Ciudadanos: Naranja es el nuevo azul

Alberto del Pozo, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Antonio González, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Borja Suarez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UAM y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Desde el inicio de la campaña, los portavoces de Ciudadanos, y señaladamente su líder, Albert Rivera, han buscado transmitir a los electores dos ideas fuerza: que son un partido “nuevo”, alejado de los tradicionales PP y PSOE, y que tienen propuestas novedosas y válidas para corregir los problemas de nuestro país. Sin embargo, ninguna de estas dos cuestiones queda acreditada en su programa económico; todo lo contrario.

Sí es cierto que en él se recogen algunas propuestas aisladas que pueden considerarse novedosas en el contexto político nacional; alguna incluso original, como luego veremos. Pero el problema es doble: primero, porque esas medidas no permiten vislumbrar un verdadero proyecto de calado novedoso, que sea capaz de solucionar los graves problemas socioeconómicos que arrastra España. Más bien al contrario. El planteamiento que propone Ciudadanos parte del mantenimiento de las dos líneas maestras (dos enormes errores) de la política económica del PP: la austeridad basada en recortes del gasto público, y la devaluación salarial. Y segundo, porque esas propuestas centrales, que repiten machaconamente en cada intervención pública, se basan en supuestos que en absoluto se compadecen con la realidad y están plagadas de trampas y planteamientos demagógicos. A veces, incluso, contradiciendo el diagnóstico de la situación que se hace en el propio programa. Veamos algunas de ellas.

1. El “contrato único”. Con el rimbombante y engañoso nombre de “Contrato para la Igualdad de Oportunidades”, Ciudadanos plantea como estrella de su oferta electoral esta figura contractual de laboratorio, que en esencia se trata de un contrato llamado indefinido con unas indemnizaciones por despido crecientes con la antigüedad. Desde su primera formulación en el ámbito académico allá por el año 2009[1], esta figura ha tenido diversas formulaciones teóricas, hasta el punto de que, con el escaso detalle que figura en el programa, es difícil saber a cuál de ellas se están refiriendo. No queda claro, por ejemplo, si aunque se dice que se eliminarían los contratos temporales nuevos, cabría hacer contratos con las Empresas de Trabajo Temporal; contratos que serían, en tal caso,… temporales. Ni a cuánto ascendería la indemnización de partida, elemento que -no se escapa a nadie- que es central para valorar la figura: no es lo mismo empezar en 20 días o, como vienen defendiendo sus impulsores, en una cifra muy baja, incluso inferior a la indemnización actual por terminación de los contratos temporales (12 días), por ejemplo 8 días.

Nada de eso se aclara. Pero, con independencia de ello, el principal problema de esta figura es que no ataca las causas reales del problema al que dice dirigirse, que es el de la temporalidad y rotación excesivas. En la medida en que estas afectan más intensamente a empleos de baja cualificación y escasa aportación de valor añadido, y que el grueso de esa rotación se produce en los primeros años (meses, más bien) de la vida del contrato, las bajas indemnizaciones que lleva aparejadas el contrato de marras en esa fase inicial hace que en absoluto impidan y ni siquiera desincentiven este pernicioso comportamiento. Las empresas seguirán actuando exactamente como hasta ahora, pero eso sí, todos los contratos (temporales e indefinidos) tendrán de entrada menores indemnizaciones asociadas, lo que puede ser, en realidad, el objetivo que se persigue. Además, dado que esos contratos se denominarán indefinidos, no habrá manera de conocer cuál es la tasa de temporalidad de nuestro país, convirtiéndonos en una anomalía estadística en el contexto de los países desarrollados. Lo que quiere decir que no se eliminará la temporalidad, sino que se ocultará. Estos argumentos se pueden leer con más detalle aquí y aquí.

Albert Rivera ha insistido públicamente en que, con esta nueva figura contractual, lo que pretenden es lograr un mercado laboral como el de Dinamarca, que tiene una tasa de paro del 6%. Lo curioso es que… ¡Dinamarca no tiene esta figura del contrato único ni nada que se le parezca! Ningún país del mundo la tiene. Entonces, ¿a qué viene relacionar la implementación de su novedoso contrato con los registros del mercado laboral de un país con estructuras económicas y sociales tan dispares a las españolas? Quizá, seis años después de su lanzamiento, los defensores de este contrato (al que cabría denominar TOTEM, TOdos TEMporales) ya no saben qué decir del mismo y solo les queda recurrir a tan peregrinas y falaces citas.

2. Reducir los impuestos. En el programa de Ciudadanos se reitera esta propuesta en distintas partes y de diferentes formas: se habla de que la propuesta “va a reducir sustancialmente la presión fiscal”; de que los españoles van a disfrutar de “una importante reducción de impuestos” y de una “sustancial reducción de la carga fiscal”,... Nada sorprendente, por otro lado. Bajar los impuestos es una de las promesas populistas más habituales en período electoral (y viene a definir con claridad cuando un partido defiende una política económica de derechas). Se ha hecho siempre y siempre se hará, porque a nadie agrada pagar impuestos, y los directores de campaña lo saben. El último que la hizo solemne y reiteradamente fue Mariano Rajoy antes de las últimas elecciones generales de 2011. Y ya sabemos en que quedó tal compromiso nada más llegar al poder: en la mayor subida de impuestos de los últimos veinte años, que ahora (curiosamente también en época electoral) ha revertido parcialmente, tarde y mal.

Lo más curioso es que en el mismo programa de Ciudadanos se dice literalmente lo siguiente: “El relativamente reducido peso del sector público en el PIB comparado con otros países europeos (la proporción es de las más bajas de la UE) implica que el problema no es una excesiva fiscalidad, sino un ineficiente e injusto reparto de la carga fiscal.” Es decir, que reconocen que España recauda poco en términos comparados, pero aun así, apuestan por ingresar aún menos. En concreto, de 5.300 a 10.100 millones[2] según sus propias estimaciones.

Conscientes de la contradicción y el despropósito que plantean, pretenden hacer creer que, pese a rebajar impuestos y hacerlo de manera regresiva (los grandes beneficiados de sus propuestas son los contribuyentes de rentas elevadas), el coste final de la reforma será nulo, porque lo compensarán con lo que obtengan de eliminar las deducciones del Impuesto sobre Sociedades, de simplificar la administración y eliminar duplicidades y de la lucha contra el fraude. La primera vía es dudosa, puesto que paralelamente van a rebajar el tipo del 25% al 20% para todas las empresas, también las muy grandes; y las otras dos son las típicas propuestas que se plantean siempre que se carece de medidas concretas que aportar en esta materia, y quedan totalmente en el aire: humo.

Lo cierto es que, con las exigencias financieras y presupuestarias que tiene España, bajar impuestos es sencillamente imposible si se quieren cumplir los compromisos y mantener los gastos e inversiones en un nivel razonable, con aspiraciones de asemejarse a aquellos países más avanzados de la eurozona. La única salida a las propuestas de Ciudadanos parece ser el recorte de gastos, la reducción del tamaño del Estado y de la intervención del sector público, impulsada a través de una cadena de actuaciones bien conocida: primero se reducen los ingresos públicos; luego se constata que no se pueden financiar los servicios y prestaciones públicos, por lo que se recortan para intentar cumplir los objetivos de déficit; y finalmente se promocionan los negocios privados que sustituyan a los desmantelados servicios públicos (sanidad, pensiones, etc.), generando pingües beneficios a costa del bolsillo de las familias.

Cabe hacerse en este punto una última pregunta: ¿por qué Ciudadanos no pone en este ámbito, el de la fiscalidad, como ejemplo a Dinamarca, su admirado modelo (errónea e interesadamente utilizado) en materia laboral? Pues la respuesta es sencilla: porque Dinamarca tiene la presión fiscal más elevada de la Unión Europea y de la OCDE, un 50,9% del PIB, nada más y nada menos que 17,7 puntos de PIB más que España. Ciudadanos quiere un mercado laboral supuestamente con los resultados del danés, pero con una presión fiscal inferior a la de Portugal o Grecia. Todo ello pone de relieve lo absurdo y contradictorio de las propuestas de Ciudadanos, o mejor, su desenvoltura para manipular ejemplos y confundir a la opinión pública.

3. Establecimiento de un Complemento Salarial Anual. Se trata de introducir un complemento a los ingresos laborales de los trabajadores con menores rentas[3], de cuantía variable en función de sus ingresos y de su situación familiar, y que se instrumentaría como un crédito fiscal (deducción) en el IRPF, que resultaría en una devolución si su cuantía es mayor que la cuota resultante a pagar. A cambio, se eliminaría la actual reducción por rendimientos del trabajo del IRPF.

Este es un punto verdaderamente interesante. Ciudadanos, como todo el mundo, constata el hundimiento de los salarios y la extensión de los empleos con “salarios de pobreza” en nuestro país, como resultado de las medidas adoptadas por la reforma laboral del Partido Popular en 2012. Pero, llamativamente, para evitar esos nefastos efectos sobre los niveles de vida de las personas que trabajan y sobre la desigualdad, no plantean derogar o siquiera atenuar tal reforma laboral. Todo lo contrario, las medidas de esa reforma que han dado lugar a que las empresas cada vez paguen salarios más bajos parecen gustarles, por lo que no solo no piensan suprimirlas o moderarlas, sino consolidarlas.

En lugar de que las empresas paguen salarios decentes, creando empleos con suficiente productividad, y con un mínimo de duración de la jornada laboral para evitar los trabajos marginales (subempleos), y cumpliendo las leyes, dejando de ocultar tras un contrato a tiempo parcial parte de la jornada real de trabajo (que se desarrolla, cada vez más, “en negro”), e impidiendo la corta duración de los contratos y su rotación laboral (que, como se ha explicado antes, no va a quedar resuelta con el “contrato único”); en lugar de dar una respuesta a todo ello, Ciudadanos consiente y aprueba todo ese estado de cosas y plantea que no sean las empresas las que paguen salarios decentes, sino que sea el Estado el que pague el salario que no pagan las empresas.

Las consecuencias de ello son tremendas. Primera,-uno de los mejores negocios de este país será crear empleos basura y que buena parte de los salarios la pague el Estado (efecto inducción de la medida), lo que pone en evidencia que se opta por una economía de ínfima productividad y peores salarios. Segunda, los salarios (los de verdad, los pagados por las empresas sin contabilizar esas subvenciones) se mantendrán por debajo del nivel de pobreza o subsistencia, sin alicientes a crecer. Incluso en muchas empresas con niveles de productividad elevados, los tramos inferiores de salarios bajarán más, porque la medida lo estimula y porque Ciudadanos rechaza expresamente subir el salario mínimo interprofesional (SMI), y también porque las medidas de la reforma laboral del PP han dejado a millones de trabajadores sin convenios colectivos y por lo tanto sin un suelo salarial (es el efecto devaluación o depresión de la medida). Y tercera, la medida es un inmenso despilfarro de dinero público (según sus propios autores, 7.800 millones de euros), porque con dinero de todos se va a subvencionar a negocios incapaces de alcanzar unos mínimos de productividad que les permitan pagar a sus trabajadores ni el salario mínimo interprofesional. Eso si en realidad no se financia el fraude (explícito o implícito, pero en todo caso inducido por la propuesta) de pagar injustificadamente menos salario del que se podría pagar. La mayor parte de la economía (de los empresarios y los trabajadores), la más productiva y eficiente, va a financiar y subvencionar negocios ineficaces, de ínfima productividad, “chiringuitos” empresariales. Una transferencia de los buenos a los peores. Una idea increíblemente mala, casi perversa. Por no preguntar qué va a pasar con esas subvenciones cuando esos negocios despidan a los trabajadores, porque –no nos engañemos- la subvención salarial permitirá siempre alcanzar un grado de beneficios a esas pseudoempresas que de otra manera no habrían podido lograr.

Las medidas “estrella” analizadas sirven de ejemplo para mostrar las inconsistencias y trampas de un programa económico que está diseñado para modificar de manera radical e interesada los cimientos esenciales de nuestro modelo socioeconómico, virando hacia planteamientos que exacerban la intervención privada frente a lo público, el individualismo frente a lo colectivo y los intereses de las clases más favorecidas frente a los de aquellos que poseen menos oportunidades. Es un programa económico liberal, de derechas, que se mira en el espejo del modelo de Thatcher (tan admirada por el Coordinador del mismo, Luis Garicano) o Cameron, en el que lo social brilla por su ausencia, y en el cual sus regresivas propuestas pretenden enmascararse con formulaciones alambicadas y poco transparentes, llenas de contradicciones e indefiniciones. Complicar para ocultar.

En el cara a cara televisivo de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez del lunes 14 de diciembre, el candidato del PP y todavía Presidente del Gobierno dijo que lo que necesita España es seguir con las reformas estructurales (léase del mercado de trabajo), con el control del gasto y la bajada de impuestos, y que quiere reducir más el sector público. A la vista de las propuestas económicas de Ciudadanos, no parece que esta formación tenga en mente una estrategia o un modelo de sociedad muy diferente a los del partido del actual Gobierno. Eso sí, vestido todo con otro color. Se ve naranja… pero es casi azul.

[1] Propuesta para la reactivación laboral en España, de abril de 2009.

[2] Costes mínimo y máximo de sus estimaciones dinámicas; el coste estático lo sitúan en 12.592 millones.

[3] Por ejemplo, quienes ganen hasta 16.000 euros si son solteros, o hasta 28.000 euros en el caso de una pareja con tres o más hijos.