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España y  la revolución energética

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En el último siglo el abastecimiento energético del mundo ha procedido básicamente de energías fósiles cuyo uso implica un despilfarro y es además pernicioso para la salud humana. Esto es así porque sólo se aprovecha la mitad de la energía de los combustibles (carbón, petróleo y gas) que se queman para producir la electricidad y un tercio de la de los carburantes (gasolina y gasóleo) que consumen los motores de los vehículos. El resto son pérdidas térmicas y diversas emisiones que no solo dan lugar al cambio climático del planeta sino que, al producir cáncer y enfermedades cardiorrespiratorias, afectan a la salud humana.

Desde un punto de vista económico en el abastecimiento de estas energías fósiles predominan oligopolios que encarecen los precios en origen (OPEC y Rusia) y grandes compañías que lo hacen en destino (petroleras y eléctricas), lo que da lugar, en la mayor parte de los países que no disponen de dichos recursos fósiles, a una merma de competitividad y calidad de vida.

Sin embargo ya existe un modelo alternativo de suministro energético mucho más eficiente, que no produce apenas pérdidas térmicas ni contaminación, basado en producir la electricidad con Energías Renovables y efectuar la movilidad y el transporte con vehículos eléctricos. Este nuevo modelo: Renovables-Electrificación está disponible desde hace bastantes años, pero el poder hoy efectuarlo a costes inferiores a los del modelo con energías fósiles, implica un cambio drástico en las condiciones de producción distribución y consumo, o sea una auténtica revolución económica y social.

En el caso de España dicha revolución es decisiva para que podamos abandonar la posición de desventaja comparativa internacional en que nos encontramos al importar todas las energías fósiles y poder en cambio pasar a ser líderes, como el país europeo con mayor insolación y disponibilidad de tecnología y emplazamientos para autoabastecernos y exportar energía limpia.

Ese nuevo modelo, al implicar una significativa reducción de las barreras de entrada que han protegido a las grandes empresas incumbentes (ya instaladas y dominantes), ha posibilitado la aparición de nuevas compañías que han comenzado a desplazarlas en las subastas competitivas para introducir nuevas energías eólicas y fotovoltaicas en las que han barrido en las adjudicaciones. Ello supone no solo un cambio en las respectivas relaciones de poder sino invertir la tendencia existente de concentrar el suministro en un número cada vez menor de compañías eléctricas y petroleras (cada vez mayores y en gran parte filiales de empresas con sede social fuera de España), lo que permitirá reducir su propensión a utilizar en su beneficio el poder de mercado de que disponen.

Cuando se contempla en España el cierre de empresas siderometalúrgicas no se suele asociar con los beneficios extraordinarios caídos del cielo del BOE que han venido percibiendo las empresas que le suministran electricidad a unos precios sensiblemente más elevados que los de sus competidores europeos. Cuando el Banco de España pide a los sindicatos que mantengan deprimidos unos salarios que todavía no han recuperado el nivel de hace 10 años para facilitar la supervivencia de las empresas industriales, parece ignorar el crecimiento continuado durante todos esos años de los precios de la electricidad en España, consistente con el de los beneficios y dividendos de las empresas eléctricas españolas, convertidas en objeto del deseo financiero de otras empresas españolas e internacionales y de fondos de capital riesgo presentes en todas ellas.

La transición al nuevo modelo, que no va a ser impulsada por unos mercados a corto plazo y miopes, necesita de una política energética -de la que tanto tiempo ha carecido este país- que, utilizando mecanismos de competencia promueva el despliegue de centrales renovables (mediante subastas con contratos a largo plazo al precio ganador), líneas de transmisión, instalaciones de recarga y flotas de vehículos eléctricos. Además hay que afianzar la intermitencia y aleatoriedad de las renovables con una gestión unificada a cargo del Operador del Sistema Eléctrico (REE) del almacenamiento -especialmente las grandes centrales hidroeléctricas regulables y el bombeo- la potencia firme de respaldo y el refuerzo de las interconexiones internacionales.

Un objetivo fundamental para que un país más electrificado recupere competitividad es la bajada posible de precios de la electricidad. A ello contribuirán los menores costes de las renovables pero también hay que eliminar cargas fiscales concebidas como impuestos a las empresas para compensar beneficios extraordinarios y que han sido traspasadas a los precios y, por supuesto acabar de una vez con dichos beneficios extraordinarios remunerando a las centrales hidráulicas y nucleares en función de sus costes.

Para todo ello hay que acabar con el mito de las restricciones de la normativa de la UE y aprender de como las han abordado otros muchos países.

Lo que es imprescindible es que el nuevo Gobierno adopte una decisión firme de liderar una transformación tan beneficiosa para el país, no sólo con pronunciamientos retóricos que consiguen las alabanzas de las grandes empresas, sino negociando con ellas para que colaboren activamente con dicha política y puedan seguir participando (aunque con menor posición de predominio) en el abastecimiento del mercado español.

About Martín Gallego Málaga

Ingeniero de Minas y Economista fue Secretario General de Energía (1982-1987). Es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

1 Comment

  1. Alvaro DEL RIO DISDIER el julio 8, 2019 a las 3:43 pm

    COMPETENCIA vs OLIGOPOLIO
    Creo que la revolución energética empezó precisamente con Carlos Solchaga, Martín Gallego y Carmen Mestre (parón nuclear, saneamiento económico del oligopolio eléctrico, racionalización del sector petrolero y gas natural, impulso de las energías renovables más viables y de la investigación energética básica). Las postrimerías de la gobernanza de F. González empezaron a dejar diluir un azucarillo tan importante. Pero fue con Aznar cuando se produjo un retraso brutal en terminos de competencia en los sectores eléctrico y de hidrocarburos (gas incluido).

    Desgraciadamente con J.L. Rodríguez Zapatero sucedieron tres hechos gravísimos que afianzaron los oligopolios energéticos. La burbuja fotovoltaica (ya hubo burbuja renovable), la consolidación de un mercado y unas tarifas característicos de políticas controladas por oligopolios, y afianzamiento del control de la producción renovable por las empresas (dos o tres) eléctricas tradicionales. Y en términos de desarrollo tecnológico la bestialidad del proyecto Castor de acumulación de gas natural (proyecto que en mi opinión descalifica a la actual ministra en funciones para la transformación energética (ya se que transición energética suena más cool pero o se transforma el sector o la transición será muy de cambiar algo para que no cambie nada, que ha sido lo característico de los últimos veinticinco años o más).

    Pero fue Rajoy el que dio la puntilla a las posibilidades de diversificar la oferta eléctrica para que desde el sector renovable asociado al uso del territorio entraran muchos productores. La bestialidad de anular los derechos de ingresos sobre la producción concedidos a los productores CON EFECTO RETROACTIVO es la peor agresión al estado de derecho en España (y nunca he entendido a un TS que supone hipótesis sobre la acción del Estado que no deben ser creíbles por los directamente afectados; para mi fue la quiebra brutal de un estado con una economía social de mercado; bajo las mismas premisas la penalización al sector eléctrico por tarifas injustas y desproporcionadas tendría que ser fulminante y adecuada a los ingresos desproporcionados de los últimos veinte años basados en una hipótesis de funcionamiento de mercado disparatado).

    En España el sector energético y muy especialmente el eléctrico es un conjunto de oligopolios que provoca que los precios (y los sistemas fiscales asociados). Si eso no se rompe, al menos en un sector como el eléctrico, la transición energética será la transición de «El Gatopardo».

    En definitiva:
    1.- Creo que no hay peligro de burbuja renovable (salvo por la capacidad de las dos o tres grandes empresas eléctricas especializadas en crear burbujas a su favor: nuclear, gas, hidráulica, etc). La pésima gestión de las subvenciones a la fotovoltaica durante el gobierno de Zapatero y su complicidad con las exigencias de la gran patronal eléctrica han sido trágicas para las renovables. Los ministros y los correspondientes responsables energéticos de industria de su período fueron nefastos y permitieron que con Rajoy se destrozara completamente el sector renovable independiente.

    2.- Es imprescindible aplicar la normativa específica europea. En particular romper los monopolios de producción electrica: cada central productora debiera estar en propiedad de accionistas anónimos (a través de la bolsa) y una minoría nominal de forma que nadie pueda acumular control (por si o por intermediarios) sobre más de un 5% de la producción.

    3.- Declarar de valor público los sistemas base y reguladores de la producción eléctrica (nuclear, parte hidráulica y parte de gas natural) alquiladas en base a costes de producción y amortización a sus propietarios por el gestor de la red, además de revisar la racionalidad de que el sector privado (que por definición busca el beneficio de sus accionistas sin ni siquiera estar obligado a exigir la máxima calidad profesional y de gestión para los consumidores) gobierne al gestor del sistema eléctrico global.

    4.- Separación del mercado por tecnologías (hidráulica, gas natural, eólica, fotovoltaica, etc) para que los precios de mercado sean apropiados por tecnologías, al contrario de la irracional situación actual en la que la tecnología mas flexible (normalmente hidráulica) fija el precio para todas las tecnologías en su intervalo horario.

    5.- Revisión de los últimos 20 años bajo la perspectiva de la sentencia del TS sobre los apoyos a la fotovoltaica de la formación de tarifas y apoyos al sistema electrico (muy especialmente para nuclear, hidráulica y gas natural) y regulación de los sobrecostos producidos sobre el sistema y sobre los ciudadanos consumidores.

    En definitiva:
    — romper el oligopolio de producción (sumamente competitivo por cierto) eléctrico.
    — impulsar la diversificación de la producción con la introducción del mayor número posible de productores (individuales, pymes, grandes y muy grandes empresas) especialmente en relación con las energías renovables.
    — superar con creces los objetivos de mínimos del peso de renovables en la oferta energética total establecidos en la UE tanto en valor como en calendario.

    Sería formidable, además, que se escribiera la historia completa y detallada del sector eléctrico desde 1939 hasta la actualidad. Si se pudiera poner de manifiesto un 20% probado de influencia de las familias y altos cargos titulares en la política energética hasta 1980 y desde 1980 hasta 2020, ganará la ciudadanía, la sociología, la política y hata la tecnología en la comprensión de nuestra historia.

    Respecto a las posibilidades de que alguno de estos puntos se logre, a la vista de los últimos meses tengo que ser pesimista. En mi opinión la actual ministra en funciones da muestra de fabricante de planes y nula imposición al sector (pelotas fuera se decía antes). Si se convocan elecciones (¿para aumentar la abstención y que se impongan los más recalcitrantes, es decir los menos indecisos e independientes?) aparte de la pérdida (en lo energético a favor del oligopolio) en el mejor de los casos para repetir la actual situación. Y si se produce un gobierno de coalición /colaboración no veo por parte de UP una perspectiva de actuación económica racional para transformar el sector.

    En cualquier caso no es lo peor una nueva burbuja renovable. Lo peor, insisto, es la continuidad del oligopolio actual, con su mercado oligopolista incluido y el control privado sobre las centrales que abastecen la curva horaria de demanda. Todo lo que sea no transformar esto hará que la transición energética perjudique gravemente a los ciudadanos consumidores, al medioambiente y a la economía global en beneficio de las familias propietarias y los directivos y mandos de las grandes empresas correspondientes (por cierto creo que debieran ponerse mínimos y máximos salariales en las retribuciones salariales, de forma que las retribuciones superiores carguen sus diferencias sobre los beneficios y no sobre los consumidores, criterios que se podrían extender a otros conceptos como el marketing o los gabinetes jurídicos, autenticos pozos de recursos pagados por los usuarios y gobernados por directivos que buscan su beneficio y el de los accionistas mayoritarios y de control.

    Veremos hasta dónde llegamos a lo largo de los próximos cuatro o cinco años. Lo demás son planes para consumo de lectores pacientes y pacíficos.

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