VIII- Una política económica para promover la igualdad de género
Por Economistas Frente a la Crisis EFC
Introducción
Una agenda de progreso social que luche por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos y la marginalización de las personas debe expresar su compromiso con la igualdad de género, así como con la equidad en la distribución de las tareas de cuidado, de las que depende la reproducción del tejido social y de la especie humana.
En España el gasto público en “familia y niños” está a la cola de la UE con 1,4% del PIB (en 2014). La organización social del cuidado en España descansa sobre las familias y, dentro de ellas, principalmente sobre las mujeres: una realidad agudizada por la merma de inversión pública en dependencia, sanidad y educación durante la crisis. Ello comporta bajas tasas de fecundidad y de actividad laboral femenina. Además, se genera un círculo vicioso: las mujeres se incorporan menos y en peores condiciones a los mercados de trabajo al disponer de menos tiempo, flexibilidad e incentivos para hacerlo; y, cuando lo hacen- tengan o no cargas domésticas- son tratadas de manera más segregada y precaria. La parcialidad, precariedad y escasa remuneración del trabajo de las mujeres las condena a su vez a un menor poder de negociación en las familias a la hora del reparto de los tiempos y los trabajos.
Para superar esta situación se imponen tres líneas prioritarias de intervención:
Políticas específicas en los mercados de trabajo, las políticas de cuidado y las políticas fiscales y macroeconómicas. Ninguna de ellas, aisladamente consideradas, es suficiente -ni tampoco en su conjunto- si no van acompañadas de otras políticas que persigan la igualdad integral entre hombres y mujeres, mediante una institucionalidad específica, recurriendo a la paridad ejemplarizante en todos los ámbitos de toma de decisión y empezando por erradicar la enorme lacra social de la violencia machista,así como los arraigados estereotipos de género, desde el propio sistema educativo.
Políticas centradas en los mercados de trabajo
Una política de empleo sensible al género tiene que tener en cuenta -y corregir- la discriminación estadística que afecta a las mujeres: por la desigual distribución en las tareas del cuidado, se presume de ellas una menor dedicación o estabilidad laboral. La internalización de dicha discriminación, así como de la expectativa misma de la mayor dedicación al cuidado, condicionan a su vez las opciones educativas y profesionales de muchas mujeres. Lo cierto es que las mujeres tienen menores tasas de actividad, ocupación y paro, mayores tasas de temporalidad y parcialidad; resultan perjudicadas por una fuerte segregación ocupacional, siendo los sectores que ocupan mayoritariamente los más precarizados, los peor retribuidos y los que menos posibilidades ofrecen de desarrollar una carrera profesional. La brecha salarial existe y aumenta con el tiempo, contribuyendo claramente a la desigualdad en el cobro de pensiones y a la pobreza de las mujeres de edad avanzada.
Ante esta realidad se hace imperativo la adopción de medidas para revertir la precarización generalizada de los mercados de trabajo pues tanto las jornadas interminables como la flexibilidad a demanda del empleador hacen imposible la conciliación. Igualmente es necesario adoptar medidas para que los mercados de trabajo sean más meritocráticos, en los procesos de selección, retención y promoción. Es necesario establecer políticas que fomenten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no sólo para las mujeres sino también para los hombres, como las políticas de flexibilidad en el tiempo de trabajo. El sistema de remuneraciones debe ser plenamente transparente, evitar las remuneraciones salariales no lineales y no priorizar el presentismo o la antigüedad, sino más bien la productividad y la consecución de objetivos. Podría pensarse, como sistema de incentivos o monitoreo, en el establecimiento de un sistema de acreditaciones para las empresas como distintivos de igualdad. Intervenciones en el ámbito educativo para incentivar vocaciones en las profesiones más masculinizadas, como las ingenierías, y programas de mentoring serían instrumentos claves para que las mujeres superasen tanto los estereotipos como la internalización de la discriminación estadística y la inhibición que las impulsa a autoexcluirse de determinados sectores, o a dejar de postularse para algunos puestos. Es fundamental avanzar en la legislación que permita aumentar el número de mujeres que estén presentes en la cúspide de las empresas.
Políticas de Cuidado y Dependencia
Las políticas laborales no pueden dar la espalda a ese otro trabajo, el trabajo de cuidados no remunerado que iguala en horas al remunerado, y que está aún más desigualmente repartido que el remunerado. Aunque se venía avanzando tímidamente tras la Ley de Dependencia de 2006 –que nunca llegó a implementarse plenamente-, la crisis ha frenado este proceso, sobrecargando aún más a las familias, pasando a ser la figura del cuidador familiar central, y no residual, como la ley previera. La creciente dependencia de la familia para la atención de las necesidades de cuidados genera desigualdad no solo de género sino de rentas, pues las personas con mayor renta tienen la posibilidad de externalizar esos trabajos, siendo la mano de obra inmigrante la que con frecuencia entra a suplir las carencias en el frente de cuidados. A su vez, aumentar la tasa de fecundidad más allá del actual 1,3 hijos/as por mujer en edad fértil, así como la tasa de actividad femenina, deberían ser prioridades políticas de primer orden en un país cuya pirámide poblacional está en proceso acelerado de envejecimiento con un debilitado sistema público de pensiones.
Ante esta realidad, apremia como mínimo equiparar el porcentaje de gasto público social con la media europea, sin que sea suficiente mantener el nivel de inversión previo a la crisis. El desarrollo de escuelas públicas infantiles de calidad debe ser un pilar central de la estrategia, acompañado de un sistema de permisos por nacimiento o adopción, igual para madres y padres, remunerado al 100% y no transferible, de forma que la maternidad deje de penalizar laboralmente a la mujer. Se hace imperativo desarrollar igualmente incentivos para garantizar avances en corresponsabilidad (fiscalidad individual, desgravaciones por permisos de cuidado para los hombres, medidas educativas y programación del ocio así como de la publicidad, que ofrezcan modelos alternativos más compatibles con el cuidado por parte de los hombres).Deben articularse sistemas mixtos para el cuidado de ancianos y de personas con necesidades especiales, asegurándose el poder adquisitivo de las pensiones, la existencia de residencias de mayores y de centros de día y avanzando también en el diseño de ciudades más amigables para las personas con minusvalías y movilidad reducida, y en el desarrollo de viviendas públicas adaptadas.
Los sectores del cuidado pueden ser también potenciales generadores de empleo, pero requieren una regulación adecuada para evitar que sean de baja calidad, estén muy precarizados, y se desarrollen fundamentalmente en el ámbito de la economía informal.
Políticas Macroeconómicas y Fiscales
A pesar de su aparente “neutralidad” las políticas económicas y fiscales descansan sobre evidentes sesgos de género.
Para empezar, es necesario revertir la tendencia hacia las políticas deflacionistas y la merma de la inversión pública que ésta conlleva, incidiendo de forma especial sobre los sectores de la sociedad más desfavorecidos, incluyendo a las mujeres, que son las que más dependen, por su nivel de renta y patrimonio, de los servicios sociales que se ven recortados, además de ser las principales empleadas y, sobre todo, las “sustitutas” naturales en estos sectores.
Igualmente hay que combatir la percepción de mayor urgencia, en un contexto que no posibilita el pleno empleo, por solucionar el paro masculino -percepción anclada en la asunción del modelo del hombre como sustento familiar, siendo considerados los ingresos de las mujeres como complementos más o menos prescindibles- y poner en marcha un sistema de incentivos específicos para la contratación de mujeres que contrarreste la tendencia natural a priorizar los sectores económicos masculinizados, como la construcción o automoción.
Partiendo del convencimiento de que el sector privado es siempre más eficiente que el público, los servicios públicos y la provisión del bienestar son crecientemente transferidos a la gestión del mercado, donde, desde el ánimo de lucro, se acaban elevando los costes de los usuarios y desplazando parte de los servicios a las familias, y, por lo tanto, estadísticamente hablando, a las mujeres: por ejemplo, algunos servicios hospitalarios reducen el número de días de hospitalización de los pacientes en aras a una supuesta mayor “eficiencia”. Por tanto, a la hora de auditar los resultados de estos procesos privatizadores hay que tener en cuenta el impacto que tienen en el bienestar de las personas usuarias y también los traspasos que se realizan a las familias –a las mujeres- a modo de trabajo no pagado. Para ello es necesario que los modelos de evaluación trasciendan lo monetario e incluyan los impactos desiguales de género como una herramienta esencial de análisis.
También hay que tener en cuenta que las mujeres son percibidas como deudoras con mayor riesgo que los hombres, de forma que son integradas en los mercados crediticos en términos mucho más desventajosos que los hombres. El proceso de financiarización que ha derivado en la actual crisis financiera, ha supuesto el aumento del poder del capital financiero a escala global conllevando un incremento de la relación de asimetría entre deudores y acreedores que es necesario corregir. Sólo una coordinación a escala global, o cuanto menos europea, puede poner bridas al proceso de financiarízacion de la economía; pero se puede, y se debe empezar en España, reformando leyes como la hipotecaria y promoviendo el alquiler de viviendas especialmente para las personas con menor nivel de renta y para las y los jóvenes.
En términos de fiscalidad, sólo un aumento de la presión fiscal y su progresividad, centrándose principalmente en las rentas del capital (y, no, como en la actualidad, en las del trabajo y en los impuestos indirectos) puede servir de mecanismo de redistribución de la riqueza tan desigualmente distribuida entre los sexos. Al mismo tiempo, España debe transitar hacia un modelo de fiscalidad individual, ya que la posibilidad de la tributación conjunta supone un desincentivo a la actividad del segundo perceptor de la familia a través de la posibilidad de desgravación fiscal del primero por personas dependientes, incluyendo el-la cónyuge, existiendo en la actualidad en Europa una correlación clara entre los países en los que no existe la posibilidad de la tributación conjunta y la mayor tasa de actividad femenina.
Por último, es igualmente necesario que España también mejore en el capítulo del gasto público para avanzar en igualdad de género (España está a cinco puntos de la media europea en gasto social en referencia a lo que le correspondería por su PIB).Y es preciso mejorar la evaluación del impacto de género de los presupuestos generales del estado, priorizando aquéllas partidas presupuestarias con un mayor potencial de transformación, mediante el establecimiento de nuevos indicadores de medición económica y del bienestar así como la generación del oportuno material estadístico. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística debe priorizar la demorada elaboración de la Encuesta de Empleo del Tiempo, que puede proporcionar los datos para medir la importancia, el reparto o la naturaleza del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realiza la población en general y en sus distintos territorios, para calibrar los impactos de género de las distintas políticas públicas, especialmente las laborales y las fiscales.
