Skip to content

Penalizar el despilfarro

Share

José Molina (@ecoapiedecalle) Doctor en Economía, Sociólogo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis – Murcia

Observo con preocupación que mientras los presupuestos públicos siguen implacables con los recortes (por ejemplo, en tres años se ha reducido el 25% Las partidas en educación y servicios sociales) y las inversiones públicas o desaparecen o se ejecutan lentamente, al mismo tiempo padecemos un despilfarro vergonzante, enquistado en las cuentas públicas de las tres administraciones. Así lo ponen de manifiesto los niveles de deuda recientemente publicados. Somos el segundo país con más deuda exterior. En las autonomías, la deuda ha llegado a una situación de asfixia, a pesar de las ayudas por parte del ministerio de Hacienda.

Es el momento de poner las cosas claras: La utilización de un recurso económico de manera impropia o no racional, es un despilfarro, lo que los franceses llaman ‘gaspillaje’, y ambas tienen una enraizada práctica en nuestros pueblos. Se despilfarra de todo: agua, energía, alimentos, medio ambiente, esfuerzo educativo que ha de emigrar… Pero hay despilfarros que sangran para todos, cuales son los de los bienes comunes y públicos, incluyendo los despilfarros de los recursos presupuestarios.

Lo contrario del despilfarro es la conservación, el buen uso, la economía, la eficiencia, la eficacia y la ética en la gestión. Pero estos criterios fallan. Y cuando no se respetan los principios de la economía pública ni de la ética en su gestión, hay que aplicar el código penal. Así de claro. El despilfarro es perseguible y debe exigirse como un deber social.

En su intervención en el Congreso para presentar el informe del año 2012, la Defensora del Pueblo ya alertó de la necesidad de tipificar como delito penal el “despilfarro” de los caudales públicos porque, decía, “evitaría que se malgaste el dinero de todos, obtenido por las Administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas”. Instaba a que fuese obligatorio señalar, en cada proyecto de obra pública, todas las partidas previstas hasta su conclusión, considerando además como imprescindible que antes de realizar una nueva infraestructura se evalúe su uso social.

Son los excesos lo que hay que perseguir, excesos en proyectos inservibles, en campañas publicitarias de auto justificación de ciertas políticas, o las que tienen otros oscuros objetivos. Todas estas conductas, particularmente graves, dice la Defensora del Pueblo, deben tener una respuesta en nuestro código penal.

Porque hay que vigilar el manejo de los fondos públicos, seguía diciendo, con más control efectivo que los privados. Y terminaba afirmando que, además, la consecuencia jurídica final, debía perseguir “la inhabilitación para el cargo o función pública” de los despilfarradores de los caudales públicos. Lamentamos que en la Ley de Transparencia se haya perdido la oportunidad de incorporar esta petición de la Defensora del Pueblo.

En España existe la tradición de invertir ingentes cantidades en proyectos que ha resultado una ruina, los cuales han sido impulsados por políticos de una forma irresponsable, algo que en nuestro entorno de países de la UE habría sido inviable. Por eso no tenemos buena imagen como gestores. Las escandalosas inversiones realizadas por los gobiernos de Zaplana, Carlos Fabra, Camps, Valcárcel, Ruiz Gallardón, así como los impulsados por los gobiernos de Aragón, Cataluña, Andalucía, Galicia y muchos proyectos de infraestructuras como ha ocurrido con el AVE y aeropuertos provinciales, suscita un serio debate en este sentido.

No son cifras insignificantes: ‘La Caja Mágica’ costó 294 millones de euros (174 millones más de lo presupuestado) la Expo de Zaragoza cerró con un déficit de 504 millones y si repasamos los despilfarros regionales, nos encontramos tantas “desviaciones” que nos han elevado a ser los primeros endeudados, aunque se pretenda encubrir con la mala escusa que ha sido por el déficit social.

Por estas razones hay quienes proponen auditar la deuda. No para impagarla, como dicen algunos, sino para analizar los motivos de su emisión y poder explicar a la sociedad que hubo un tiempo en el que unos señores con poder político abusaron de la confianza de sus votantes y gobernaron con despilfarro, endeudándonos, imponiendo recortes sociales cuando la crisis puso de manifiesto el desgobierno que estaban realizando, porque esta crisis ha puesto en su sitio a los que nos han arruinado. Esperemos que la justicia, algún día, dictamine lo adecuado.

Este artículo fue publicado en el Diario La Verdad (11/12/2014)

About José Molina Molina

Doctor en Economía y Sociólogo, es Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

12 Comments

  1. juliorlopezJulio Roddriguez López el octubre 16, 2014 a las 4:50 pm

    Leyendo los ejemplos que se reúnen en este articulo esta claro que fallan los mecanismos de control presupuestario.
    Ademas, detrás de tales ejemplos están sobre todo las comunidades autónomas, respecto de las cuales todos los políticos de ámbito nacional (estatal, por supuesto, faltaría mas) se guardan bien de elogiar los grandes logros que han conseguido, empezando por el nuevo rey en su discurso de toma de posesión (haría falta que alguien estudiase cuales son tales grandes logros, aparte de ser unas administraciones publicas muy proclives al ladrillo como mecanismo unico y exclusivo de desarrollo económico).
    Se trata de establecer con claridad que estas administraciones publicas no pueden seguir instaladas en unos niveles de déficit y de deuda insoportables.
    El articulo es de interés por la realidad que contribuye a evidenciar

    • josemolinamol el octubre 16, 2014 a las 5:54 pm

      Gracias por tu comentario. Es evidente que hemos construido unas administraciones territoriales descontroladas en el gasto, y lo que es peor sin vocación de servicio, porque el ser servidores del gasto asumido en las competencias es muy aburrido, es una enfermedad contagiosa, le pasó a los banqueros, y a muchos otros cuando les entre el virus del «siempre más». En mi libro «Ciudadano y Gasto Público» puedes ver un desarrollo de estas ideas.

  2. Julián el octubre 16, 2014 a las 6:44 pm

    La palabra despilfarro es un slogan acuñado por la derecha privatizadora que se ha utilizado como excusa para justificar los recortes en los servicios públicos y para destrozar el incipiente estado de bienestar. Es una palabra que aborrezco.
    «Paro, despilfarro y corrupción» era el lema que utilizó Aznar para ganar a Felipe Gonzalez, y mientras pronunciaba estas palabras se financiaba con dinero entregado en sobres por contratistas.
    Despilfarro es la palabra que usa Cospedal para justificar el parón de las obras del nuevo Hospital de Toledo mientras enfermos mueren sin atención en los pasillos de urgencias del viejo hospital. Despilfarro es para Ignacio Gonzalez el hospital Carlos III, y por eso lo desmanteló y puso en riesgo la vida de decenas de sanitarios por contagio del ébola.
    Y por último, si se penaliza el despilfarro qué juez va a juzgar y decidir qué inversión era despilfarro y cuál era necesaria. Quién? Espejel, a la que Cospedal llama «concha»? O el presidente del Tribunal Constitucional, afiliado y pagador de cuotas como militante del PP.
    Sr. Molina, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con lo que dice.

    • José Molina Molina el octubre 17, 2014 a las 1:22 pm

      Se ha pervertido el lenguaje, estoy de acuerdo, pero periodisticamente, hay que utilizar lo que se entiende y recuperando su significado. Es hablar técnicamente del coste-beneficio de un proyecto, un programa, etc. Si se pueden establecer cuando un mal gestor ha pisado las rayas rojas. Gracias por tu comentario

  3. Pedro el octubre 16, 2014 a las 8:26 pm

    En primer lugar poner la raya donde se pasa al despilfarro para que sea punible ya es montarse una superproducción de Bollywood, que no tiene ni pies ni cabeza. En segundo si no quieres tener problemas presupuestarios, ya sabes lo que tienes que hacer. Y tercero a veces se nos olvida que el político más votado siempre ha sido el que la tenía más grande… la infraestructura. Así que la idea que se desliza en el artículo como comentario de bar ha estado muy bien.

    • José Molina Molina el octubre 17, 2014 a las 1:26 pm

      Se puede interpretar de muchas maneras, pero siempre es bueno reflexionar para mejorar lo que no funciona y es un escándalo. Gracias por tu comentario.

  4. administrador el octubre 17, 2014 a las 12:52 am

    Reblogueó esto en AsturGalicia Noticias.

  5. 7 el octubre 17, 2014 a las 2:08 am

    Reblogueó esto en Raciozinando.

  6. Lagartiho Andaluz el octubre 17, 2014 a las 7:36 am

    Yo, lo que creo es que han llegado a la política pillos y rufianes , aunque se vistan con trajes y corbata, cuyo objetivos son sus intereses y enriquecimiento, sea como sea, en algunos casos esa riqueza puede cubrir la vida del individuo y en otros casos hasta varias generaciones. Todo ello casi con total impunidad . Lo mas malo de todo esto escuela que creada para los que vienen detrás. En definitiva , unos por activos, y otros pasivos, en la política hay una panda de mangantes

    • José Molina Molina el octubre 17, 2014 a las 1:25 pm

      No podemos conformarnos con que nos gobiernen los más golfos, así que tenemos que denunciar por todos los medios. Gracias por tu comentario

Deja un comentario





Share
Share
Scroll To Top
A %d blogueros les gusta esto:

Necesitamos su aprobación al uso de cookies para mostrar vídeos, compartir en redes sociales y hacer estadísticas web. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar