¿Son los Presupuestos de la recuperación?

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Mónica Melle Hernández, Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM y miembro de Economistas Frente a la Crisis

España ha iniciado una frágil recuperación, que no salida de la crisis, con una previsión de crecimiento de nuestro PIB para el próximo año de tan sólo un 2,2%, frente al 3% de este año.

Los Presupuestos que parece se aprobarán para este año 2017 son unos presupuestos continuistas, que no favorecen que esta incipiente recuperación llegue a todos los ciudadanos.

Todo ello a pesar del fracaso de la política económica de austeridad a ultranza, que a fuerza de recortes de gasto público no ha permitido cumplir los objetivos de déficit de forma reiterada, siendo España el país con mayor déficit de la zona euro (al cerrar el 2016 con una cifra del 3,4% del PIB, frente a la media de la Eurozona que ofrece un déficit del 1,4% del PIB). Porque a más recortes, más recesión, menos demanda de bienes y servicios, más desempleo, y menores ingresos públicos. Por ese círculo vicioso en España hemos tardado más en iniciar la recuperación. Y lo que es más grave, dicha recuperación no está llegando a todos los ciudadanos, y las desigualdades cada vez se acrecientan más.

Con un 20% de población española en riesgo de pobreza o exclusión social, con una reducción de la renta media de las familias de un 10%, que en el caso de los salarios más bajos ha sido hasta de un 28%, urge recuperar las políticas sociales, mermadas por los recortes en la crisis. Es el momento de revertir los sacrificios de quienes más han sufrido los efectos de esta crisis.

Con los Presupuestos que presenta el Gobierno y que previsiblemente recibirán el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria, se pierde una oportunidad para hacer frente a los importantes retos que tiene nuestra economía en estos momentos de inicio de la recuperación.

En primer término, los Presupuestos deberían hacer frente al crecimiento galopante de la desigualdad, revirtiendo los recortes en políticas de gasto social. No sólo por justicia social, también porque la desigualdad perjudica el futuro crecimiento de nuestra economía. Los trabajadores han de recuperar poder adquisitivo perdido, y de esa manera mejorará el consumo y el ahorro de las familias. Para no perpetuar desigualdades crecientes los Presupuestos deberían atender a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, que han tenido que emigrar y que en más de un 40% están en desempleo; los pensionistas que este año sufrirán una pérdida de poder adquisitivo de más de un 2%; o las mujeres, que son las que perciben un salario más reducido (el 63% de los trabajadores con salarios más bajos son mujeres).

Bienvenido el aumento de las políticas activas de empleo, mermadas sorpresivamente durante la crisis. Aunque aumentan un 5,5%, dicha inversión resulta desgraciadamente escasa para atender a las necesidades de recualificación y de formación de la desoladora cifra de desempleados, muchos de ellos “ninis” (ni tienen estudios ni trabajo), y que llevan más de tres años desempleados.

A nivel territorial estos Presupuestos no se esfuerzan en buscar una mayor cohesión social, acentuando las diferencias de financiación de los servicios públicos en nuestro país. Y en consecuencia las desigualdades de oportunidades entre todos los ciudadanos, que podrán tener derecho a más y mejores servicios en determinados territorios que claramente salen sobrefinanciados respecto al resto de Comunidades Autónomas, como es el caso del País Vasco.

En segundo lugar, en este inicio de la recuperación los Presupuestos deberían afrontar los retos de la economía digital con una apuesta decidida por la investigación, desarrollo e innovación, para no perder el tren de la revolución tecnológica. Sobre todo porque después de los recortes de los últimos años, la inversión pública en I+D+i (civil y militar) tan solo representa el 0,6% del PIB, muy lejos del objetivo del 3% previsto en la Estrategia de la UE 2020.

La cultura tampoco percibe la recuperación en los Presupuestos, con una inversión de 800 millones, un 0,7% menos que en 2016. A pesar del alto potencial de creación de empleo que tienen las industrias culturales y de sus efectos positivos sobre otros sectores económicos, como es el caso del turismo.

La productividad no crece y eso condena a muchos españoles a la precariedad. La inversión en infraestructuras, reducida desde 2011 un 40%, y la de I+D+i, recortada un 50% desde ese mismo año, hace que España esté a la cola de Europa en activos intangibles (por debajo del 6% del PIB, cuando en Reino Unido representan un 12,5% del PIB y en EE.UU. un 15%).

En tercer y último lugar, con estos Presupuestos se pierde la oportunidad de redefinir nuestra estructura de ingresos públicos garantizando que las clases trabajadoras y los autónomos no sean los que sufraguen toda la recaudación (las familias soportan el 84% de la recaudación). Una recuperación justa requiere un mejor reparto de la carga fiscal. Las rentas del capital han de contribuir en mayor medida, así como las grandes fortunas y las grandes empresas, persiguiendo el fraude fiscal y la evasión fiscal en paraísos fiscales.

En definitiva, para lograr un crecimiento sólido, estable y sostenido social y medioambientalmente es preciso un estado del bienestar fuerte. A la vista de las previsiones que el Gobierno envía a Bruselas sobre las tendencias de gasto público para protección social (que además de las prestaciones por desempleo, incluye las pensiones), y la inversión pública en educación y en sanidad, el panorama hasta 2020 es mermar aún más nuestro ya dañado estado del bienestar por los recortes de años anteriores.

 

 

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