La senda del déficit

Share

El viernes 27 de julio, las Cortes comenzaron a discutir la nueva senda fiscal aprobada por el Gobierno. Las previsiones de los principales organismos económicos nacionales e internacionales, han puesto de manifiesto que el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 que comunicó el anterior Gobierno a Bruselas era incompatible con sus propios Presupuestos Generales. De hecho, la mayoría de organismos de previsión sitúan el déficit de 2018 en un 2,7% o incluso 2,8%. Sobre ese mayor nivel de déficit de partida para 2018, el Gobierno propone para 2019 un ajuste estructural del 0,4% que, junto con la mejora que el crecimiento económico suministrará a las cuentas públicas, permitirá reducir el déficit hasta el 1,8% en 2019. Esto supone una elevación de los objetivos de déficit de cinco décimas para 2018 y para 2019. Es decir, 2,7% frente a 2,2% y 1,8% frente a 1,3% respectivamente.

Nadie, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, otorgaba credibilidad al escenario propuesto por el anterior Gobierno. Tanto la Comisión Europea, como el FMI, la OCDE o la AIREF habían mostrado su incredulidad ante estos objetivos. Los regalos fiscales de los últimos meses, concedidos para lograr el voto favorable de Ciudadanos a los presupuestos (en línea con su habitual contradicción: pretender reducir el déficit y bajar impuestos), así como la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, pactada con Ciudadanos y PNV, tras meses de resistencia del PP a las movilizaciones de los pensionistas, hacían inviable el cumplimiento de los objetivos de déficit.

La estrategia que el nuevo Gobierno intenta poner en marcha es más realista y consistente: permitiría mejorar la posición fiscal estructural y reducir la carga de la deuda al mismo tiempo que garantizaría con mayor solvencia la estabilidad fiscal a largo plazo. No otra cosa implica proponer un incremento creíble de ingresos y gastos para abrir un mayor espacio fiscal a las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social. Se gastaría más, sí, pero también se ingresaría más -esa es la ecuación básica de la credibilidad- y el déficit estructural podría mejorar sustancialmente permitiendo una mejor posición fiscal a medio y largo plazo. Esta mejora estructural es fundamental para reducir el alto nivel de deuda pública, una de los principales flancos débiles de la economía española.

Lo que no resulta convincente es pretender reducir el déficit bajando una y otra vez los impuestos. Planteamientos de esta naturaleza son incompatibles con el acercamiento a los estándares sociales avanzados de otros países europeos.

Sin embargo, el PP y Ciudadanos, gracias a la abstención de UP, lograron paralizar Enel Congreso la aprobación de la nueva senda del déficit propuesta por el Gobierno. Habrá que esperar a la reanudación en septiembre de la actividad parlamentaria para ver que soluciones o nuevas propuestas hace el Gobierno para afrontar el cierre de los Presupuestos Generales del Estado en 2018 y cuales son sus propuestas para 2019.

Los vientos de cola que han impulsado la economía española durante los últimos años han sido utilizados por el PP para satisfacer el discurso neoliberal -que tanto gusta a sus aliados- de más mercado, menos Estado, menos impuestos, menos gasto. El Gobierno del PP desaprovechó también la coyuntura favorable para transformar la economía aumentando la productividad y reduciendo la creciente desigualdad. El PP en el Gobierno renunció a una mejora estructural de las cuentas públicas habida cuenta de que la mayor parte de la mejora fiscal se ha producido gracias al ciclo, transformando el crecimiento económico en rebajas de impuestos –hasta 15.000 millones menos según la propia Agencia Tributaria- mientras los servicios públicos se mantenían infradotados tras los recortes de 2012 y 2013. En resumen: un desastre –bien respaldado por Ciudadanos- fruto de una ideología irracionalmente enemiga de lo público y cautiva de sus intereses electorales.

La estrategia fiscal apuntada por el Gobierno es una moderada aproximación a quienes sosteníamos que es posible cumplir con solvencia los objetivos planteados por Bruselas y revertir al tiempo los peores efectos de la crisis y los recortes. La nueva senda fiscal que fue propuesta hubiera facilitado ambas cosas, reforzando, además, nuestra credibilidad en Bruselas al plantear objetivos que sí pueden ser cumplidos. Aprovechando su preeminencia en el Senado, el Partido Popular y Ciudadanos habían anunciado su voto en contra para obstaculizar la labor del Gobierno, aunque fuera a costa de los intereses generales y de no asumir las consecuencias de sus propios actos. La sorpresa ha sido que la nueva senda haya sido parada en el Congreso al no recibir los apoyos de algunos grupos parlamentarios que sí habían apoyado la moción de censura que posibilitó la formación de un Gobierno alternativo al gobierno Rajoy.

De frustrarse definitivamente la nueva senda de consolidación, España se vería obligada a realizar ajustes adicionales por valor de 6.000 millones de euros, suponiendo un ajuste total de prácticamente la misma magnitud que los recortes que se produjeron en 2013, en lo más profundo de la crisis. Las Comunidades Autónomas –incluidas las gobernadas por el Partido Popular- tendrán menos espacio fiscal para poder afianzar la recuperación y hacerla inclusiva, y las pensiones se verán nuevamente comprometidas. ¿Qué opinarán aquellas Comunidades estructuralmente infrafinanciadas que están gobernadas por el PP? Nada de esto parece importar al PP y a Ciudadanos quienes, con el rechazo al nuevo y más realista planteamiento, harán suya la infausta frase de su ministro de Hacienda preferido cuando, en 2010, dijo aquello de “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Un ejercicio de irresponsabilidad no sólo con el futuro económico de España, sino con las propias consecuencias de sus actos.

Pareciera que el nuevo PP y el viejo Ciudadanos se instalan en el “cuanto peor, mejor”, esperando revertir sus expectativas electorales a costa de los intereses generales.

Firman también este artículo:

Purificación Esteso Ruiz, economista y ex Interventora General del Estado y Antonio González González, economista y ex Secretario General de Empleo. Ambos son miembros de Economistas Frente a la Crisis.

Una versión de este artículo ha sido publicada en El País el pasado 25 de julio.

About Jorge Fabra Utray

Jorge Fabra Utray, Economista y Doctor en Derecho. Miembro de Economistas Frente a la Crisis Consejero y miembro del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear CSN Vocal Consejero de la Comisión Nacional de la Energía (2005-11) Presidente de Red Eléctrica de España (1988-98) Delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico (1983-88) Presidente de la Oficina de Compensaciones Eléctricas OFICO (1984-87) Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid (1981-83)

Deja un comentario






Share
Share