¿Cuál es el auténtico saldo de la hucha de las pensiones?

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Fernando de Miguel, economista, es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones y el agotamiento del Fondo de Reserva se ha intensificado últimamente a raíz de la decisión del gobierno de acudir a un préstamo para el abono de la paga extra de junio, por las previsiones efectuadas en el dictamen de la Autoridad Fiscal (AIREF), así como por la publicación de las recomendaciones efectuadas por el FMI.

La conclusión de estos informes es que el actual agotamiento de la denominada  hucha de las pensiones y la evolución prevista de déficit de las pensiones durante los próximos años, exigirá limitar, por efecto de la Reforma  de 2013, el incremento anual de las pensiones  al 0,25%, sensiblemente por debajo de la inflación esperada y, según la AIREF, provocará una pérdida de su poder adquisitivo  del 7% hasta 2022.

Adicionalmente, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a partir de 2019, que ligará la pensión inicial a la esperanza de vida, ampliará esta pérdida de poder adquisitivo.

El FMI, por si esto fuera poco, propugna “trabajar más tiempo y fomentar el ahorro complementario” (fondo de pensiones privados).

En todo caso, todos (Gobierno, AIREF y FMI) anticipan que es difícil establecer estimaciones más allá de 2022 y se sugiere que pueden ser necesarias medidas adicionales de recorte.

El argumento que se esgrime es que, agotada la hucha de las pensiones y previéndose un déficit de larga duración del sistema, no es posible financiarlo, dado que ha de atenderse con sus propios recursos y estos no tienen capacidad para hacerlo.

Pero lo cierto es que las pensiones son derechos subjetivos de los ciudadanos y su consideración es el de gasto obligatorio, constitucionalmente reconocido y, por tanto, deben ser atendidas en su integridad y, además, esos derechos subjetivos, no son solo obligaciones básicas del Estado, sino que están respaldados por las cotizaciones efectuadas por estas generaciones, que han acumulado un fuerte superávit durante su vida activa, que permite y obliga a satisfacer sus pensiones, utilizando, para el fin para el que se creó, el fondo económico que han generado.

En efecto, si analizamos las Cuentas Oficiales de la Seguridad Social desde 1977, año que finaliza la denominada generación del baby-boom(1958-1977), de nacimientos en niveles máximos y sus primeros contingentes ya incorporándose al mercado, hasta  2016 (último cerrado), podemos observar que los ingresos por cuotas para contingencias comunes, frente a las prestaciones contributivas pagadas a los cotizantes, tienen un fuerte  superávit en todos los años hasta 2010, donde aparecen los primeros déficits por efecto de la crisis económica.

Esta circunstancia es totalmente lógica, al encontrarnos en los inicios de un sistema de pensiones integrado (R. D. Ley 36/1978), con gran aportación de efectivos y con mucha vida activa pendiente (hasta los años 2022 al 2042) y relativamente pocos compromisos derivados de los regímenes anteriores.

El fondo acumulado de este periodo, capitalizado con el rendimiento medio de la deuda pública asciende, nada menos, que a 595.917 millones de euros (Cuadro nº1).

Este extraordinario flujo a lo largo de 40 años ha sido utilizado para financiar, desde la sanidad (hasta 2003), a prestaciones asistenciales y, en general, a formar parte de la financiación del Presupuesto General del Estado, sin que hasta el año 2000 se crease formalmente el Fondo de Garantía de las Pensiones (hucha de las pensiones), aunque con  aportaciones muy inferiores a los superávits del sistema y que, junto a sus ingresos financieros, llegó a alcanzar un importe de 66.815 millones de euros. Un 11,2% del fondo realmente generado por los superávits del sistema de pensiones.

Evidentemente el “mantra” de que se ha agotado la hucha de las pensiones no responde en absoluto a la realidad.

Una cosa es que el fondo no esté “en caja” y otra bien distinta es que no exista. Existe como derechos de crédito del sistema de pensiones frente al Presupuesto que, lógicamente, ha usado esos fondos para financiarse temporalmente, evitando incrementar la deuda pública. De forma similar que cualquier banco, que no tiene “en caja” los depósitos de sus clientes, sino prestados a terceros, sin que esto límite el derecho de recuperarlos cuando se necesite.

El importe de estos 595.917MM€, capitalizados a un modesto tipo real del 2% y detrayendo cada año el déficit previsto del sistema, partiendo del de 2016 y  teniendo en cuenta el crecimiento del número de las pensiones, según los datos reales del INE, por los que van entrando en la edad de jubilación, manteniendo los importes en términos reales y sin incluir el factor de sostenibilidad, es decir, excluyendo los graves recortes de la Reforma de 2013,  permiten estimar un saldo positivo más allá de 2042, concretamente hasta 2045 (Cuadro nº2).

A partir de estos años el gasto en pensiones se reduce rápidamente, por el fin de las jubilaciones del baby-boom y la llegada de generaciones de la más baja natalidad de la historia.

En conclusión, el legítimo derecho de los pensionistas a no ver fuertemente rebajado el nivel adquisitivo de su pensión y no soportar ningún nuevo recorte, es un derecho económico constituido por sus cotizaciones, además de pura justicia social reconocida, que ya sería razón suficiente.

No es pues de extrañar que cuando de forma tergiversada se cuestiona el derecho a sus pensiones a los pensionistas, actuales y futuros, estos puedan razonablemente  replicar “y que hay de lo mío”.

31/07/2017

5 Comments

  1. Me parece un planteamiento poco realista y poco progresista también. El querer dar marcha atrás a la manivela de la historia es peligroso. Cierto es que en épocas de crecimiento, con incrementos salariales y de la tasa de actividad sobretodo femenina (por la incorporación masiva de la mujer al trabajo décadas después de la media europea por aquello del nacional-catolicismo) permitieron financiar la sanidad y mejorarla (gran hito) y empezar con otro tipo de pensiones no contributivas para no tener a mucha gente condenada a la pobreza extrema. Una vez el ritmo de cotizantes por pensionistas decrece y no crece como sucedía en la época referida hay que buscar soluciones factibles y no creo que inventarse que los españoles que trabajan en condiciones cada vez peores deban 600.000 millones de euros a los actuales pensionistas porque de sus cotizaciones se pagaron otras cosas. Si se diese esa afirmación por cierta también podría ponerse en duda muchos derechos adquiridos por los ya actuales pensionistas, porque es obvio que la ley que sacaba la base reguladora de los 2 úlitmos años trabajados permitió a mucha gente jubilarse con pensiones para muchos años muy superiores a su sueldo de toda la vida. De ahí el enfado de Nicolás Redondo cuando la reforma que pasó el cómputo a 8 años privó a mucho delegado sindical de cambiar 2 añitos finales de paz en la empresa por una superpensión. Tampoco 8 años reflejan una media real de “lo cotizado”, ni los 15, y tal vez algo más los 25 años que contarán ahora, aunque siguen primando a quien le va bien al final y machacando injustamente a quien le va bien al principio pero sufre el paro de mayor.
    No creo que sea positivo abrir conflictos generacionales. Si está en discusión aquello creado con las cotizaciones sociales como la sanidad y de lo que también se beneficiaron los trabajadores en activo en aquel entonces y hoy jubilados, también son cuestionables los importes de buena parte de las pensiones que hoy se están cobrando.

  2. (sigo).
    Por otra parte analizando los ingresos del estado en esa época de fuerte superávit en las cotizaciones y cuando de esas cotizaciones se pagaron pensiones no contributivas y la sanidad uno se percata de que o bien no había aún IRPF o se implantó y a pesar de los tipos tenía poca contribución en términos del PIB (muchos años muy lejos del 6-7% sobre PIB habitual los últimos años) así como o bien no había IVA o bien lo había cuando empezó con unos tipos menores. A su vez había cosas que hoy nos parecen surrealistas como desgravación en el IRPF por invertir en segunda vivienda. Por tanto, ¿cuándo el autor dice que se deben 600.000 millones de euros por haber pagado con un tipo de ingreso (cotizaciones sociales) cosas que hoy no se financian con impuestos no debería también restropectivamente afirmar que esos cotizantes de ese período deben en forma de otros impuestos (IRPF e IVA) incrementados a presiones fiscales actuales por aquellos servicios que se pusieron en pie o mejoraron considerablemente y que ellos también disfrutaron?

    Resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones requiere de soluciones prácticas, análisis ponderados sobre el pasado, y reconocimiento de debes y haberes de cada generación buscando un equilibrio. Yo no veo problema en asumir que no es posible asumir tasas de reemplazo del 90% como sí lo era en el pasado. No veo problema en buscar un sistema que nos lleve al 65%, a lo mejor con cierto sacrificio por arriba asegurando un mejor mínimo y dificultando el máximo mejorando la igualdad. Creo que no es injusto que los que nos vayamos cotizando a partir de ahora (me quedan 2 décadas) cobremos con menor tasa de reemplazo, porque el estado nos ha dado más cosas: mejor sanidad, oportunidades educativas que no tuvieron la inmensa mayoría de los ya jubilados, mejores infraestructuras y movilidad, etc.

    Me gustaría que en este país pudiese haber un gran acuerdo sobre un tema que nos afecta por igual a todos. Todos los partidos tienen votantes y militantes en todos los niveles de renta e historiales de cotización. Si muchos países a los que admiramos por el nivel de sus estados del bienestar conseguidos han logrado amplios acuerdos, así debería ser posible en España.

  3. Estimado Juan,
    Algunas consideraciones a tu comentario:
    • Comenzaré por las conclusiones. La tesis final que aparece en tu nota es una clara aceptación de la necesidad de disminuir la capacidad adquisitiva de las pensiones en un porcentaje muy significativo. Por el contrario la tesis central del artículo es la defensa del derecho de los pensionistas, pasados, actuales y futuros al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de sus pensiones, no sólo por motivos de estricta justicia social y legalidad, sino porque, desde un punto de vista generacional, las pensiones están garantizadas financieramente por sus propias aportaciones. De ahí la obligación del estado de satisfacer íntegramente sus importes.
    La aceptación de reducir el importe de las pensiones, respecto de los salarios medios de los que provienen, es especialmente grave dada la situación actual y la evolución previsible, con unos elevados porcentajes de trabajadores con fuertes periodos de desempleo y salarios precarizados (trabajadores pobres) que auguran unas pensiones contributivas bajas, esta reducción puede llevar a generalizar las pensiones asistenciales. En estas condiciones, la recomendaciones, entre otros, del FMI de suscribir fondos de pensiones privados, cuando hay salarios de subsistencia, es un imposible.

    • En segundo lugar, es obvio que los trabajadores del periodo denominado baby boom (actualmente entre 40 y 59 años) disfrutaron de los servicios públicos derivados de los presupuestos que fueron financiados parcialmente con su fondo. Igual que lo hicieron los de las generaciones anteriores y posteriores dada su financiación básica generalista (impuestos y deuda pública).
    El hecho de que se utilizasen los superávits del sistema de pensiones temporalmente para minorar el recurso a la deuda pública, no desvirtúa el carácter finalista de las cotizaciones para atender las pensiones. Es más, si se hubiese mantenido el fondo de forma separada y se hubiese emitido el importe del superávit en deuda pública a largo plazo cada año (financiando íntegramente cada presupuesto), está podría haber sido comprada con el fondo, capitalizándose como se indica en el artículo.
    De haber sido así, hoy tendríamos vencimientos de deuda que nadie pondría en duda que hay que atender y, simultáneamente, nadie pondría en duda que la financiación temporal del déficit del sistema de pensiones, provocado primero con la crisis y en el próximo periodo por las jubilaciones de la generación “baby boom”, estaba garantizado por el fondo constituido.
    • Por último creo que no debemos perdernos, en esta reflexión más general, en casos concretos de pensiones posiblemente mal acreditadas, ni entrar en otros en los que el sistema privó injustamente de una pensión digna a quienes sufrieron la picaresca de empresas que no efectuaron la cotización de sus trabajadores, quienes perdieron sus trabajos a edad madura y sus últimos años rebajaron drásticamente su pensión , etc….

  4. Fernando, reconocer que en el futuro habrá que aceptar menores tasas de reemplazo de la pensión neta (los suecos lo han hecho) NO ES reconocer que deberá haber pensiones más bajas. Puede elevarse el nivel salarial si hay un cambio de modelo productivo que eleve el nivel de empleos y sueldos de forma que una pensión con menor reemplazo por tomar en cuenta toda la evolución de la vida laboral sea en términos de poder adquisitivo mayor a la actual.
    Una opción progresista debería encaminarse a blindar el mínimo, justo para cubrir dignamente a los que no van a poder ahorrar de otra manera, que no asegurar pensiones máximas por encina de la media europea (cuando lo salarios no lo son) a los que sí hubiesen podido ahorrar.
    No creo que se deba generar “post-verdad” sobre el superávit pasado de la seguridad social cambiando las cosas que se financiaban antes por las actuales. En el imaginario colectivo la gente aún paga “su sanidad y su cartilla de la seguridad” como algo asociado a las cuotas. Si entonces se hubiesen publicado los resultados de la seguridad social en términos de cotizaciones – prestaciones contributivas, el enorme superávit del que ahora hablamos se hubiese convertido en una presión brutal de empresarios y hasta de trabajadores para bajar las cotizaciones para ganar más cada parte (seguramente más la empresarial).
    Por último, para mí sí que es relevante que mucha gente con pensiones muy altas y muy reivindicativa de “lo que ha pagado” se pudiese desenmascarar aunque sea en una carta sin efectos sobre la pensión, pero que le aclarase cual sería su cómputo con la actual normativa y las de transición a la actual. Y a efectos de comprensión de las fallas del sistema si que sería bueno que se supiese cual es el nivel de sobreesfuerzo en las prestaciones que están siendo pagadas obtenidas por la vía de la ingeniería previsional.

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