Suárez: La dificil economía de la Transición política, 1976-1982

Por Julio Rodríguez López, miembro de Economistas Frente a la Crisis

La desaparición física de Adolfo Suarez ha renovado el interés por el periodo de la transición política en España, que vino a transcurrir entre 1976 y 1982. En lo económico,  dicha etapa fue un momento difícil de la economía española. Esta última  resultó afectada negativamente en los años setenta del pasado siglo,  en principio por la crisis mundial que había provocado  la subida de los precios de la energía desde  fines de 1973. En segundo lugar, la desconfianza empresarial  respecto de  los profundos cambios institucionales  debilitó la inversión privada, que disminuyó de forma continuada hasta bien entrados los años ochenta.

En diciembre de 1973 la OPEP elevó el precio del barril de petróleo de dos a diez dólares. A dicha  subida espectacular sucedieron posteriores elevaciones.. En los dos años siguientes se dispararon los déficits de balanza de pagos en numerosos países.  Las necesidades de adaptación al nuevo contexto de la oferta productiva redujeron el ritmo de crecimiento de la economía mundial de forma significativa. Numerosas actividades productivas sufrieron las consecuencias de los más altos precios energéticos, en especial la industria, donde se registraron importantes reducciones del número de puestos de trabajo y abundantes cierres de empresas.

 Tras crecer a un ritmo medio anual próximo al 7% entre 1961 y 1973, la economía española frenó casi a cero el crecimiento en el bienio 1974-75. Al inicio de 1976 tuvieron lugar los  violentos sucesos de Vitoria, derivados de la problemática socioeconómica. Tras  la designación real de Adolfo Suarez  como presidente de gobierno  en junio de 1976, el 1º de julio entró en funciones el primer gobierno Suarez. El 15 de diciembre de ese mismo año  se aprobó en referéndum la ley de reforma política, que abrió  la puerta a importantes cambios institucionales.

  En el primer trienio de la transición, 1976-78, la economía española creció a un ritmo medio anual del 2,6%. Sin embargo el empleo no se recuperó, sino que descendió  en más de 400.000 puestos de trabajo  en dicho periodo, según la EPA. Los desequilibrios más problemáticos fueron los de balanza de pagos y de inflación. El aumento medio anual de los precios de consumo  fue del 20% en el trienio mencionado y hubo déficit exterior en 1996 y 1997. Este último se pudo corregir en 1978,   ayudado por las dos importantes devaluaciones de la peseta  realizadas en 1976 y 1977.

La política económica del gobierno contó entonces con la buena capacidad de comunicación del profesor Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del gobierno. En agosto de 1977 se aprobó el Real Decreto 2290/1977 de reforma de las cajas de ahorros, que equiparó prácticamente la operativa de dichas entidades de crédito con la de la  banca. La fuerte inflación dominante   hizo aconsejable  consensuar los aspectos más relevantes de la política económica con las fuerzas políticas emanadas de las primeras elecciones democráticas celebradas en junio de 1977, las primeras  después de la guerra civil.

En dichas  elecciones generales apareció un importante voto para los partidos de izquierda. Estos últimos  fueron el autentico interlocutor del gobierno para llegar a  los Acuerdos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977 prácticamente por todas  las fuerzas políticas.  El contenido de dichos  Acuerdos, que  supusieron mucho más que un simple ajuste coyuntural de la economía, incluía una serie de notables reformas estructurales para la economía española, entre ellas  la construcción de centenares de escuelas para reforzar la escolarización de los niños españoles.

Los Acuerdos impulsaron el consenso sobre la política económica en el momento de redactar la Constitución Española de 1978  y  permitieron que esta fuese una ley de todos y no la del partido político en el poder (José Luis Leal, “Los acuerdos de la Moncloa”, El País, 24.10.1987). La Constitución consagró la economía de mercado para España, pero permitía una fuerte presencia potencial del Estado. Se  puede hablar del carácter “mixto” del modelo  implícito en  la misma.

La intensa elevación de los precios del petróleo en 1979, tras el cambio político en Irán, acabó a nivel mundial con la recuperación  de 1976-1978. A partir de 1979 reapareció de nuevo el desequilibrio de balanza de pagos en la economía española, en la que se acentuó  la caída del empleo y  se hizo mayor el descenso de la inversión privada. La recaída económica y la fuerte división existente en el seno del partido del gobierno, la UCD, prepararon el camino a la dimisión de Suarez y al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

 Por aquellos años la imagen que se presentaba de la etapa del gobierno de Franco por parte de los enemigos de la democracia  era la del periodo 1961-73, de  elevado crecimiento. Se silenciaba  la dura etapa autárquica comprendida entre el final de la guerra civil y 1959, año del Plan de Estabilización. Resultaba fácil achacar el empeoramiento económico no a la crisis mundial y a las modificaciones en los  procesos productivos a que obligaban los más altos precios de la energía, sino a los cambios políticos que implicaba el camino de la democracia.

  Además, lo que los empresarios españoles de 1978  entendían como “economía de mercado” no coincidía  con lo habitual en los  países occidentales desarrollados (Pedro Martínez Méndez, “El proceso de ajuste de la economía española”, Banco de España, Estudios Económicos, nº 23).  Suarez  tuvo que  trabajar   no solo “a la sombra de las bayonetas”, sino en un contexto económico  en el que  destacó   la incertidumbre de los empresarios y su inquietud ante una nueva situación a todas luces  menos cómoda que la del  régimen político anterior. La transición  transcurrió, pues,  un tanto “a la sombra del empresariado”.

Una versión más reducida de este articulo se publicó en la revista semanal “El Siglo” de 31 de marzo de 2014.