Desigualdad, gasto público y equidad fiscal

Manuel de la Rocha Vázquez, economista, es miembro de la Fundación Alternativas y de Economistas Frente a la Crisis

La actual crisis económica que atraviesa España está suponiendo no solo un empobrecimiento general del país y amplios sectores de la población, sino que tiene un efecto importante sobre los niveles de desigualdad y reparto de la riqueza. Según datos de Eurostat, el ratio del ingreso del 20% más rico comparado con el 20% de menores ingresos, se elevó entre 2000 y 2009 más de un 30%, pasando de5,4 a6,9 mientras que ese mismo ratio para la media de la UE -15 prácticamente no ha cambiado en ese periodo. También el Índice de Gini – principal indicador del reparto de riqueza -se ha incrementado dos puntos desde el 31,3 en 2007 hasta el 33 entre 2010, último dato disponible. Si de alguna forma es esperable que la desigualdad haya aumentado desde que estalló la crisis, quizás lo más sorprendente es que ésta tampoco se redujera durante la época de vacas gordas, entre 2000 y 2007. En esos años de vigoroso crecimiento y creación de empleo en España, la proporción de riqueza del 20% más rico comparada con el 20% más pobre prácticamente no disminuyó, si bien es cierto que en ese mismo periodo la desigualdad se incrementó en Europa. Así mismo, la proporción de la riqueza que posee el 1% más rico del país se ha mantenido prácticamente constante durante buena parte de la década pasada en un 8,8% del total (OCDE 2011).

Evolución de la desigualdad en España y la UE

Fuente: Eurostat

* Ingreso del 20% de más ingreso sobre el 20% de menos ingresos

Las causas del aumento o mantenimiento en nuestro país de altos niveles de desigualdad incluso en épocas de alto crecimiento son complejas, relacionadas con la estructura productiva del país, con un mercado de trabajo dual, con la especulación y la burbuja financiera, entre otros. Pero es interesante explorar el papel que juega el Estado, mediante la provisión de servicios públicos y el uso de políticas fiscales y tributarias, en la corrección de la desigualdad.

El nivel de gasto público social en nuestro país se mantuvo en torno al 20-21% del PIB entre 2000 y 2007, y ha aumentado significativamente hasta el 25% como consecuencia de la crisis. Dichos niveles están entre 6 y 7 puntos por debajo de la media de la UE-15. Además, la capacidad redistributiva del gasto público es comparativamente más baja que en los países de la UE, es decir el gasto social del estado tan solo reduce el nivel de pobreza en España en unos 4 puntos, del 24 al 20%, comparado con los 9 puntos de promedio de la UE-15 (del 25 al 16%), y muy lejos de países como Suecia (del 27 al 13%).

Una desagregación más detallada de los gastos nos podría dar la clave de este escaso impacto redistributivo. Según un reciente informe de la OCDE (Divided we Stand: Why Inequality Keeps Rising – OECD 2011) los servicios públicos en España contribuyen a disminuir las desigualdades en el ingreso en cerca de un 20%, como en la mayor parte de los países de la OCDE y además ese efecto redistributivo que se ha mantenido en un nivel constante en la mayor parte de la OCDE durante la década de los2000, ha aumentado en nuestro país. Por el contrario, solo cerca de un 13% de las transferencias sociales directas del Estado van dirigidas al 20% de la población con menores ingresos (OCDE dato de 2007), por lo que disminuyen la desigualdad en menor medida que en la media de los países de la OCDE y, además, este impacto ha ido disminuyendo en los últimos años.

Una explicación de la poca capacidad redistributiva de las transferencias de la seguridad social la presentan José Fernández Albertos y Dulce Manzano (Zoom Político 2012/9, Fundación Alternativas). Alrededor del 40% del gasto social se destina al subsidio por desempleo – que ha aumentado notablemente desde 2007 – y al pago de las pensiones. El nivel de los beneficios (ya sea pensiones o subsidios) que reciben cada individuo está en relación al tiempo y nivel de las cotizaciones pasadas, es decir benefician a los trabajadores con salarios más altos y mayor tiempo trabajando, que no suelen ser evidentemente los más pobres. Pero es que además, las transferencias sociales tienen menor efecto sobre las desigualdades en países con mercados de trabajo muy duales, como el español, en el que hay un alto porcentaje de trabajadores en condiciones muy precarias, con contratos temporales, largos periodos de desempleo y que por lo tanto se benefician menos de las prestaciones por desempleo.

En resumen, el gasto social en España, debido al alto componente de transferencias sociales directas, es menos redistributivo que en los países de nuestro entorno, lo que explica que tengamos unos niveles de desigualdad claramente por encima de la media Europea, y que los mismos disminuyan muy poco en épocas de crecimiento económico. Sería interesante que en el contexto actual de reducción masiva del gasto público, el gobierno afinara su análisis y tratara de proteger al máximo aquellas partidas con el mayor efecto redistributivo.

Si la capacidad redistributiva del gasto es esencial para la reducción de las desigualdades, no puede olvidarse, menos en estos tiempos, el papel que deben jugar los ingresos públicos: es decir, recuperar política fiscal como instrumento redistribuidor de riqueza. La tendencia iniciada en EE.UU. seguida por casi todos los países ha ido en sentido contrario, hacia la rebaja de las tarifas del impuesto de la renta, beneficiando especialmente a las rentas más altas. Así en los últimos 30 años se han reducido sustancialmente las tasas marginales de los impuestos sobre la renta, desde tasas por encima del 70% en los 70 hasta los niveles actuales entre el 40 y 50%. Las rebajas fiscales se han sustentado en las teorías neoliberales que argumentan que altos impuestos para los ricos, supuestamente ahogan la iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor, reduciendo el crecimiento e incentivando la evasión y fraude fiscal, de forma que al final todos pierden.

En el actual contexto el debate sobre la imposición a los más ricos ha vuelto a la máxima actualidad y los argumentos neoliberales están siendo fuertemente rebatidos, especialmente en EE.UU., el país donde las rebajas fiscales para los opulentos han sido más notorias y sus efectos más fuertes. Destaca en este sentido el trabajo de dos jovenes economistas franceses: Emmanuel Sáez, de la Universidad de Berkley, California, y Thomas Piketty de la Escuela de Economía de París.

Ambos han saltado últimamente a la luz pública por sus investigaciones sobre el incremento de la desigualdad en EE.UU. y especialmente por sus propuestas fiscales rompedoras.  De acuerdo a Picketty y Sáez la parte de ingresos antes de impuestos que han acumulado el 1% más rico en Estados Unidos se ha doblado, desde menos del 10% en 1973 hasta superar el 20% actualmente. Tendencias similares se pueden ver también en otros países anglosajones.

Por lo tanto, si se doblara la tasa impositiva medias del 1% más rico en EE.UU. desde el 22,5% actual hasta el 45% se aumentarían los ingresos públicos en un 2,7% del PIB anualmente. Se trata evidentemente de un cálculo estático, que según los neoliberales no es correcto por los efectos dinámicos negativos que se generarían mencionados antes. Lo interesante es que Picketty y Sáez han podido demostrar empíricamente la correlación extraordinaria que existe entre las reducciones impositivas que se han llevado a cabo desde los años 70, fundamentalmente en beneficio del 1% más rico, y el incremento bestial de las rentas de ese sector de la población. Dicho de otra forma el aumento espectacular de la desigualdad ha venido provocado en gran medida por las rebajas fiscales para los poderosos.

Además, los dos economistas demuestran que los países que más han reducido los impuestos a los ricos en los últimos 30 años no han sido ni de lejos los más dinámicos en términos de crecimiento. Es más, los países de la OCDE han crecido todos a tasas muy parecidas pese a las enormes diferencias en sus políticas impositivas, o lo que es lo mismo, no hay ninguna correlación entre crecimiento de la renta per capita y reducciones en las tasas impositivas marginales más altas. Pero lo más interesante de su investigación es que han puesto números a algo que es ampliamente percibido por los ciudadanos:  los ingresos del 1% que más gana no tienen ninguna relación con sus niveles de productividad, ni con su gran genio emprendedor (con excepciones evidentemente), si no que más bien se trata de individuos que aprovechan su posición privilegiada para la extracción de altas rentas  (rent-seeking).  Es más, los recortes impositivos de los últimos 30 años no han hecho si no estimular este comportamiento de rent-seeking. En base a ello, Saez y Picketty estiman que la tarifa socialmente óptima de los tramos superiores del impuesto de la renta debería ser mucho más alta que la actual, situándose en el entorno del 83%, lo cual tendría un efecto beneficioso de aumentar los ingresos notablemente y reducir la extracción de rentas por los más poderosos (Optimal taxation of top labor incomes: A tale of three elasticities, en www.cepr.org/pubs/dps/DP8675.asp).

El trabajo de estos dos economistas ha tenido gran influencia en las recientes iniciativas fiscales de la administración Obama, particularmente la idea de introducir la llamada Buffet Rule, nombrada tras el millonario Warren Buffet, que también ha defendido mayores impuestos para los más ricos.  En esta línea, el mencionado informe de la OCDE alerta sobre la creciente concentración del ingreso: ¨La fracción cada vez mayor del ingreso que perciben los grupos de rentas más altas indica que estas personas tienen ahora una mayor capacidad tributaria. En este contexto, los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar por que los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente de la carga fiscal ¨. En Francia y Alemania se debate ampliamente el establecimiento de un impuesto de grandes fortunas, que Hollande ha dicho que va a implementar. En España, el PSOE ha propuesto un impuesto similar, pero el gobierno de Rajoy, tras una subida del IRPF relativamente progresista pero que ha golpeado mayoritariamente a las clases media, prefiere ahora considerar una subida regresiva del IVA antes que concentrar el esfuerzo en los más ricos. Esa es la diferencia.

Manuel de la Rocha Vázquez

Economista. Miembro de la Fundación Alternativas y de Economistas frente a la Crisis