Acerca del factor de sostenibilidad de las pensiones, por Santos Ruesga

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Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de Economistas Frente a la Crisis

NdE.: Santos Ruesga formo parte del comite de expertos, siendo el unico que ha votado en contra del informe encargado por Empleo para aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones

En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español.

Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación.

Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un mix de ellos. Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho publico a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.

Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos,  a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo convenidos con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso esta hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada. El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.

No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social.

Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, o mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060. A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional, por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en un nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro.

Tocaba, a  mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran por el lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia.

Ya se que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el  camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión. El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica.

10 Comments

  1. asturgalicia el junio 13, 2013 a las 11:23 am

    Reblogueó esto en AsturGalicia Noticias.

  2. saiwalker el junio 13, 2013 a las 4:50 pm

    Yo, tras leer el documento, me vino a la cabeza la direccionalidad que está tomando la política económica durante los últimos años. El objetivo del Sector público ya no es la provisión de una serie de bienes y servicios, adaptando su funcionamiento a dar una cobertura mínima a la sociedad. Ahora, es la sociedad la que debe adaptarse a la gestión y situación de las cuentas públicas (que la sociedad financia, por cierto), independientemente de la capacidad adquisitiva que posea. Lo más preocupante es que la sociedad debe asumir y aceptar este cambio y pérdida de coberturas y, por supuesto, no intentar depurar responsabilidades en los gestores públicos (pasados, presentes y futuros) que han hecho «insostenible» un sistema anteriormente sostenible que al parecer está a punto de desaparecer.

  3. JULIO.R.LOPEZ el junio 13, 2013 a las 5:38 pm

    Excelente trabajo, que aclara cosas que parecen olvidarse, sobre todo cuando se oye decir con frecuencia que es un clamor la petición de bajar impuestos.

  4. Ramón R. el junio 14, 2013 a las 12:02 pm

    Hay que agradecer al profesor Santos Ruesca su posición de rechazo al resultado del trabajo del Comité de expertos cuya propuesta de reforma lleva a una pendiente de disminución permanente de las pensiones y a la jibarización final del sistema de pensiones públicas. A mi entender la suya es la única posición plausible.
    Se está magnificando el riesgo para el equilibrio financiero del sistema público de pensiones debido al alargamiento de la esperanza de vida y al incremento progresivo en un futuro cercano de las entradas al sistema de nuevos pensionistas, con importes medios supuestamente más altos de pensión, factores que inciden en el incremento del gasto, dejando en segundo plano el que viene por la parte de los ingresos, que se ven lastrados por un desempleo duradero en niveles insoportables de la población activa (disminución del número de cotizantes del sistema) y por la disminución generalizada de los salarios (reducción de las bases de cotización del sistema), como consecuencia de las políticas de austeridad y de consolidación fiscal a ultranza, que impiden la salida de la recesión y el aumento del empleo y de las políticas de devaluación interna de rentas (que sin embargo no impiden el incremento de los precios).
    No puede pretenderse que con esas políticas los balances de la Seguridad Social en pensiones sean positivos y sin embargo son las mismas recetas que pretenden aplicarse al sistema de pensiones públicas: equilibrio presupuestario como único objetivo, ya que el objetivo de mantener o incrementar el importe de las pensiones para asegurar mayores niveles de bienestar a los pensionistas -o simplemente niveles aceptables- está descartado, y consecución del equilibrio en base a la disminución del gasto (pensiones más bajas) en caso de ingresos internos descendentes.
    En un horizonte de mayor esperanza de vida, incremento de la relación pensionistas / cotizantes y efectos negativos de la recesión sobre el nivel de empleo y los salarios, con la aplicación conjunta de la fórmula FEI (Factor de “Equidad” Intergeneracional), y de la fórmula FRA (Factor de “Revalorización” Anual) el equilibrio del sistema se automatiza en un resultado de niveles cada vez menores de pensiones de jubilación, con importes cada vez más desvalorizados, y el objetivo buscado –equilibrio presupuestario- se cumple automáticamente.
    Sin embargo la perspectiva del sistema actual de indexación de las pensiones nominales al incremento del IPC parte de una filosofía diferente: debe mantenerse como mínimo el poder adquisitivo de las pensiones y su relación con el salario dejado de percibir al abandonar la vida activa.
    Si se produce un esquema de reducción importante en la relación Ingresos – Gastos internos del sistema hay dos opciones: Abandonar la filosofía de revalorización de las pensiones y sustituirlo por el de su desvalorización para recuperar una relación Ingresos – Gastos equilibrada, pero en un nivel más bajo de Gasto. O bien mantener el principio de revalorización y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y dar entrada a ingresos de fuera del sistema: del presupuesto del Estado. De esta forma el equilibrio del sistema de pensiones públicas se restablece sin perder su nivel de prestaciones. Los factores de “sostenibilidad”, de “equidad” y “solidaridad” se amplían a otro ámbito, un ámbito en que estos conceptos tienen pleno sentido y los desequilibrios tienen la posibilidad de arreglo sin empequeñecer el sistema público de pensiones: el ámbito de la política fiscal, del diseño de la política fiscal del Estado, y de su capacidad redistributiva de rentas y de ingresos.
    El informe del Comité de expertos no ha evaluado la probabilidad de concreción temporal del riesgo de desequilibrio financiero para el sistema con los parámetros actuales. Tampoco ha valorado el efecto de la aplicación de la última reforma de las pensiones aprobada en 2011 que suponía, según cálculos de la OCDE, una reducción del gasto en pensiones a largo plazo (2050) nada menos que del 3,5 % del producto interior bruto (PIB). Tampoco hace ninguna evaluación acerca de en cuánto se reducirá adicionalmente el gasto del sistema en porcentaje del PIB con la propuesta de nueva reforma que se hace. Y sin embargo emplaza a aplicar de inmediato, el año próximo, un factor de sostenibilidad que según el mandato legal debiera definirse y tener entrada, limitado al efecto “aumento de esperanza de vida” y no tal como se está planteando, en 2030.
    La única opción lógica es la que ha adoptado el Sr. Santos Ruesca: Voto negativo al informe de la Comisión de expertos.
    Los actuales importes de las pensiones públicas percibidos por la gran mayoría de la población jubilada en España están en niveles que, en un porcentaje muy alto, pueden calificarse de insuficientes. Son estos niveles los que no son sostenibles. Hay recorrido por hacer desde la situación actual en la relación gasto en pensiones / PIB nacional, hasta el nivel de esa misma relación en los países de la UE por un lado y de la Zona euro por otro. Lo que de ninguna forma puede plantearse es hacer ese recorrido en sentido contrario, alejándose de los niveles medios de protección de la Unión Europea.

  5. Ramón R. el junio 14, 2013 a las 12:19 pm

    Imprescindible también, a mi entender, sobre este asunto el artículo de Jesús Membrado, representante del Gobierno español ante la O.I.T., en «El Periódico de Aragón» del pasado 2 de junio:
    http://www.elperiodicodearagon.com/m/noticias/opinion/ahora-las-pensiones_858790.html

  6. BolsaCanaria .info | El nido del Kuko el junio 14, 2013 a las 5:02 pm

    […] -siendo además el único miembro del comité que votó en contra-, y en éste interesante enlace explica detalladamente los verdaderos intereses del gobierno sobre dicha “comisión de […]

  7. Pedro González el junio 14, 2013 a las 7:08 pm

    Por una feliz coincidencia tuve el gusto de escuchar, la noche del 24 de mayo, la larga entrevista radiofónica que le hicieron (creo) en el programa «Hora 25».
    Por entonces, ya tenía algún conocimiento del trasfondo del asunto y me había formado mi propia opinión sobre la intención del nuestro gobierno de utilizar el informe de ustedes para «revestir» de consideraciones académicas y argumentos «cientificos» la impúdica e impresentable decisión tomada de iniciar el desmantelamiento del sistema público de pensiones.
    Pero quiero que sepa que su extensa y bien argumentada exposición en dicha entrevista, me ha resultado de una gran utilidad para «saber más» y poder exponer (razonadamente) a mi vez, mis propias opiniones entre las gentes de mi entorno.
    Por este motivo,aprovecho esta ventana del blog de EFC para darle las gracias y hacerle saber que somos muchas las personas que, aunque lentamente, estamos empezando a salir de la apatía y la ignorancia en la que (muchas veces voluntariamente) nos hemos mantenido.
    Lo dicho: Gracias, Sr. Ruesgas.

  8. […] – Por el lado contrario, la visión de Santos Ruesga en el blog de Economistas Frente a la Crisis: “Acerca del factor de sostenibilidad de las pensiones“. […]

  9. Juan el junio 16, 2013 a las 9:50 am

    Lo mas preocupante es que 1 contra once …así no va, en todo el Gobierno doblega a la población una veces a través de la prensa otras a través de un comité para servirse de un seudo consenso dispuestos a hacer pasar a todo aquel que con su trabajo y esfuerzo logra llegar a la tan ansiada edad de jubilación. Utilizan todo tipo de «medios» para hacernos creer que no hay mas remedio que recortar por un lado y en este alargar por el otro, no seria mejor que en vez de estar todos los santos días desde la prensa bombardeando a los oyentes con las medidas que dicen ellos hay que tomar empezar a trabajar en un sistema de trabajo que de oportunidades a todo aquel que realmente quiera currar lo pueda hacer.
    Me parece sangrante que el que entra en el gobierno hace bueno al que se fue y ya es irónico pensar que el señor que nos dejo como un solar va resultar que lo vamos a santificar dado el resultado que nos están dando los que mandan ahora.
    Yo solo me hago una reflexión…sales a la calle entras en un bar vas al mercado y solo oyes los mismo …»malditos políticos»…y me pregunto yo eso lo sabrán ellos……y¿ porque siguen?.
    Saludos y reflexionen camaradas…………

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