La industria de la evasión fiscal
Por Diego López Garrido, Catedrático de Derecho Constitucional, diputado y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC
En España y en el mundo, la evasión fiscal, entendida como la defraudación de impuestos, es decir, como una conducta ilícita y penalmente sancionable, es hoy un gravísimo problema económico, social y moral. El fenómeno adquiere proporciones extraordinarias cuando los gobiernos afrontan una crisis de liquidez, que trasladan a los presupuestos en forma de recortes del Estado de bienestar.
Tal vez la más amplia estimación sobre evasión fiscal que se haya realizado hasta el momento, en cuanto a la riqueza escondida en las llamadas jurisdicciones offshore —vulgarmente, paraísos fiscales—, haya sido llevada a cabo por la rigurosa institución Tax Justice Network, publicada en julio de 2012 y revisada dos años después. De ella se desprende que el patrimonio financiero privado depositado en tales jurisdicciones oscila entre 21 y 32 billones de dólares. Pensemos que la cifra de 21 billones suponía la suma del PIB de EE.UU. y Japón, es decir, el 10% aproximado de la riqueza mundial o la mitad de la deuda mundial.
Sea cual sea la fuente, el capital oculto en las jurisdicciones fuera de control es de tal envergadura que excede de ser un hecho puntual moralmente reprochable. En realidad, representa todo un “sistema”, es decir, una economía offshore. Dado que la opacidad también se obtiene en jurisdicciones más serias y reputadas, algunas en EE.UU. y la UE —es decir, on-shore—, prefiero llamarla “industria de la evasión fiscal”, algo que se ha ido construyendo en las últimas décadas al calor de la liberalización absoluta de capitales. Su objetivo, la razón de su existencia, es no pagar impuestos. Ni en su país de origen, ni en ningún otro. El éxito de tal industria es indudable. Se ha incrementado con la crisis —de origen financiero—, que se ha llevado aún más fondos y sociedades a los paraísos fiscales, justo cuando más se necesitaban para la inversión productiva y para la recaudación fiscal.
Una prueba de ese éxito nos la da el siguiente dato: había 20.000 sociedades offshore en las islas Seychelles al inicio de la crisis financiera. Cinco años después había 120.000. Puede decirse que la industria de la evasión fiscal es la parte patológica del sistema. Una criminalidad organizada. Se ha ido pareciendo cada vez más a un complot permanente para llevar a término un delito continuado.
Como todo plan delictivo, solo puede triunfar si posee los tres elementos de la trama: los autores, los cooperadores necesarios y los cómplices. Hay también víctimas: los ciudadanos contribuyentes.
Los capitalistas fugitivos
Quien protagoniza la autoría del delito fiscal es el evasor, el capitalista —que no el capital— que rompe el contrato de solidaridad y, en vez de tributar desprendiéndose de una parte de su capital, lo dedicará a obtener un beneficio en forma de interés. En vez de pagar al Estado, preferirá prestar. Quizás al propio Estado al que le negó el impuesto ilícitamente. Esa estrategia, multiplicada por muchos capitales evadidos —que han ido a parar a inversiones en deuda pública—, ha contribuido a que los estados se hayan inundado de esa deuda hasta el punto de transformarse, a partir de 2010, en una crisis de escala global. Todo ello reafirma la tesis según la cual el aumento de la deuda occidental tiene una alta correlación política con el descenso de los ingresos fiscales. Descenso debido a la bajada de los tipos o debido al aumento de la evasión fiscal.
La acción del capitalista evasor tiene una dimensión supranacional. Pretende evadir las leyes tributarias saltando la frontera del Estado en el que se crea la riqueza evadida, de modo que pueda escapar a un territorio más amable y comprensivo para con el capital procedente de fuera, al que no le pregunta nada y sobre el cual a nadie le dice nada. En Europa, en su conjunto, la cantidad dejada de ingresar en las arcas públicas por no declaración tributaria es de un billón de euros. No nos referimos a la economía sumergida, esa evasión que se desarrolla fronteras adentro, sino a la gran evasión de capitales, disparada con la crisis, cuyos propietarios se zafan de la Hacienda pública de su país emigrando a refugios fiscales exteriores. Un tipo de capitalista que oculta su capital cuando su país está endeudándose hasta las cejas.
Los refugios fiscales opacos
El artículo 28 de nuestro Código Penal dice así: “También serán considerados como autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo [el hecho delictivo], b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”. Indudablemente, en cualquiera de los dos supuestos anteriores caben las llamadas “jurisdicciones offshore”. Para llevar a cabo una evasión fiscal masiva ha sido necesario, ciertamente, que los capitales fugitivos encontrasen un lugar seguro y oculto donde ubicarse. Un cuartel general desde el que lanzar sus decisiones inversoras, asimismo opacas. Desde la década de 1970, se ha ido creando una demanda de estos refugios. El lenguaje mediático los ha bautizado como “paraísos fiscales” o “islas del tesoro” (Shaxson), por ser abundantes las jurisdicciones geográficamente insulares que aseguran el secreto sobre los capitales extranjeros. Se considera admitido que un país es un paraíso fiscal o una jurisdicción offshore cuando reúne algunas de las siguientes características: secreto bancario; fiscalidad baja o prácticamente nula para capitales venidos del extranjero, es decir, para no residentes; ausencia de regulación y, por tanto, libertad de organización interna a través de sociedades fantasma; y falta de cooperación internacional para informar de esas actividades fraudulentas. La mitad de las transacciones mundiales pasan por los paraísos fiscales. Un tercio de los recursos financieros globales. La información que se puede encontrar en el FMI —Coordinated Direct Investment Survey (CDIS)- es, sin duda, espectacular. De ella se deduce, por ejemplo, que, en 2010, Barbados, Bermudas y las británicas islas Vírgenes recibieron conjuntamente más inversión extranjera directa (el 5,11% del global de tal inversión en el mundo) que Alemania (4,77%) o Japón (3,76%). Y durante el mismo año, esas tres jurisdicciones hicieron más inversiones en el mundo (4,5% del total) que Alemania (4,2%). Hay más. En 2010, las islas Vírgenes fueron el segundo mayor inversor en China (14%), después de Hong Kong (45%) y por delante de EE.UU. (4%).
Bermudas aparece como el tercer mayor inversor en Chile. Porcentajes parecidos tienen las islas Mauricio, como país máximo inversor en India (24%). Chipre, las islas Vírgenes, Bermudas y las Bahamas están entre los cinco mayores inversores en Rusia. Jersey es el primer exportador de bananas en el mundo. Sobran las palabras.
Luxemburgo, Austria y Hungría son, al igual que Chipre, países miembros de la UE, pero han seguido actuando como refugios fiscales, en donde la opacidad y el secreto bancario es la regla. Eso mismo sucede en Suiza o en el mismo on-shore de EE.UU. (Delaware, Alaska, Nevada, Wyoming, Dakota del Sur), donde se ofrecen firmas legales para operar en secreto, y con un blindaje frente a acreedores o impuestos. No obstante, también se pueden utilizar sucedáneos de estados como Mónaco y Liechtenstein, las Seychelles, las islas del Canal, islas Caimán, Nauru, St. Kitts, Antigua, Tortola o Singapur. Hay una amplia variedad de modelos donde elegir.
Suiza ha sido sin lugar a dudas —hasta hoy— la sede de la industria de la evasión fiscal offshore. Esto contribuye a que la banca represente el 10,3% del PIB de Suiza.
Esa tradición centenaria suiza de “volar bajo el radar”, amparada únicamente en un supuesto derecho a defender la intimidad frente al Estado, empezó a debilitarse en 2009, en medio de la crisis de las haciendas públicas occidentales. Una fecha, pues, no casual. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó órdenes de arresto a banqueros suizos que habían viajado allí.
El secreto bancario se levantó para EE.UU. Su fiscal general, Eric H. Holder, lo anunció enfáticamente un martes 27 de agosto: “Este programa reforzará de manera significativa los esfuerzos del Departamento de Justicia para perseguir agresivamente a los que intenten evadir la ley ocultando sus activos fuera de Estados Unidos”. Se refería Holder al programa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), que obliga a las instituciones extranjeras a informar de los activos de ciudadanos de EE.UU. y poseedores de la carta verde para evitar evasión de impuestos a través de inversión offshore.
Los cómplices: los bancos
El artículo 29 del Código Penal dice así: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior [los autores], cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”. El mejor ejemplo de una complicidad en la evasión fiscal es el de la desarrollada en todo momento por las entidades financieras que ofrecen soporte económico y técnico. Se estima que los paraísos fiscales albergan 4.000 bancos y dos millones de “sociedades pantalla”.
El sistema financiero —que es ya definitivamente supranacional o “metanacional”— proporciona al evasor la plataforma técnica para que su acción ilícita sea rentable, y, para ello, discreta. A finales de 2010, los 50 bancos privados más grandes gestionaban 12,1 billones de dólares en activos evadidos invertidos por clientes privados de forma transfronteriza. Es la mitad del volumen aproximado de los activos offshore en el mundo estimado en el informe de Tax Justice Network. La otra mitad es el capital offshore manejado por hedge-funds, gestores de capital, compañías de seguros y, en general, intermediarios no bancarios, así como pequeños bancos.
El grupo en la cumbre ha gestionado directa o indirectamente casi las tres cuartas partes de la riqueza privada offshore, en crecimiento constante. Sus nombres son conocidos. Los de siempre. Tax Justice Network menciona a UBS, Credit Suisse, Citigroup, SSB, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of America, Merril Lynch, J.P. Morgan, HSBC, Goldman Sachs, ABN, Amso, Barclays, Credit Agricole y Julius Baer, entre otros.
Estos bancos mayores, que ostentan un oligopolio sobre el manejo de los capitales fugitivos, son precisamente los que protagonizaron la descomunal crisis financiera que arrancó en 2007. Son los mismos que después se beneficiaron de préstamos generosos a cero interés, garantizados por los contribuyentes, a los cuales esos bancos han venido defraudando al colaborar con la evasión fiscal.
Se sabe muy bien que los impuestos que los evasores no pagan tienen que ser compensados con impuestos que sí pagan los contribuyentes honestos. Cuando no basta con impuestos, entonces los estados acuden a la emisión de deuda, cada vez más, de forma exagerada. Los megabancos —demasiado grandes para caer—, que constituyen verdaderas autopistas para la evasión, son, al mismo tiempo, quienes aprovechan para comprar la deuda pública, bien remunerada, en el sur de Europa. De modo que, en lugar de ayudar a que se paguen los impuestos, suscriben la deuda que se emite a causa, entre otras razones, de la falta de ingresos fiscales. Resulta claramente mejor prestar (a interés) que tributar al Estado.
La entrada de los bancos internacionales en la industria de los refugios fiscales convierte a estos en entes difíciles de localizar geográficamente. Los bancos gestores deslocalizan los capitales evadidos cuando hace falta, los adjudican a una sociedad de intermediación financiera, innominada y sin identidad, los traen de aquí para allá, los despiezan. Todo con una finalidad suprema: la ocultación a los ojos de las desconcertadas e impotentes haciendas públicas nacionales, cuando no cómplices por inacción. Por eso se ha hablado de “sistema bancario pirata”.
Los abogados suizos
No podían faltar entre los cómplices de la trama los juristas, los abogados. Entre ellos destacan con luz propia algunos abogados suizos. Su complicidad con la industria evasora quedó de manifiesto en la operación Offshoreleaks, mediante la cual, en la primavera de 2013, llegaron a los medios de comunicación europeos miles de documentos sobre la ejecución de gigantescas evasiones fiscales.
Los abogados suizos han sido, claro, los precursores, la vanguardia o la élite al servicio de la evasión. Miles de abogados más en el mundo les imitan. Así, el bucle de la industria de la evasión fiscal se cierra. Cada uno de sus sectores desarrolla una función: los capitalistas evasores aportan eso, el capital, que regará fondos a los otros sectores beneficiados: el político (las jurisdicciones offshore) y el financiero, ayudado por los mercenarios del pseudoderecho.
En 2013 se dio un giro en la actitud de los gobiernos sobre la cooperación intraeuropea contra el fraude fiscal. Una primera razón, por supuesto, es la propia crisis y la reacción, tardía, del G-20, aunque reacción al fin. Sin embargo, lo que desencadena las decisiones que se vieron plasmadas en el Consejo Europeo de mayo de 2013 es un conjunto de escándalos relacionados con la evasión masiva de capitales europeos a paraísos fiscales. El más importante es el que se conoció como Offshoreleaks, promovido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en asociación con Le Monde, The Guardian y el Washington Post. Esa filtración de más de 2.500 documentos reveló la existencia de decenas de miles de cuentas secretas de 130.000 individuos, de 170 nacionalidades, entre ellos 4.000 norteamericanos, ligadas a 120.000 sociedades offshore escondidas en paraísos fiscales, de entre los cuales destacaban varias islas bajo jurisdicción británica. Otros casos como el del exministro francés Cahuzac, o la multimillonaria Bethencourt, profundizaron la herida.
El otro hecho relevante para que la Unión se empezara a mover fue la adopción del programa FATCA, impuesto por EE.UU. a todos los países.
La conclusión sobre el actual estado de la cuestión del fraude fiscal ha sido su entrada, por fin, en la agenda del “gobierno del mundo”.
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Este texto es una adaptación del capítulo sexto del libro La edad de hielo. Europa y Estados Unidos ante la Gran Crisis: el rescate del Estado de bienestar (RBA, 2014) y fue publicado en el nº 29 del periódico semanal AHORA. Se publica en esta WEB con autorización del autor.
