Nota de EFC sobre la EPA del segundo trimestre de 2023

EL EMPLEO SIGUE FUERTE, ALCANZADO EL MÁXIMO DE LA SERIE HISTÓRICA, Y MEJORANDO SU CALIDAD

Las cifras de la EPA del segundo trimestre de 2023 reflejan un aumento de algo más de seiscientas mil personas ocupadas, respecto al trimestre anterior, todas ellas en el sector privado, y un descenso de 365.000 personas en situación de desempleo, con lo que la tasa de paro se reduce en 1,67 puntos porcentuales respecto a la del primer trimestre, hasta situarse ya por debajo del doce por ciento (11,6%).

Todo ello se produce, además, conjuntamente con un importante crecimiento de la población activa (238.000 personas más), lo que evidencia el aumento de la incorporación al mercado laboral y la elevación de la tasa de actividad (la fuerza laboral del país se eleva hasta 23.800.000 personas): dos efectos extremadamente positivos.

No cabe duda de que el aumento del empleo está produciendo una recuperación de personas antes desanimadas, con lo que la tasa de paro desciende con fuerza acompañada de la reducción de las personas inactivas. Todas las mediciones del desempleo más informales y complementarias a la tasa de paro (la últimamente muy mencionada ‘holgura laboral’) se han reducido considerablemente en este trimestre.

Los segundos trimestres de cada año suelen registrar buenos resultados en materia de empleo, por el aumento de las contrataciones relacionadas con señaladas fechas festivas y las previas a la temporada estival. Pero, la creación de empleo en términos desestacionalizados (eliminado esas oscilaciones) se ha acelerado por tercer trimestre consecutivo, alcanzado un notable crecimiento del 1,4%.

Con ello, la tasa anual de incremento del empleo se ha acelerado en más de un punto (respecto de la medida en el primer trimestre) hasta alcanzar un 2,9%. Resulta por lo tanto evidente, que estos registros muestran que la creación de empleo en España reafirma su fortaleza, y que cada vez es de mayor calidad, como consecuencia esencialmente de tres circunstancias:

• En primer lugar, de la robustez del crecimiento económico en nuestro país, que aumentó en el trimestre anterior a un ritmo del 4,2%, y que, a pesar del daño que están causando las ineficaces (por desorientadas respecto a las causas de la inflación) subidas de tipos del BCE, se mantendrá para el conjunto del año como la economía avanzada que más crecerá (2,5%), según las recientes estimaciones del FMI.
• En segundo lugar, del positivo efecto de la reforma laboral de 2021, que ha modificado estructuralmente las pautas de contratación de las empresas, potenciando figuras estables como el contrato indefinido ordinario y el fijo discontinuo, y reduciendo las más volátiles y generadoras de rotación laboral.

Nueve de cada diez empleos creados en este trimestre son a tiempo completo. Aumentan tanto los empleos asalariados como por cuenta propia. Ocho de cada diez de los primeros son, a pesar de la estacionalidad del trimestre, empleos indefinidos (un millón trescientas mil personas más que hace un año tienen empleos con contrato indefinido, y 760.000 menos, contratos temporales). La tasa de temporalidad se mantiene en torno a los mínimos del 17,3%.

El empleo crece más en el trimestre entre los jóvenes de 25 y 29 años (cerca de cien mil), y en ambos sexos, aunque el mayor crecimiento en el último año lo registran las mujeres, así como en la reducción del desempleo en el trimestre.

• En tercer lugar, el crecimiento de actividades y ocupaciones muy ligadas a procesos tecnológicos avanzados y al desarrollo de la digitalización, impulsando un modelo de crecimiento que aporta más valor añadido, que ha sido tradicionalmente nuestro talón de Aquiles.

Los datos de este trimestre vienen a sumarse al fuerte proceso de recuperación del empleo tras los efectos de la pandemia. De tal forma que en este trimestre se ha alcanzado la cifra más alta de empleo registrada en España en la larguísima serie histórica de la Encuesta: 21.056.700.

Esto requiere varios comentarios:

• No resulta muy difícil comprender la enorme relevancia de un dato de esta naturaleza en todos los órdenes: el propio del empleo, el aumento de la riqueza generada en el país (que por supuesto alcanzará también un máximo), la sostenibilidad del Estado de Bienestar español, los efectos sobre las finanzas públicas, y la más que probable reducción de las desigualdades.

Y esto solo puede lograrse si hay una definición acertada de la política económica y de la política de empleo y de regulación del mercado de trabajo, con coherencia entre ambas, en la línea que hemos señalado reiteradamente desde Economistas Frente a la Crisis.

• No deberían, por lo tanto, minusvalorarse ni despreciarse por conveniencias políticas espurias estos aciertos, como ha sucedido en los últimos meses. Y menos aún, utilizar los datos del empleo como un arma de juego político, sometiéndolos a análisis y comentarios manipuladores y falaces con la única intención de confundir a la ciudadanía y ocultar un éxito y unos aciertos que deben indicar el camino correcto hacia el futuro.
• Por todo ello, es muy importante dar continuidad a la política económica y de empleo seguida la pasada legislatura, que tan buenos resultados ha ofrecido. Es preciso que un nuevo gobierno de progreso afiance los cambios estructurales producidos, que han hecho que la temporalidad en el sector privado se haya reconducido, tras décadas de intentos fallidos, a niveles semejantes a la media de la zona euro, y que se esté consolidando un cambio de modelo productivo y de empleo coherente con un desarrollo más equilibrado, justo y sostenible.

Pero también es necesario acometer aquellas reformas que no se han implementado o que deben ser corregidas o complementadas, para terminar de modernizar nuestro mercado laboral, en coherencia con las necesidades de nuestra pujante economía. En este sentido, es preciso analizar la eficacia de los procesos de consolidación del personal temporal en las administraciones públicas que ya están en marcha, y, en caso de que no sean efectivas a corto plazo, aplicar medidas alternativas para reconducir de manera nítida la temporalidad en el sector público, cuya tasa es inadmisiblemente elevada.

Igualmente, sería necesario aplicar la reciente Ley de Empleo convirtiéndola en una reforma general de las Políticas Activas de Empleo para ofrecer las garantías de orientación y recolocación que precisan las personas desempleadas de larga duración.