Los ciudadanos no se equivocan y lo tienen muy claro: 7 de cada diez piensan que el acceso a la vivienda digna y adecuada solo está garantizado “para algunos”, y otros 2 de los restantes que no lo está “para nadie”. Son los inapelables datos que hoy mismo ha hecho públicos el CIS.
El Gobierno ha adoptado medidas para hacer frente a la terrible situación en la que se encuentra la vivienda en España con la aprobación de dos Decretos-Ley, el primero de los cuales ya ha sido publicado hoy en el BOE, y el segundo al parecer lo será mañana. Ambos, aunque entran en vigor desde el día de su publicación, para ser firmes deberían ser convalidados por el Congreso de los Diputados mediante su aprobación por mayoría.
El primero de los instrumentos legales concentra todas las medidas adoptadas menos una, que será adoptada por el segundo de ellos.
Las medidas del primero abordan cuatro grandes cuestiones:
- La protección temporal (hasta 2030) frente a los desahucios, prorrogando las medidas del escudo social adoptadas tras la pandemia, así como la prórroga obligatoria de dos años a todos los contratos de alquiler en vigor cuyo vencimiento se produzca hasta finales del año 2028.
- La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.
- La prohibición de la compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028.
Y 4. La aplicación de un 10% de IVA a los pisos turísticos.
La primera de las medidas indudablemente evitará los desahucios por finalización de los contratos de alquiler durante algo más de dos años, e indirectamente la correlativa subida de los alquileres de estas viviendas que se produciría con el cambio de esos contratos. Se trata, por lo tanto, de impedir que, en la desmedida situación actual de inseguridad en la que viven la inmensa mayoría de los cientos de miles de personas en alquiler, se materialice una nueva y considerable subida de sus ya elevadísimos alquileres o la alternativa de verse obligados a abandonar la vivienda sin oportunidad de encontrar otra opción, más que un alojamiento encarecido o un empeoramiento de las condiciones del mismo.
Dada la situación tan considerable de crisis habitacional en la que se encuentra actualmente en España una gran parte de la población que carece de vivienda en propiedad, estas medidas son absolutamente imprescindibles. Aunque no solucionen definitivamente, sino tan sólo aplacen, el problema.
De no adoptarse estas medidas, esa situación de crisis alcanzaría unos niveles insoportables, porque la finalización de los contratos está generando, en las actuales condiciones de la vivienda en casi todo el país, una situación intolerable y de consecuencias extraordinariamente graves. Las medidas no tienen por lo tanto alternativa en el corto y medio plazo.
La cuestión que inevitablemente aparece ya desde este mismo momento es cómo encontrar y abordar una solución definitiva al problema que volverá a aparecer cuando dentro de poco más de dos años finalice la vigencia de estas medidas. Una cuestión que, en realidad, es todavía mayor, porque esta prórroga de los contratos da un respiro a los actuales inquilinos, pero no da respuesta a los centenares de miles de personas, mayoritariamente jóvenes, y no tan jóvenes, que no encuentran en las circunstancias actuales una vivienda a la que puedan acceder ni en propiedad ni tampoco en alquiler. Esta es la situación a la que siguen sin responder los Decretos-Ley.
El problema de fondo es, y ha sido siempre, que el mercado de la vivienda no ofrece opciones viables de alquiler ni de compra a las que pueda acceder, de acuerdo con su nivel de rentas, la inmensa mayoría de la población que las necesita. Son tales los precios, tanto de uno como de otra, que la enorme demanda insatisfecha no tiene opciones reales de encontrar una solución en el mercado libre. Y en este punto llegamos al asunto de las demás medidas adoptadas.
Ninguna de ellas tiene capacidad para dar respuesta a esta situación. La mejor regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones puede mejorar su situación y restringir los abusos y los fraudes, pero las posibilidades de aumentar la oferta de vivienda barata son escasas y, en todo caso, muy insuficientes.
Como tampoco lo es, por justificada que sea, que lo es, la prohibición de compra de viviendas por los fondos buitre o por los tenedores de más de una o dos viviendas, por situarnos en el caso más favorable. Que, además, es temporal, pero que tampoco podría ofrecer respuesta suficiente, aunque fuera permanente.
Y en cuanto a la subida del IVA para las viviendas turísticas, que es muy escasa, de ninguna manera puede ser una respuesta, ni de lejos, al nivel del problema. Incluso si de una sola vez se prohibieran todas las viviendas dedicadas al alquiler turístico que hay en España.
Complementariamente, el primer Decreto-Ley establece medidas de apoyo económico a la compra de viviendas en el mercado libre. Estas medidas, al igual que las que pudieran establecerse para ayudar al pago de alquileres, solo ocasionarán, en las actuales condiciones de un mercado libre completamente controlado por la oferta privada, la traslación de esas ayudas a los precios, por la vía del incremento de la capacidad de pago de la demanda. En definitiva, un mayor agravamiento del problema. Son medidas equivocadas que, en realidad, esquivan abordar el fondo del asunto.
Otro tanto sucede con la medida del segundo Decreto-Ley: la reimplantación de contratos de alquiler indefinidos en el tiempo, cuya finalización por parte de los propietarios sería impedida por la vía de una indemnización tan elevada a pagar al inquilino que fuera inviable. Esa idea, que se plantea como un blindaje absoluto para el alquiler, podría solucionar la vida para aquellas personas que ya tienen vivienda alquilada, pero no para los muchos cientos de miles que no la tienen, que ya no tendrían acceso a la misma debido a que, en esas condiciones, muy pocos propietarios querrían arrendar sus viviendas. Lamentablemente, estaríamos de nuevo ante la pescadilla que se muerde la cola: no hay tampoco solución por ese camino.
La conclusión es que en el mercado libre de alquiler ni de compra podremos nunca encontrar la solución a una situación como la actual. Sólo la oferta de viviendas con alquileres sociales (muy bajos) de propiedad pública no enajenable podría dar solución, porque la solución real está fuera de las medidas que afecten de una u otra manera, ni con ayudas ni con las regulaciones más restrictivas imaginables, al mercado libre.
Hay quien por buena voluntad y hay quien por intereses políticos espurios intenta defender a ultranza medidas que no resuelven el problema. También los hay que, sabiendo cuál es la solución, no quieren poner en marcha las medidas para resolverlo. Y todo ello conduce a una parálisis ante el problema que impide solucionarlo.
Es cierto que hacer esos muchos centenares de miles de viviendas públicas de alquiler social lleva su tiempo, y que durante el mismo habrá que seguir adoptando medidas transitorias. También lo es que se requieren grandes esfuerzos del Gobierno del Estado para poner al servicio de ello todos los recursos necesarios, que son muchos, y no pedir a quien no puede, y muchas veces no quiere por motivos ideológicos y por intereses electorales (las CCAA y muchos grandes ayuntamientos), que una gran parte los pongan ellos. Eso lamentablemente es inviable y no es realista.
Y por supuesto, no se puede obviar que legalmente no es posible hacer nada de esto, por mucho que sea la única solución, como nos demuestra la experiencia durante un siglo en todos los países de nuestro entorno, sin contar con el reparto de competencias de cada una de las Administraciones en España. Pero es en ese marco en el que hay que buscar la respuesta, que está en las competencias y capacidades de cada Administración. Y eso no se está acertando, más bien lo contrario.
Para solucionar el grave problema de la vivienda en el que está sumido nuestro país, cada Administración debe poner aquello de lo que dispone. El Gobierno Central, los fondos necesarios para la construcción de los centenares de miles de viviendas públicas en alquiler que se precisan, al igual que la aprobación de una normativa específica y extraordinaria ¾que responda a la situación de emergencia¾ exclusivamente aplicable para acortar al máximo los trámites de edificación de tales viviendas. Gobiernos autonómicos y grandes ayuntamientos deben recibir TODOS los fondos necesarios para la construcción, pero a cambio, en un convenio con el Estado, deben otorgar la calificación de las viviendas sociales, aceptar su naturaleza no enajenable, ofrecer el suelo suficiente, y comprometerse con unos alquileres claramente limitados en función de la capacidad económica, evitando que, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, sólo las personas de rentas altas puedan alquilar las viviendas supuestamente sociales que promueven bajo la falsa etiqueta de “asequibles”.
Este es el esquema con el que en poco más de dos años podrían comenzar a aparecer sobre todo en el conjunto de las más grandes ciudades de España centenares de miles de viviendas con alquileres sociales que no sobrepasaran el 30% de la renta de sus destinatarios. A partir de ese momento, la presión de esos alquileres baratos comenzaría, además, a presionar a la baja los alquileres libres.
La articulación detallada de esta propuesta fue realizada por Economistas Frente a la Crisis (EFC) hace más dos años y medio, sin encontrar audiencia favorable. Resulta doloroso pensar que en este momento ya se podría comenzar a disponer de esas viviendas.
La situación política ha llegado a tal punto que el principal partido de la oposición, que gobierna además en casi todas las CCAA, no apoye una propuesta de esta naturaleza, y prefiera contemplar impasible las precarias y lamentables condiciones en las que viven de alquiler centenares de miles de personas jóvenes y muchas más carezcan de las oportunidades de poder alquilar una vivienda decente.
Esto no puede continuar.
