La amenaza sobre las pensiones públicas: el lastre de una mala recuperación

Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, y Antonio González, economista. Ambos son miembros de Economistas Frente a la Crisis

En las últimas semanas se han publicado diversas informaciones que reflejan la difícil situación presente y el sombrío futuro del sistema público de pensiones. Tratándose de una materia tan sensible para los ciudadanos, sorprende la escasa atención que recibe el asunto de una opinión pública que parece haberse conformado con los análisis poco halagüeños de aquellos ‘expertos’ menos proclives a la preservación del actual modelo de pensiones. La relativa proximidad de las elecciones generales parece una ocasión propicia para que los diferentes partidos políticos –viejos y nuevos– ofrezcan a la ciudadanía un diagnóstico y una estrategia para abordar los problemas y desafíos de la que constituye –no lo olvidemos– la pieza principal del Estado social. Y en este debate debemos exigir que no baste con que algunos señalen que el sistema no es sostenible en los términos actuales, sino que han de explicar las consecuencias que los cambios (recortes) que proponen tendrán para los pensionistas y para el conjunto de la sociedad. De la misma forma que tampoco puede ser suficiente la expresión de un firme compromiso con el actual modelo; es necesario precisar cómo se garantiza.

I- Diagnóstico. Actualmente las cuentas de la Seguridad Social sufren un fuerte desequilibrio. En 2014 fue necesario utilizar 15.300 millones de euros del Fondo de Reserva para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, y ello a pesar de la incipiente recuperación del empleo y del número de cotizantes. Las previsiones indican que el ejercicio 2015 sólo será un poco mejor –menos malo– a estos efectos, lo que podría dejar el nivel del Fondo de Reserva en el entorno de los 30.000 millones a finales de este año. Siendo esta una cantidad apreciable en términos absolutos, no lo es tanto para la Seguridad Social: primero, porque no cubre siquiera el equivalente a cuatro mensualidades de pensiones contributivas; y, segundo, porque su volumen se reduce a gran velocidad como demuestra el que hace sólo tres ejercicios alcanzaba los 70.000 millones de euros.

¿Por qué un deterioro tan rápido? Cabría manifestar cierta extrañeza ante dos circunstancias no menores que ralentizan el crecimiento del gasto en pensiones y que, en tal sentido, deberían favorecer el equilibrio del sistema. De una parte, hay que recordar que los ajustes paramétricos introducidos por la reforma consensuada de 2011 del Gobierno de Zapatero (elevación de la edad de jubilación, ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y otras modificaciones que hicieron más exigente el acceso a la pensión) ya han comenzado a aplicarse de forma gradual y, por tanto, a producir efectos. A los cuales hay que sumar otros cambios tan polémicos como la nueva regulación de la jubilación anticipada de 2013, más estricta en edad y en el número de años cotizados exigidos. De otra parte, no debe pasarse por alto que la cuantía de las pensiones lleva dos años prácticamente congelada (subida del 0,25% en todas las modalidades), lo cual supone la contención de una partida que, acumulada, representa casi una cuarta parte (23,4% en 2014) del gasto total en pensiones. Pero lo cierto es que el gasto sigue creciendo, y lo hace como consecuencia de un proceso de maduración del sistema de pensiones, es decir, del denominado factor demográfico (se incrementa el número de pensionistas por la evolución natural de la población) y del efecto sustitución (la cuantía de las nuevas pensiones es superior a las de aquellos que fallecen).

En realidad, la principal causa del desequilibrio actual de las cuentas de la Seguridad Social está en los ingresos que, pese al cambio de ciclo, apenas se recuperan, o al menos lo hacen lentamente, con mucha menos intensidad que el empleo. Por varias razones. Primero, por la proliferación de medidas de reducción en la cotización con las que se desarrollan políticas de empleo de más que dudosa eficacia (tarifa plana, mínimo exento de 500 euros) y cuya financiación debería correr por cuenta del Estado y no de los ingresos del sistema de pensiones. Segundo, porque los recortes en la protección por desempleo y la consiguiente caída de la cobertura por debajo del 55% de los parados registrados afectan negativamente al número de cotizantes, dado que la protección contributiva por desempleo incluye el pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Y, tercero, y sobre todo, por el proceso de devaluación salarial que está sufriendo la población trabajadora y cuyos efectos van a prolongarse en el tiempo. Sólo como botón de muestra, en 2014 la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en un 2,55%, mientras que el crecimiento de las cotizaciones no llegó al 1%. Una evolución que se consolidará si atendemos a las estimaciones para los próximos años de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Opinión 25 noviembre 2014), que incluyen que en 2015 “… con toda probabilidad los ingresos de la Seguridad Social quedarán muy por debajo de lo previsto en su presupuesto” (Informe 31 marzo 2015).

II- ¿Soluciones? La suma de estos dos elementos –progresivo agotamiento del Fondo de Reserva y pírrica recuperación de los ingresos provenientes de cotizaciones– suscita el interrogante de cómo hacer frente a la situación en el corto y en el largo plazo. Parece evidente que en el presente y en el futuro más inmediato afloran las debilidades de una recuperación engañosa de la afiliación: porque, entre otros efectos negativos, ese empleo de mala calidad con salarios más bajos es veneno para las pensiones, para financiar las actuales y para generar derechos más adelante. Así pues, se hace urgente corregir el desaguisado del mercado de trabajo –abuso de la contratación temporal y parcial, despidos en masa– también con el fin de recuperar el nivel de ingresos que permitió generar importantes excedentes en un corto periodo. Y el tiempo apremia, pues el Fondo de Reserva podría agotarse en los próximos cuatro o cinco años.

Más allá de este problema coyuntural –ciertamente, no menor–, debemos enfrentarnos a los retos del largo plazo ligados fundamentalmente al envejecimiento de la población, un cambio demográfico extraordinario que ha de resultar del alargamiento de la esperanza de vida y, especialmente, de la jubilación de la generación más grande de nuestra historia, la del baby boom. La estimación de que la población mayor de 65 años vaya a doblarse de aquí a mitad de siglo ha llevado a muchos a afirmar que el sistema es insostenible en su configuración actual y que, por tanto, el recorte de las pensiones (públicas) es inevitable. Pero ¿realmente lo es? ¿Qué opinan los que gobiernan y los que aspiran a gobernar? La postura más clara a este respecto es la del PP. El Gobierno de Rajoy aprobó en 2013 una reforma que responde a ese planteamiento catastrofista: la nueva fórmula de revalorización de las pensiones y el novedoso factor de sostenibilidad implican una reducción de la cuantía de las pensiones como sacrificio necesario para el mantenimiento de un sistema público de reparto. Pero no se trata de un mero ajuste, sino de una auténtica ruptura del actual modelo, tal como pone de manifiesto que la previsión del Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad recién aprobado sea que en 2050 gastaremos en pensiones casi lo mismo que hoy (11,8% del PIB) con la particularidad de que los mayores de 65 años serán previsiblemente más de 15 millones en lugar de los 8 millones actuales

En nuestra opinión, ése es un camino equivocado; hay alternativas. Como punto de partida, ha de tenerse en cuenta que nuestro nivel actual de gasto en pensiones es moderado en términos comparados y que, recuperando la regulación previa a la reforma de 2013 del Gobierno Rajoy la evolución futura es asumible: dedicar un 14% del PIB (previsión más alta en 2050, con una acentuada caída a continuación) es menos de lo que hoy gastan Francia, Italia o Austria. Eso sí, para ello es imprescindible incrementar los ingresos de la Seguridad Social y, en concreto, los de aquellos provenientes de la aportación del Estado. Nosotros apostamos por la creación de un impuesto –inspirado en la contribución social generalizada francesa – que gravara todo tipo de rentas y que tuviera carácter finalista, pues se dedicaría exclusivamente a financiar el desequilibrio del sistema asociado al incremento (temporal) del número de pensionistas.

 

 

 

4 Comments

  1. Estoy en cosas de acuerdo y cosas en desacuerdo del artículo. Respecto a las medidas de “dudosa eficacia” respecto a nuevos autónomos y emprendedores igual el problema es que se han implementado ya en el peor momento. Un paso del modelo autónomo al sistema francés por una parte combinaría el efecto de pago pequeño cuando no hay mucha actividad pero acabaría con las cotizaciones bajas respecto al total de rentas que se dan en autónomos ya establecidos y que además acaban siendo perjudiciales para los mismos ya que acaban deviniendo en una pensión baja.

    Respecto al sistema, hay que recordar que la ley tenía previsto aumentar las pensiones de viudadad del 52% al 60% y no se hizo. Dado que los gastos fijos como la electricidad, comunidad de vecinos, IBI, se incrementan por encima de la inflación, esto destroza el poder adquisitivo de las pensiones bajas que perciben mayoritariamente viudas.

    Entre las medidas a implementar se podría seguir el seguir desligando pensión máxima de base de cotización máxima (destope), algo que van haciendo PSOE y PP.
    Respecto a impuestos finalistas hay sugerentes propuestas (Fernando Scornik y otros) de establecer el impuesto a las rentas de la tierra. http://blogs.publico.es/dominiopublico/13280/cuando-un-impuesto-no-es-un-impuesto/

  2. Esclarecedor artículo que deja muy claro el propósito del PP de acabar con el actual sistema público de pensiones. A lo mejor pretenden que los asalariados de 800 euros se paguen un sistema privado.

  3. Creo que el sistema de pensiones debe reformarse totalmente.
    las pensiones deberían pagarse directamente de los presupuestos generales del estado.
    Que los aumentos de las pensiones deberían estar sujetos al aumento o disminución del PIB., garantizando una pensión mínima inamovible, que garantice una vida digna para cualquier jubilado.
    Y que dejen de amenazar con las pensiones privadas los buitres de los banqueros, con el apoyo de esos rastreros que fabrican leyes a medida de los poderosos, en detrimento de la ciudadanía.
    Reforma fiscal de justicia.
    Gravámenes del cien por cien del patrimonio por delincuencia fiscal.
    Los que utilizan los paraísos fiscales a la cárcel, resarciendo al estado económicamente por sus delitos.
    Abolición de las Sicab.
    solo impuestos directos,
    etc,etc,

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