Más allá de París: La hora de los ciudadanos

Por Cristina Narbona, ex Ministra de Medio Ambiente y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Tras dos intensas semanas de negociaciones, la COP 21 ha concluido con el que era -seguramente- el único acuerdo aceptable por los 196 gobiernos presentes.

Se trata de un pacto ambicioso en su objetivo global de largo plazo, consistente con la alarma lanzada por la comunidad científica, pero, a la vez, el Acuerdo es extremadamente flexible en la definición de las herramientas necesarias para alcanzar dicho objetivo, entre otras el establecimiento de objetivos concretos de reducción de cada país. 

Esta flexibilidad ha permitido que, a cambio, el Acuerdo sea vinculante sobre las metas y los elementos fundamentales del proceso : en particular, la rendición de cuentas cada cinco años por parte de todos los países, para evaluar si la reducción global de las emisiones de CO2 se ajusta al objetivo final de mantener dicho nivel “muy por debajo” del aumento de 2 grados sobre la temperatura de la etapa preindustrial. 

La” ambición”, recogida en el texto, para que el aumento de la temperatura del Planeta no supere los 1,5 grados, refleja la creciente concienciación a escala mundial sobre los ya evidentes y gravísimos efectos del calentamiento global, mucho más dañinos en los países más vulnerables.

Y es que la necesaria equidad global -o “justicia climática”- se ha ido abriendo paso, a lo largo de los años, en las negociaciones internacionales sobre cambio climático.

Cada vez se ha puesto mas énfasis en la asimetría entre los países más desarrollados,-cuyo modelo económico ha provocado la mayor proporción del CO2 acumulado en la atmósfera- y los países menos desarrollados que, a pesar de su reducida contribución histórica al calentamiento global, sufren ya de manera dramática sus consecuencias.

Una asimetría injusta que, según el Acuerdo, debe ser corregida mediante un compromiso reforzado por parte de los países mas ricos en materia de financiación y de transferencia de tecnologías limpias para los países más pobres, así como de compensaciones por los daños provocados por el cambio climático en los países más vulnerables. 

Una asimetría que debe corregirse también mediante reducciones más intensas en las emisiones de CO2 de los países con mayor responsabilidad, que tienen ahora la obligación (sin duda más moral que jurídica) de implementar, lo antes posible , la hoja de ruta establecida por el Acuerdo.

La pelota está ahora en el tejado de los gobiernos, ya que la suma de los compromisos presentados por 188 países llevaría a un incremento de la temperatura media del planeta de unos 2,7 grados, incompatible con la vida humana en amplias zonas del Planeta. 

Por lo tanto, de forma inmediata, cada gobierno tiene que comenzar a diseñar medidas que le permitan ir más allá de la contribución presentada en la COP21, de forma que pueda comunicar sus nuevos objetivos en 2017,  para que en 2020 se integren en la primera revisión del Acuerdo de París.

El incumplimiento de lo pactado en la COP 21 no comporta ningún tipo de sanciones, más allá del descrédito de aquellos gobiernos que ratifiquen formalmente el Acuerdo de París sin adoptar después las decisiones pertinentes.

Por eso, mas allá de París, ahora es la hora de los ciudadanos, ya que las únicas sanciones previsibles serán de naturaleza política. Solo la movilización y la presión social pueden asegurar el éxito del Acuerdo de París.

Es crucial, por lo tanto, que los ciudadanos estén adecuadamente informados sobre la trascendencia de la lucha contra el cambio climático; y, sobre todo, que sean proactivos: plenamente conscientes y responsables de las consecuencias de sus propias decisiones -qué tipo de energía consumir, qué medios de transporte utilizar…- y exigentes frente a las actuaciones de las empresas y de los gobiernos (municipales, regionales, nacionales…) 

Traduzcamos todo ello al caso del gobierno de España, que ha mantenido un perfil muy bajo durante la negociación en la COP21, escudándose en su condición de país miembro de la UE, a diferencia del liderazgo demostrado por ejemplo por Alemania y, por supuesto, por Francia. No es de extrañar, puesto que España llegaba a esta cumbre con notables incumplimientos de sus compromisos precisamente en el ámbito de la UE: la Comisión Europea acababa de corregir a la baja el dato aportado por nuestro Gobierno sobre el porcentaje de energías renovables en relación con el consumo total de energía en 2014, igual que sucedió con el dato de 2013.

De acuerdo con la valoración de la Comisión Europea, si no existe un cambio radical en la política energética española, España no podrá cumplir en 2020 su obligación de alcanzar un 20% de energías renovables sobre el consumo final de energía, como consecuencia de los cambios regulatorios con carácter retroactivo aprobados desde el inicio de la legislatura -con el lamentable precedente en 2010 de una primera decisión del ministro Sebastián en la misma dirección-. Dichos cambios han arruinado a miles de pequeños inversores  e incluso a empresas grandes y medianas, han comportado la destrucción de más de 70.000 empleos… y han justificado una veintena de juicios por parte de inversores nacionales y extranjeros contra el gobierno español ante instancias internacionales. España tampoco está cumpliendo las Directivas europeas en materia de ahorro y eficiencia energética. Todo ello – unido a una ineficiente y demagógica política de subvenciones al uso del carbón – explica el incremento de emisiones de CO2 registrado en 2014 en nuestro país: un cambio significativo de la tendencia a la reducción iniciada en 2005. 

La ciudadanía debe pues ser consciente del desafío que le espera al próximo gobierno de la nación desde el primer día de la nueva legislatura, y expresar también, a través de su voto, la confianza que le merecen en esta materia las diferentes opciones en liza

 

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