Agua y cambio climático: una prioridad para España

La aceleración de las consecuencias del cambio climático pone en evidencia, entre otras muchas cosas, nuevas dimensiones del extraordinario valor (económico, social y ecológico) del agua.

Un valor ya reconocido por Naciones Unidas como un derecho de todos los ciudadanos del planeta, algo que estamos muy lejos aún de alcanzar: más de mil millones de seres humanos no tienen garantizado el acceso al agua potable, y unos dos mil millones carecen de servicios de saneamiento de las aguas residuales. La inadecuada cantidad y calidad del agua es la principal causa de enfermedades y fallecimientos en los países más pobres; la inseguridad en el acceso al agua y a los alimentos explica buena parte de los masivos y crecientes flujos migratorios desde los países subsaharianos hacia Europa.

Pero el agua es imprescindible no solo para la vida humana, la salud y el progreso de las sociedades; también cumple importantes funciones ecológicas, que se están degradando rápidamente a causa del cambio climático. Todos los ecosistemas requieren determinadas aportaciones de agua para su adecuado mantenimiento. Como consecuencia del calentamiento global, el aumento de las sequías -sobre todo en las zonas más áridas- , así como de las lluvias torrenciales y las inundaciones -sobre todo en las zonas más húmedas- está modificando de forma irreversible la calidad de los respectivos suelos, y está provocando migraciones -o incluso la desaparición- de la flora y fauna preexistente, así como cambios notables en las condiciones de los correspondientes cultivos. A ello se unen los efectos crecientes de la reducción de los glaciares y de extensas zonas cubiertas de hielo o de nieve, que comienzan, por ejemplo, a dejar al descubierto depósitos de metano, anteriores al Cuaternario, cuya masiva liberación y emisión a la atmósfera agravará irremediablemente el calentamiento global.

Los cambios tienen carácter acumulativo, y acentúan tendencias (a la desertificación, a la inestabilidad de los suelos, a la pérdida de biodiversidad…) cuya velocidad está superando las previsiones de la comunidad científica, incorporadas al último informe realizado por el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC).

España se encuentra, de acuerdo con el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en la zona de la Unión Europea más vulnerable ante el cambio climático.

Destaca en España el riesgo asociado a la mayor frecuencia e intensidad de las sequías, que, de hecho, comienza a ser percibido por un segmento amplio de la población, hasta ahora instalado en la percepción de la sequía como un fenómeno recurrente… pero no cada vez más grave.

El cambio climático cuestiona la tradicional política del agua, basada en obras hidráulicas diseñadas para retener y almacenar el agua de lluvia, y para trasladarla posteriormente, modificando los caudales naturales de los ríos, de forma que se lleve «agua de las cuencas en las que sobra a las cuencas en donde falta». En la etapa regeneracionista se llegaba a afirmar que no debía «perderse en el mar» ni una sola gota del agua de los ríos; y ello resulta comprensible, ya que entonces se desconocía la importancia de la aportación del agua dulce y de los sedimentos transportados por los ríos a los mares como contribución indispensable para la existencia de recursos pesqueros.

La sequía actual, que afecta a las cuencas del Ebro, del Duero y del Tajo, tradicionalmente consideradas «excedentarias», obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad de soluciones basadas casi en exclusiva en embalses y trasvases.

En la perspectiva del cambio climático, la política del agua -como sucede también en la política de la energía- debe plantearse prioritariamente desde un enfoque de gestión de la demanda, combinado con la optimización de las infraestructuras existentes, ya que la disponibilidad de agua dulce se está reduciendo a gran velocidad .

Por lo tanto, son precisas, ante todo, medidas que incentiven -con mucha mayor eficacia que las existentes- el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua.

Ello implica, en primer lugar, el establecimiento de un sistema de precios adecuado que facilite la correcta asignación de los diferentes tipos de agua (superficial, subterránea, desalada, depurada…) a las distintas modalidades de consumo.

A ello hay que añadir un mayor esfuerzo inversor en las actuaciones convencionales para evitar pérdidas así como para reducir la necesidad de agua en cualquier tipo de consumo.

Y, sin duda, es necesario un replanteamiento del modelo agrícola y, sobre todo, del modelo alimentario (este último explica el 20% del calentamiento global). La «huella hídrica» de los diferentes alimentos, unido a los efectos de la producción de cada uno de ellos sobre el cambio climático (un kilo de carne necesita quince mil litros de agua; un kilo de cereal, mil litros) así como sobre la salud, son razones contundentes para abordar, también aquí, una transición consensuada con los sectores afectados, para no provocar efectos sociales no deseables.

En segundo lugar, la reducción generalizada de la contaminación de las aguas residuales favorecerá su reutilización, ya perfectamente segura, con las técnicas existentes, para todo tipo de consumo salvo el consumo humano, incrementando así los recursos hídricos efectivamente disponibles.

En tercer lugar, hay que superar los fallos en el conocimiento y en la gestión de las aguas subterráneas, integrándolas de manera eficiente en la gestión de las aguas superficiales y de las resultantes de la depuración y de la desalación.

En cuarto lugar, es preciso desarrollar el binomio energías renovables/obtención y tratamiento del agua, de forma que se reduzca su correspondiente consumo de energía y por tanto su impacto climático; muy en particular para poder aumentar el uso de agua desalada en el litoral y en los archipiélagos, donde se concentra más del 50% de la población española, el 90% del turismo, y más de un 40% de la producción de alimentos.

El cambio climático constituye una oportunidad para reconducir políticas que resultan hoy completamente inadecuadas para garantizar, llueva o no llueva, el acceso a suficiente agua potable.

Este artículo fue publicado CTXT . Se reproduce en esta WEB con autorización de su autora.