Pensiones en 2018: Tres llamadas de atención

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Borja Suárez Corujo*,  profesor de Derecho del Trabajo y la SS en la UAM, es miembro deEconomistas Frente a la Crisis EFC

Tres importantes noticias sobre pensiones se han conocido en los últimos días. Merecen un comentario porque ponen de manifiesto algunas claves que habría que tener en cuenta para garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro sistema público de pensiones

I- El Gobierno, a través de la Secretaria General del Tesoro, ha anunciado que en 2018 la Seguridad Social necesitará un préstamo del Estado por valor de 15.000 millones de euros para pagar la nómina de las pensiones. Con ello pone de manifiesto las grandes dificultades que atraviesa el sistema desde 2012 y que el Gobierno ha sido incapaz de corregir en este tiempo a pesar de un intenso crecimiento económico superior al 3% en los tres últimos años y una evolución moderada del gasto en pensiones. Este desequilibrio refleja, primero, la debilidad de los ingresos por cotizaciones derivada de los exorbitantes niveles de precariedad laboral y la apuesta por una política de devaluación salarial, factores ambos para los que la reforma (ruptura) laboral de 2012 ha sido decisiva. Segundo, el inmovilismo del ejecutivo de Rajoy respecto de una estructura financiera de la Seguridad Social en la que las cotizaciones de empresarios y trabajadores se utilizan para financiar otro tipo de políticas (empleo, por ejemplo) o gastos (de personal) y, en cambio, no gravan los salarios por encima 3.751 euros mensuales. Y, tercero, la necesidad de incrementar la aportación del Estado para equilibrar esa estructura financiera y garantizar su sostenibilidad.

II- Precisamente en relación con el fortalecimiento del sistema de financiación de las pensiones hay que situar la propuesta del secretario general del PSOE de crear dos figuras impositivas finalistas (impuesto a las transacciones financieras y otro extraordinario para la banca) como una de las medidas necesarias para enjugar el actual déficit y garantizar la capacidad financiera necesaria ante los retos de un escenario cercano marcado por el envejecimiento y la digitalización de la economía. La idea merece ser seriamente considerada por varias razones. Puede desde luego considerarse un acto de justicia dado el origen financiero de la crisis económica que estalló hace una década y, sobre todo, dada la magnitud del rescate bancario que hemos sufragado todos los españoles, pensionistas incluidos. Además, nos recuerda la urgente necesidad de corregir el bajo nivel de gasto social y de presión fiscal que tiene España respecto de la media de los países europeos. Y, sobre todo, sirve para llamar la atención de que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible si logramos reordenar las fuentes de financiación a través de una mayor implicación directa del Estado, como sucede en Francia o Alemania. En este sentido, el carácter finalista de estos impuestos –solución también conocida en el ámbito internacional comparado– que gravan la riqueza constituye la expresión de un sólido compromiso político con el sistema público de pensiones.

III- El 1 de enero de 2018 todas las pensiones, incluidas las mínimas, experimentaron una ‘simbólica’ subida del 0,25% por aplicación del índice de revalorización anual que unilateralmente introdujo el PP en 2013. Dos apuntes breves al respecto.

En el plano material -el más importante- se condena de esta forma a los pensionistas a prolongar durante este año la pérdida de poder adquisitivo que se inició en octubre de 2016 y que se ha consolidado en 2017 (un pensionista medio ha perdido 225 euros a lo largo del año) una vez que la inflación ha recuperado unos niveles más cercanos al objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Y lo más grave es que este empobrecimiento es imparable porque, como nos recuerdan el Banco de España, la AIREF o FEDEA, la aplicación de esta fórmula supone una (semi)congelación de las pensiones durante años, décadas incluso. Un resultado manifiestamente inconstitucional.

Por si ello no fuera suficiente, llama la atención en el plano formal que el Gobierno haya incurrido en una más que probable ilegalidad. Dada la prórroga de los presupuestos para 2018 y la falta de apoyos presupuestarios, el ejecutivo ha optado por aplicar ese pírrico incremento a través de la aprobación de una norma reglamentaria (Real Decreto –ojo, no Real Decreto-ley– 1079/2017). Lo requerido en este caso, sin embargo, es una norma con rango legal (ley o decreto-ley) por exigencia del principio de legalidad presupuestaria.

 


*Una versión reducida de este artículo se publicó en El Periódico el 9 de enero de 2018

About Borja Suárez Corujo

Borja Suárez Corujo es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid en la que desarrolla su actividad docente e investigadora como Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es autor de más de un centenar de publicaciones en materia laboral y de Seguridad Social (https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=81643), entre las que destacan las monografías “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad”, “La protección social en el Estado de las Autonomías”, y “La reforma de los sistemas de pensiones en Europa: los sistemas de pensiones de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania vistos desde España”. @BorjaSuarezC

2 Comments

  1. Demetrio Vert el enero 16, 2018 a las 2:43 pm

    Uno de los mantras que el pensamiento dominante ha logrado meter en la cabeza de la gran mayoría de los ciudadanos ha sido el hacer creer que el sistema de pensiones es un “algo” al margen de la fiscalidad.
    Ya explicó con claridad un economista justamente en este espacio EFC, cuyo nombre no recuerdo, lametablemente, que pensar de esa forma es una ilusión engañosa y un truco que hace el gobierno, pues que el gobierno recaude cierta cantidad y la meta en su bolsillo izquierdo para luego sacarla por el derecho, no deja de ser una simple artimaña contable.
    Si de algo puede haber servido este sistema, pienso yo, que no soy economista, ha sido para blindar de alguna forma el que ciertos ingresos del estado no se desviaran a otros destinos, lo que no ha sido nunca cierto del todo.
    Lo que realmente hace al sistema eficaz es que este es de reparto. Se debe insistir en ello. No es un modelo de capitalización. ¡Qué más quisieran los gobiernos liberales! ¡Usted ha ahorrado tanto, aquí lo tiene! ¡A partir de ahora apáñese!
    Pues no. El trato legal que me ofreció el estado cuando empecé a trabajar fue el siguiente: Del producto de su trabajo vamos a apartar una cantidad para darla a los que ya no pueden, o no deben, trabajar. Más tarde, cuando usted se encuentre en esa situación, de lo que produzcan los otros, se apartará una cantidad para que usted viva dignamente. Ese, y no otro, fue, y es, el pacto establecido. Las distintas consideraciones establecidas para estimar lo que se le entrega a cada uno no dejan de ser simples baremos más o menos justos, para que ese reparto sea lo más equitativo posible.
    Por cierto, contrato con el estado que los distintos gobiernos se han saltado a la torera, modificando arbitrariamente y retrospectivamente (hay que insistir en ello: retrospectivamente) las condiciones ofrecidas en su momento a los que empezábamos a trabajar. Se han cambiado los años de cotización, y otros aspectos pactados en el momento de iniciar la andadura laboral, para el cálculo posterior de la asignación al jubilado. Tal vez si estas cláusulas de pacto se hubiesen dicho en el primer momento, uno hubiera tomado otra opción. Buscarse la vida como empresario, ser ladrón, o pegarse un tiro. O no implicarse en un proyecto familiar con hijos. El caso es que el Estado, a través, de sus gobiernos, ha incumplido reiteradamente el contrato inicial, al cambiar cláusulas de manera retrospectiva.
    Pero vayamos al fondo del asunto. Cuando se cobra una nómina, en uno de sus apartados, se especifica que el trabajador aporta una parte para el sistema de protección social y el empresario otra parte, como si ambos conceptos no fueran lo mismo, una parte global del coste de lo producido que se destina a un objetivo concreto. Es decir, una parte de lo producido se aparta para un fin determinado. Por aquí se empieza a tergiversar la realidad. Se habla de aportación del trabajador y aportación del empresario, cuando en realidad es una parte de lo producido lo que se aparta para unos fines concretos.
    Por lo tanto, el sistema depende más de la manera de detraer esta parte de la producción que de cuantos trabajadores están empleados en dicha producción. Lo importante es lo que se produce, y estipular por ley superior que la parte necesaria de esa producción para las pensiones y otras protecciones sociales, esté por encima de cualquier otra contingencia, y que la obligación de los gobiernos será, como es legalmente aunque no la cumplan, recaudar esa parte de manera equitativa, es decir, no solo proporcional, sino progresiva, a aquellos que detenten la propiedad de la producción en ese momento, trabajadores, empresas, u cualquier otra institución u organismo que acapare parte de la producción social.
    El mantra también ha conseguido meter en la mollera de la mayoría que hay un problema de demografía. En este asunto se miente con cinismo, es decir, con desvergüenza descarada. Se obvia el avance tecno-industrial. Hoy se produce a patadas; es decir se produce mucho más con muchas menos horas de trabajo-ocupación humana. Esto no es muy difícil de entender, pues la historia de los últimos cien años, por poner un ejemplo simple, nos lo dice meridianamente. Se oye permanentemente cuántas personas van a poder ser soportadas por un trabajador, y sin embargo no se oye nada sobre cuántas personas podrán ser soportadas por una máquina. Es el mismo discurso de siempre. Hace cien años, la patronal se negaba a establecer por ley una protección social mínima porque decían que el sistema se hundiría.
    El progreso tecno-científico-industrial nos libera del esfuerzo humano para producir más bienes materiales y más servicios con menos trabajo. Y eso está muy bien, y debemos aplaudirlo. Lo que debemos exigir es que el reparto del esfuerzo (horas necesarias para producir lo mismo o más) sea equitativo. Si así fuese no habría los millones de parados que hay. Y por supuesto repartir la producción entre la sociedad y no dejarla en poder de unos cuántos.
    Con todo lo anterior, qué quiero decir. Pues quiero expresar lo siguiente. Habrá pensiones mientras el sistema sea de reparto y se explique que los que hoy no trabajan viven de la parte del trabajo de los que sí lo hacen, y que aquellos hicieron lo mismo es su momento.
    Decir cualquier otra cosa es crear confusión malsana, para que la gente diga, ¡Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy.
    El gobierno tiene la obligación constitucional de recaudar por la vía que sea la parte necesaria del PIB para atender las pensiones (y otras protecciones sociales), y dejar de decir que el sistema depende de las cotizaciones de los cada vez menos numerosos trabajadores, Esa parte del PIB debe recaudarla de quienes forman parte del reparto en origen, sea vía salarios o vía cotizaciones-impuestos empresariales.
    Decir otras cosas, si no se parte de estos principios, son brindis al sol, y solaparse para no decir claramente a la ciudadanía, ¡allá te apañe! Aspecto muy peligroso socialmente.

  2. Juan Pons el febrero 19, 2018 a las 10:42 am

    Estoy de acuerdo con el comentario del Sr. Vert, no existe razón alguna para que las pensiones no sean una Partida más de los PGE. Todo lo que se plantea por el Gobierno no es más que distraer y justificar lo que hacen en contra de los pensionistas para favorecer otros sectores sin importarle como crece la desigualdad en España y el menosprecio a las personas mayores.

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