Skip to content

Organismos reguladores independientes y competentes

Share

 Con motivo de la publicación en El País (30 /12/16) de una breve crónica sobre una presunta negociación entre el PP y el PSOE (http://economia.elpais.com/economia/2016/12/29/actualidad/1483037104_028266.html) en torno a una reforma de la CNMC de la que se desprende que no supondrá cambio significativo alguno porque parece circunscribirse a poco más que a la división de la actual CNMC en dos comisiones, reproducimos en esta WEB el subtítulo VII- MERCADOS MÁS EFICIENTES, que incluye algunas breves reflexiones sobre los Organismos Reguladores Independientes y que es parte del documento publicado a principios de 2016 por Economistas Frente a la Crisis EFC en esta misma WEB,  bajo el título «Propuestas de Política Económica para la nueva legislatura» (http://economistasfrentealacrisis.com/propuestas-de-politica-economica-para-la-nueva-legislatura-2015-2019/).

 La realidad es que, de facto, la CNMC ya funciona como dos comisiones, una de ellas especializada en competencia y otra sectorial especializada en nada porque es completamente imposible que los miembros de su sala lo estén  en … energía, telecomunicaciones, correos etc… La especialización sectorial es cuestión esencial para que la independencia sea real. De otra forma la superioridad técnica de las empresas reguladas será -como ya es ahora- avasalladora… y las puertas giratorias (las de verdad) se manifestarán en todo su esplendor con la captura de los cargos «técnicos» intermedios (esos sí «especializados») de cada sector incluido en lo que llamarían «Comisión Administrativa de Regulación».

La posición de EFC es radicalmente opuesta al camino que parecen apuntar las negociaciones PP / PSOE  según el artículo periodístico citado.

La posición de EFC es la siguiente:

«Recuperar los órganos reguladores sectoriales, fortalecer su independencia de los intereses económicos bajo su supervisión.

La defensa de la competencia y la regulación preventiva de la prestación de los servicios de interés económico general no es pura técnica. También es -y es ante todo- política, y de ahí que sea habitual que en los correspondientes ámbitos especializados se hable con total naturalidad de “política de la competencia” o de “política regulatoria”.

La tarea regulatoria no es ni puede ser nunca, por definición, políticamente aséptica. No hay que confundir neutralidad partidaria con neutralidad política, ni está reñido el ejercicio de una opción política con una toma de decisión adecuadamente fundada en conocimientos especializados de carácter técnico, económico o jurídico.

La dimensión política de la regulación resulta evidente en el plano de la producción normativa o en el ejercicio de la función consultiva. Por el contrario, pudiera parecer que esa dimensión desaparece íntegramente cuando los organismos reguladores o de supervisión se limitan a aplicar la regulación o a ejercer potestades administrativas. Pero incluso aquí la dimensión política de la tarea regulatoria tampoco desaparece. En primer lugar, los organismos reguladores también tienen atribuidas importantes potestades normativas. Pero además, no cabe desconocer que, incluso cuando los reguladores se limitan a aplicar la regulación, éstos siguen ostentando amplios márgenes de decisión en cuyo ejercicio intervienen inexorable y legítimamente consideraciones u opciones de política regulatoria.

Pues bien, la dimensión política (y no sólo técnica) de la regulación económica implica que la legitimación democrática de la actividad de los organismos reguladores y de supervisión no puede surgir sólo de su indiscutible sometimiento al principio de legalidad. Por el contrario, precisa de una vinculación directa con las instituciones democráticas (Gobierno y Parlamento).

Por ello, el verdadero problema que sufren en España los organismos reguladores y de supervisión no es la “politización” sino su colonización e instrumentalización partidaria. Si a lo anterior se une la influencia –rara vez transparente- que ejercen sobre estos organismos los propios sectores económicos regulados, se comprende fácilmente el desmoronamiento de su imagen y de la confianza de la ciudadanía en su buen funcionamiento.

El nombramiento de los máximos responsables de los organismos reguladores y de supervisión, no puede tener lugar sino en sede política entre personas cualificadas y preparadas para el ejercicio del cargo. Este es el verdadero reto de los organismos reguladores (y, en general, de las instituciones independientes), pues no existe mejor garantía de independencia que la competencia profesional y la reputación contrastada de las personas elegidas.

Siguiendo el modelo que el Tratado de Lisboa ha diseñado para la designación de los jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea (art. 255 TFUE), cabe proponer que la designación en sede parlamentaria de los máximos responsables de los organismos reguladores y de supervisión incluya la previa evaluación de un comité de expertos que se configuraría como un comité asesor de la Comisión competente del Congreso de los Diputados. La recuperación de la confianza en las instituciones es esencial para mejorar el funcionamiento de la economía.»

El subtitulo «VII Mercados más eficientes», al que pertenece el apartado antes transcrito sobre los Organismos Reguladores, continúa con los siguientes apartados:

El sector eléctrico, llave de una política energética progresista

La regulación vigente del sector eléctrico nos ha situado entre los países de la UE con una electricidad de mayor coste para los consumidores. Esta situación, débilmente enmascarada y, al mismo tiempo, agudizada por el déficit de tarifa, encorseta cualquier cambio de rumbo que quisiera darse a la política energética que ha realizado el Gobierno del Partido Popular: una política que, para escapar de la insostenibilidad económica en la que se encuentra empantanado el modelo regulatorio vigente, recurrió al “parón renovable”; que persigue intensificar la exploración de hidrocarburos no convencionales (shale-gas y shale-oil) con tecnología fracking (fracturación hidráulica) y que defiende la prolongación de las licencias de explotación de las centrales nucleares… mientras aplica y mantiene medidas retroactivas sobre la regulación retributiva que orientó a los inversores en tecnologías renovables a tomar decisiones y ejecutar sus inversiones.

El panorama es completamente desalentador. Sólo abordando una profunda reforma del marco regulatorio vigente podremos abrir la puerta a una política energética que tenga por objetivo la sostenibilidad en su doble versión económica y medioambiental, con capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo aportando independencia energética (por razones de balanza de pagos y de seguridad en el suministro), tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica, empleo de calidad y elementos eficaces para la contención del cambio climático de origen antropogénico. El sector eléctrico es una de las llaves que debe abrir la puerta de una decidida Transición Energética hacia una economía descarbonizada.

Algunos elementos de la reforma necesaria son:

  • Recuperación, para cada activo de generación, del marco regulatorio retributivo bajo el cual los inversores decidieron y ejecutaron las inversiones. Se trata de restaurar la seguridad jurídica para los inversores en las tecnologías renovables y para los consumidores. Una apuesta, en definitiva, por el futuro.
  • Establecimiento de un mercado de subastas por tecnología para las nuevas inversiones en renovables y potencia firme. La modularidad de las tecnologías renovables exigirá mantener un sistema de tarifas públicas (feed-in-tariff) para las pequeñas centrales y para los excedentes de los auto-consumidores. Se trata de terminar con el falso paradigma del precio único de la electricidad, que esconde la enorme diversidad de tecnologías, combustibles, fuentes primarias energéticas y externalidades positivas y/o negativas que hay detrás de cada KWh.
  • Retribución establecida mediante concursos competitivos para las nuevas inversiones en el transporte de electricidad.
  • Comercialización libre y transparente.
  • Determinación de los costes de la generación extrapeninsular mediante despacho económico gestionado por REE como Operador del Sistema y auditorías bajo normas de general aceptación.
  • Tarifas horarias para los pequeños consumidores establecidas por los precios de un mercado de nuevo diseño –subastas por tecnología para las nuevas inversiones / costes estándares para las viejas tecnologías / precios de mercado para las centrales térmicas / contratos por diferencia- que replique el coste del mix energético, frente a las actuales tarifas fijadas horariamente por un mercado marginalista.
  • Regulación, bajo un régimen de derechos y obligaciones no discriminatorio, de la libertad de inversión en instalaciones de generación destinadas al autoconsumo individual o colectivo. Los excedentes de la generación destinada al autoconsumo y vertidos a la red serían retribuidos al precio correspondiente a la tecnología generadora de acuerdo con los costes de su curva de aprendizaje. De esta manera, el autoconsumo se incardinaría en la más eficaz contribución a la eficiencia energética al empoderar a los ciudadanos frente al poder del oligopolio eléctrico.
  • Realización de una auditoría regulatoria que identifique las deudas pendientes de determinar y de liquidar de las empresas eléctricas con el sistema eléctrico, en particular, las que correspondan al exceso de costes de transición a la competencia pagados por los consumidores cuya cifra se situaría próxima a los 3.000 M€.
  • Revisión de las concesiones de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos y, en su caso, proceder a su rescate.
  • Puesta en marcha de una política energética decidida a favor de la Transición Energética, que necesariamente pasa por la electrificación del transporte -el sector “difuso” más contaminante-, por la prohibición de nuevas exploraciones de materias energéticas fósiles, por la minimización de la generación eléctrica en centrales de carbón -en especial de carbón importado- y por el cierre de las centrales nucleares al final de su vida de licencia: comenzando por la no reapertura de la C.N de Garoña en 2016, siguiendo por el cierre de la C.N de Almaraz 1 en 2020 y de todas las demás hasta el cierre de la última, la C.N de Trillo, en 2028. Se trata de una apuesta por tecnologías renovables, que son el futuro, para lo que es necesario despejar su desarrollo con el cierre escalonado de las tecnologías del pasado.
  • Eliminación de toda norma que encarezca el suministro de electricidad, que duplique la retribución de servicios ya retribuidos por otras vías o que sustente actividades de baja aportación al valor añadido del suministro de electricidad. En concreto, revisar la actual separación entre Operador del Sistema y Operador del Mercado con objeto de identificar disfunciones y mejoras de eficiencia en la operación técnica y económica del sistema eléctrico.En contraste con la regulación vigente, las reformas que aquí se proponen suponen, en definitiva, una auténtica liberalización del sector eléctrico, que se concreta en:
  • Una reivindicación del mercado como mecanismo eficiente de asignación.
  • Una reivindicación de la regulación frente a los fallos del mercado y frente al intervencionismo arbitrario.
  • Un aumento de la presencia del Estado en el Sector Eléctrico (a través de las instituciones públicas competentes: Gobierno y órganos reguladores, y de Red Eléctrica de España SA –REE-, como operador del sistema) con nuevas responsabilidades en la regulación y gestión del Sector Eléctrico. En concreto:

-Establecimiento, seguimiento y control del Índice de Cobertura de la demanda de electricidad.

-Planificación del mix tecnológico de generación eléctrica y convocatoria de las subastas tecnológicas necesarias a tal fin.

-Gestión de las reservas y del almacenamiento hidroeléctrico con criterios de optimización hidrotérmica.

Apostar por una política productiva de base industrial

La economía española presenta problemas estructurales desde hace décadas: un reducido nivel de productividad; un excesivo peso de los sectores de escaso valor añadido, intensivos generalmente en bajos salarios; un sobredimensionamiento de la actividad constructora e inmobiliaria; una progresiva desindustrialización; una limitada capacidad exportadora de los sectores manufactureros avanzados; una fuerte dependencia importadora, particularmente en el sector energético. Esos déficits estructurales han sido, a menudo, imputados a carencias asociadas al factor trabajo y propiciado continuas reformas laborales olvidando afrontar reformas estructurales e institucionales en aspectos empresariales.

Sin embargo, la actual especialización productiva no está causada por la falta de habilidades o conocimientos profesionales, como a menudo nos quieren hacer creer. Ni tampoco, por la falta de actitudes o de disponibilidad al cambio de los trabajadores. Es decir que, aunque sean necesarios ajustes formativos para resolver los problemas derivados de los excedentes de la construcción que hoy alimentan el paro de alta duración, se puede afirmar que con el nivel de nuestros profesionales ingenieros, economistas, médicos, investigadores, ampliamente acreditado cuando salen al exterior, es posible avanzar en otro modelo mucho más intensivo en conocimiento e innovación.

El eje central del cambio debe enfocarse en otra doble dirección. Por un lado, incentivar el desplazamiento del capital hacia destinos productivos con capacidad para ejercer de tracción innovadora y, por otro, dificultar los comportamientos rentistas y especulativos especialmente en el sector inmobiliario que, hasta ahora, han distraído buena parte de los recursos financieros, en cuantía superior al 30% del PIB, hacia actividades insostenibles. Ese desplazamiento representa un cambio estructural de gran calado que, por un lado, precisa no menos de 10 años insistiendo en las mismas políticas y, por otro, requiere vencer fuertes resistencias de grupos oligopolísticos y rentistas. En ausencia de una hegemonía progresista que los impulse parece necesario propiciar un amplio consenso en torno a una nueva política productiva de base industrial con, al menos, tres objetivos remarcables.

  • Impulsar la innovación y la economía del conocimiento, lo que exige revertir la consideración del trabajador como un mero coste y centrarse en su creciente contribución a la creación de valor rechazando cualquier modelo de relaciones laborales basado en la precariedad y la depreciación salarial.
  • Alcanzar una nueva inserción de la economía española en la economía mundial, que permita que las empresas españolas asciendan en la cadena de valor de los procesos internacionalizados. Requiere promover una interrelación entre lo global y lo local mediante la conexión simultánea con las redes globales de valor y el nuevo impulso de clústeres industriales que aprovechen las sinergias territoriales y su vinculación con plataformas de desarrollo regional.
  • Terminar con la ausencia de competencia en sectores estratégicos (energía, sector financiero, telecomunicaciones), y el favoritismo regulatorio hacia las grandes corporaciones que encarecen la actividad y refuerzan los déficits estructurales de nuestro tejido productivo.

Esos objetivos reclaman el impulso de políticas públicas transversales y sectoriales, volcadas tanto en sectores emergentes como tradicionales. Las transversales deben contemplar prioritariamente tres espacios programáticos.

  1. Impulsar y rediseñar el sistema de I+D+i para hacerlo más eficiente, que fomente la cooperación federal entre los planes de innovación de las diferentes CCAA y favorezca a las PYMES aumentando su aportación global hasta el 2% del PIB.
  2. Incentivar la autofinanciación empresarial, incentivando la retención de beneficios aportados a la Reserva de Capitalización para revertir la tendencia hacia el aumento de dividendos observada en los últimos 20 años.
  3. Poner en marcha fondos de inversión soberanos, como estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas estratégicas para el tejido productivo.

El impulso de una activa política sectorial debe aspirar, en primer lugar, a reforzar nuestra especialización en cuatro sectores estratégicos.

  1. Impulso a la economía digital y apoyo a las redes de alta conectividad (más de 100 megabits/sg) para favorecer los programas de telemedicina, educación online, industrias creativas, ciudades inteligente y las nuevas formas colaborativas de servicios.
  2. Reimpulsar las energías renovables para recuperar el liderazgo tecnológico que llegamos a tener y, también, para mantener el equilibrio de nuestra balanza por cuenta corriente, ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes, que representan más del 5% del PIB.
  3. Desarrollar los sectores emergentes vinculados a la economía verde, como la gestión del agua, desde el espacio municipal al regional (desalinizadoras), la gestión y el tratamiento de residuos; e incorporar exigencias ambientales en todas las demás actividades.
  4. Diseñar un plan de infraestructuras que priorice la intermodalidad en los principales puertos españoles y los integre con el transporte de mercancías con el corredor mediterráneo ferroviario.

Pero la actuación sectorial no debe olvidar actuaciones específicas para aquellos sectores tradicionales en los que España ha demostrado ventajas comparativas, en especial turismo y construcción.

  • Apostar por la desestacionalización del turismo se convierte en un objetivo estratégico lo que supone cultivar las vertientes de turismo cultural, urbano o rural, de fin de semana, de negocios y congresos, gastronómico y enológico, de salud.
  • Reorientar el sector de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas necesidades sociales, favoreciendo el saneamiento urbanístico y energético de los edificios existentes.

Una nueva cultura de la ciudad y el territorio

Desde los años setenta del pasado siglo se han modificado los mecanismos que rigen la evolución urbana. España ha sido escenario de cambios en el diseño y en la estructura de las ciudades, en las formas de acometer el gobierno del suelo, en la financiación inmobiliaria y en los problemas que plantea el acceso a la vivienda. El mercado ha impuesto sus criterios en las decisiones más relevantes. Los mecanismos tradicionales de planificación, de ordenación del territorio, han perdido peso en favor de la lógica financiera. El paso desde la ciudad compacta a la ciudad dispersa ha sido una de las consecuencias más evidentes. Dicha evolución ha tenido serias consecuencias económicas, medioambientales, y también sociales.

Es necesaria una nueva cultura de la ciudad y el territorio, que obliga a inventar nuevos instrumentos para proyectar el nuevo y conflictivo paisaje. Los problemas de la ciudad dispersa actual solo tienen solución tomando como base de proyecto la propia ciudad ya consolidada.

Una nueva circunstancia derivada de la crisis ha aumentado los problemas de la política de vivienda. Desde 2008 han crecido las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de hogares de sus viviendas habituales, consecuencias de los impagos de préstamos hipotecarios. Se estima un total de 203.800 viviendas entregadas a los bancos entre 2008 y 2014. Existe, además, un volumen importante de lanzamientos provocados por el impago del alquiler, una media anual de 37.000 en 2013-2014.

Los objetivos de la política de vivienda deben ser:

  • favorecer el acceso, con un esfuerzo no superior a la tercera parte de los ingresos, a hogares con niveles de ingresos reducidos;
  • facilitar alojamiento a los hogares desahuciados, anticipándose a la ejecución de los mismos.

Y entre las actuaciones más relevantes destacan las siguientes:

    • Impulso a la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de viviendas de nueva construcción y de viviendas vacías. Para ello será necesario garantizar apoyo presupuestario a los Planes Plurianuales de Vivienda.
    • Aproximar la normativa española en materia de desahucios a las prácticas más habituales en Europa Occidental y en otros países desarrollados (ley de sobreendeudamiento), de forma que no se desahucie al insolvente que actuó de buena fe, estableciendo un plan de pagos.
  • Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO), crear un vehículo financiero dedicado en exclusiva a prestar a largo plazo para la creación de un parque estable de viviendas de alquiler y también a la rehabilitación.
  • Establecer ayudas directas a los arrendatarios para hogares con ingresos no superiores a 3 veces el IPREM (unos 1.800 euros), que cubran hasta el 35% del alquiler y con una duración prorrogable de 2 años. La actualización anual de los alquileres debe de realizarse con el Índice General de Precios de Consumo.
  • Apoyo a la rehabilitación: En 10 años todos los edificios públicos deberían ser eficientes desde el punto de vista energético. En 2025, el 100% de la nueva vivienda protegida sería sostenible.
  • Establecer en el planeamiento urbano una reserva de suelo suficiente con destino al parque de viviendas de alquiler. Se fijaría asimismo un porcentaje de participación pública en las plusvalías para disponer así de suelo destinado a la promoción de viviendas de alquiler. Es imprescindible restablecer las reservas de suelo para vivienda protegida o equivalente en el planeamiento urbanístico y el porcentaje público de plusvalías que corresponde a la administración local.

Garantizar el crédito: crear un Banco Público de Inversión

El sistema financiero desempeña un papel crucial no solo para desarrollar las políticas anteriores, sino para determinar el comportamiento y evolución del conjunto de la economía. En 2012 tuvieron lugar notables cambios normativos relativos al mismo en España, tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno español y la UE. La concentración bancaria se ha reforzado en España tras la crisis, destacando sobre todo la desaparición de las cajas de ahorros como entidades de crédito. De forma similar a otros países de la UE, el balance bancario agregado descendió en torno a un 10% entre 2008 y 2014.

Ahora, también el sistema financiero debe desempeñar un papel trascendente en la recuperación de la economía española, evitando que comprometa la estabilidad. Es preciso impedir que vuelva a repetirse una inversión masiva y apalancada de recursos en la construcción residencial, y se debe favorecer la inversión con mayor incidencia en el crecimiento a largo plazo.

El endeudamiento del sector privado en España, en torno al 190% del PIB, es de los más elevados entre las grandes economías de la UE, lo que lastra la capacidad de la economía para renovarse y crecer. En España se está produciendo un proceso de intenso desapalancamiento. Se trata de garantizar un flujo regular de crédito, en especial a las pymes, ayuntamientos y hogares, y ello en condiciones similares a las del resto de países de la Eurozona.

Para ello, resulta necesario un enfoque integral que actúe mejorando los mecanismos de financiación a las pymes.

En la actualidad, España tiene múltiples instrumentos de apoyo a las pymes, pero escasos en cuantía y mal coordinados entre sí. Deben aumentar las dotaciones de capital al ICO, como primer paso. Este organismo deberá acudir a los mercados mayoristas de dinero para reforzar su actividad. Resulta, pues, necesario crear un Banco Público de Inversión (BPI) a partir del ICO, con varios objetivos, como la financiación a las pymes, impulsando su internacionalización y apoyándolas para mejorar su tamaño. También debe financiar la creación de un parque público de viviendas sociales de alquiler.

Y junto a la creación del BPI, es conveniente mantener la presencia pública en los bancos rescatados aun no privatizados, Bankia y BMN (con balances de 48.000 y 260.000 millones de euros, respectivamente), en los que tiene mayoría de capital el FROB. El control de Bankia es una acción relevante, que actuaría de forma coordinada con el ICO.

La banca alternativa, de la que el más representativo ejemplo han sido las cajas de ahorros, ha quedado reducida en España a las cooperativas de crédito, cajas rurales básicamente, y al ICO. Se debe impedir que desaparezcan tales cooperativas de crédito, algo compatible con una mayor concentración de las mismas, dejando claro que la supervisión corresponde al BCE y al Banco de España.

Por último, el cobro a todas luces abusivo de comisiones bancarias es un hecho evidente, destacando la queja pública del Banco de España acerca de la baja aplicación de las resoluciones que adopta ante las reclamaciones de clientes afectados por las actuaciones de los bancos, cuando tales resoluciones son favorables a los clientes. En este sentido, debe establecerse de forma normativa que las resoluciones del Banco de España tienen que ser de aplicación obligatoria.

Mejorar la gobernanza de las empresas

Las deficiencias en la gobernanza de las empresas han jugado un papel muy relevante en la génesis y el desarrollo de la reciente crisis económica y financiera. La complejidad en la estructura de gobierno corporativo de determinadas entidades, así como su falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de responsabilidades dentro de la organización, se encuentran entre las causas indirectas y subyacentes de dicha crisis.

No han funcionado los mecanismos de control de las posibles decisiones oportunistas de los directivos de las grandes empresas. Éstos han actuado en muchas ocasiones en beneficio propio, en contra de los intereses de los propietarios (shareholders) y causando perjuicio a los demás grupos de interés (stakeholders) –y no solo a los consumidores, que pueden pagar precios abusivos, sino también a los trabajadores con empleos cada vez más precarios, que no reciben formación, y a los proveedores, muchas veces empresarios, autónomos y pymes que no pueden negociar en igualdad de oportunidades-.

Las normas y las recomendaciones actuales no han proporcionado el control necesario para reforzar las buenas prácticas empresariales. Sin menospreciar el valor de las recomendaciones y del modelo de “cumplir o explicar” previsto en el Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas, surge la necesidad de nuevas normas en materia de gobierno de las empresas que permitan mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas.

Las medidas que se deben poner en marcha van en la dirección de:

  • Mejorar los mecanismos internos de gobierno corporativo. Es preciso revitalizar el funcionamiento de las juntas generales y la participación de los accionistas. Para mejorar la eficacia de los Consejos de Administración y que éstos actúen de mecanismo interno de supervisión y control de las posibles actuaciones oportunistas de los directivos empresariales, los cambios normativos deben contribuir a garantizar la independencia, participación y profesionalización de los consejeros.
  • Mejorar el funcionamiento de los organismos reguladores. Para mejorar la calidad de las instituciones reguladoras se debe garantizar la pluralidad e independencia de dichos órganos de control (como son la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Banco de España), para que la supervisión y regulación del poder económico sea autónoma e independiente del poder político.
  • Avanzar hacia un modelo de empresa multi-stakeholder, democratizando la empresa y equilibrando el reparto de excedentes en relación con la asunción de riesgos. La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el gobierno corporativo hacia un buen gobierno corporativo “global: accionistas sí, pero también acreedores, clientes, trabajadores y sociedad en general.
  • Mejorar la transparencia y la calidad de la información. Es preciso aumentar las exigencias de transparencia y rendición de cuentas para las empresas. En esta materia el principio de «cumplir o explicar» no ha quedado exento de algunas críticas, por la insuficiente calidad de las explicaciones ofrecidas por las sociedades cuando no siguen las recomendaciones del Código de Buen Gobierno. Por otro lado, para prevenir los fraudes y maquillajes contables, el sistema institucional de supervisión debe ir más allá de las verificaciones meramente formales.

Finalmente, se debe exigir mayor transparencia en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o buen gobierno corporativo “global” a las empresas. La información a exigir a las empresas ya no sólo ha de ser económico-financiera, sino que se debe incorporar la exigencia normativa de que proporcionen informes de sostenibilidad, que incluyan información social y medioambiental, sujeta igualmente a los principios de fiabilidad, claridad, relevancia y comparabilidad

 

 

About Economistas Frente a la Crisis

Asociación de Economistas Frente a la Crisis

Deja un comentario





Share
Share
Scroll To Top

Necesitamos su aprobación al uso de cookies para mostrar vídeos, compartir en redes sociales y hacer estadísticas web. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar