la Seguridad Social aumenta a un buen ritmo (2,8% anual) las cotizaciones lo hacen de forma mucho más modesta (1,9%), manifiestamente insuficiente para compensar el crecimiento ‘natural’ del gasto en pensiones (hoy 2,9%) que deriva del incremento del número de pensionistas, del efecto sustitución (las nuevas pensiones son más altas que las de los pensionistas que fallecen) y de la pírrica revalorización. No debe sorprender, pues, que la misma AIREF pronostique que el déficit del 1,1% previsto para este año resulta inalcanzable.
  • Por otro lado, resulta interesante observar el fuerte deterioro de la relación existente entre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación y los salarios de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. Según la EPA, si en 2011 el salario medio de los menores de 25 años representaba el 93% de la cuantía media de las nuevas jubilaciones (1.118 frente a 1.202 euros mensuales), tres años después –con una agresiva reforma laboral entremedias– sólo alcanzaba el 78% (1.030 frente a 1.314 euros al mes). Y aun más alarmante es la evolución del primer decil (el 10% que menos gana) de ese grupo de edad. En ese caso, el salario medio ha pasado de 474 euros (39% de la cuantía de las nuevas pensiones) en 2011 a 396 euros en 2014 (30%).

A la vista de lo anterior parece poco responsable confiar en que la creación de empleo va a servir para recuperar el equilibrio financiero del sistema. Más bien debe interpretarse como una llamada de atención sobre la urgente necesidad de una rectificación de la normativa laboral que permita normalizar el nivel de ingresos vía cotizaciones y preservar los derechos futuros de los pensionistas. En cualquier caso, los efectos de esa enmienda tardarían en hacerse notar y a la larga podrían no resultar suficientes.

II-Hay, sin duda, medidas de diversa naturaleza que pueden servir para mejorar la financiación de la Seguridad Social reforzando su equidad y su potencial redistributivo. Muchas de ellas se contienen en un valioso documento presentado recientemente por CC.OO.

  • Se trataría, primero, de incrementar las bases máximas de cotización –hasta el ‘destope’–, y de hacer lo mismo con las bases mínimas, lastradas en los últimos años por la congelación del SMI.
  • Segundo, cabría plantear una reformulación de la cotización de los trabajadores autónomos en el sentido de establecer una correspondencia entre las bases y los ingresos derivados de la actividad profesional, restringiendo así el margen de opción actualmente existente que favorece situaciones de ‘infracotización’ y consiguiente ‘infraprotección’.
  • Tercero, podría descargarse a las cotizaciones sociales de la financiación de determinadas partidas que, dada su naturaleza, el Estado debería asumir. Es el caso de los gastos de gestión del sistema –una partida nada despreciable de 2.300 millones de euros–, de las reducciones y ‘tarifas planas’ como incentivos al empleo –algo menos de 2.000 millones– o de las más modestas ‘cotizaciones ficticias’ que se reconocen por el cuidado de hijos y familiares –periodos no cotizados que computan, sin embargo a la hora de acceder a una prestación–.
  • Mención aparte merece, en último lugar, la propuesta –implícitamente contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (Ley 45/2015, Disposición Adicional 85ª)– consistente en la asunción progresiva por parte del Estado de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia (22.000 millones de euros), es decir, que las pensiones de viudedad y orfandad dejarían de financiarse con cotizaciones para hacerlo con impuestos generales. Una medida así puede servir para reforzar la lógica de determinados principios sobre los que se ha construido el sistema –pienso en el principio de separación de fuentes–. Pero debemos ser conscientes de que un cambio de estas características no altera ni un ápice las necesidades de financiación adicionales.

Por eso, cabe concluir este segundo punto señalando que las medidas señalas pueden, y deben, servir para reforzar la financiación del sistema. De hecho, resultarían razonablemente efectivas en el corto plazo. Pero carecen de la entidad necesaria para enfrentarse al reto estructural derivado de la jubilación de la generación del baby boom.

III-La sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones pasa necesariamente por ampliar las fuentes de financiación y, en particular –siguiendo lo previsto por el Acuerdo tripartito Social y Económico y la posterior reforma legal de 2011–, por incrementar la aportación del Estado vía impuestos.

Antes de concretar cómo podría articularse, conviene hacer dos precisiones. De una parte, el equilibrio de las fuentes de financiación es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema de pensiones. En el ámbito europeo, los ingresos por cotizaciones son claramente inferiores a los gastos correspondientes al abono de las prestaciones: en Alemania o Suecia la aportación del Estado representa más del 3% del PIB, mientras que en España no llega al 1%. Y, de otra, descartada una subida importante de las cotizaciones cuyo nivel ya está ligeramente por encima de la media europea, una actuación en este sentido es urgente. Aciertan –en esto sí– los expertos que defienden la transformación del sistema público de pensiones en un mixto, público-privado, al señalar que las necesidades financieras ligadas al cambio demográfico se han adelantado en el tiempo como consecuencia de la crisis económica. Así pues, la respuesta no puede demorarse.

La fórmula más interesante para incrementar la aportación del Estado en la financiación de la Seguridad Social –pensiones, sin descartar otras prestaciones sociales– sería la creación de un impuesto finalista inspirado en la experiencia francesa (contribution sociale généralisée). Se trata de un gravamen directo que soportan las personas residentes (no sólo trabajadores y empresarios) y que comprende todo tipo de rentas: las del trabajo, pero también las del capital, las de actividades económicas y las patrimoniales.

Un impuesto de estas características contribuiría a corregir el bajo nivel de gasto social y de presión fiscal que tiene España respecto de la media de los países europeos. Pero, además, presenta las siguientes ventajas. Primero, permite modular el peso sobre los distintos tipos de rentas reforzando el carácter redistributivo; en Francia, por ejemplo, son las rentas patrimoniales y de capital las que soportan el gravamen más alto. Segundo, tiene un potencial recaudador muy notable; más de 90.000 millones de euros en 2013 en aquel país. Tercero, al mismo tiempo posibilita un despliegue progresivo en función de las necesidades del sistema que, sabemos, se harán más acuciantes en la década de los treinta; en Francia el tipo inicialmente fijado en el momento de su introducción en 1991 fue del 1,1%. Cuarto, frente a una alternativa que pasara por la imposición indirecta, el impuesto ‘francés’ constituye una fuente de ingresos más estable y que no produce efectos inflacionistas. Y, quinto, la creación de un impuesto cuya recaudación se integre directamente en el Presupuesto de la Seguridad Social constituye la expresión de un sólido compromiso político con el sistema público de pensiones. Un instrumento real de justicia social.

One Comment

  1. La MATERIA IMPONIBLE INMOBILIARIA es perfecta para la financiación de las pensiones públicas.

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