El nuevo mecanismo de devaluación de las pensiones tras la reforma del PP

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Borja Suarez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social UAM y miembro de Economistas Frente a la Crisis

Antonio González miembro de Economistas Frente a la Crisis

 

No se puede decir que a lo largo de la campaña electoral no se haya hablado de pensiones. Por eso resulta extraño que los partidos políticos no hayan utilizado el reciente informe publicado por la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (AIREF) a propósito de la aplicación del mecanismo de revalorización de las pensiones en el cual se contiene información muy valiosa acerca de la situación financiera, presente y futura, de la Seguridad Social.

Ante todo, señala de forma explícita que las previsiones del Gobierno sobre los ingresos del sistema durante el periodo 2016-2021 son “optimistas”, eufemismo con el que quiere indicar que resultan increíbles. Ello se explica principalmente por los desfasados presupuestos de 2015 y 2016 en los que –quizá por la cercanía electoral– se ha ignorado que la progresiva recuperación del empleo ha supuesto, sólo de forma muy limitada, una mejora de las cotizaciones, que se han visto lastradas por el proceso de devaluación interna y por el recurso a la reducción de cuotas como medida de fomento del empleo (ver AIREF, Proyecto de Presupuestos 2016). En todo caso, su proyección de ingresos, más realista, permite a la AIREF anticipar la más que probable persistencia de un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, como mínimo, hasta 2021.

Tan relevante como lo anterior son los dos aspectos que la AIREF reconoce implícitamente. De un lado, que ese nivel de ingresos y el saldo negativo de la Seguridad Social van a suponer la (semi)congelación de las pensiones durante al menos los próximos seis años (una ‘revalorización del 0,25%). Es decir que, salvo que el IPC se mantenga en niveles anómalamente bajos o negativos como los actuales –algo que los expertos descartan–, los pensionistas parecen abocados a sufrir una importante pérdida de poder adquisitivo, que puede estimarse en torno a un 10% sólo en los próximos seis años. Y, de otro, que ante esta perspectiva de evolución financiera del sistema es previsible que en un futuro muy cercano (¿2017?, ¿2018?) el Fondo de Reserva, con el que se ha cuadrado el presupuesto  en los últimos cuatro años, se agote.

A partir de estos datos, dos reflexiones son pertinentes.

I. Se pone de manifiesto que la reforma de las pensiones en 2013 no fue, en absoluto, una modificación insustancial. La sustitución del mecanismo de revalorización que garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones por una nueva fórmula que persigue la preservación de la estabilidad presupuestaria a costa del nivel de vida de los pensionistas constituye un cambio mayúsculo que implica, en el corto plazo, la congelación de las pensiones que pronostica la AIREF. Pero el problema de la aplicación del nuevo índice es aun más grave, pues esa congelación no va a circunscribirse a este periodo. Y es que el incremento del número de pensionistas por la jubilación de la generación del baby boom –una de las variables que integran la novedosa fórmula– va a intensificarse significativamente en los próximos años haciendo inviables, de mantenerse ese mecanismo, las revalorizaciones anuales de las pensiones en el largo plazo, un aspecto esencial del derecho de los pensionistas.

Buena prueba de la trascendencia de este cambio normativo es que su aplicación –junto a la del factor de sostenibilidad a partir de 2019– ha de implicar un recorte del gasto en pensiones de 3,4 puntos porcentuales del PIB en 2050, tal como reconocen el propio Gobierno del PP y la Comisión Europea. Es decir que entonces dedicaremos al pago de las pensiones aproximadamente lo mismo que hoy, pese a que el número de jubilados se habrá casi duplicado. Lo que necesariamente implica que las pensiones futuras serán mucho más bajas que las actuales. La suficiencia de las pensiones que exige nuestra Constitución quedaría, así pues, en entredicho.

II. A la vista de lo anterior, consideramos que una rectificación es imprescindible. No se trata, a nuestro juicio, de abordar un cambio de modelo (¿sistema de cuentas nocionales?) que habría de conducirnos inexorablemente a un sistema de pensiones públicas exiguas. Sino de recuperar la garantía del poder adquisitivo y, en general, de las señas de identidad del sistema de pensiones. Frente a discursos –¿interesadamente?– catastrofistas, ello es posible sin poner en riesgo la sostenibilidad del modelo que conocemos y que queremos preservar. Es cierto que la jubilación de la generación del baby boom empezará a presionar al alza el gasto en pensiones a mediados de la próxima década. Pero recuperando el marco normativo aprobado con consenso en 2011, ese gasto no pasaría del 14% del PIB, que es un nivel asequible en términos comparados –Francia, Italia o Austria gastan hoy incluso más–. Cualquier solución que quiera evitar la reducción de las pensiones a rentas de indigencia exige ampliar las fuentes de financiación del sistema. Con tal fin cabría crear un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones, inspirado en experiencias consolidadas del entorno europeo más cercano. Su aplicación, progresiva en el tiempo, permitiría hacer frente al desfase coyuntural que ahora sufre la Seguridad Social y, más allá, blindar el sistema público de pensiones como pieza central de nuestro Estado social.

About Borja Suárez Corujo

Borja Suárez Corujo es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid en la que desarrolla su actividad docente e investigadora como Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es autor de más de un centenar de publicaciones en materia laboral y de Seguridad Social (https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=81643), entre las que destacan las monografías “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad”, “La protección social en el Estado de las Autonomías”, y “La reforma de los sistemas de pensiones en Europa: los sistemas de pensiones de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania vistos desde España”. @BorjaSuarezC

6 Comments

  1. Gonzalo Cifuentes el diciembre 16, 2015 a las 1:10 pm

    El enlace al informe de la AIREF que habéis puesto en el artículo remite a un documento sobre la situación fiscal en la CA de Cataluña

  2. Juan Jose el diciembre 16, 2015 a las 2:56 pm

    Yo pienso que si hay crecimiento economico aunque las pensiones sigan siendo el 11 por ciento del Pib habra mas dinero para pensiones por ser la tarta mayor

    • Josep Maria el mayo 20, 2016 a las 1:14 pm

      Si pero no serà suficients el crecimiento económico del PIB para compensar el crecimiento de la factura de las pensiones.
      Hoy el 20% de la población española es pensionista y se necesita el 11% del PIB.
      Las previsiones son que – si noy errado- crezca fruto del baby boom un 50% la población mayor de 65 años y se alcance un 30% de la población, en un periodo relativamente corto. ¿que menos que destinar el 14% del PIB a asegurar las rentas de ese colectivo?

  3. […] señalaba el grupo de Economistas frente a la Crisis citando el informe de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal, éste reconoce […]

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