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La España que deja Rajoy

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Tras más de seis años de gobierno del PP, ha sido una sentencia judicial el detonante de la expulsión de M. Rajoy como presidente del gobierno. No ha sorprendido. Lo extraño es que haya durado tanto. En cualquier país de nuestro entorno la imagen de un Presidente cobrando miles de euros en negro, según la apariencia que transmiten los datos del tesorero de su partido, hubiera supuesto su dimisión inmediata. Y estos datos son solo un pequeño detalle al lado de los numerosos procedimientos judiciales que involucran a muchos altos cargos de su partido, una marea de corrupción que ha inundado su gestión en las Administraciones Públicas a todos los niveles: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración Central, hasta el punto de ser considerado este partido, en algunas resoluciones de órganos de la justicia, como una organización que utiliza la política para su actividad delictiva.

En su discurso de despedida ante la dirección del PP, M. Rajoy exhibió los logros económicos de su gestión. Por supuesto, no mencionó la herencia dramática, con consecuencias también económicas, de la corrupción. ¿Cómo se puede convencer a los contribuyentes de la necesidad de cumplir sus obligaciones fiscales? ¿Qué imagen se transmite al exterior? ¿Cómo afecta a la eficiencia del gasto público? ¿Al propio volumen de recursos potencialmente destinables a atender necesidades sociales? ¿Cuantos más profesores, centros de salud, atención a la dependencia se hubieran podido financiar en ausencia de corrupción? ¿Y la tolerancia hacia el gran fraude fiscal… y la caída de recaudación del Impuesto de sociedades a pesar de los altos beneficios de las grandes empresas? En fin, reducción de los recursos públicos para el enriquecimiento de unos pocos, por métodos ilegales… o por la aplicación de normas que han favorecido la concentración del poder económico.

Y más allá de su negativa influencia sobre la economía, la corrupción ha sido un factor que ha impactado en el desapego de los ciudadanos hacia la política, que ha extendido la convicción de que los políticos solo buscan su propio beneficio. La corrupción ha puesto en cuestión los más profundos principios de la democracia.

En el mencionado discurso, M. Rajoy se refirió a la evolución durante estos seis años de las variables económicas, el PIB y el empleo. Es cierto que tras los primeros años de su gestión, en que la llamada política de austeridad y reformas -como la laboral- contribuyeron a la profundización y prolongación de la crisis, en los dos últimos años el PIB ha mostrado tasas de crecimiento positivas impulsadas por la confluencia de factores externos, como el descenso del precio de los productos energéticos, la devaluación del euro y, sobre todo, la política monetaria practicada en estos años por el Banco Central Europeo, que ha permitido financiar la deuda exterior y la inversión y el consumo a bajos tipos de interés. Al respecto, no está de más recordar que a finales de 2011 la deuda pública se situaba en torno al 70% del PIB y hoy alcanza el 100%.

Pero si consideramos la evolución del PIB desde la óptica del bienestar de los ciudadanos, que debe ser el criterio principal, la satisfacción de M. Rajoy es aún menos entendible. En estos seis años los salarios reales han caído 4,6 puntos; la brecha salarial de género está en el 36%; la pobreza energética, en que vivían 1,1 millones de españoles, afecta hoy a 1,8 millones; el gasto en educación se ha reducido de 47.100 millones a 44.900 y el gasto en sanidad de 69.200 a 67.600. El PP heredó, al llegar al gobierno, un fondo de pensiones de la Seguridad Social que alcanzaba los 70.000 millones de euros y lo deja ahora prácticamente agotado. El índice de pobreza y exclusión social ha crecido del 23,5% de la población al 27,8%, con la particularidad de que afecta, debido a la reforma laboral, cada vez a más personas con trabajo. Una reforma que, al romper los equilibrios de la negociación colectiva, al permitir formas de contratación abusivas y al abaratar el despido, ha hecho recaer el coste de la crisis en las franjas de población más desfavorecidas.

En contraste, los beneficios empresariales y las percepciones de los ejecutivos de las grandes empresas han crecido de forma desmesurada. Durante este periodo los índices de desigualdad han aumentado insoportablemente. Podríamos decir que no es la economía lo que ha mejorado sino solo la situación de los que detentan el poder económico.

Es cierto, como exhibía M.Rajoy en su discurso, que desde 2011 ha descendido el número de parados, pero también es cierto que la mitad de la reducción se debe a la caída de la población activa. Esta caída se acentúa en el caso de los jóvenes: una de cada cuatro personas menores de 35 años ha abandonado la población activa en estos seis años. Por otra parte, la mitad del empleo creado es a tiempo parcial y la temporalidad no ha dejado de aumentar, mientras que el paro de muy larga duración (más de dos años) permanece estancado y sube su peso sobre el total.

Este modelo de relaciones laborales y el propio PIB contienen aspectos muy preocupantes a medio plazo. El crecimiento en estos últimos años se ha dirigido hacia sectores de baja productividad, hacia el empleo precario. La reforma laboral permite contratar por horas, en jornadas discontinuas, sin que exista ningún incentivo a la formación. Es un empleo expuesto a los vaivenes de la economía mundial, sobre la que se ciernen graves incertidumbres, que puede sufrir con intensidad las consecuencias de una nueva crisis. Y mientras… nula capacidad para abordar cambios en los fundamentos del modelo productivo que sigue anclado en el turismo y en la construcción.

España ha sido un lastre para el avance del proyecto europeo para la necesaria transición energética. En este ámbito, además, la imagen exterior de España se ha deteriorado, entre otras cosas, por inestabilidad regulatoria y falta de seguridad jurídica de las inversiones, ignorando, inexplicablemente, la gran aportación industrial con toda su capacidad de arrastre en términos de empleo de calidad, de I+D+i, de tejido industrial y empresarial, de competitividad… que la transición ecológica de la economía puede aportar al modelo productivo de nuestra economía.

No hay motivos para jactarse de una buena gestión económica. Y hay, además, que mencionar un tema político que también tiene consecuencias sobre la economía, el conflicto catalán: la herencia que deja el PP no puede ser más negativa. Este partido, cuando estaba en la oposición, impugnó ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía que había sido aprobado en referéndum por más del 70% de los catalanes. La impugnación pretendía deteriorar al gobierno socialista, que lo había negociado, pero la sentencia del Tribunal Constitucional, que modificó el texto, fue interpretada por una parte considerable de la población de esta Comunidad como una agresión. El rechazo al nuevo texto dio alas a la alternativa defendida por los partidos que abogaban por la independencia. Ya en el poder, el gobierno del Partido Popular se mostró incapaz de contrarrestar la extensión del independentismo. Es más, propició esta tendencia –recuérdese al infausto ministro Wert proclamando provocativamente en sede parlamentaria la necesidad de españolizar a los niños catalanes- porque el conflicto le permitía esconder algunos de sus problemas y le resultaba electoralmente rentable en el resto del Estado, bandera a la que se ha apuntado Ciudadanos con peligroso entusiasmo. Hoy es un factor de inestabilidad que forma parte de la herencia económica que deja el expresidente M. Rajoy.

Los destrozos del PP conforman el escenario sobre el que debe actuar el nuevo Gobierno: desigualdad, precariedad laboral, fragilidad del crecimiento, conflictos territoriales, desbarajuste sin fin en el sector energético… Las amplias demandas sociales que el cambio hace aflorar y las dificultades para articular una mayoría en el Congreso y la imposibilidad de hacerlo en el Senado, auguran una gestión llena de dificultades.

Cuenta el Gobierno, sin embargo, con la inteligencia y la valentía que ha demostrado en la moción de censura y en la configuración del Consejo de Ministros. Y cuenta, fundamentalmente, con el caudal de ilusión que ha despertado en un amplio sector de la ciudadanía, que deberá administrar y preservar, al mismo tiempo, con delicadeza y firmeza… porque es un patrimonio compartido por muchos y plurales anhelos.

Economistas Frente a la Crisis se va a mantener fiel a su lema “el pensamiento económico al servicio de los ciudadanos”, aportando críticas y soluciones, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero alberga la esperanza de que el cambio político actual implique, sobre todo, el inicio de un cambio hacia la consolidación del estado del bienestar y los primeros pasos en la dirección de un progreso justo y seguro.

Economistas Frente a la Crisis

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7 Comments

  1. Miguel Angel Derqui el junio 18, 2018 a las 9:22 am

    Me parece acertado el análisis socio- económico de la realidad que deja M. Rajoy y el PP. Es obvio para casi todo el mundo salvo para ellos, PP y Rajoy, que deberían haber abandonado el gobierno hace mucho tiempo y que su gestión económica ha beneficiado esencialmente al sector que ya era privilegiado antes de la crisis. En fin, todo lo que dice el análisis de EFC. Pero en lo que respecta a la situación en Cataluña el análisis es “un pelín” sesgado, pues pareciera que los secesionistas merecen una justificación/comprensión por la ineficiente gestión al efecto del PP. Ya veremos qué gestión se puede hacer ahora con los supremacistas en el gobierno catalán, pero desde luego toda la gestión hecha hasta ahora por los gobiernos centrales en CATALUÑA ha sido nefasta, tanto del PSOE como del PP y muy especialmente la de Zapatero. Si EFC mantiene ese indisimulado apoyo a las tesis y políticas del PSOE va a resultar menos creíble en sus análisis. A mi juicio, es muy importante justificar y defender adecuadamente y con objetividad las tesis socialdemócratas en todos los ámbitos y muy especialmente en el empresarial que es en el que menos se aplican, por más que se estudien en todas las Escuelas de Negocio, lo que quizás contribuiría a que de verdad el PSOE tuviera una política verdaderamente socialdemócrata, espacio ideológico, cultural, económico, social y político que le quedaría en exclusiva si fuese capaz de asumirlo ideológica y prácticamente en serio.

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  3. Ramon Serna Ros el junio 19, 2018 a las 6:04 pm

    Interesante recopilación de datos, pero iba a hacer dos sencillas puntualizacions al caso de Cataluña y no he podido evitar leer el desagradable primer comentario a este artículo, por cuanto califica de supremacista al gobierno catalán. La sentencia del Tribunal Constitucional que cambió el Estatuto de Cataluña (por cierto, aprobado también en el Parlamento español) sí que fue un verdadero acto de supremacismo, como tantos a los que en Cataluña estamos acostumbrados. ¿Qué sentido tenía, si no es así, que se suspendieran artículos idénticos a los de otros estatutos autonómicos, como el de Andalucía, a los que no puso ninguna pega? ¿De qué otra manera se puede interpretar un hecho así sino como de una agresión? Decir que el rechazo del TC dio alas a las alternativas defendidas por los partidos independentistas es no conocer suficientemente el proceso catalán por cuanto lo centra en exceso en los partidos, cuando ha sido claramente la población la que ha forzado a los partidos. Ni CiU ni Convergencia eran independentistas, no confundamos nacionalismo con independentismo porque eso es grave. Convergencia se hizo independentista para no quedarse atrás. Aparte de que es demasiado simplista dar la cuestión del estatuto como única razón para el auge del independentismo, ya que en realidad también está muy relacionado con fenómenos como la crisis, la corrupción, el 15M. etc. Don Miguel Angel, no insulte, por favor. Y busque más bien el supremacismo en esa Constitución caduca, en ese fanatismo que tiene la unidad de España como dogma inmutable, en esas actitudes que niegan el derecho a decidir de los catalanes…

  4. Manuel García el junio 20, 2018 a las 2:06 pm

    Mi pregunta es. Si toda esa corrupción es verdad cómo puede tener aún un indice de posible votantes cercano al 27 %?. ¿Qué sociedad acepta esas acciones?

  5. Jorge Fabra Utray el junio 20, 2018 a las 11:10 pm

    La unidad de España como dogma inmutable, es, efectivamente parte del nacionalismo español. Pero tal cosa no quiere decir que el derecho a decidir de Cataluña, o de cualquier otro territorio del Estado Español, sea un derecho inalienable. Negar que España sea una nación es tan estúpido como negar que lo sea Cataluña. Ni Cataluña ni España serían lo que son hoy si no hubieran compartido una historia común durante siglos. Afirmar que Cataluña puede decidir unilateralmente sobre fronteras y aguas internacionales, sobre cuencas hidrológicas, sobre puertos francos, sobre la deuda del Estado Español, sobre la caja única de pensiones, sobre las infraestructuras eléctricas, sobre el espacio aéreo… ignorar que su desarrollo industrial no ha sido ajeno a los aranceles proteccionistas y al mercado del resto de España… minusvalorar la influencia de Cataluña en la gobernanza del Estado y muy en particular, durante la primera y segunda República y durante la democracia constitucional postfranquista… es tergiversar dogmáticamente las cosas. Y negar que en el independentismo hay raíces supremacistas, es querer mirar hacia otro lado porque determinados rasgos de la imagen que no se quiere ver son deleznables.
    Es significativo que en el comentario se afirme, con razón, que el independentismo ha sido estimulado por la crisis y por la corrupción, del mismo modo que el 15 M es, en parte, también una respuesta a ambos fenómenos. Pero ni el 15M es sólo catalán ni la corrupción sólo madrileña, valenciana, balear o de Murcia. Es también, y en medida no menor, catalana. En España sólo hay un partido tan corrupto como el PP. Ese partido es Convergencia y de su herencia difícilmente pueden desprenderse los diferentes nombres con los que ahora se presenta. Y además es un partido que defiende políticas sociales muy conservadoras, tanto como lo son las que defiende el PP y muy intensamente Ciudadanos.
    De la Guerra Civil y del postfranquismo no fueron los catalanes mayores víctimas que los madrileños –por poner solo un ejemplo y sin querer ir más allá- como tampoco contribuye Cataluña a la solidaridad fiscal entre los territorios, más de lo que lo hace Madrid o Baleares, y no solo. Son también ejemplos.
    E ignorar que la soberbia con la que ha gobernado el PP hacia Cataluña sólo es comparable con los modos con los que ha tratado al resto de los españoles representados por los diputados en el Congreso, es… querer estar ciego por no querer ver. En fin, todos queremos tener derecho a decidir. Todos queremos tener derecho a irnos. Pero ese derecho, por ser un derecho de todos, sólo pueden ser ejercido de manera compartida. Y ese derecho a decidir sí que es un derecho inalienable. Nadie quiere que otros decidan unilateralmente por lo que es de todos.
    Por todo esto, este post: “La España que deja Rajoy” habla de todos, incluidos los catalanes, y se centra en aspectos económicos, no porque ignore la importancia de los procesos políticos, sino porque en Economistas Frente a la Crisis pensamos que la economía es “política concentrada”.

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