La sostenibilidad medioambiental vista desde los municipios. (El caso Conil de la Frontera)
Por Ignacio Muro Benayas, @Imuroben, miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC
Un ritmo de urbanización de dos hectáreas por día en la linea de costa durante el último cuarto de siglo (1987/2011). Ese dato, un promedio de dos campos de futbol diarios construidos en los primeros 500 metros del litoral, es el resumen más expresivo del informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad dedicado a España. Y muestra hasta qué punto las sucesivas burbujas inmobiliarias descansan en la combinación de turismo de playa y ladrillo lo que explica, a su vez, la dificultad de erradicar un modelo de crecimiento en el que la corrupción es la consecuencia lógica a la falta de límites a las competencias municipales sobre el urbanismo.
España lleva décadas abordando, al menos retóricamente, los límites de su modelo productivo basado en el ladrillo y el turismo y no ha sido capaz de conseguirlo. Andalucía por su parte “tuvo en los ańos 80 – , según señala el historiador Carlos Arenas Posadas-, la oportunidad de cambiar de trayectoria, de cambiar de modelo productivo” pero después de 30 años de autonomía ha consolidado su actual “papel silente y subalterno” compensado parcialmente por las “transferencias provenientes de Europa y del resto de España’. Así lo expresa en su historia del capitalismo andaluz (“Poder, economía y sociedad en el sur’) donde resalta la ‘errática trayectoria de los planes de desarrollo promovidos por la Junta entre 1984 y 90, seguido luego por ‘políticas destinadas a atender las urgencias políticas y las demandas de los grupos de presión locales, nacionales y multinacionales.’
Buena parte de esa presión se produce en los municipios, las comarcas y las provincias y solo poniendo el foco en esos espacios se puede comprender en qué consiste la batalla por la sostenibilidad. Hay provincias como Málaga o Alicante que ha alcanzado un nivel de ocupación urbana en la primera linea de costa superiores al 80% lo que, según el Observatorio, significa que “ya no tiene cabida para más”.
Rezagada en el tiempo respecto a esos modelos devastadores, la provincia de Cadiz ha tenido la oportunidad de desarrollar un modelo turístico sostenible y hoy cuenta con espacios bien conservados. Sin embargo, en las dos últimas décadas, ha sufrido una presión especulativa creciente que ha hecho aumentar su nivel de urbanización a una velocidad muy superior a la de Málaga, hasta alcanzar una ocupación urbana del 50% en la linea de costa.
Pasada la etapa de ajustes inmobiliarios, la presiones especulativas retornan. Greenpeace acaba de denunciar que el municipio de Roquetas de Mar (Almería), que tiene un 25 por ciento de viviendas vacías, prepara un nuevo complejo inmobiliario que conlleva la construcción de 8.000 nuevas viviendas y varios hoteles.
La sostenibilidad se conjuga desde los municipios
Conil de la Frontera es uno de los municipios turísticos de referencia en la batalla por la sostenibilidad y merece ser utilizado como caso de estudio. A veces, sólo entrando en lo pequeño, en los casos particulares, puede entenderse el conjunto.
Ubicado en la comarca de La Janda, en el oriente de la provincia de Cadiz, tiene como singularidad estar gobernada durante los últimos 21 años por una coalición roji-verde fruto de una alianza de Izquierda Unida y una agrupación ecologista local. Singular también es el hecho de que, mientras los ayuntamientos del resto de los municipios cercanos (desde Chiclana a Vejer de la Frontera, desde Cadiz al Puerto de Santa Maria) sufrieron cambios de gobierno desde la crisis del 2008,la hegemonía roji-verde se ha reforzado, con mayoría absoluta, en los últimas elecciones de 2015, lo que, de alguna forma, significa un aval a la sostenibilidad de su modelo, que está superando la crisis mucho mejor que sus vecinos.
Para su alcalde, Juan Bermudez, demuestran que “el modelo de turismo devastador e insostenible tiene alternativa, que el desarrollo puede buscar la armonía con la naturaleza y que la planificación urbanística tiene sentido”. Las diferencias entre unos y otros municipios refuerza la idea de que las corporaciones locales tienen un cierto margen de maniobra y de que las políticas públicas, tienen sus efectos sobre la calidad de vida de sus poblaciones. Medir hasta qué punto eso es posible, conocer y sentir sus límites, es la cuestión.
En Conil el desarrollo de Planes Estratégicos, (el primero en 2002/2012 dirigido por el anterior alcalde Antonio Roldán) han sido el instrumento de consenso para definir el modelo de crecimiento deseado a largo plazo, concretado en la idea de “ciudad compacta”, una variante de villa turística con calidad medioambiental y retorno social, en el que la actividad comercial se inserte en el pueblo y las plusvalías queden en la localidad. Fruto de ese modelo es la búsqueda de la máxima protección a las 680 hectáreas de los pinares de Roche y los 211 hectáreas de humedales en la desembocadura del Rio Salado/Playa de Castilnovo, ambos en la linea de costa y adscritos a las Red Natura 2000 como espacios protegidos.
El camino elegido por Conil, que ha servido de ejemplo en el Plan de Protección del Litoral desarrollado por la Junta de Andalucía, se ha construido por contraste con lo que identifica como modelos negativos de su entorno cercano. De El Puerto de Santa María rechazan el abandono desordenado del centro y el hiperurbanismo de la playa de Valdelagrana; de Barbate el abandono de unos Caños de Meca sometidos a los vaivenes de la especulación; de Chiclana de la Frontera, el desmontaje de su rico viñedo y el volcarse en un modelo basado en el monocultivo turístico y en grandes hoteles alejados del entorno urbano.
El impulso a la agricultura ( Cooperativa de las Virtudes con 500 agricultores), la pesca, (con 80 barcos, defensa de la pesca artesanal y denuncia de la flota de arrastre) y las industrias de transformación, que busca explícitamente aumentar el valor añadido generado de la transformación de los productos locales, son otros signos del modelo de Conil. El desarrollo de rutas gastronómicas para poner en valor su atún rojo de almadraba o sus productos agrícolas le valió ser finalista del Premio EDEN 2015 (European Destinations of Excellence) que concede la UE a las experiencias de turismo sostenible.
Masificación y contradicciones de los “modelos verdes”
Un reciente informe del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha puesto en evidencia la existencia de limites y contradicciones de ciertos modelos verdes. La paradoja de la sostenibilidad, señalan, es que genera también una “gentrificación verde” es decir una ocupación indeseada de los centros urbanos que termina expulsando a la población nativa.
Algo parecido ocurre en Conil donde la masificación concentrada de turistas en la temporada alta tiene efectos de despoblamiento del casco histórico, ocupado por comercios que cierran la mitad del año, en los meses de temporada baja. El abandono del centro por la población destruye la idea de “ciudad compacta” que se debilita también por la masificación, ruido, ocupación de la vía pública y el persistente ocio nocturno que hacen difícil la vida en época estival.
La desestacionalización de los ingresos por turismo no ha alcanzado un nivel suficiente para garantizar un modelo sostenible. Subsiste un modelo dual, muy presionado por el incremento de la demanda estival de servicios (recogida basuras, limpieza de calles, servicio de aguas…) cuando la llegada de veraneantes, con picos de 90.000 habitantes (los censados rondan los 22.000) provoca que su demanda se triplique y disperse..
El diseminado de viviendas ilegales y la proliferación del alquiler no regulado son debilidades y amenazas reconocidas en su plan estratégico consecuencia de la presión especulativa sobre el valor inmobiliario del suelo. Y esa presión continuará para Conil, según indica el Observatorio de la Sostenibilidad, sobre todo desde el lado oriental del litoral representado por El Palmar, pedanía de Vejer de la Frontera.
Con todo, la mayor paradoja de Conil como modelo sostenible es el mantenimiento de un alto desempleo oficial en las cifras del paro registrado (alrededor del 20% en verano y del 35% en meses bajos) mientras una inspección sobre el terreno y la vitalidad de la actividad comercial durante buena parte del año parece indicar lo contrario.
Son indicios que indican un extraordinario peso de la economía informal que tiene carácter estructural y afecta a todos sus sectores (alquiler de viviendas, hostelería, comercio minorista, construcción, agricultura, pesca) pero se acentúa por la fuerte peso de la empleos estacionales.
Se trata, no obstante, de un asunto que desborda las competencias municipales y muestra un fracaso institucional que afecta a las políticas fiscales, al mercado de trabajo y a la calidad del control público cuyas competencias son de los gobiernos centrales y autonómico. En cualquier caso, es obvio que el éxito de una experiencia municipal sostenible y de calidad no puede ser compatible con esas cifras de desocupación y/o de economía sumergida. Sostenibilidad y economía subsidiada son incompatibles.
