¿Tenemos una política estatal de vivienda para 2014?
Julio Rodríguez López (@JulioRL43) es miembro de Economistas Frente a la Crisis
2014 se ha iniciado bajo la impresión de que no hay política de vivienda y de que cada comunidad autónoma se buscará la vida por su cuenta en este terreno. En los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se considera como pieza central de la política estatal de vivienda al nuevo Plan 2013-2016. Dicho Plan, aprobado formalmente en 2013, supone un “vuelco absoluto” en los objetivos respecto de planes precedentes. En la práctica, a falta de desarrollo de las nuevas normas establecidas en 2013, el pasado año transcurrió sin que se implantase de hecho dicho plan plurianual, situación que se ha prolongado en enero de 2014.
El fomento del alquiler y de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana son los ejes básicos del Plan en cuestión. Como se ha indicado, en 2013 dicho Plan no fue objeto de un desarrollo normativo adicional a la norma inicial que lo estableció, esto es, el Real Decreto 233 /2013, de 5 de abril (BOE de 10.4.2013).
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 (PGE 2014) incluyen un epígrafe “Acceso a la Vivienda y fomento de la edificación” con una dotación de 799,6 millones de euros, repartida en tres programas (Rehabilitación y ayudas al acceso, ordenación y fomento de la edificación, y urbanismo y política de suelo). El importe antes citado incluye 302 millones destinados a atender las obligaciones derivadas de los planes de vivienda anteriores.
El epígrafe mencionado incluye 40 millones de euros para atender las ultimas ayudas correspondientes a la Renta Básica de Emancipación (ayudas al inquilino), cuya cuantía se ha reducido en un 30% (ha pasado de 210 euros/mes a 147 euros/mes) y cuya vigencia posiblemente termine en2014. Como puede apreciarse, los recursos disponibles (unos 450 millones de euros) para poner en marcha nuevas iniciativas de política de vivienda resultan bastante exiguos.
Junto a las ayudas directas a la rehabilitación y al alquiler, los PGE 2014 incluyen un conjunto de ayudas fiscales a la vivienda, cuyo importe asciende a 3.475,4 millones de euros. El componente más destacado es el relativo a las desgravaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el que se han previsto 1.785,4 millones de euros. Dicha cifra corresponde a la desgravación por compra de vivienda habitual realizada antes del 1º de enero de 2013. Destaca, en segundo lugar, la desgravación a los arrendadores de vivienda (personas físicas) en el IRPF, cuyo alcance previsto para 2014 es de 479,5 millones.
En tercer lugar está la desgravación a los arrendatarios con ingresos medios y bajos, para la que se han previsto en los PGE 2014 148,4 millones. En cuarto lugar, para la exención por reinversión en vivienda se ha estimado un importe de 258 millones. El resto de las ayudas fiscales (784,1 millones de euros) incluye el coste de la aplicación de un tipo reducido del IVA del 10%, que grava a las ventas de viviendas de nueva construcción, y las deducciones en el impuesto de Sociedades a las empresas dedicadas al alquiler de viviendas.
El coste total de las ayudas directas y fiscales, 4.275 millones de euros, equivale al 0,41% del PIB previsto para 2014. Como puede apreciarse, el alcance de la política de vivienda se ha reducido de forma significativa en 2014 respecto de periodos precedentes, en los que el alcance de las ayudas al acceso se situaba en el entorno del 1% del PIB, unos 10.000 millones de euros de haberse mantenido dicha relación. En las condiciones presupuestarias fijadas para 2014 resulta imposible atender de hecho a los nuevos objetivos (fomento de la rehabilitación y del alquiler) de la política de vivienda.
La cuestión del acceso a la vivienda puede volver a situarse en primer plano si tuviese lugar una recuperación significativa de la economía, siempre el mayor crecimiento contribuyese a crear nuevos empleos de forma significativa. Dicha situación animaría la formación de nuevos hogares, que podrían comprar o alquilar viviendas. En realidad, los niveles salariales de los nuevos empleos y la fuerte temporalidad de los mismos hacen difícil acceder a una vivienda en propiedad a los nuevos hogares si no existe ningún tipo de ayuda pública. En la situación actual cobran la máxima trascendencia la las ayudas al alquiler, respecto del cual el último Censo de Vivienda y las encuestas del INE sobre los hogares señalan un aumento gradual de presencia.
La implantación del Plan 2013-16 resulta, pues, a todas luces insatisfactoria. La eliminación de los estímulos a la promoción de nuevas viviendas protegidas se ha advertido en el descenso de las viviendas protegidas promovidas y de las ventas de las mismas. En 2013 tales ventas de viviendas protegidas cayeron en un 50% sobre el año anterior, previéndose unas ventas de alrededor de 18.350 en dicho ejercicio, el 5,6% del total de ventas de viviendas. Los ayuntamientos controlados por el Partido Popular han procedido a eliminar las empresas locales destinadas a la promoción de viviendas protegidas en propiedad y en alquiler.
La política estatal de vivienda está, pues, ausente desde 2013. Dicha política sigue siendo precisa para acceder a la vivienda, sobre todo cuando alquileres y precios de mercado resultan lejanos de las posibilidades de los nuevos hogares. Además, y para empeorar más las cosas, autonomías y ayuntamientos están vendiendo una parte del exiguo parque de viviendas sociales de alquiler existente en España, lo que acentúa la inseguridad a los hogares que hasta ahora han ocupado dichas viviendas.
