Repartir la Productividad, repartir el Trabajo

Share

Antonio González es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

Si echamos la vista atrás, podremos comprobar cómo la mayor parte de los fenómenos que aquejan –y ya hoy caracterizan- a los mercados de trabajo de los países más desarrollados (debilitamiento de la regulación, reforzamiento del poder empresarial, precarización creciente del empleo, etc.) tienen su origen primigenio a finales de los años setenta, cuando la irrupción con una fuerza política hegemónica de las ideas que se han denominado neoliberales rompió el consenso político y económico vigente en las tres décadas desde la Segunda Guerra Mundial en al menos dos sentidos: el abandono del pleno empleo como objetivo central de la política económica y la desregulación de los mercados de trabajo, impulsada por la liberalización del comercio internacional, primero, y de los movimiento de capitales y empresas, a continuación.

Estas liberalizaciones, que iniciaron lo que más tarde, ya extendidas y consolidadas, dio lugar a lo que se llamó globalización, rompieron los ámbitos nacionales, dentro de cuyas fronteras, y solo dentro de ellas, podían existir las leyes, convenios colectivos y políticas públicas que habían creado los contrapesos al mercado por parte de la democracia. Parlamentos, sindicatos y gobiernos quedaron así atados a los ámbitos nacionales, mientras las empresas y capitales podían circular libremente sorteando normas, convenios y políticas públicas. Hay quien afirma que este tipo de globalización no fue una consecuencia casual, sino el resultado de un determinado programa político.

Esta introducción es necesaria para poder situar adecuadamente la cuestión. Porque la unión entre los incrementos de la productividad y el reparto del trabajo (entendido como reducción continuada, aunque no lineal, del tiempo dedicado por cada persona al trabajo a lo largo de su vida), que es constatable desde la revolución industrial, se rompió en ese momento y a través de los mecanismos señalados.

Los incrementos de productividad son constantes en el desarrollo capitalista debido a la competencia en los mercados y a los avances tecnológicos, aunque su velocidad ha sido variable según las etapas. En periodos concretos, la acumulación de innovaciones técnicas de calado y su aplicación extensiva han dado lugar a crecimientos tan intensos de la productividad que han producido la expulsión de una parte significativa de los trabajadores previamente ocupados. Se utiliza con razón el ejemplo de la productividad en la agricultura, donde la introducción de la maquinaria y otras técnicas, como resultado de la incorporación de las formas de producción capitalistas en el sector, ha logrado que un 5% o menos de los ocupados produzcan alimentos para toda la población, cuando previamente, trabajando más de la mitad de los ocupados, el hambre era un fenómeno permanente.

Los incrementos acumulados de la productividad, por lo tanto, han ido acompañados de importantes reducciones tendenciales del tiempo dedicado al trabajo a lo largo de la vida como resultado de las reducciones de la jornada diaria, del aumento de los descansos semanales, de las vacaciones pagadas, de los permisos retribuidos, y del retraso en la edad de incorporación al trabajo (prohibiendo primero el trabajo infantil, extendiendo el periodo educativo obligatorio y elevando la edad mínima para trabajar) y el establecimiento del derecho a la jubilación a una edad determinada.

Ignacio Muro, miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), recordaba en un gran artículo hace unas semanas[1] los cálculos de Manuel Castells[2] acerca de la reducción en los últimos ciento cincuenta años de las horas dedicadas al trabajo a lo largo de la vida, que hemos pretendido sintetizar en el gráfico siguiente:

A mediados del siglo XIX se trabajaban unas 150.000 horas a lo largo de la vida. Esa cifra había descendido a 110.000 un siglo más tarde, y a una horquilla, según los países, de entre 60.000 y 75.000 horas en los últimos cincuenta años.

La reducción de las horas de trabajo a lo largo de la vida ha sido, pues, el mecanismo, junto al aumento de los salarios, que ha permitido repartir los incrementos de la productividad. Pero, asimismo, es el mecanismo por el que –utilizando esta expresión- se ha “repartido el trabajo”, es decir, se ha adaptado la jornada de trabajo de cada persona a los avances en las condiciones técnicas.

Si hoy en día se trabajaran de media las 110.000 horas de 1950, en lugar de las en torno a 75.000 actuales, en nuestro país habría cerca de seis millones de personas ocupadas menos. El número de desempleados superaría los diez millones y la tasa de paro ascendería hasta el 45%. Algo impensable, obviamente: los ocupados trabajarían muchísimas más horas a lo largo de toda su vida, pero la mitad de la población española se encontraría en el desempleo.

Lo que, en el fondo, esto quiere decir es que los avances en las condiciones técnicas de la producción han ocasionado desde 1950 un incremento tan notable de la productividad, que la noción que hoy tenemos en los países desarrollados de una sociedad con plena ocupación sería completamente imposible, si al mismo tiempo no se hubiera reducido en casi un tercio a lo largo de esas cinco décadas el tiempo que se dedica al trabajo a lo largo de la vida.

El mecanismo fundamental de adaptación a los avances muy rápidos e intensos de la productividad, de forma que se pueda alcanzar en nuestras sociedades el pleno empleo, ha sido y es la reducción de la jornada vital de trabajo.

Ese mecanismo de adaptación, para mantener el pleno empleo en un contexto de muy intensos crecimientos de la productividad, como el que se prevé como resultado de la digitalización de nuestras economías, tendría que reducir las horas dedicadas al trabajo a lo largo de la vida a un ritmo similar al de esos incrementos de la productividad.

Dicho en sentido contrario, si la elevación de la productividad es de forma duradera más rápida que las reducciones de las jornadas vitales de trabajo, se producirá un desajuste entre el volumen de ocupados necesarios para realizar la producción demandada y la población que quiere trabajar[3]. Esto es, se ocasionará desempleo permanente y masivo.

Esta adaptación y este ajuste no puede hacerse sobre el papel, con una fórmula matemática y una ley. La experiencia histórica nos enseña que se trata de un proceso largo y complejo, que requiere adaptaciones a nivel microeconómico, en todos los sectores y en todas las empresas. Y que la conciliación entre los resultados globales, que pueden dar lugar al pleno empleo, y los correspondientes a los ajustes micro requieren dos cosas: instituciones laborales adecuadas y tiempo.

Y de esta forma llegamos al fondo de la cuestión porque eso significa que, si no se restablecen las instituciones (sindicatos fuertes, equilibrio en la negociación colectiva) de las que disponíamos antes de la revolución neoliberal, el ajuste no será posible y el resultado será una enorme desigualdad en el empleo (unos, con mucho trabajo y otros, sin él, desempleo) y las rentas.

De hecho, eso es lo que viene sucediendo en los últimos al menos veinte años, en los que el proceso de reducción de la jornada vital de trabajo se ha detenido, y los avances tecnológicos amenazan cada vez más con producir desempleo permanente y las desigualdades han avanzado considerablemente.

Consecuencia de ello es el planteamiento que aparece en muchas de las reflexiones –que dentro de poco serán debates muy serios- acerca de las consecuencias de la digitalización de la economía y la forma de hacerles frente.

Primero, no habrá empleo para todos. Se enuncia que con el incremento de la productividad ocasionado por la digitalización no habrá empleo para todos porque esas tecnologías expulsarán a millones de trabajadores. Negando con ello cualquier opción de utilizar los mecanismos estructurales de reparto del trabajo de los que venimos hablando, y condenando a la marginación a la mayor parte de las personas que sean víctimas de esas pérdidas de empleo derivadas de la automatización y los aumentos de productividad.

Segundo, establezcamos una renta básica universal para los que no quieren (más bien para muchos será que no pueden) trabajar. Grandes corporaciones empresariales y foros de representación del poder económico están proponiendo para hacer frente a la expulsión y el desempleo masivos el establecimiento de mecanismos de ingresos o rentas básicas universales[4], aunque de cuantías muy limitadas (incluso las fórmulas más generosas se ven obligadas a plantear siempre ingresos inferiores a los obtenidos del trabajo). Pero, eso creará una subclase de marginados que estarán excluidos del trabajo con todas sus consecuencias (incluidas las prestaciones sociales vinculadas con este), y sin posibilidades de mejorar sus oportunidades vitales.

Esto, a veces, se presenta curiosamente como una ‘liberación’ del trabajo. En lugar de expulsión y marginación, liberación. Y otras –de forma bastante irreal e ineficaz- como una manera de luchar contra la precariedad del empleo: mediante la posibilidad, se dice, de rechazar un empleo precario por disponer de una renta de sustitución, aunque sea inferior al salario de ese empleo, forzando en realidad a optar entre precariedad o pobreza.

Tercero, aumentará la desigualdad en la sociedad. Con la negación a utilizar los mecanismos tradicionales para ajustar el incremento de la productividad y el empleo (a través de la reducción de la jornada vital de trabajo de todos los ocupados, alcanzando con ello el pleno empleo), y la alternativa implantación de una renta básica (necesariamente muy baja) para los expulsados del mercado laboral, se provocará un inevitable aumento de la desigualdad en la sociedad por dos vías.

Por un lado, porque el trabajo disponible se repartirá de forma muy desigual, ocasionando un alto desempleo. Y por otro, porque se extienden amplias capas de pobres, perceptores de la renta básica universal, mientras mejoran las clases de profesionales muy cualificados y bien retribuidos, así como la casta de los propietarios, cada vez más enriquecidos por los frutos de la creciente productividad de una sociedad digitalizada.

En suma, la reducción de la jornada vital de trabajo, como elemento central de una política de reparto del mismo, es tal y como enseña la experiencia histórica el mecanismo que permite repartir los crecimientos de la productividad en forma progresivamente liberadora de la humanidad respecto del trabajo, al tiempo que evita el fortísimo crecimiento de las desigualdades que, de otra forma se producirá, en las opciones alternativas.

Pero, ¿cómo hacer todo esto? Los problemas más importantes para ello son dos, y los dos tienen un mismo origen. Por una parte, el debilitamiento de las instituciones tradicionales que han gestionado la adaptación en los últimos cincuenta años: las que componen la negociación colectiva. Por otra, las diferencias crecientes entre las economías nacionales y las estrategias de cada una de ellas para competir con las demás en un contexto global de competitividad exacerbada y sin reglas comunes. Ambos problemas se derivan de la aplicación de las políticas neoliberales.

Reflexiona muy bien, de forma muy sugerente, Ignacio Muro acerca de las posibilidades materiales de abordar una nueva organización de la sociedad alrededor de la idea de que la jornada de trabajo podría y racionalmente ‘debería’ ser decreciente a lo largo de la vida.

Esa nueva organización, que daría una satisfactoria solución a los problemas de reducción de las necesidades de trabajo derivados de la digitalización (los enormes aumentos de productividad que se esperan) sin aumentar la desigualdad e incluso reduciéndola, requiere en su opinión un nuevo Contrato Social. Con lo que estoy completamente de acuerdo. Solo añadir que ese contrato colectivo, naturalmente, no vendrá por sí solo.

Una vez más, ante un cambio de envergadura histórica para la humanidad, como el que está a punto de producirse fruto de la digitalización, las fuerzas del progreso deberán realizar un planteamiento de cambio de la sociedad que sea capaz de que los trabajadores, por supuesto, y una mayoría de la sociedad entiendan que las posibilidades de que se camine en la dirección del reparto del trabajo mediante la reducción de las horas dedicadas al mismo y no en la del aumento de la desigualdad dependen de que todos comprendamos la situación y apostemos por ello.

[1] http://economistasfrentealacrisis.com/envejecimiento-y-robotizacion-empujan-a-un-nuevo-contrato-social/

[2] La era de la información (vol.1): Economia, sociedad y cultura. La sociedad red. Alianza Editorial, 2005.

[3] Ha de tenerse en cuenta que en el cálculo de la productividad al que nos referimos ya está incluido el empleo (la productividad es la producción total de bienes y servicios dividida por el empleo). De tal forma, que ese crecimiento de la productividad ya contendría el empleo vinculado con las nuevas actividades productivas que pudieran ir surgiendo a medida que se destruye ocupación por la introducción de tecnologías ahorradoras de empleo.

[4] Hay que destacar que las propuestas de “rentas universales” no deben ser confundidas con el establecimiento de mecanismos de “rentas mínimas de inserción” que pretenden ofrecer protección temporal, hasta lograr la reinserción social y laboral, dirigida a aquella parte de los desempleados que por la prolongada duración del desempleo han agotado sus prestaciones, así como a otros colectivos que padecen exclusión social.

One Comment

  1. Aún no sabemos la productividad del futuro. Seguramente el aumento de la esperanza de vida conllevará un desarrollo del sector de los cuidados y del ocio, que aunque puede ofrecer un gran beneficio social en términos de productividad será bajo y muy mano de obra intensivo. Por otra parte acciones habituales de hoy se hacen a través de productos o servicios de empresas que hace 10 años o no existían o eran desconocidas. Seguramente dentro de 10 años las empresas de las que se hable todos los días igual hoy ni están constituidas.
    Respecto a las propuestas de división del trabajo creo se focalizan erróneamente en las horas semanales donde tal vez 32-35 horas son un límite. Muchos trabajos son a turnos, requieren un desplazamiento, en temas de investigación por ejemplo se ralentizarían ya que duplicar equipos no sería solución etc.
    También un modelo de jubilación como el sueco con jubilación voluntaria a partir de los 61 años con un modelo transparente de coeficiente corrector de la pensión permitiría que mucha gente que haya ahorrado o tenga un estilo de vida más frugal pudiese “comprar su tiempo libre” siendo más feliz y liberan recursos del sistema.
    El reparto de trabajo debería enfocarse a períodos de desconexión o sabáticos que pudiesen ser usados para estudiar otra cosa, crianza inicial de hijos, intentar algún proyecto empresarial propio, etc. Y a lo mejor ahí si cabría un renta básica temporal, como un comodín que se pudiese usar a lo largo de la vida laboral pero no permanente. (https://medium.com/p/renta-b%C3%A1sica-podemos-postular-alternativas-f488826899dc)
    Creo que se necesitan soluciones innovadoras más inspiradas en el optimismo que como plan de contingencia ante un apocalipsis laboral que afortunadamente este artículo no proclama pero otros sí.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *