El ámbito económico ha sido siempre uno de los terrenos más sensibles para la crítica política. En todas las legislaturas, tanto en España como en otros países, la evolución de la economía ha alimentado el debate público y ha servido a la oposición para formular alternativas y cuestionar la acción de gobierno. Sin embargo, en la España actual esto apenas sucede. Y ello obedece, fundamentalmente, a dos razones:
La primera es objetiva: los principales indicadores económicos arrojan resultados positivos, un hecho subrayado de manera unánime por la totalidad de las instituciones económicas internacionales. La segunda es política: la oposición es incapaz de articular un proyecto económico propio que trascienda un recetario tan limitado como previsible, basado casi exclusivamente en la bajada de impuestos, la desregulación de los mercados y la privatización de servicios públicos esenciales —como la educación y la sanidad— bajo la coartada de la colaboración público-privada. Parco equipaje. Pero inquietante.
Este vacío explica que las interpelaciones al ministro de Economía sean escasas y que el eje estratégico de la oposición se haya desplazado hacia otros ámbitos hiperbólicos, alimentados tanto por la inestimable colaboración de determinados sectores del poder judicial como por conductas deleznables de acoso sexual y corrupción surgidas en el entorno gubernamental.
El resultado, entonces, está servido. Un comportamiento agresivo, repetitivo, que busca dañar, intimidar o humillar al adversario político, deshumanizándole, creando un entorno hostil. Una actitud que, por extensión, erosiona los propios cimientos de la democracia cuando se normalizan el bulo, la tergiversación, la mentira sistemática o el falso testimonio ante los tribunales. Asistimos a un periodo en el que un gobierno democrático, de coalición progresista, es asediado desde múltiples frentes. En algunos casos, debido a comportamientos innobles y corruptos de personas de su entorno —hechos que el propio Gobierno ha hecho públicos, sin ocultarlos -aunque a veces sin la exigible diligencia- y frente a los cuales ha actuado con contundencia apartando a los responsables de sus funciones institucionales—. En otros, mediante la irrupción calculada de acusaciones desde la oposición con escaso sustento, amplificadas y radicalizadas por determinados medios de comunicación afines a la derecha extrema.
En este contexto, toda la atención pública se concentra en estos episodios, mientras se diluye y se opaca el balance de políticas públicas desplegadas por ese mismo gobierno: las inversiones estratégicas, las ayudas a empresas y familias, la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo, el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, la gran negociación de los fondos europeos, las posiciones dignas frente a las presiones de Estados Unidos en materia de gasto militar en la OTAN, la solidaridad con el pueblo palestino, la solidez de la presencia española en los foros internacionales y la valoración positiva que el gobierno progresista recibe en el exterior. Todo ello ha tenido efectos tangibles sobre la vida de la ciudadanía.
Con todo, es cierto que aún se requieren medidas más audaces que permitan trasladar los logros macroeconómicos al ámbito cotidiano de la población, para recuperar el impulso necesario en los años de legislatura que restan hasta 2027. Así la vivienda -que exige mayor claridad y contundencia para frenar y contener sus altos precios consecuencia de una escasa oferta pública de vivienda de alquiler social-; las pensiones —de nuevo bajo ataque por intereses que persiguen su privatización recurriendo al argumento, ruin e interesado, del supuesto “enfrentamiento generacional” porque se las acusa falsamente de ser extractivas—; impuestos a los ultra ricos” -que permita hacer realidad la fiscalidad que necesita un Estado de Bienestar propio de un país moderno y avanzado-, la sanidad y la enseñanza públicas -que sufren la asfixia de las comunidades autónomas que gobiernan las derechas de este país… ¿no ameritaría que algunas instituciones, como es el caso de la Universidad Complutense de Madrid, fuesen rescatadas por el Gobierno?; una prestación universal para la crianza que contribuya a combatir la inaceptable pobreza infantil en España. En fin, un empuje decidido, en lo que queda de legislatura, que completaría y daría sentido a los aciertos del Gobierno en la gestión macro de la economía.
Frente a este panorama, ¿qué propone realmente la oposición? Más allá del ruido, emergen algunas declaraciones que se han tratado de silenciar: recortes en la sanidad y la educación públicas, contención o limitación de las pensiones —presentadas falsamente como inviables—, liberalización del mercado laboral, freno al incremento del salario mínimo y privatización de los servicios esenciales. Todo ello se ve envuelto en un lodazal de insultos, amenazas y expresiones de odio, en el que incluso se verbaliza el deseo, declarado y no denunciado, de pegar un tiro en la nuca al presidente o tener como objetivo básico llevarlo a prisión, que ya sabemos lo que significan estas cosas para este país en términos de trágica involución.
Este es el acoso, el gran acoso. El que da título al artículo. Y orientar el artículo en este sentido no es, para nada, relativizar los casos de acosos sexuales y de corrupción si no, por el contrario, señalar el enorme daño que están haciendo al brindar a la derecha argumentos de deslegitimación del Gobierno que, aderezados con las mentiras, los bulos y las calumnias a las que recurre en modo hipérbole están acercando a España al precipicio.
En Europa no lo entienden. En Europa no se entiende. Aquí, sin embargo, demasiados parecen cómodos chapoteando en ese fango.
