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V- Recuperar la protección social

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Por Economistas Frente a la Crisis EFC

Los recortes han generado pobreza y desigualdad

Desde hace décadas asistimos a una campaña de corte fundamentalmente ideológico que pretende establecer la idea de la insostenibilidad económica de los sistemas institucionales y políticas que conforman el denominado Estado de Bienestar y, en particular, de los sistemas públicos de protección social. Los argumentos vertidos al respecto se centran en dos: de una parte, que la expansión del gasto público en esta materia ha alcanzado ya unas cotas tan altas que resulta no solo muy difícil, sino contraproducente, ir más allá; y, de otra, que la ralentización del crecimiento económico que caracteriza a Europa respecto de EE.UU. desde la década de los setenta constituye una amenaza adicional de reducción de los ingresos que podría dificultar la financiación de las prestaciones, más aún en un contexto de crisis.

El estallido de la crisis en 2008 y su prolongación en el tiempo generaron fuertes tensiones presupuestarias que se convirtieron rápidamente en un nuevo argumento (o pretexto) para impulsar reformas dirigidas a reducir el volumen del gasto social (público). Y así ha sucedido, tanto en el ámbito europeo como nacional.

Las políticas de austeridad han buscado una intensa reducción del gasto público que, unida al convencimiento de la ‘bondad’ de limitar la intervención pública y abrir espacios a la iniciativa privada, son los dos motores que han impulsado los recortes en todas las áreas de nuestro modelo de protección social, y en especial en las cuatro más relevantes cuantitativamente: pensiones, sanidad, desempleo y dependencia. Esto ha sido así, sobre todo, en esta legislatura, con el Gobierno del Partido Popular amparado en su mayoría absoluta parlamentaria, y ha tenido muy relevante impacto en términos de pérdida de cohesión social y aumento de las desigualdades y de las situaciones de pobreza, hasta el punto de que España se ha convertido en uno de los países con peores registros en estas cuestiones de toda la Unión Europea.

La reparación de estas situaciones debe estar en la base de toda estrategia de política económica de futuro, y esto es lo que proponemos en EFC.

Ampliar la protección por desempleo ante los recortes y el paro de larga duración

Sin olvidar los recortes en sanidad y el desmantelamiento del sistema de dependencia, la otra esfera de la protección social pública hoy cuestionada es la atención de las situaciones de desempleo. En los últimos años, la protección pública del desempleo sufre dos graves problemas que explican su agotamiento (colapso), reflejado principalmente en una tasa de cobertura menguante, y que lastran su futuro de este tipo de prestaciones.

  • En primer lugar, se produce un agravamiento de los problemas estructurales del modelo directamente relacionados con las patologías del mercado laboral, pero también con los defectos de diseño del sistema de protección por desempleo y cuya más clara expresión es la incapacidad para atender las situaciones de paro de larga duración.
  • Y, en segundo lugar, la insuficiencia protectora es también consecuencia de un conjunto silencioso de cambios normativos, introducidos en 2012 y 2013, que han recortado las garantías hasta hace poco reconocidas incrementando la vulnerabilidad de los desempleados.

Como pieza complementaria de un mercado de trabajo distinto al actual, el sistema de protección por desempleo ha de reforzarse en un doble sentido:

  • Primero, corrigiendo las graves insuficiencias protectoras actualmente existentes que afectan, principalmente, a los parados de larga duración y a aquellos con cargas familiares. Para ello es urgente articular, dentro del sistema de Seguridad Social, una prestación no contributiva que garantice una renta mínima a todas las personas desempleadas tomando en consideración, en su caso, sus responsabilidades familiares.
  • Y, segundo, convirtiendo la atención a través de las políticas activas de empleo en un elemento esencial del derecho a la protección por desempleo.

Reivindicar las pensiones públicas frente al intento de ruptura del modelo

La crisis y la orientación ‘austericida’ de la política (anti)económica y (anti)social han servido de motor, como pretexto, para llevar a cabo reformas regresivas que en otro contexto, con una población menos aturdida por los embates del paro, la pobreza y la desigualdad, habrían resultado imposibles. Porque se trata de reformas que persiguen como objetivo común la reconfiguración (devaluada) de nuestro Estado de bienestar.

Las fuertes tensiones financieras que hoy sufre el sistema público de pensiones –como pieza central de la Seguridad Social– son presentadas de forma interesada como manifestación de su insostenibilidad. El diagnóstico es equivocado. Primero, porque las actuales dificultades nada tienen que ver con problemas estructurales del sistema, sino con la fuerte caída del número de cotizantes y la intensa devaluación sufrida por los salarios de los últimos años. Y, segundo, porque el verdadero reto estructural –el envejecimiento– aún tardará algunos años en producir unos efectos que son asumibles en términos de volumen de gasto si atendemos a otras experiencias del entorno europeo.

Lo cierto es que estos dos planos, financiero y demográfico, tienden a confundirse generando un clima en el que el recorte de las pensiones públicas parece inevitable. Y ello explica que un cambio tan profundo como el que deriva de la ‘continuista’ –sólo en apariencia– reforma de 2013 apenas haya generado polémica, pese al fuerte recorte de las pensiones que, de mantenerse la nueva regulación (fórmula de devaluación -en lugar de revalorización- anual de las pensiones; y nuevo factor de –mal entendida– sostenibilidad, articulado como un coeficiente reductor), se ha de producir.

Tres apuntes son pertinentes:

  • De un lado, hay que destacar que el sistema público de pensiones ha dado muestras de una gran capacidad para cumplir la función de protección social que tiene encomendada: ¿Qué habría sido de nuestros mayores (y muchos de sus familiares) durante la crisis sin las pensiones públicas?
  • De otro lado, es importante subrayar que la principal causa del desequilibrio financiero no es el exceso de gasto, sino la insuficiencia de ingresos derivada de la caída de cotizaciones sociales y de la escasa aportación del Estado. Siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno, esta última debería incrementarse progresivamente lo que ayudaría a corregir los problemas actuales y serviría para hacer frente al incremento del gasto vinculado a la jubilación de la generación del baby boom que se ha de extender hasta mitad de siglo.
  • Y, por último, garantizada a través de esa vía –y de la mejora del mercado de trabajo– la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, los esfuerzos deben concentrarse en dignificar aquellas pensiones más bajas de las que mayoritariamente son titulares las mujeres.

En este marco, como principales actuaciones deben impulsarse las siguientes:

  • Derogar íntegramente de la reforma de pensiones de 2013, recuperando la garantía del poder adquisitivo de los ciudadanos –un aspecto esencial del derecho a la pensión– y suprimiendo el factor de sostenibilidad que condena a los pensionistas a pensiones menguantes.
  • Recuperar la regulación sobre jubilación anticipada que el Gobierno endureció en 2013 al elevar la edad de referencia y alargar el número de años de cotización exigidos.
  • Dignificar la cuantía de las pensiones mínimas en paralelo a la subida del SMI. La política aplicada en esta materia entre 2004 y 2009 constituye una interesante línea de actuación.
  • Establecer recursos fiscales específicos para garantizar la financiación de las pensiones públicas. El objetivo es alcanzar en 2050 a través de esta vía los 3,5 puntos porcentuales de PIB que serán necesarios para preservar el sistema que hoy conocemos.

About Economistas Frente a la Crisis

Asociación de Economistas Frente a la Crisis

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